El informe del gobierno Colombiano presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales da un panorama general de las políticas definidas en materia social, expone las normas aprobadas en el tema e incluye algunos datos. La escasa información que el documento oficial entrega sobre las tendencias y logros alcanzados, mimetizan mediante la ponderación de los indicadores los profundos desequilibrios étnicos, sociales y regionales que existen en nuestro país.
Durante esta década se aprobó una reforma constitucional que define a Colombia como un Estado Social De Derecho, posteriormente se han adoptado varias leyes y decretos que atienden la problemática social; sin embargo la expedición de tales normas no ha significado realmente una mejoría en la situación social de los colombianos. El monitoreo de las tendencias sociales es precario, la información tardía e incompleta y los niveles de eficacia de la justicia para hacer realidad los D.E.S.C. es prácticamente nula. Cabe destacar positivamente la acción de tutela como mecanismo que ha servido para avanzar en unos pocos casos en la justiciabilidad de tales derechos.
Distribución de la Riqueza.
Uno de los problemas que afecta con mayor fuerza la situación social de los colombianos es el de la desigual distribución de las riquezas y los recursos del bienestar existentes en el país. La concentración del ingreso es muy alta en comparación con los promedios internacionales: "mientras que los dos decíles más pobres reciben solo el 3.1% de los ingresos, los dos decíles superiores concentran el 59.9 de los ingresos. Los ingresos per capita del diez por ciento más rico son 46 veces superiores a los del diez por ciento mas pobre. Esta relación no va más allá de seis veces en países tan diversos como Finlandia, Japón, Holanda, Bangladesh o Sri Lanka"(). Los desequilibrios sociales de cifras como esta han permitido concluir al director del Cides de la Universidad de los Andes que: "en términos de distribución de la riqueza nos hallamos considerados como uno de los países mas inequitativos del mundo".
Un seguimiento al comportamiento de la concentración de la riqueza medida por el coeficiente GINI permite concluir que tendencia a la concentración del ingreso se ha profundizado desde 1988 hasta 1995, ubicándose para este año en 0.53% guarismo mas alto al registrado durante 1970 ().Buena parte de este fenómeno se deriva de la pérdida de participación del salario en el Producto Interno bruto y a la ampliación de la brecha salarial entre directivos y trabajadores rasos.
En el ámbito financiero la concentración de los recursos también es evidente: en el mercado de capitales las 10 empresas mas grandes absorben el 75% del mercado ( lo que da lugar a una concentración del 75%) mientras que en países como Estados Unidos o Japón el grado de concentración es del 10 y del 20% En términos de la propiedad accionaria los niveles concentración medidos por el coeficiente Gini son altísimos ( 0.983 para 1993 de una muestra estadística de 358 empresas respectivamente.; datos de estudio contratado por el Superintendencia Nacional de valores con la firma econometría /SEI).
La propiedad de la tierra presenta uno de los índices de concentración más alto del mundo. Los datos estadísticos de la década pasada muestran como el 56.9% de los predios abarcaban un extensión de un 2.8% del área productiva en tanto que el o.30% sumaban un área equivalente al 60% del área productiva. Este fenómeno antes que suavizarse se ha profundizado por la contrareforma agraria que la actividad del narcotráfico ha producido en el país.
