El gobierno de Bahrein envió una delegación oficial a la Cumbre de Desarrollo Socialen la que no permitió la participación de las ONG. Intervino para impedir la participación del representante en el exilio del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, Hani al Raye y Bahrein expresó sus reservas frente a la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague sobre la base de sus peculiaridades religiosas y culturales. No informó al pueblo sobre la Cumbre.
El gobierno disolvió la asamblea nacional elegida por el pueblo y suspendió artículos vitales de la Constitución por un plazo indefinido el 26 de agosto de 1975. Desde entonces no se han celebrado elecciones y el país es gobernado por órdenes y decretos de Amiri. Una serie de leyes y códigos se promulgó para limitar aun más las libertades y derechos estipulados en la Constitución. Se prohíben rigurosamente las organizaciones políticas y la existencia de ONG, sociedades y clubes está muy restringida. El departamento de inteligencia del Estado interfiere en todos los aspectos de la vida individual y colectiva. El pueblo no tiene voz a la hora de formular, planificar o llevar a la práctica el desarrollo social.
Bahrein sigue el modelo del capitalismo liberal. Se jacta de ocupar el tercer lugar en la libertad económica en todo el mundo, pero esto no contribuyó con la prosperidad del pueblo. La caída en el nivel de vida, la injusticia social y la creciente disparidad entre la mayoría pobre y la minoría rica contribuyeron –junto con la ausencia de democracia– a la situación de inestabilidad en el país, especialmente desde 1994. El lapso de 1994 a 1998 fue el más turbulento en la historia reciente del país. El movimiento masivo por el restablecimiento de la democracia fue reprimido duramente y resultó en la pérdida de muchas vidas y el sufrimiento de miles de personas y sus familias, que padecieron prisión y exilio. El caos alejó a la inversión regional e internacional y Dubai ocupó en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el papel que antes tenía Bahrein como centro de los servicios y las finanzas en el Golfo.
¿Un ambiente propicio?
Bahrein se incorporó a la OMC y aceptó sus políticas. El país adoptó el capitalismo liberal cuando era un protectorado británico y mantuvo esa política después de la independencia. Entre las recientes medidas gubernamentales se incluye la privatización de empresas públicas y semipúblicas, la apertura a la mano de obra extranjera y la reducción del aparato estatal. Aunque algunas inversiones contribuyeron con el desarrollo social, este desarrollo benefició principalmente a algunos inversores y extranjeros y perjudicó a la mayoría del pueblo. El desempleo en los distintos sectores aumentó en número (más de 30.000) y en porcentaje (15% de la mano de obra).1 Los programas de gobierno de apoyo a pequeños proyectos, incluso a las artesanías tradicionales, absorbieron a algunos trabajadores locales. De alguna manera, podríamos decir que existe crecimiento económico pero no desarrollo social sustentable.
El Estado protege a la cultura beduina (desértica) a la que pertenece la clase dominante, y no valora la cultura civil del pueblo. Esto socava a la sociedad y no contribuye con el proceso de desarrollo. Como consecuencia de la represión política, la discriminación, la marginación y el desempleo, muchos ciudadanos capacitados emigraron a otros estados del Golfo. Cientos son desterrados, obligados al exilio o impedidos de volver al país. Al mismo tiempo el gobierno contrata a expertos extranjeros a altos costos. El nuevo emir reconoció el problema del exilio pero hizo poco para subsanarlo. Entre los más de 600 exiliados, sólo se permitió el regreso de 32, y estos aún son acosados y desempleados. Lo mismo ocurre con cientos de presos políticos y miles de ex presos políticos y sus defensores. El problema se podría resolver mediante una amnistía integral en un contexto de reconciliación nacional. Esta política de represión frustra las gestiones para combatir la pobreza y lograr el pleno empleo y la integración social.
