Bajo presión

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1998
IPS Informe especial para Control Ciudadano

En Francia, el amargo círculo de la deuda, las privaciones y la pobreza invariablemente empieza con la pérdida del empleo.En 1996, el número de franceses que vivía en la pobreza fue la más alta de los tiempos modernos. Voluntarios del grupo de ayuda de la iglesia Secours Catholiques trataron ese año 751.000 casos de pobreza, involucrando a dos millones de personas: la mitad, niños."No hemos visto cifras como estas en 16 años", dijo Jacques Bourgeois, a cargo de proyectos de desempleo-empleo del grupo.

La economía de Francia está bajo presión mientras lucha por alcanzar los criterios de integración para la planificada moneda única europea, y este año se esfuerza por reducir su déficit nacional a 3,1% del producto interno bruto (PIB).

Al igual que gran parte de la Unión Europea, donde más de 18 millones de personas están oficialmente desempleadas, Francia, que tiene alrededor de 3,5 millones sin trabajar, alivió la carga con pagos de la seguridad social y protección laboral. Pero impulsores franceses de la liberalización del mercado al estilo de Estados Unidos alegan que las reducciones de los beneficios sociales y los derechos de protección del empleo llevan a menor desempleo, porque disminuyen el costo de contratar a nuevos trabajadores.

El Centro de Investigación en Política Económica estima que sólo 55% del costo de un trabajador francés se destina a su salario. El otro 45% se destina a gastos no salariales como impuestos sobre la nómina y contribuciones a la seguridad social.

En Estados Unidos, donde la cifra de creación de nuevos empleos supera ampliamente a la de Europa, el costo no salarial es sólo 28% del costo laboral total.

Por lo tanto, estos propulsores de la liberalización impulsan medidas para permitir más contratos de trabajo de corto plazo y de medio horario y, a la vez, facilitar que las firmas paguen lo que quieran y contraten y despidan a voluntad.

"En olas sucesivas, toda la estructura del empleo está en proceso de cambio hacia una mayor inseguridad en todas las categorías", concluyó un polémico informe sobre el problema encargado el año pasado, archivado por el ex gobierno de derecha y sepultado en silencio por sus sucesores socialistas.

El informe del Commissariat du Plan, (consejo planificador de alto nivel que informa directamente al primer ministro), sostuvo que los efectos del desempleo fueron sufridos aún más por aquellos aún en el mercado de trabajo, pero con bajos salarios o empleos inseguros.

A estos agregó los 3,5 millones oficialmente clasificados como desempleados y los cuatro millones en "puestos precarios", incluyendo a los trabajadores de corto plazo y los jubilados prematuramente.

La falta de empleo es la consecuencia visible de la política económica del gobierno, dijo Bourgeois. "Los efectos menos visibles son un aumento en la desocupación de largo plazo y una creciente vulnerabilidad. Cuatro millones de personas están en situaciones precarias, y los empleos ya no los protegen de la pobreza".

Incluso medidas diseñadas para aliviar el desempleo, como la reforma de las leyes para permitir la contratación de corto plazo, sólo aumentaron la inseguridad.

Los trabajadores contratados "entre empleos" pueden verse inmersos en deudas insostenibles. Estos ciclos de agudización del endeudamiento y la pobreza se aceleran fácilmente.

"Pronto se hace imposible hacerse cargo de los gastos de la vida cotidiana, sobre todo en áreas urbanas, donde el presupuesto de vivienda y energía se lleva la mayor proporción", señaló Bourgeois.

"Cuanto más se prolonga la desocupación, más precaria se vuelve la situación para el desempleo y más difícil se hace salir". Alrededor de 38% de quienes buscan empleo están bajo la seguridad social, y 28% de las familias que recibieron ayuda de Secours Catholiques en 1996 están "fuertemente endeudadas", sostiene.

El informe del Commisariat du Plan también descubrió "una fuerte correlación" entre la amenaza de la desocupación y el suicidio. Desde comienzos de esta década, los suicidios en personas de entre 35 y 44 años superaron a los registrados en grupos de mayor edad.

Este "fenómeno radicalmente nuevo señala la creciente vulnerabilidad de la población en edad laboral", puntualizó el informe.