La distribución de los recursos es desigual no sólo por la pertenencia de las personas en uno u otro rango de la estructura social y productiva de Colombia, también existen seculares asimetrías en el acceso a los recursos económicos y del bienestar por razones de orden geográfico, territorial , étnico y de género. Los desequilibrios de género fueron abordados en el acápite referido a los derechos de la mujer y los derivados de motivos étnicos en el aparte relativo al derecho a la no discriminación. En esta parte , de manera muy breve referiremos a la inequitativa distribución de los recursos para los pobladores del campo y de algunas zonas empobrecidas respecto de los habitantes de las urbes de zonas territoriales con mayor desarrollo. Los desequilibrios entre quienes viven en la ciudad y quienes habitan en el campo se observan en materia de recursos hospitalarios y de salud, en el acceso a los servicios públicos, en la brecha salarial entre quiénes trabajan en uno u otros sector y en general en la diferencia de los niveles de pobreza que afectan a los campesinos y a los habitantes urbanos. No hay acceso a los servicios de salud para un 29% de la población rural en tanto que para la urbana este guarismo es solo del 19%
El 81% de los hogares pobres rurales, que constituyen cerca del 80% (datos de Libardo Sarmiento publicados en " Los derechos sociales pág. 221) del total de hogares del campo tienen carencias en la conexión a los servicios adecuados de agua y el 68% presentaba hacinamiento entre otras carencias. El campo que debería participar con un 50% del empleo solo lo hace con un 35% y los niveles de pobreza crítica (Indigencia) son tres veces los registrados en el medio urbano.( los derechos sociales, pág. 221) la perdida de rentabilidad de la producción agrícola derivadas del modelo de apertura y globalización adoptado en Colombia han conducido a una crisis generalizada en el la producción rural que unido al descenso del gasto social sectorial han conducido a que se profundice la brecha entre la ciudad y el campo y se excluya a los pobladores de este último de los beneficios sociales a los que accede la población urbana.
Una de las consecuencias directas de la inequitativa distribución de los recursos es la pobreza, que como fenómeno se constituye en la razón o causa por la cual un amplio número de colombianos no pueden disfrutar de los derechos económicos sociales y culturales a los que tienen derecho. En materia de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el país registró importantes avances durante las dos ultimas décadas; sin embargo las tendencias a la superación de la pobreza medida por NBI se desaceleraron en los últimos 5 años como consecuencia de la reducción de los rubros destinados al gasto social en tanto que se mantenían inalterados y el algunos caos se profundizaban los desequilibrios sociales y regionales en materia de satisfacción de las necesidades básicas d e las personas.. En términos absolutos el número de pobres por NBI creció en la áreas metropolitanas entre 1986 y 1992 pasando de 4,127.000 a 4.737.000. En departamentos como Cundinamarca en el cual se encuentra ubicada la capital de la República, un 44% de las personas tienen las necesidades básicas insatisfechas. En la propia capital un 19% de los hogares acusa la inexistencia de uno o más servicios públicos básicos. La distribución de las falencias al interior de la capital tampoco es homogénea: los barrios de ciudad Bolívar y el extremo sur oriental de Bogotá registran índices superiores al 50% de necesidades básicas insatisfechas.
En materia de pobreza por ingresos la situación de los colombianos es verdaderamente crítica. En el último año se mantiene la tendencia regresiva observada durante la década con incrementos sostenidos del número y porcentaje de personas que se ubica por debajo de la línea de pobreza y de aquellos sumidos en la miseria. La pobreza medida por ingresos se ubicó para 1994 en un porcentaje cercano al 5O.8%, varios puntos por encima de los indicadores registrados durante toda la década pasada. En esta década la pobreza está concentrada cuantitativamente en zonas urbanas (especialmente por la urbanización del país) y está determinada por los bajos ingresos y la precariedad del trabajo. Sin embargo la situación de pobreza golpea con mayor fuerza al campo, en proporción al número de sus pobladores, afectando a un 64% de la población en 1992(); este fenómeno se mantiene y agrava en los años siguientes por la crisis sufrida por la economía campesina durante el período de 1992-1994, que condujo a que estudiado en su conjunto el anterior período gubernamental se estableciera un incremento en un 30% de la pobreza rural ().
El extremo más agudo de la pobreza es la miseria; este flagelo afecta profundamente a nuestra sociedad: el promedio de colombianos que vive en la miseria es de aproximadamente un 45% distribuidos así: un 37% en el campo y poblaciones pequeñas() y un 12,45% en las ciudades. La miseria es un fenómeno que se concentra en zonas donde se asientan minorías étnicas como Chocó que en 1993 registraba un 60,2% de población con NBI, Magdalena 59,2% y Sucre 64,1%, Córdoba 59,9% todos ellos con altos niveles de población negra y Cauca con un 56% habitado especialmente por indígenas.