Pobreza y empleo
La política de puertas abiertas que se aplica a los trabajadores asiáticos (66% de la fuerza laboral) significó el creciente desempleo de los ciudadanos (34% de la fuerza laboral) en 1998.2 Especialmente afectados fueron los chiítas, a quienes se les niega el empleo en algunos sectores de gobierno (defensa y seguridad) y se les limita en otros, como el sector de las comunicaciones, las aduanas y los medios de comunicación. Para competir con la mano de obra barata de los trabajadores asiáticos la población local debe aceptar salarios por debajo del nivel de subsistencia. No existe un salario mínimo legal. Los monopolios empresariales, especialmente aquellos en poder del clan dominante Al Khalifa, llevaron los precios promedio de los productos y los costos de los servicios por encima del promedio en el Golfo. Las adquisiciones de tierra en gran escala por parte de integrantes de la familia en el poder, negaron el acceso a la gente común y corriente a las parcelas de construcción gratuitas o modestas, lo que aumentó los costos de la vivienda.
Estos y otros factores aumentaron el número absoluto y el porcentaje de los sectores empobrecidos. El ingreso promedio por habitante descendió de USD 7.254 dólares en 1993 a USD 6.666 en 1995. La disparidad entre el 10% privilegiado de la población y el 90% sin privilegios también aumentó pues la mayoría de los empleados asalariados recibe 150 dinares (USD 390).3 Un importante indicador de la pobreza es el creciente número de familias que reciben asistencia: 10.000 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 17.000 de sociedades y fondos con fines de beneficencia. Otros reciben ayuda de instituciones religiosas.4
Las políticas de gobierno aumentaron el desempleo a niveles sin precedentes en la historia contemporánea de Bahrein. El mismo aumentó de 10% en 1995 a 15% en 1999. El Ministerio de Trabajo engañó al público sobre la gravedad de la situación, pues el gobierno asegura que el desempleo es de 3%. Pero el pueblo no se engaña y expertos extranjeros desmintieron abiertamente al ministro sobre este asunto. La política de «bahreinización» resultó en vano, sobre todo porque a los miembros de la familia gobernante Al Khalifa y a otras personas influyentes y altos funcionarios, se les conceden visas gratuitas para importar mano de obra barata a cambio de tasas que luego tienen un efecto de «dumping» en el mercado. Esto disminuye las oportunidades de trabajo y reduce los salarios de la población.
La privatización de empresas públicas o semipúblicas resultó en despidos masivos. La privatización de la fundición Balexco tuvo como consecuencia el despido de unos 90 trabajadores capacitados y la contratación ilegal de otros 50 empleados sin capacitar resultó en un escándalo. La privatización del sector de mantenimiento de la aerolínea Gulf Air (de propiedad conjunta de los gobiernos del Golfo) causó el despido de unos 130 ingenieros y técnicos. En ambos casos, se obviaron los procedimientos legales. El gobierno planea privatizar los sectores de la electricidad y las comunicaciones sin las garantías mínimas para los empleados y los consumidores. En la ausencia de estructuras democráticas, sindicatos ni ligas de consumidores, el impacto de la privatización es catastrófico. La liberalización concede a los abogados, ingenieros y médicos extranjeros la posibilidad de ejercer sus profesiones en Bahrein con lo cual se agrava el desempleo, la pobreza y la desintegración social.
Integración social y equidad
La sociedad bahreini es tradicionalmente tolerante e integrada, con sectas religiosas musulmanas (chíitas y sunitas) y grupos étnicos (en su mayoría árabes, con una minoría iraní). Pero la política sectaria oficial genera el disenso para debilitar a la popular oposición democrática. La ONU documentó la falta de respeto por los derechos humanos. El favoritismo que reciben clanes y personas fieles a la clase dominante es la otra faceta de la discriminación que sufre la mayoría chiíta y la oposición política. El clan en el poder, Al Khalifa, cuenta con siete cargos en el gabinete, así como el puesto de primer ministro (de un total de 15), y controla otros cargos vitales y a casi toda la oficialidad militar. El pueblo no participa en la administración de sus asuntos. En 1992, el gobierno instaló un órgano consultor designado (Asamblea Al Shura) que es el único foro de supuesta participación. La disolución de las instituciones o de sus cuerpos electos, como ocurrió con la Sociedad de Abogados en febrero de 1998, es habitual. La solidaridad entre la gente es espontánea frente a estos grandes sufrimientos políticos, sociales y económicos.