Didier Robert, de la organización no gubernamental ATD-Quart Monde, dijo que el fenómeno se ha reconocido durante años, pero el problema es que nada se hizo al respecto.

Robert cita otra encuesta del Consejo Económico y Social de Francia, según la cual la mayoría de la gente que recibe asistencia firmó un formulario y luego fue olvidada.

"Apenas es alcanzada por las varias ramas del gobierno, y casi nunca de forma coherente y continuada". El estudio concluyó que la gente "pasa de una situación precaria a otra".

"No se habían percatado de la forma en que el gobierno asigna estos derechos básicos como le parece, o los niega a los necesitados", dijo Robert explicando la sorpresa que produjo en muchos el estudio

"Esta es la razón por la cual nuestro movimiento, durante años, ha luchado para que la Asamblea Nacional (parlamento) adopte una ley marco que pueda dar coherencia a las políticas públicas que enfrentan la pobreza y la exclusión social".

Alrededor de 55% de los franceses entre 25 y 39 años estuvieron empleados al menos una vez en los últimos 10 años. Más y más franceses adultos, en contraste con generaciones previas, experimentarán un período de desempleo durante sus vidas laborales.

Más de la mitad de los desocupados son desempleados de largo plazo, no elegibles para recibir beneficios sociales.

A pesar de los recortes presupuestales, se hicieron pequeños gastos extra para ayudar a los desempleados jóvenes y los grupos de bajos ingresos, pero esto es apenas 12.000 millones de francos franceses (unos 1,3 millones de dólares), frente a mayores recortes del gasto público de 30.000 millones de francos (alrededor de tres millones de dólares) y un déficit nacional estimado en 280.000 millones (casi 30 millones de dólares) en 1997.

"Parece que somos testigos de la mutación de un problema ante el cual todas las respuestas convencionales fracasan", dijo Bourgeois. "Los sistemas neoliberales orientados por el mercado no cambian la sociedad (para mejor o peor); meramente concentran el poder de tomar decisiones económicas en las manos de unos pocos privilegiados".

"Mientras los principios de solidaridad, respeto por las personas, respeto por el equilibrio social y acceso igualitario a la riqueza no guíen las políticas gubernamentales, sean cuales fueren, la pobreza continuará afectando a más y más clases de la sociedad", agregó.

Robert mantuvo una visión similar. "Es cierto que cuando las políticas económicas sitúan a la gente en segundo lugar, son los pobres quienes pagan el precio. No estamos diciendo que no debería haber libertad económica, pero es inaceptable colocar el dinero como único punto de referencia".

"O haces lo que puedes para aliviar la pobreza, o eres del tipo que sólo quiere dinero y ganancias. Pero, un día, cuando haya demasiados pobres que sustentar, la economía entera dejar de funcionar. Esto debe tenerse en cuenta", aseguró.

En Francia hay cinco millones de personas en situación de pobreza, es decir, que viven por debajo de los mínimos socialmente aceptados. Entre ellos hay un millón de hogares que reciben el "ingreso mínimo de inserción"; doce millones de personas están en situación de precariedad, sea por su nivel de ingreso, por su acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud. No se trata pues de dificultades marginales o de algunos efectos residuales de políticas coyunturales: la pobreza es un fenómeno masivo y duradero.

Para fortalecer la cohesión social

Una primera preocupación, entonces, es generar un auténtico programa global de lucha contra las exclusiones y no una simple "ley para los pobres". Para ello se requiere una serie de premisas no exhaustivas:

El compromiso nacional con respecto a un programa de esa envergadura debe ser formalizado por la participación de todos los actores involucrados, del conjunto de los ministerios de un gobierno, de la sociedad civil y de la administración.

Una ley de orientación o una ley-marco (que de lugar a textos específicos) debe ser capaz de programar circulares de aplicación donde se prevean medidas concretas, coordinación de disposiciones, presupuestos y compromisos en el tiempo.

La puesta en vigor o la extensión de disposiciones que apunten al acceso de todas las personas a todos los derechos son sin duda esenciales pero no deben ir en desmedro de las medidas específicas. Estas últimas, en todo caso, deben mantener un carácter excepcional y preparar un ejercicio del derecho común.

