Urgencia en la construcción nacional

A partir de 1995, fecha en que se realizó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el escenario ha cambiado cualitativamente en Guatemala con el fin del conflicto armado interno que afectó al país durante más de cuatro décadas. El contenido sustantivo de los acuerdos de paz, firmados entre las partes en conflicto en 1996, legó virtualmente al pueblo guatemalteco una agenda social a ser cumplida por la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el llamado a la participación social explícito en los compromisos suscritos no ha sido asumido con la intensidad que la construcción de la paz demanda.

Sustancialmente, esta agenda se constituye en la demanda de oportunidades para que todos los guatemaltecos – hombres, mujeres, indígenas, ladinos, juventud, niñez, adultos mayores y otros sectores sociales – puedan tener la posibilidad de alcanzar la equidad, la justicia y la democracia y, como producto de ello, una mejor calidad de vida como base esencial para la construcción de la paz social.

Pobreza, desigualdad, apatía y exclusión

El acceso a ingresos y recursos, el goce o disfrute de los derechos básicos, y la oportunidad para prosperar, tanto individual como colectivamente, se ven sujetados a un sistema de exclusión imperante en el país que no limita solamente a las personas en su oportunidad de acceso al desarrollo, sino también restringe la capacidad de un apoyo social para hacer frente a limitaciones de distinto orden.

Más del 57% de la población es pobre y más de un cuarto (27%) vive en condiciones de extrema pobreza, en un país en donde las dos terceras partes de la fuerza laboral están afectadas por el desempleo, precarias condiciones de trabajo, o un empleo de subsistencia que afecta en mayor grado a las mujeres, los indígenas y los trabajadores rurales. Según indican las estadísticas laborales, actualmente existen 1.389 organizaciones sindicales y de ellas están activas únicamente 499. El total de afiliados es de 66.445, de los cuales sólo el 11% son mujeres. En 1999, la Dirección General de Trabajo homologó solamente 29 Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo, lo cual refleja intensos niveles de estancamiento de un derecho básico que otorga la organización sindical a los trabajadores para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo.

La forma de tenencia de la tierra no ha sufrido alteraciones en los últimos diez años, y la estructura agraria continúa siendo de concentración en pocas manos, lo que por sí mismo es una fuente de exclusión de un importante sector social: el campesinado.

El sistema educativo carece de los elementos formativos adecuados frente al hecho de que quienes sufren las consecuencias de las distintas formas de pobreza no logran explicarse a sí mismos las causas que determinan su condición de exclusión, ni mucho menos visualizar las posibles alternativas de superar esta condición. El promedio de escolaridad ni siquiera alcanza los nueve años de obligatoriedad establecidos en la Constitución Política (Artículo 74), correspondientes a la educación inicial, pre-primaria y primaria. Esta situación se agudiza en la población rural e indígena y en las mujeres.

Alcanzar la meta nacional de salud para todos se ha convertido en una mera declaración de los gobiernos de turno con relación a la necesidad de una política de salud. El acceso a los servicios se caracteriza por grandes desigualdades, y el sistema centra su atención en la medicina curativa, no en la prevención.

La vivienda es escasa y no existe una política pública que garantice un techo decente para la mayoría de la población; el incremento de áreas peri-urbanas es fiel reflejo de esta carencia.

Las elecciones de noviembre-diciembre de 1999 tuvieron la participación de apenas un 44% de la población legalmente inscrita, destacándose la ausencia de mujeres, población joven y emigrantes. Esta actitud electoral no fue nueva, ya que en la Consulta Popular del 16 de mayo de 1999, que pretendía sentar el marco jurídico para la legalidad y legitimidad de los acuerdos de paz suscritos en 1996, apenas se observó la participación de un 19% de la población. Todo ello es reflejo de las serias dificultades que enfrenta el sistema político guatemalteco que, heredero de prácticas autoritarias y excluyentes, no ha logrado por su propia dinámica y por las características de una población con escasa cultura política, estimular un proceso de participación ciudadana más amplio ante la ausencia de una oferta clara y comprometida para dar respuestas concretas a las demandas y necesidades sociales. Por otro lado, la falta de seriedad de la propuesta con relación a la Consulta Popular, confundió y desorientó a la población en general, situación que fue aprovechada por los sectores más conservadores del país para librar una profunda batalla ideológica contra los acuerdos de paz suscritos en 1996.

La ciudadanía está desencantada, el sistema judicial funciona inadecuadamente y la celeridad en la aplicación de la ley no constituye una práctica cotidiana. No existe un sistema coercitivo que permita erradicar la violencia intra-familiar y se observan niveles alarmantes de desprotección hacia las mujeres, la niñez y la juventud, los adultos mayores y los discapacitados.

Los desafíos nacionales

Dadas estas condiciones, la subsistencia se ha hecho una carga muy pesada para amplios sectores de la población, que se debe sumar a la falta de capacidad del Estado para enfrentar los problemas sociales, y el escaso y disperso desarrollo organizativo con poca capacidad de incidencia en las políticas públicas. Frente a la ausencia del desempeño del Estado como garante del bienestar colectivo, la prostitución y la formación de pandillas juveniles, entre otros males sociales, se han convertido en mecanismos de respuesta inadecuados y de grandes consecuencias en la dinámica social.

La situación de la economía nacional se ha visto golpeada no sólo por el fenómeno de la globalización sino también por la crisis internacional que ha agudizado los precios del mercado sobre productos como el café, el banano, el cardamomo y el azúcar. También influye la fuga de capitales, la pérdida de capitales en la Bolsa de Valores y, como si fuera poco, fenómenos naturales tales como el pasado Huracán Mitch, que profundizan la pobreza, afectando aún más a los sectores más vulnerables de la población.

En la actualidad, nuestro país enfrenta tres grandes desafíos en completa interacción: lograr la sustentabilidad de la construcción de la paz y la reconciliación nacional; alcanzar una mejora sustantiva de la calidad de vida de la población, especialmente la que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema; y avanzar en forma sostenida hacia un crecimiento económico que vaya aparejado con el desarrollo humano.[1]

El disfrute de una vida decorosa para los habitantes de este país se debe sustentar en la redistribución de la riqueza, el desarrollo social y político, el pleno respeto y observancia a los derechos humanos, a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y a la búsqueda de la equidad en la convivencia entre hombres y mujeres. Los acuerdos de paz ofrecen condiciones más propicias para transitar hacia una vida democrática, pero a su vez demandan que la construcción de la misma sea producto del involucramiento ciudadano en los asuntos públicos. El llamado a la participación social explícito en los compromisos suscritos, no ha sido asumido con la intensidad que la construcción de la paz demanda.

Los desafíos nacionales podrán enfrentarse únicamente si se sientan las bases para promover una verdadera reconciliación entre los guatemaltecos, que termine con la atomización de la sociedad y rompa la brecha existente entre la agenda pública del Estado y la de la sociedad en su conjunto. Se hace necesaria la estructuración de un proyecto de Nación que involucre plena y activamente a la ciudadanía en la ampliación de sus propias oportunidades en los ámbitos económicos, sociales y culturales, basándose en el respeto del carácter pluricultural y multilingüe de los distintos grupos que conviven en Guatemala.

Nota: