Por ser mujer, por ser indígena, por ser negro...

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2001
Mirta Kennedy; Ana María Ferrera
Centro de Estudios de la Mujer (CEMH)

En la última década, el proceso de globalización profundizó las desigualdades históricas, el crecimiento de la pobreza, y la reducción de las oportunidades para la realización del desarrollo humano de la mayoría de la población del país. En este período se ampliaron los desequilibrios entre áreas urbanas y rurales, ricos y pobres, y las exclusiones por clase, género, raza, etnia, sexualidad y edad.

Si bien el gobierno concretó reformas legales e institucionales para fortalecer la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos, el proceso de modernización del Estado estuvo fuertemente dirigido a realizar las transformaciones estructurales exigidas por los organismos financieros internacionales. Esto derivó en la inserción del país en el mercado global en condiciones desventajosas para la mayoría de la población, sin oportunidades para impulsar un proyecto autónomo y sustentable.

La democratización política se expresó en reformas al sistema jurídico, la creación del Ministerio Público, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reformas legales para la modificación del funcionamiento tradicional caudillista de los partidos políticos, la reducción del ejército y de la injerencia del poder militar en los asuntos internos y la gobernabilidad del país, así como la eliminación del reclutamiento forzoso. Sin embargo, persistieron los problemas estructurales de gobernabilidad, agravados dramáticamente por la corrupción, la impunidad, el centralismo gubernamental, el caudillismo y bipartidismo de las instituciones políticas, la inseguridad ciudadana por el incremento de la violencia, la agudización de la pobreza y la injerencia de los organismos financieros internacionales en los asuntos internos del país.

Después del huracán Mitch (1998), hubo consenso general en que la reconstrucción fuera considerada como una oportunidad para transformar la región. A más de dos años, las propuestas de Estocolmo, acordadas en la Reunión del Grupo Consultivo para Centroamérica, no se han materializado y se diluyen frente a los grandes proyectos de infraestructura de los que sacan provecho empresas nacionales y extranjeras. El Plan de Reconstrucción Nacional no ha contribuido a reducir las vulnerabilidades de los sectores pobres, que fueron los más afectados.

Crecimiento deficitario, pobreza estructural y alta concentración del ingreso

Honduras registra un deficiente crecimiento histórico del PBI con promedios per cápita anual de 0,5% desde 1920 a 1999, problemas estructurales de pobreza que afectan al 62,1% de la población con tendencia a la feminización, y una concentrada distribución del ingreso. Para 1991 el quintil más bajo de la sociedad percibía un ingreso equivalente al 5% del correspondiente al quintil más rico, que bajó en 1999 al 2,3%, lo que evidencia el empobrecimiento y la ampliación de la brecha entre ricos y pobres. En las áreas rurales la pobreza creció de 70,8% en 1991, a 72,6% en 1999. El porcentaje ponderado de mujeres y hombres pobres era similar en 1991, y para 1999 era mayor el porcentaje de mujeres.[1]

Las políticas de compensación social, a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), no tuvieron el efecto esperado en el alivio de la pobreza. Recientemente el gobierno elaboró y aprobó una Estrategia de Reducción de la Pobreza (2000), con un período de ejecución de 15 años, que no establece ninguna medida de corrección al modelo económico neoliberal, responsable de la agudización de la pobreza estructural.

Aunque Honduras fue seleccionado como país elegible en la segunda versión de la Iniciativa de Países Pobres Muy Endeudados (HIPC II) –aprobada en la reunión del G-7 en Colonia, Alemania, en 1999­– todavía no se perciben los efectos favorables del alivio de la deuda, al mismo tiempo que el país contrajo nuevos e importantes compromisos de préstamos. El informe del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) establece que la HIPC es insostenible, dada la incompatibilidad entre los objetivos de la Carta de Intenciones con la Estrategia de Reducción de la Pobreza, porque la primera promueve el modelo económico que expande las desigualdades que originan y aumentan la pobreza.

En los años 90, el país registró cambios favorables en el incremento de los niveles promedio de educación y reducción de analfabetismo, aunque a un ritmo inferior al previsto, y se logró equiparar significativamente esos indicadores por género. Sin embargo, persisten enormes desequilibrios en los sectores sociales más excluidos, como los pueblos indígenas y negros, para los que algunas fuentes señalan porcentajes de analfabetismo de más del 80%.[2]

Todavía no se alcanzó la meta de 20/20 estipulada en la Cumbre Social de Copenhague en 1995 y refrendada en Oslo en 1996, de destinar el 20% del presupuesto público a servicios sociales básicos de salud y educación. Según datos gubernamentales de la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) el gasto en educación y salud como porcentaje del PBI, bajó de 4,2 % y 3,0% en 1990 a 3,8 % y 2,7% en 1998.

Desiguales por ser mujeres...

En los años 90 se dieron avances en la creación de leyes, instituciones y políticas públicas para la reducción de la brecha de género, como resultado de la movilización e incidencia del movimiento de mujeres y la presión de las organizaciones internacionales, pero aún persisten inequidades que afectan el desarrollo humano de las mujeres y niñas.