En lo que tiene que ver con la elaboración de un programa de lucha contra todas las exclusiones, entendemos que existen algunas premisas orientadoras.

En primer lugar, la participación de las personas involucradas en la definición de las políticas públicas y el reconocimiento de una dinámica donde los más pobres tengan la posibilidad de tener la iniciativa son el punto de inflexión fundamental que permitiría dejar la asistencia y disminuir las prácticas delictivas o la violencia desesperada. A este respecto, cabe señalar que actualmente las asociaciones de desempleados no gozan de ninguna representación oficial.

En segundo término, es perentoria la creación o renovación de herramientas de observación de las situaciones de pobreza. No existe en este momentos en Francia un observatorio independiente y dotado de medios.

En tercer lugar, las disposiciones de derecho común o específico deben ser acompañadas de órganos o de sistemas de evaluación que permitan su reforma o su cuestionamiento.

Finalmente, deben tenerse en cuenta los objetivos. Los fines de la economía deben ser sometidos a los fines de la sociedad, es decir, al desarrollo humano. Debe estimularse y promoverse la integración de las lógicas no mercantiles, productoras de riquezas, de desarrollo humano individual y colectivo, sustentables en el uso de los recursos naturales.

En otro orden de cosas, se deben identificar claramente campos de acción prioritarios, entre los cuales destacamos el empleo y la actividad económica, la vivienda, el sobreendeudamiento, la política fiscal, la educación y la salud.

En el área empleo, se hace necesario acompañar las medidas particulares, (a favor de los jóvenes y las mujeres, por ejemplo), por medidas de fondo, formación, tiempo y trabajo, protección social, y tomar en cuenta la economía solidaria.

Con respecto a la vivienda, las políticas de renovación, de construcción, de reparto territorial y de adjudicación deben estar a la altura de las necesidades - 400.000 sin techo y millones de personas habitando en viviendas precarias-. Prevenir los desalojos sigue estando en el orden del día.

Por otra parte, existe un número creciente de situaciones difíciles, relacionadas fundamentalmente a los gastos para los necesidades normales. Ni las condiciones de acceso al crédito ni los procedimientos de desendeudamiento actuales alcanzan para controlar este fenómeno. .

En lo que tiene que ver con las políticas fiscales, Francia no realiza progresos, ya que a pesar de las promesas aún no se esboza una reforma fiscal de envergadura, que permita reducir las desigualdades.

Hay varios temas que no pueden quedar ausentes o descartados de un programa de acción global: la educación, en particular el analfabetismo, la salud, la acción social y la justicia, son algunas de ellas.

Párrafo aparte merece el tema de la inmigración. A partir de 1945, la sucesión de leyes y reglamentos ha generado un laberinto administrativo que no respeta los compromisos internacionales en materia de acogida o recepción de personas y que da lugar a interpretaciones que son fuente de desigualdad en el trato, y de discriminaciones (doble pena), dejando a un gran número de personas en situación de no-derecho (no regularizables y no expulsables por ejemplo) y abandonados a la clandestinidad.

Hoy, el tema de la inmigración no da lugar a un debate nacional y los textos recientes o en preparación no permiten presagiar más que tibias mejoras: de las 140.000 a 150.000 solicitudes de regularización presentadas en el marco de la circular de regularización del 24 de junio de 1997, se estima que 60.000 expedientes tendrán un resultado positivo. ¿Qué ocurrirá con las personas no regularizadas? ¿Serán expulsadas?

El proyecto de ley sobre inmigración presenta disposiciones similares a las de la circular de regularización de características discriminatorias. En este texto prevalece una visión policíaca y la desconfianza frente al extranjero junto a la imposibilidad del Estado de controlar las entradas o salidas del territorio. Proceder a expulsiones masivas hace temer nuevas situaciones de desamparo y amenaza, y una persistencia de la clandestinidad, con la consiguiente explotación de los trabajadores y la separación de las familias.

Emaús Internacional. Movimiento solidario no confesional de 400 grupos de base en 38 países del Norte y del Sur.