Sobre la base de utilizar el método integrado en la medición de la pobreza, el investigador Fabio Giraldo Izasa llegó a la conclusión() de que tres cuartas partes de la población colombiana (75%) se encuentran en condiciones de pobreza (). El promedio de los colombianos que viven en la miseria es aproximadamente de un 45% y la tendencia registrada durante el último período da cuenta de un incremento persistente de los indicadores de miseria()
La situación de pobreza de importantes grupos sociales no puede ser atribuida a problemas de escasez de recursos puesto que Colombia puede ser considerado en Latinoamérica como uno de los países con mayores índices de crecimiento y cuenta con una economía que se ha mantenido relativamente estable, por largos períodos de tiempo. Las causas de la pobreza residen especialmente en los agudos desequilibrios sociales que se registran en el país. Este fenómeno ha persistido durante las últimas décadas y en este período tiende a agudizarse.
Los problemas de concentración de la riqueza en pocas manos y de disfrute desigual de los recursos de bienestar es el resultado de múltiples factores de la estructura socio económica y de la política social del estado. En este último aspecto se destaca en el último período el reducido monto del presupuesto Nacional destinado a gasto social y el regresivo sistema de tributación impuesta por el gobierno. Durante mas de una década se invirtió en materia social varios puntos por debajo del 10% del PBI recomendado por el PNUD para países con similar desarrollo al nuestro; este déficit acumulado no es asumido cabalmente por el actual gobierno, aunque ha realizado algunos incrementos del porcentaje destinado a la inversión social. Por el contrario, en la actual administración se ha perpetuado y profundizado el sistema de recaudo fiscal que capta dinero para el erario público a partir especialmente de impuestos indirectos o impuestos al consumo que profundizan la pobreza de los mas pobres.
El derecho al trabajo
La posibilidad de hacer efectivo este derecho se ha convertido en una expectativa incierta para un alto número de los colombianos por la precarización generalizada de las condiciones laborales, afectando especialmente a los jóvenes y a las mujeres.
El desempleo abierto ha rondado el 10% durante el período, acompañado de un ascenso de las cifras de precarización de las relaciones laborales: Se incrementó el número de trabajadores informales llegando a afectar a un 53% de quienes trabajan; igualmente creció el empleo temporal y el subempleo alcanzando a un 21% y un 13.4% de la PEA respectivamente. Los despidos derivados de la modernización y privatización del Estado se aproximan a 100.000 y los programas SAL SP y SALI diseñados para amortiguar sus consecuencias fracasaron.
- Salario: En el país un 20% de los trabajadores devengan menos de un salario mínimo y otro 50% percibe menos de dos salarios mínimos. La situación es grave si se tiene en cuenta que para adquirir la canasta familiar básica se requieren cerca de dos y medio salarios mínimos. Durante el transcurso de la década ha disminuido la capacidad adquisitiva del salario promedio de los colombianos, en particular de quienes devengan el salario mínimo y el de los trabajadores estatales; así mismo se ha ampliado la brecha existente entre los sueldos de los empleados directivos y la de quienes son operarios o empleados ubicados en los niveles bajos de la pirámide empresarial. Los salarios pasaron de significar un 41.6 del PBI a principios de la década al 38.53% en 1995.
- Seguridad Industrial: En esta materia las cifras hablan por sí solas: El 90% de las empresas carece de programas mínimos de seguridad industrial; cerca de la mitad no posee reglamento de higiene y seguridad industrial, lo cual llevó a que se presentaran en 1992 ,112.000 accidentes de trabajo.
