Debido a la falta de progreso en los intentos por lograr una paz real y duradera, Angola está pasando por una grave situación en el ámbito económico, político, social, cultural y jurídico. Cuando la sociedad civil sentía que sus planes y programas para las zonas rurales se implementarían, los partidos armados que negociaban el proceso de paz se dieron la espalda. Han aumentado las víctimas inocentes de su población y todo el país teme las represalias.
La mayoría de los programas que cumplen con regularidad sus proyectos de erradicación de la pobreza han sido respaldados por organizaciones internacionales, pero han disminuido su participación porque grupos armados atacan los vehículos que transportan alimentos. Teóricamente, se ha planteado la necesidad de una mayor intervención de la sociedad civil, pero su legalización es lenta.
¿Quién protege los derechos?
A raíz de un reclamo del Sindicato de Profesores, existe un programa de reconversión laboral que aún no ha sido implementado. Hay también uno contra el desempleo, creado por el Ministerio del Empleo (MAPESS), pero su materialización tiene como obstáculo las medidas del FMI, que duda de la gestión del gobierno. Pese a que hay legislación que protege la maternidad, varias empresas no la cumplen y nadie hace nada por evitarlo: el órgano que debería fiscalizar este tipo de faltas (Inspección General del Trabajo) no tiene recursos humanos suficientes. El trabajo infantil tampoco está bajo control y, con excepción de las empresas del gobierno, las demás admiten niños menores de 17 años. Aún no hay datos estadísticos sobre el subempleo y el trabajo doméstico, porque en la actualidad no existe un control de números o encuestas.
El gobierno ha protegido la integración social y el uso de la lengua de los grupos vulnerables, a través de programas de radio y televisión, a menudo con objetivos políticos, y en cuanto a las medidas que protegen los derechos de los desplazados, refugiados y poblaciones migrantes, siempre ha solicitado la intervención de la comunidad internacional. Pero los derechos violados de los inmigrantes están relacionados con el bajo nivel de formación de los agentes del orden, particularmente la Policía, que tiene en su cuerpo personal no alfabetizado. En síntesis: pese a que hay legislación sobre los derechos de los trabajadores, las madres, los dirigentes sindicales y los inmigrantes, las violaciones continúan.
La igualdad y la equidad entre los géneros no ha registrado cambios substanciales, porque no hubo iniciativas para aumentar la participación de la mujer en la vida pública. La reproducción familiar, por factores tradicionales, está incentivada, pero a menudo se observa que las familias numerosas aumentan sus dificultades. Existen programas de salud reproductiva, implementados por el gobierno, que se pueden considerar «aceptables» al menos en las ciudades. No hay restricciones de ingreso a la educación, pero faltan los programas de fomento al crédito y servicios para empresas y cooperativas de mujeres. El derecho de éstas a la propiedad privada existe, pero no es vigilado su cumplimiento por el gobierno así como tampoco ha mermado la violencia doméstica y social.
El sexto compromiso
Hay planes para erradicar el analfabetismo en los próximos diez años que se han visto reforzados con la participación de las ONG en la educación de adultos y el trabajo de la iglesia en la alfabetización de las mujeres. Pero sobre la universalización de la enseñanza básica no se ha hecho nada y aumenta el número de niños sin escuela. Pese a las iniciativas tendientes a universalizar los programas de educación, las infraestructuras no han aumentado y las pocas que se reconstruyen están ubicadas en la capital del país. Con respecto a la salud, el año 1998 ha sido marcado por una crisis en el sector y en los programas de universalización de la atención a la salud primaria. Los hospitales públicos evidenciaron un trato desigual a los pacientes en función de sus capacidades financieras. Los programas de prevención del VIH/SIDA no lograron los resultados esperados por falta de medios. La gran dificultad para implementar los programas de salud está en que el ministro pertenece al principal partido opositor y sus relaciones con el jefe de gobierno no son buenas, lo que ha generado una falta de solidaridad institucional.
El desarrollo económico, social y humano de Angola está condicionado al panorama político militar, que lo frena al extremo y hace que el país viva una crisis financiera sin precedentes, que afecta en gran medida a los recursos humanos. Es importante señalar que la esperanza de vida de los angolanos, según los informes internacionales, bajó a 42 años. Este hecho está vinculado, también, a la canalización de un gran porcentaje de los recursos del Estado en la guerra interna y a la participación en las de los países vecinos.
«Nos comprometemos... a erradicar la pobreza...»
Los programas de ajuste estructural incluyen objetivos de desarrollo social, pero su materialización tiene resultados negativos y sus consecuencias son sentidas por la población como nefastas, debido a la mala gestión. Entre otras faltas, el gobierno ni siquiera ha difundido los aspectos esenciales de los compromisos asumidos, para que la sociedad civil pueda participar activamente. No existe ningún grupo oficial que se ocupe del seguimiento de los compromisos.
SINPROF, Sindicato Nacional de Profesores, está representado en 13 provincias y sus 33 mil miembros son personal docente y no docente de la educación no universitaria.