La falta de respeto por la dignidad humana es absoluta en un régimen autoritario. La crisis de derechos humanos está bien documentada por la ONU y otras organizaciones internacionales defensoras de estos. De 1995 a 1999, las balas de la policía mataron a 30 personas, incluso a mujeres. Cientos fueron torturados y miles sufrieron en centros de detención y cárceles durante el movimiento por la democracia. A las mujeres se les negó el derecho a votar y a ocupar una banca en la asamblea nacional, de corta vida. Una de las principales demandas del movimiento prodemocrático es conseguir la igualdad de derechos políticos para la mujer. Ninguna mujer ocupa un cargo en el gabinete o la Asamblea Al Shura. Sólo hay una embajadora y una viceministra, pero ambas fueron elegidas del clan Al Khalifa con fines propagandísticos después que el vecino Qatar permitiera la participación de las mujeres en las elecciones municipales. La participación de la mujer en el ámbito civil está limitada por las restricciones oficiales a la sociedad civil, así como por el Estado y la propia sociedad.
Salud, educación y recursos
La educación básica y los servicios médicos son buenos, pero en los últimos cinco años surgieron señales alarmantes. Debido a los crecientes gastos en defensa y seguridad, que tienen prioridad sobre el gasto social, los nuevos desafíos en educación básica y atención médica no se cumplen. Cientos de maestros y médicos capacitados de Bahrein están desempleados, mientras la presión está creciendo sobre los médicos en ejercicio.5 Los estudiantes que participan en el movimiento opositor y fueron arrestados, por lo general son expulsados de las instituciones de enseñanza.
El gasto del gobierno en el desarrollo social aumentó en términos absolutos, pero descendió en términos relativos, comparado con el de otros sectores. La defensa y la seguridad absorben 42% del presupuesto, aunque Bahrein no enfrenta amenazas externas o internas. La actual crisis política sólo se puede solucionar políticamente. Aumentaron los recursos para la capacitación, pero la malversación de fondos y la corrupción empañaron el proceso de los programas. No hay bancos ni fondos que financien los proyectos pequeños, especialmente para los jóvenes y las mujeres. La asistencia extranjera ha sido mal administrada, como por ejemplo, cuando el jeque Zayed Al Nhian, presidente de EAU, contribuyó con un proyecto de vivienda para ciudadanos menesterosos, el proyecto fue asumido por el Ministerio de Defensa y las viviendas se entregaron a los extranjeros reclutados para las fuerzas armadas.
Cooperación internacional
Bahrein es integrante del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que a su vez integra la Liga Árabe, y ésta a su vez es miembro de la ONU. Las críticas contra el CCG sostienen que el organismo concentra su labor en asuntos de seguridad y se opone a las aspiraciones populares. El CCG no es un órgano electo, así que no debe rendir cuentas ante el pueblo. La cooperación fructífera en beneficio del pueblo árabe se limita a la Liga Árabe. Aunque Bahrein pertenece al G–77 (Grupo de los 77), su política en el ámbito internacional recibe la fuerte influencia de Estados Unidos, al que lo une una alianza estratégica. Esto quedó claramente de manifiesto cuando integró el Consejo de Seguridad de la ONU entre 1998 y 1999. Bahrein apoyó el bloqueo contra Iraq y otorgó una base para la UNSCOM (la comisión de la ONU encargada de verificar el proceso de desarme iraquí) que seguirá proporcionando a los futuros equipos de inspección de la ONU. Como miembro actual de ECOSOC, se opone a la participación efectiva de las ONG independientes del país en los foros de la ONU. El estado de Bahrein fue condenado por la subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en su sesión 49ª en 1997, por la violación flagrante, generalizada y sistemática de los derechos humanos, la privación de la democracia y la discriminación sectaria. Pero el gobierno no aprendió la lección. En su lugar, aprovechó su integración en el sistema de la ONU y otros organismos internacionales para cubrir sus defectos y hacerse propaganda.
Notas