- Los Derechos Sindicales: La facultad de agremiación sindical ha sido mas un derecho formal que real en el país. Solo el 8% aproximadamente de la fuerza laboral está sindicalizada, de los cuales menos de la tercera parte tiene derecho a la negociación colectiva en un fenómeno cuya causa principal es la clasificación de los trabajadores como servidores públicos a pesar de las disposiciones constitucionales en la materia (940.000 trabajadores laboran para el Estado).
- La intervención del estado desestimula el ejercicio de los derechos de asociación y huelga de los trabajadores: Las facultades con las que cuenta el Estado para autorizar o no el funcionamiento de los sindicatos dieron lugar a que se rechazara la inscripción en el registro sindical y por ende la posibilidad de representar a los trabajadores, de 32 organizaciones sindicales en 1994. El Ministerio de trabajo declaró durante ese mismo año 32 ilegalidades de movimientos huelguísticos mediante resoluciones administrativas, que no estuvieron precedidas de procesos donde se garantizase el derecho de contradicción a los sindicatos; contra estas decisiones administrativas no cabe recurso alguno. Otro de los factores que hace negatorio el derecho de asociación sindical son los altísimos niveles de violencia que se ejercen contra los sindicalistas. En los últimos 8 años han sido asesinados 1.500 sindicalistas índice que nos coloca, en el contexto mundial, como el país en que más homicidios se comete a integrantes del movimiento sindical.
A pesar del cambio de sistema el derecho a la seguridad social en las pensiones continúa reservado a quienes cuentan con un empleo dependiente o disponen de altos recursos. Sin embargo el nuevo esquema afecta la solidaridad entre generaciones, entre hombres y mujeres y entre pobres y ricos, que sí operaban en el anterior sistema. En el tránsito de esquemas solo se garantizaron los derechos adquiridos a las personas (mujeres con mas de 35 de años de edad y hombres con mas de 40) que hubiese cotizado mas de quince años; a los restantes se le cambiaron unilateralmente las condiciones de edad y tiempo de servicios para adquirir el derecho a pensionarse.
El derecho a la salud
Pese al cambio de sistema de atención a los problemas de salud que tuvo lugar en esta década persisten los principales problemas de salud de los colombianos: Reaparecen epidemias como el cólera y el dengue, se extienden enfermedades propias del subdesarrollo como la malaria, la lepra la enteritis o las diarreas e incursionan otras propias de "La modernidad" como las derivadas del estrés, el cáncer y el SIDA. En particular esta patología ha registrado un crecimiento acelerado llegando a 10.000 casos en esta década.
Los problemas primarios de salud no han sido resueltos: Más de la mitad de los colombianos no reciben agua potable, un 20% sufre de desnutrición aguda y los problemas ambientales y de salubridad pública son un fenómeno generalizado. En los planes actuales no se advierte una reorientación del sistema de salud hacia la prevención.
Los cambios introducidos con el nuevo sistema de atención permiten la participación del capital privado en la administración y en la prestación del servicio, sin embargo no resuelven los principales problemas existentes: los recursos físicos y técnicos siguen siendo insuficientes (el número de médicos y enfermeras por mil habitantes corresponden a la mitad de los aceptados en estándares internacionales. Hay en amplias zonas del país insuficiencias en la cantidad de centros de atención a la salud y pobre calidad en el servicio). Los sectores pobres y los habitantes del campo son atendidos por los hospitales estatales cuyo servicio es deficiente por la permanente crisis en que se encuentran; circunstancia que antes que resolverse se profundiza con los criterios de rendimiento capitalista con las que se les evalúa en el nuevo sistema y de los cuales dependen sus recursos económicos. Además de ello, los problemas de control no permitirán que se logren mejores niveles de calidad en la prestación del servicio.