El índice de Desarrollo Relativo al Género denota la desigualdad en el ingreso. El salario femenino equivale al 80% del ingreso medio nacional, mientras que el masculino alcanza un 111%[3]. Respecto a la participación política, en la última administración de gobierno las mujeres alcanzaron un 33% de representación en cargos ministeriales en el Poder Ejecutivo, mientras que se mantuvo en 10% la participación femenina en diputaciones en el parlamento, y en 15% en los cargos de elección popular en alcaldías municipales.

La mortalidad materna continúa alta (147 por 10 mil nacidos). La falta de garantías legales e institucionales para acceder a condiciones de aborto seguro es la causa del 10% de las muertes maternas, que afectan de manera fundamental a las mujeres pobres dependientes de los servicios de salud pública. La violencia privada y pública contra las mujeres continúa siendo un problema prioritario, sin que se haya logrado la ampliación de cobertura de las instituciones especializadas en el ámbito nacional (Consejerías de Familia y Fiscalía de la Mujer).

...por ser indígenas o de raza negra

En la última década, los pueblos indígenas y negros, sectores históricamente relegados de las prioridades de los gobiernos, conformaron un movimiento social de mucha beligerancia, con una amplia capacidad de movilización, teniendo como centro de sus demandas el derecho a la tierra, el reconocimiento de sus derechos humanos como culturas minoritarias, y la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades. Si bien estos sectores han logrado incidir en las negociaciones, el movimiento ha sufrido la represión, persecución y en años recientes el asesinato de líderes, como Cándido Amador y Ovidio Pérez del pueblo Chortís.

El documento "Balance de compromisos contraídos entre el gobierno y los pueblos indígenas y negros" para el período 1994/1998, establece que sólo se han cumplido el 21,8% de esos compromisos, un 57,3% no se han cumplido, y están pendientes un 14,6%.[4]

Acciones de los movimientos sociales

En la última década, el movimiento ambientalista y ecologista también ha tenido un rol significativo en la defensa de los recursos naturales y la conservación ambiental. El movimiento ha estado en permanente oposición con la depredación de los ecosistemas naturales por parte de compañías transnacionales, como en el caso de los manglares costeros del sur del país, donde se encuentra uno de los complejos industriales de camarón más grande del mundo, logrando que se aprobara el Decreto de Areas Protegidas (1998).

El movimiento de mujeres tuvo un importante desarrollo en la década, con el surgimiento de organizaciones y grupos organizados en todos los departamentos del país, además del fortalecimiento de las iniciativas de trabajo en redes, como el Colectivo contra la Violencia. Por primera vez en la historia, el 17 de octubre del 2000, se reunieron más de 10 mil mujeres simultáneamente en 9 ciudades, en la iniciativa de la Marcha Mundial de las Mujeres. También se presentó un documento de propuestas a los gobiernos central y municipales, principalmente dirigido a la eliminación de la pobreza y la violencia contra las mujeres.

La última década del siglo XX dio lugar al surgimiento del movimiento gay y lésbico, en el marco de la defensa de sus derechos humanos e inclusión ciudadana. También ha crecido la organización y la incidencia política de los sectores a favor de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA, que impulsaron la aprobación de la Ley Especial del VIH/SIDA (1998), que garantiza, entre otros, el derecho al empleo y a la atención en salud, pero no así la provisión de medicamentos por parte del Estado.

En los años 90, el movimiento sindical quedó atrapado en una crisis profunda por la falta de renovación de liderazgos, de propuestas que respondan a los intereses de los nuevos sectores que componen la clase trabajadora, el divisionismo sectario en torno a las figuras de los líderes tradicionales, y la falta de renovación de estrategias y alternativas de lucha. Los sindicatos se anclaron en las reivindicaciones economicistas, que no dan cuenta de las nuevas demandas de una clase obrera que ha cambiado de sexo y edad, con el incremento de la participación de las mujeres en la PEA, con gran peso en el sector transable de la economía.

En el sector exportador de maquilas, que genera 130 mil puestos de trabajo en el país, el 80% de la población ocupada son mujeres, con un promedio de 21 años de edad. Un grupo conformado por organizaciones de mujeres, de derechos humanos, la iglesia católica, y otros sectores sociales, constituyó un equipo independiente de monitoreo a las empresas, para vigilar, supervisar y denunciar cualquier violación a las condiciones laborales de las trabajadoras.

En el marco de la reconstrucción post Mitch, se abrieron nuevos espacios de participación social, con el surgimiento de diferentes iniciativas locales y coaliciones nacionales, como INTERFOROS.

El surgimiento de nuevos actores sociales (mujeres, ambientalistas e indígenas, entre otros), la articulación de los procesos locales y nacionales entre sí y con iniciativas globales, el monitoreo social y el seguimiento a las políticas y la gestión pública, la concertación social de diversas iniciativas, y la descentralización del movimiento social en los espacios locales, son las principales tendencias que marcan la búsqueda de alternativas para superar la pobreza y enfrentar la globalización neoliberal desde la sociedad civil en los últimos años.

Notas:

[1] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano-Honduras 2000. Editorama.S.A.

[2] La Prensa, 10 de agosto de 2000.

[3] PNUD. Op. cit.

[4] Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH). - PNUD, Op. cit.