Tras la crisis financiera de 1997, Corea experimentó un aumento en el desempleo, mayores cantidades de trabajadores informales, y una creciente brecha entre ricos y pobres. Mientras el gobierno expande sus redes de seguridad social, organizaciones de la sociedad civil se movilizan a favor de un impuesto a las transacciones monetarias.
Cifras elocuentes
El coeficiente Gini subió abruptamente de 0.283 en 1997 a 0.327 en el segundo semestre de 1999. El desempleo aumentó del 2,6% en 1997 a un máximo del 8,4% en el primer semestre de 1999, y luego comenzó una tendencia descendente a medida que las empresas se recuperaron. Sin embargo, como resultado de las medidas de ajuste estructural del segundo semestre del 2000 (cuando el desempleo se redujo a 3,6%), se prevé que el número de desempleados sea de un millón para el primer semestre del 2001. La tasa de desempleo femenino aumentó del 2,3% en 1997 al 5,6% en 1998 y tuvo un pico del 7,0% en el primer trimestre de 1999, cayendo al 2,9% en el último trimestre del 2000.
A fines del 2000, los trabajadores informales constituían el 52,3% del total de los asalariados y recibían salarios entre un 19,8% y un 27,2% inferiores a los de los trabajadores de tiempo completo. Además, no reciben subsidios de la seguridad social, como la indemnización por desempleo.
Como resultado de la crisis también aumentó el número de los sin techo, que pasó de 300 personas en 1997, a 5 mil en 1998 y 6 mil en el 2001.
En respuesta a esta realidad, el gobierno está reforzando la red de seguridad social con la incorporación de programas de obras públicas, la expansión de los cuatro principales tipos de seguridad social, incluyendo la adopción de la Ley de Protección del Medio de Subsistencia Mínimo de la Ciudadanía y otras medidas. También ha redoblado su apoyo a las clases marginadas mediante la creación del Ministerio de Igualdad de Género y con la extensión del período de educación obligatoria para incluir los tres primeros años de educación secundaria, entre otros programas.
Principales políticas del gobierno
Política de combate al desempleo
Desde la crisis financiera, el gobierno incorporó programas de creación de empleos que incluyen proyectos de obras públicas (presupuesto de 1998: KRW 10,044 billones/USD 7.550 millones; presupuesto de 1999: KRW 24,926 billones/USD 19.940 millones); programas limitados de apoyo al medio de subsistencia (que en octubre del 2001 culminarán con la aplicación de la Ley de Protección del Medio de Sustento Mínimo de la Ciudadanía); mayor cobertura para los pagos de subsidios por desempleo; mejores programas de capacitación laboral; y un sistema de pasantías apoyado por el gobierno.
Refuerzo de la red de seguridad social
Desde octubre de 1998, el seguro por desempleo se aplicó a todos los lugares de trabajo con más de un empleado. Esta medida agregó 8,342 millones de empleados de 664 mil lugares de trabajo al beneficio del seguro por desempleo.
A partir de abril de 1999 el sistema nacional de pensiones se amplió para incluir a las personas de trabajo independiente en las zonas urbanas, lo cual llevó la cobertura a 9.045.812 personas más. La indemnización a los trabajadores se expandió en julio del 2000 para incluir a las pequeñas empresas con menos de cuatro empleados, extendiendo la cobertura a 1,65 millones de trabajadores más en 880 mil lugares de trabajo. El seguro excluye a los sectores de la agricultura, la forestación y la caza.
En agosto de 1999 se adoptó la Ley de Protección del Medio de Sustento Mínimo de la Ciudadanía, en sustitución de la Ley de Protección del Medio de Sustento, que se aplicaba sólo a las personas económicamente inactivas menores de 18 años o mayores de 65 que vivían en la pobreza. La Ley de Protección del Medio de Sustento Mínimo de la Ciudadanía, que responsabiliza al gobierno nacional de todos los ciudadanos que reciben menos del ingreso mínimo, sin importar su actividad o inactividad económica, aumentó la cobertura de 540 mil a 1,51 millones de personas.
Iniciativas hacia la equidad de género
En 1998 se adoptó una ley contra la discriminación de género. En 1999 se modificó la Ley de Igualdad en el Empleo. La ley revisada incluye cláusulas para impedir y prohibir el acoso sexual en los lugares de trabajo. En el 2001 se creó el Ministerio de Igualdad de Género (su antecesora fue la Comisión Especial de la Presidencia para Asuntos de la Mujer).
Educación
El gobierno adoptó medidas para fortalecer la enseñanza pública, en respuesta a la expansión del mercado de la educación privada tras la crisis financiera. La escala de inversión en la enseñanza pública es del 7,4% del PBI (4,4% del gobierno y 2,9% del sector civil). El porcentaje que invierte el gobierno es bajo en comparación con otros países.
El 18 de enero del 2000 el gobierno anunció la aplicación gradual de la enseñanza obligatoria universal hasta los tres primeros años de enseñanza secundaria. El gobierno promueve la enseñanza de las tecnologías informáticas y de comunicaciones para la población de los sectores de bajos ingresos.
Actividades de las organizaciones de la sociedad civil
El gobierno diseñó una variedad de políticas para proteger a las personas de bajos y medianos ingresos que se empobrecieron como consecuencia de la crisis de divisas. Sin embargo, los objetivos originales de estas políticas no se alcanzan debido a la falta de voluntad política y de la infraestructura necesaria para implementarlas. Por ejemplo, el presupuesto necesario es insuficiente y el gobierno no tomó en consideración los niveles actuales del ingreso de la población.
En respuesta a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil piden al gobierno que aplique sus políticas en concordancia con los objetivos originales, y dirigen numerosas actividades para fomentar dicha aplicación.
Las organizaciones dedicadas al bienestar social están desarrollando una campaña para que el gobierno aumente los presupuestos dedicados a esta área, corrija el análisis de los niveles de ingreso, y amplíe los subsidios recibidos por la Ley de Protección del Medio de Sustento Mínimo de la Ciudadanía. También pretenden que se estabilice el sistema de protección social.
Las organizaciones vinculadas a los temas educativos demandan que se aumenten los fondos de la enseñanza y se fortalezca la enseñanza pública.
Las organizaciones de mujeres lideran los movimientos para abolir el Sistema de Jefe de Familia, por el cual toda persona es oficialmente registrada como parte de una estructura familiar jerárquica con el hombre de mayor edad en la cima. Esta estructura prototípica cimenta la discriminación contra las mujeres en la sociedad coreana. Las organizaciones de mujeres también hacen campañas para erradicar la violencia sexual y para proteger los derechos humanos de las trabajadoras informales.
La Coalición Ciudadana por Justicia Económica (Citizens’ Coalition for Economic Justice) lidera un movimiento para la adopción de un impuesto a las transacciones monetarias. En efecto, un factor subyacente que influyó en la crisis fueron los repentinos movimientos de capitales internacionales a gran escala.
El impuesto a las transacciones monetarias es considerado como un instrumento efectivo para controlar estos movimientos de moneda extranjera y fomentar la estabilidad del sistema económico. También se espera que, al estabilizar los sistemas económicos nacionales y regionales, el impuesto a las transacciones monetarias reduzca la brecha entre ricos y pobres y contribuya al desarrollo social.
Se está realizando una campaña de firmas para presentar ante los 273 miembros del Parlamento y a 1.400 economistas. Otras organizaciones sociales y sindicales pueden incorporarse a este movimiento.