Vivienda
En Colombia no ha existido ni existe una política integral de vivienda que resuelva a fondo los déficit cuantitativo y de calidad, los problemas del monopolio en la propiedad de la tierra ni las dificultades de la política crediticia. 3.7 millones de familias carecen y necesitan vivienda (cifra que corresponde a un 33% de déficit habitacional en las grandes ciudades); las carencias cualitativas (hacinamiento, reducido espacio, ausencia de servicios públicos y deficiencias de estructura) afectan a 2 millones de viviendas que pertenecen en su mayoría a los estratos pobres. La vivienda de estos grupos reciente problemas de entorno de un 100% aproximadamente. Las soluciones adelantadas durante el anterior gobierno no avanzaron significativamente en la solución de esta situación: Los subsidios entregados fueron marcadamente insuficientes y demorados, el déficit habitacional en términos absolutos creció, aumentándose significativamente el número de viviendas con deficiencias cualitativas.
Educación
Un 9.52% de los colombianos carece de educación, un 81.56% no puede concluir la primaria, un 87.8 no termina la secundaria y un 97.8% no termina educación superior. Buena parte de estos problemas se deben a falta de cupos en los colegios estatales; fenómenos de deserción y repetición son especialmente agudos en este tipo de educación. La deserción en los primeros tres años es de 35%; contados primaria y secundaria el promedio anual se aproxima al 10 %. Tanto la calidad de la educación como la de los planteles educativos ha descendido sensiblemente en esta década.
Durante el anterior gobierno las metas en educación no se cumplieron y las medidas adoptadas no tuvieron un impacto significativo en los índices que dan cuenta de los problemas educativos. Este gobierno se propone entregar textos educativos gratuitos a estudiantes pobres, subsidiar el estudio de algunos de ellos, ampliar la jornada educativa y avanzar en cobertura de la educación primaria. Algunos de estos programas han empezado con gran lentitud y una buena parte de ellos aún no están acompañados del diseño de políticas para hacerlos efectivos.
El derecho a la no discriminación
Este derecho se viola especialmente respecto de comunidades étnicas y mujeres.
En el caso de las mujeres la discriminación se presenta en materia de empleo, salario, salud y violencia. El desempleo es el doble que el de los hombres, el salario es apenas un 60% del de los hombres; un 34% sufre de agresiones y cerca de un 9% es víctima de violación.
En materia de discriminación se presenta un marcado contraste entre los dispuesto en las normas y lo que realmente ocurre en la sociedad. La Constitución Nacional, las leyes y las demás disposiciones normativas consagran la absoluta igualdad de las personas ante la ley; sin embargo la estructura social, económica y cultural de la nación ha dado lugar a persistentes y agudos fenómenos de discriminación de personas y grupos sociales por razones de género, de etnia o por circunstancias sociales o regionales.
No contamos con datos completos sobre la situación social de los indígenas, porque en algunos casos no están procesados por los organismos pertinentes, o por las dificultades investigativas para acceder a las informaciones. A manera de ejemplo presentamos las siguientes cifras y casos: El 44% de la población indígena es analfabeta (cuando el porcentaje promedio nacional es de un 13%; la cobertura en primaria es del 11.3% frente al 84% del promedio nacional().En su conjunto las comunidades indígenas están afectados por marcados problemas de salud y vivienda muy por encima de los estándares nacionales. Un caso patético de problemas de salud que afectan a estas comunidades lo constituye la epidemia de encefalitis equina y dengue que tiene enfermos a mas de 10.000 integrantes de la etnia Wayu con mas de 17 decesos ocurridos en el mes de septiembre y octubre de 1995. La extensión y crudeza de esta epidemia es consecuencia entre otras razones de sus dificultades de acceso al agua potable; a esta población indígena le toca recorrer 5 kilómetros para acceder al agua porque viviendo en la zona desértica de la guajira no cuentan con acueducto para satisfacer esa necesidad básica. Igualmente afectados por las epidemias y el hambre, se encuentran las comunidades Chimiles (en el departamento del Magdalena), y los Wiwas en la Sierra Nevada de Santa Marta. El derecho a la vivienda en condiciones dignas también le es negado a la mayoría de las comunidades indígenas: Los Paeces desplazados por la avalancha del río Páez han debido permanecer hacinados en carpas de plástico durante mas de un año por la lentitud en los programas de reubicación de la comunidad ().
