El compromiso 4

Publication_year: 
1999
Sarah Ocran; Nicholas Halm
Africa Secretariat of Third World Network, Ghana Federation of Disabled Associations, Action on Disability and Development-Ghana Branch, y la Ghana Association of Teachers

«Nos comprometemos a promover la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas, basadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos, así como en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la seguridad y la participación de todas las personas, incluidos los grupos y las personas desfavorecidos y vulnerables.» Compromiso Cuatro: Cumbre Mundial de Desarrollo Social.

Este informe se ocupa de este compromiso en relación a las personas con discapacidad y lo hace por dos razones: 1) porque constituyen uno de los grupos sociales más desfavorecidos y marginados de Ghana; y 2) porque los problemas relativos a las personas con discapacidad reciben menos atención que aquéllos relativos a otros grupos sociales marginados del país.

Los derechos de los discapacitados

La Constitución de 1992 de la Cuarta República de Ghana contiene cuatro disposiciones importantes relativas específicamente a los derechos de las personas con discapacidad (artículo 29). La primera disposición protege a los discapacitados contra las normas y el trato de naturaleza discriminatoria o abusiva. La segunda estipula que los procesos judiciales que involucran a discapacitados deben tomar en cuenta su condición física y mental. La tercera ordena que todo lugar de acceso público debe contar con las instalaciones adecuadas para los discapacitados. La cuarta exige que se concedan incentivos especiales a los discapacitados que participan en el comercio y que las organizaciones empresariales empleen una cantidad significativa de discapacitados.

Si bien la inclusión de estas disposiciones en la Constitución representa una bienvenida mejoría de la actitud oficial hacia los discapacitados, el potencial de las mismas queda socavado por varias limitaciones.

La primera es que las disposiciones no son lo suficientemente activas y previsoras. Por ejemplo, las disposiciones sobre oportunidades laborales para las personas discapacitadas esencialmente brindan incentivos a las empresas que emplean a discapacitados, en lugar de otorgar inversión pública directa para desarrollar el potencial creativo de los discapacitados. Además, la naturaleza y la modalidad de estos incentivos no se identificaron ni se especificaron.

Otra limitación de las disposiciones es que no contemplan los derechos de los discapacitados, como personas cuyo talento y capacidad se pueden desarrollar con el debido apoyo de la sociedad. En algunos casos, esta situación trae en la práctica claras consecuencias negativas para ellos. Por ejemplo, en cuestiones educativas, la Constitución, explícita o implícitamente los consigna a la capacitación de un oficio, lo que limita las oportunidades de empleo a las artesanías.

Estas limitaciones se pueden superar con una política social y una legislación más consciente, que fortalezca y fomente los derechos de estos ghaneses. Por desgracia, es en este ámbito donde radica la mayor omisión, hasta el momento, con respecto a las medidas adoptadas para ellos. Seis años después de que comenzó a regir la Constitución, no se han promulgado leyes o políticas que apliquen las normas relativas a los derechos de los discapacitados. Tres años después de la Cumbre Social, no existe una política nacional que, entre otras cosas, fomente la integración social de los discapacitados. El gobierno recién ahora está redactando un proyecto de política sobre la discapacidad, pero sin mucha discusión pública.

En vista de lo anterior, no es ninguna coincidencia que no haya mejorado significativamente la situación de los discapacitados, a pesar de que el gobierno asumió los compromisos de la Cumbre Social sobre integración social e inclusión.

Sin datos y con barreras

Faltan datos sobre la discapacidad en Ghana, lo que indica el enfoque casual que se le otorga al tema, ya que no se puede desarrollar una política integral de integración social sin el conocimiento preciso de la situación. Pero algunos datos limitados de la encuesta de Indicadores de Bienestar de 1997 demuestran que «1% de la población del país se encuentra física o mentalmente discapacitada, con una incidencia levemente mayor entre hombres que entre mujeres». La encuesta también reveló que la cantidad de personas discapacitadas es mayor en el medio rural (1,1%) que en el urbano (0,9%).

