Los angolanos dicen que Angola es un país potencialmente rico. Es un hecho, aunque la desigualdad social se agrava y favorece el enriquecimiento fácil y rápido de unos pocos, en una proporción 1/1000, a través de la distribución (compra) de áreas ricas en minerales. Entre esos pocos están los miembros del Gobierno, los grandes empresarios y los oficiales generales de la Policía y del Ejército.
Equidad de género
Los niveles de desigualdad relativa entre mujeres y hombres son aún elevados en todos los ámbitos de la vida pública. La mujer participa en el sector empresarial, pero lo hace desde un lugar muy atrasado en comparación con el hombre; se advierte que cuando es ella la que aporta el capital inicial, el administrador oficial (legalizado) es el marido u otro pariente hombre, excepto en los pequeños negocios; además, en las asociaciones empresariales, muy pocas veces la mujer ocupa los órganos administrativos y de dirección De los partidos políticos legales, que actualmente son más de 100, sólo uno es dirigido por una mujer y tiene tres diputados en la Asamblea Nacional. Con excepción de éste, los partidos políticos no tienen representación femenina en el Parlamento más que el MPLA y la UNITA, en una proporción 1/20.
En el Poder Ejecutivo, con un total de 60 gobernantes, hay 9 mujeres y 4 de ellas son ministras.
En los órganos judiciales y en los poderes locales (gobiernos provinciales) no hay mujeres.
El Gobierno creó el Ministerio de la Familia y Promoción de la Mujer para elaborar programas de lucha contra la desigualdad de género, pero hasta ahora no ha tenido iniciativas.
El acceso al mercado de trabajo es limitado y se restringe mucho a puestos de secretaría. Allí, los sueldos sólo son dignos en las empresas gigantes. Hay mujeres en cargos directivos, pero la discriminación hace que sólo los ocupen quienes cuentan con la influencia de individuos bien ubicados en el país o tienen algún vínculo familiar o partidario.
La esencia de la inequidad en el área económica es el ínfimo número de mujeres que son propietarias de grandes recursos, lo que las deja en situación de desventaja ya desde el punto de partida, para competir en condiciones de equidad con los hombres. El acceso a los ingresos, a la propiedad y al crédito depende del poder financiero.
La ley prohíbe cualquier clase de discriminación social y defiende al ciudadano y sus derechos de maternidad, de viudez, etc. Sin embargo, la estructura gubernamental del Ministerio de Trabajo que se ocupa de la fiscalización y/o de la inspección, no cuenta con los recursos humanos y materiales que le permita el ejercicio.
En el sector educativo no hay ninguna tendencia de restricción al acceso según sexo: la tasa de escolaridad es superior entre las mujeres en proporción de 1 a 3. No es posible suministrar datos numéricos porque el Ministerio de Educación no los tiene actualizados.
En el campo de la salud, se están desarrollando programas de salud reproductiva, planificación familiar y otros. En lo que respecta a la planificación familiar y a la prevención de enfermedades que se contagian por contacto sexual, se están implementando programas de difusión y familiarización con los anticonceptivos. Hay que subrayar que el aborto voluntario está prohibido, pero se lo practica en casos de extremada necesidad.
En lo que a política y programas se refiere, las Organizaciones No Gubernamentales han realizado acciones para concientizar a las comunidades rurales, en donde no hay ningún tipo de estructura para prevenir la sujeción de la mujer. En las zonas urbanas, las guarderías son creadas sólo por las empresas (por ejemplo: Endiama-Diamantes, Sonangol-Petróleo, BNA-Banco), mientras que a las públicas solamente tienen acceso las familias de clase media.
Las organizaciones de mujeres actúan fundamentalmente en las ciudades, pero sólo se observan en la conmemoración de efemérides.
Equidad social
El acceso a la educación básica es indiscriminatorio, pero el reducido número de escuelas hace que no todos puedan ingresar. Lo mismo sucede en la enseñanza superior, en donde se realizan exámenes de ingreso que a veces son justos y otras veces no. Tanto en las escuelas rurales como en las urbanas la tasa de deserción es elevada: 10 de cada 50 matriculados abandonan la escuela por las pésimas condiciones de los establecimientos o por la pésima preparación de los profesores.
El analfabetismo aumenta porque crece asimismo el número de niños de la calle. En las zonas alejadas de los centros urbanos, no hay servicios de salud y el acceso a saneamiento, agua potable y crédito sólo es posible en las ciudades, pero para los ciudadanos de clase media. Los que tienen casas en pésimas condiciones de habitación están condenados a morir en ellas porque no hay voluntad política.
El acceso al mercado de trabajo depende del esfuerzo personal del interesado; de lo contrario, se somete a la desorganización de los centros de empleo y se contenta con trabajos que no tengan en cuenta los requisitos individuales. En las empresas grandes y con remuneración razonable, hay discriminación racial: se opta por blancos y mestizos. Las organizaciones de la sociedad civil dirigen sus acciones a áreas específicas, en las que cuentan casi siempre con datos estadísticos más reales que los del Gobierno.
Los gastos de ingresos internos y externos que hace el Gobierno se destinan prioritariamente al ejército y a la policía, luego a la educación y la salud. La desproporción es tan asustadora que parece imposible con ese gasto mejorar la educación, la salud y el nivel de vida de los ciudadanos.
La tierra está en manos de los agricultores, pero importa señalar que es poco lo que pueden hacer por falta de créditos del Gobierno. La economía se reduce a las pequeñas industrias en las ciudades y el país, pese a ser potencialmente rico, crece con los ingresos del petróleo. No se dirige ni se controla el acceso al trabajo y la remuneración es el sueldo mínimo, que equivale actualmente a U$S 12 (doce dólares norteamericanos). Recién en agosto de 1997 se implementó el proyecto de reconversión laboral.
En algunas regiones ricas en minerales, el acceso es limitado para quienes no pertenecen al grupo étnico local y en estos lugares (por ejemplo, en las regiones diamantíferas) no conviene al Gobierno propiciar una educación igualitaria para facilitar la sujeción de determinados grupos.
La Constitución de la República de Angola dice que todos los ciudadanos nacen iguales, que son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, sin segregación de raza, nación, religión, etc.
En lo que atañe a los refugiados, se elaboraron proyectos para crear condiciones mínimas de subsistencia.
Por otra parte, las leyes que defienden los derechos sindicales dejan huecos en blanco: si por un lado, al ratificar la Convención 89 de la OIT se permite el ejercicio sindical, por otro, al negar la Convención 87 no se asegura la protección del sindicalista.
Los partidos políticos de oposición tienen muchas dificultades para lograr difundir sus actividades en los medios de comunicación. Es un hecho que los periodistas informan con timidez lo que no conviene al partido que está en el poder. Aún se confunde quién ejerce el Poder Ejecutivo y quién el Judicial, ya que los segundos se ven obligados a agradar a los primeros.
Después de 1994 se aprobó una ley de partidos políticos que degrada a los partidos pequeños al instituir que el que no logre tener representantes en las próximas elecciones, pasará a ser ilegal.