Casi todos los pueblos indígenas del país sufren en mayor o menor medida de problemas de hambre o deben vivir en zonas en las cuales el conflicto interno los coloca como damnificados internos. En muchas ocasiones su derecho al acceso a la tierra, base fundamental para la siembra de alimentos necesarios para su sustento es negado y son víctimas de la violencia para que abandonen los resguardos en que habitan, 150 familias de indígenas zenues debieron desplazarse de manera forzada de Urabá hacia Córdoba huyendo de la violencia; en la década pasada debieron desplazarse de Córdoba a Urabá debido a una oleada de violencia desatada en esa época.
La situación de la población negra es muy difícil por los bajos estándares de vida. Los datos existentes son claramente reveladores de la situación de discriminación étnica: el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas NBI en las comunidades afrocolombianas es 86% casi el doble de las registradas para el promedio entre blancos y mestizos.; los servicios de salud pública apenas llegan al 40% de estas comunidades, La seguridad social apenas beneficia al 3% de la fuerza laboral de comunidades negras, la mortalidad infantil es equiparable a los peores estándares del mundo ( mas de 110 niños muertos por cada mil nacidos vivos), la esperanza de vida es de 54 años cuando el promedio Nacional se ubica en cerca de 15 años por encima de ese indicador.
En materia de educación la desigualdad también es evidente: el analfabetismo en las comunidades negras afecta a un 35% de sus integrantes, frente a un 14% de la población mestiza; La cobertura del sistema educativo para los faro colombianos es apenas del 60% en primaria ( mas de un 30% por debajo del promedio nacional); en secundaria la distancia se amplia pues para ellos solo existe una cobertura del 38% ( en tanto que para las comunidades mestizas el promedio es del 88%) y en cuanto a los estudios superiores solo es de un 1%, una décima parte del promedio Nacional. Visto el acceso al servicio educativo, se encuentra que el promedio de escolaridad de las personas que integran las comunidades negras es de cuarto de primaria en tanto que respecto de las comunidades mestizas las personas alcanzan a cursar en promedio el segundo grado de la secundaria.
En materia de vivienda la situación es también discriminatoria, pero no se logró obtener registros de los datos sobre los déficits habitacionales, sin embargo el Documento COMPES de occidente( documento producido por un organismo gubernamental para efectos de planeación de la inversión social), reconoce que un buen porcentaje de las mismas sufren de hacinamiento y están ubicadas en zonas de inundación periódica o hacinamiento. Los aspectos que se conocen son por si mismo reveladores: la cobertura de los servicios públicos básicos ( agua, luz y energía eléctrica) apenas llega a un 16% de la población frente a mas del 70% que corresponde al promedio nacional
La situación de los afrocolombianos que viven en las ciudades tampoco es halagüeña como se deriva de los datos de una encuesta sobre población negra que vive en Medellín. Datos reveladores: más de la mitad de la población está indocumentada, el 34.5% esta desempleada, el 52% del total de censados trabajan como obreros rasos; el 35,7% de quienes trabajan lo hacen en el servicio doméstico, un 9% como trabajadores informales; la mayor parte de ellos reciben sueldos por debajo del salario mínimo legal y solo un 9% es empleador o jefe. El 13,3% no sabe leer ni escribir, solo el 43% terminó la primaria y un escaso 1.3% tiene formación universitaria.()
Grupos en situación vulnerable
La violencia y la exclusión han colocado en situación vulnerable a un alto número de niños, de ancianos, de discapacitados y de personas desplazadas por la violencia. Todos ellos sufre en mayor medida que el promedio nacional la negación de uno o varios D.E.S.C.
Ancianos y Niños: Existen cerca de 400.000 ancianos indigentes y 15.000 niños abandonados, viviendo en la calle. Cerca de la mitad de los menores de 15 años son maltratados y una cuarta parte promedio, debe trabajar debido a sus condiciones económicas sociales o familiares.