Los discapacitados enfrentan barreras que les impiden participar plenamente en la sociedad. Estas barreras incluyen actitudes sociales negativas, la falta de oportunidades de empleo y de educación, barreras arquitectónicas y de infraestructura, la falta de acceso a los recursos financieros, equipos e información. Para las niñas y mujeres discapacitadas, la discriminación y los prejuicios generales sobre el estatus de la mujer acentúan estas barreras. En consecuencia, las niñas con discapacidades tienen menos posibilidades de ir a la escuela y de conseguir empleo que sus compañeros varones.

A su vez, estas barreras crean un círculo vicioso de mayor nivel de desempleo, bajo rendimiento educativo, pobreza e indigencia.

Un informe del Comité Asesor Nacional sobre Discapacidad indica que los empleadores suelen ver a los discapacitados como: a) la responsabilidad de un tercero; b) con necesidad de estar bajo constante supervisión; c) mejor atendidos en un ambiente aislado y autocontenido; y d) incompetentes. Dados estos prejuicios sociales, no es probable que los empleadores ofrezcan trabajo a los discapacitados. «Los empleadores tienden a fijarse en la discapacidad y no en la capacidad», según las palabras de una persona discapacitada.

Uno esperaría que bajo estas circunstancias se adoptase un programa de educación pública para ayudar a borrar estas impresiones o actitudes negativas de los empleadores. Pero, por desgracia, no existen programas o políticas de educación pública sobre el tema.

De manera similar, la imposibilidad física que tienen muchas personas de acceder a oficinas y edificios, también limita sus posibilidades de empleo. Muchos discapacitados calificados y talentosos no son empleados en el sector público o privado porque los edificios son inaccesibles o no cubren las necesidades de sordos o ciegos.

Existe una disposición laboral (L.I. 632.1969) que ordena específicamente a los empleadores reservar una cuota de 0,5% de sus puestos de trabajo para los discapacitados, pero esta norma no se aplica en el sector público ni en el privado.

Las barreras que enfrentan los discapacitados para conseguir trabajo privan a la mayoría de la oportunidad de obtener un medio de vida y de administrar sus propias vidas.

En la enseñanza básica, sólo hay 12 escuelas para sordos, aproximadamente 1 por región. La matrícula de los estudiantes sordos en este nivel ascendía a 1.782 alumnos. La matrícula femenina fue de 682, mientras que la masculina representó 1.100 alumnos. Sólo hay una escuela secundaria/técnica para los sordos, con una matrícula de 164 estudiantes. Nuevamente, los varones matriculados en este nivel (121) superan a las mujeres (43). Casi todas las escuelas para sordos tienen una lista de espera de personas que solicitan ingresar.

En la enseñanza terciaria, los estudiantes sordos están integrados con los que no tienen esa discapacidad. Pero la variedad restrictiva de cursos y condiciones de ingreso, la falta de servicios de intérpretes y los altos costos de los equipos auditivos de ayuda impiden que muchos estudiantes accedan a la universidad. En la actualidad, sólo un estudiante con discapacidad auditiva estudia en un centro de enseñanza de profesores. Algunos de los alumnos que logran llegar a este nivel y que pueden pagarlo optan por estudiar fuera del país.

Las personas con discapacidad visual padecen problemas similares. Sólo hay dos escuelas para ciegos a nivel primario y muy pocos estudiantes ciegos llegan a la universidad.

El desempeño educativo de los adultos y los niños con discapacidad resulta socavado por una combinación de factores, como las limitaciones de la comunicación, la falta de equipos especializados, de ayudas auditivas y de materiales de aprendizaje, así como por la escasez de personal competente.

Un proyecto de ley sobre los derechos de los discapacitados, propuesto en 1993, que haría mucho para eliminar dichas barreras, permanece en los archivos del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. En forma similar, el Consejo Nacional de los Discapacitados, que debería haberse creado tras la aprobación del proyecto de ley, también está pendiente. Con suerte, una vez implementado, el proyecto garantizará la integración de los discapacitados al resto de la sociedad.