Desplazamiento Forzado: La generalizada situación de violencia ha generado cerca de 600.000 desplazados que reciben una paupérrima atención por parte del Estado; sin que se promuevan políticas para solucionar mínimamente sus necesidades básicas, ni sus problemas de seguridad e integración social.
Pobreza e inequidad
Estos dos fenómenos que tradicionalmente afectan de manera transversal la situación social en Colombia se profundizaron y extendieron durante los años 90 como consecuencia de la aplicación de los actuales modelos en materia económica y social. La pobreza medida por ingresos se incrementó varios puntos abarcando a mas de la mitad de los colombianos. La indigencia afecta a cerca de una tercera parte de las personas (guarismo que también registró crecimientos durante los últimos 5 años).
La inversión del estado en materia social ha estado durante los últimos 10 años varios puntos por debajo del 10% del PBI definido por el PNUD para países como el nuestro. El anterior gobierno incrementó levemente el gasto social, pero las ejecuciones reales no alcanzaron a llegar a un 60% de lo presupuestado. En la administración actual se ha definido un mayor rubro para lo social pero los sucesivos recortes y la ineficiencia en la realización de los montos hace prever que la situación no avanzará significativamente en este tema
El empobrecimiento de los colombianos va aparejado con la concentración del ingreso y de la riqueza nacional profundizando el panorama de inequidad que caracteriza a nuestra situación social. Los dos deciles más pobres de los colombianos solo recibe un 3.1% de los ingresos, mientras que los dos deciles mas ricos recibe cerca del 60% de los ingresos, en una desproporción que es siete veces el promedio de países como Suiza o Sri Lanka. El coeficiente Gini, que mide el grado de concentración de la riqueza se incrementó de 0.47.% en 1990 al 0.54 en 1995.
Balance y perspectivas
Los indicadores en vivienda, alimentación, educación y servicios públicos disminuyeron el ritmo positivo registrado en décadas anteriores. La nueva ley que regula la salud planea desarrollos positivos en términos de cobertura y equidad, pero desde su confección se vislumbran problemas para hacerlos efectivos. Así mismo la intervención de los intereses del capital privado en la prestación y administración del servicio de salud no se compensa con eficaces sistemas de control. Se deterioró la situación social en aspectos tan importantes como el de el desempleo encubierto, la capacidad adquisitiva del salario y la pobreza profundizándose la inequidad en la distribución de la riqueza y el ingreso generados en el país. Estos fenómenos se dan aparejados con unos índices de crecimiento y estabilidad económica por encima del promedio que revelan cómo la insatisfacción de los D.E.S.C. no deriva principalmente de problemas de recursos sino que son consecuencias de la aguda inequidad social.
El nuevo gobierno mantiene las líneas generales del anterior, aunque destina mayores recursos al gasto social e incluye el desarrollo humano como parte de su plan económico-social; sin embargo al no afectar la forma como está distribuida la riqueza ni modificar las causas del empobrecimiento de amplios sectores de la población se puede prever que los avances en materia social no serán significativos. El carácter asistencial de muchos de los programas, la regresividad de la tributación y la inconsistencia de los programas de empleo son razones de mas para afirmar que al caso colombiano se le puede aplicar el proverbio popular "entre el dicho y el hecho hay mucho trecho".
Iniciativas de los movimientos sociales en derechos humanos
Los diferentes movimientos sociales participaron de manera desigual en la gestación y ejecución de iniciativas tendientes a mejora la situación de los Derechos Humanos en el país. Sin embargo mirados en su conjunto, la activada desplegada en la materia fue menor que la registrada en la década pasada.
El movimiento sindical combinó actividades gremiales para hacer efectivos los derechos al trabajo y a la agremiación sindical de los trabajadores colombianos, con la aproximación a un lucha global por los derechos económicos sociales y culturales y una participación intermitente en las diferentes actividades e iniciativas en procura de hacer efectivos los derechos humanos y la paz en el país. Según datos publicados por el Cinep durante el periodo entre agosto 7 de 1994 y abril de 1995 tuvieron lugar 65 huelgas lo cual revela un acentuamiento de las tendencias registradas durante el gobierno anterior de las cuales solo el 4.1% se realizó por motivos políticos o en razón de violación de derechos a la vida, la integridad o la libertad personal. Este último guarismo revela un descenso de la movilización sindical por razones ajenas a su conflicto gremial. Dentro de los ceses colectivos los más extendidos e importantes fueron aquellos realizados por los trabajadores de la educación y del sector salud.
El movimiento sindical y en particular la Cut participó con el gobierno en mesas de concertación que dieron lugar al pacto social y generaron espacios para acordar mecanismos que permitan un eficaz ejercicio del derecho de sindicalización. En particular, se presentó por esta central una propuesta para lograr la despenalización de la lucha social , que fue de buen recibido por el gobierno pero que finalmente no ha tenido mayores efectos prácticos. Igualmente esta confederación ha participado en escenarios mixtos de Gobierno y ONG tendientes a lograr resultados positivos en materia de Derechos civiles y políticos. En torno al problema de la paz, el movimiento sindical impulsó y participó en las jornadas nacionales adelantadas para presionar la salida negociada al conflicto armada insistiéndole a los actores directos de la confrontación militar en la posibilidad y necesidad de arribar a acuerdos que beneficien al país y en particular a la sociedad civil ajena al enfrentamiento armado. Finalmente, dentro de esta misma, lógica ha intervenido activamente para buscar soluciones al problema de violencia generalizada que se presenta en el Urabá antioqueño.
El conflicto campesino por su parte mantuvo también las tendencias registradas en el ultimo año de la anterior administración presidencial; en el período agosto del 94 a abril de 1995 se realizaron 21 acciones de protesta campesina y 2 éxodos. De este numero, un 10% tuvo lugar como respuesta a la violencia y a la violación de derechos humanos, fenómenos cuyos agudos niveles se mantienen en el campo colombiano. Las restantes acciones se adelantaron ligadas de manera directa o indirecta la lucha por hacer efectivos los derechos económicos y sociales de los pobladores del campo ( 2 acciones por servicios públicos, por la política agraria 6, por vías 3 y por desarrollo regional otros 3). Se destacan dentro de los movimientos de los últimos meses los paros cafeteros para asegurar un ingreso para las familias de los pequeños caficultores y las actividades realizadas en contra de la fumigación generalizada con Glifosato arguyendo daños en la salud y las cosechas de los campesinos que habitan los territorios fumigados.
Durante los 7 primeros meses de la administración presidencial actual tuvieron lugar 71 luchas cívicas, de las cuales 17 se realizaron por derechos civiles y políticos y una buena parte de las restantes ligadas a los problemas de la irregular expansión urbana. Se destacan las luchas por derecho al trabajo realizadas por los vendedores ambulantes y las adelantadas por servicios públicos especialmente en municipios pobres.
El Movimiento indígena ha realizado varias acciones, que no tenemos cuantificadas, ligadas a la recuperación de su tierra , contra la violencia y por su identidad cultural, que son los principales temas de conflicto. El movimiento de negritudes se ha pronunciado en torno a la necesaria reglamentación de la ley de negritudes, que hasta la fecha se encuentra casi estancada permitiendo que varios de los derechos fundamentales de esta comunidad se mantengan sin resolución alguna. El cooperativismo y el movimiento comunal no tuvieron actuaciones reivindicativas de los derechos fundamentales de sus afiliados o motivadas por la violación de los derechos humanos. Los movimientos de mujeres y ecológico mantuvieron su actividad en torno a la defensa de los derechos ligados a la naturaleza de su actividad destacándose la lucha contra la creación de la represa Urra dos, por los efectos ambientales de la misma.