Puesta en escena sin guión

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2002
Marta Arias
Intermón Oxfam

España ha permanecido tradicionalmente ausente de los principales debates en materia de desarrollo. A falta de una estrategia propia se ampara en los postulados de la posición dominante (la de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o los Estados Unidos habitualmente) y son contadas las ocasiones en las que se han atrevido a salirse del guión. Ese mismo silencio ha venido acompañando los preparativos de la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, con el agravante de que en este caso a España le ha correspondido un papel protagonista en el reparto.

En los últimos años, las autoridades españolas no se han cansado de presentar al país (al menos en el ámbito nacional) como una de las grandes potencias a escala global que, escasamente reconocida aún, debe ocupar por derecho propio un espacio más relevante en los principales organismos de decisión, ante los cuales supuestamente mantiene una postura “claramente activa”. Sin embargo, bajo esta fachada se esconde una realidad mucho más modesta: España ha permanecido tradicionalmente ausente de los principales debates en materia de desarrollo. El supuesto activismo español se convierte en una actuación habitualmente discreta, tanto en lo relativo al destino de recursos financieros y humanos como, sobre todo, en el ámbito de la iniciativa y la actuación política. A falta de una estrategia propia, cuando llega el momento de pronunciarse los representantes españoles se amparan en los postulados de la posición dominante (la de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o los Estados Unidos habitualmente) y son contadas las ocasiones en las que se han atrevido a salirse del guión. Ese mismo silencio ha venido acompañando los preparativos de la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, con el agravante de que en este caso a España le ha correspondido un papel protagonista en el reparto, con motivo de la Presidencia de la Unión Europea correspondiente al primer semestre del año 2002. ¿Será capaz de contribuir a la puesta en escena con un guión original?

Asistencia Oficial al Desarrollo: se deshace camino al andar

La Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) constituye prácticamente el único en el que España presenta una visión más diferenciada del conjunto de la Comunidad Internacional. Desafortunadamente, este “desmarque” no apunta precisamente hacia un compromiso mayor con los objetivos internacionales de desarrollo y la lucha contra la pobreza. La política española de cooperación se aleja cada vez más de los principios y recomendaciones que emanan del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) (como el de asociación, apropiación de la ayuda por parte del receptor, integración de instrumentos o coherencia de políticas), presentando un discurso descalificador de la AOD como instrumento eficaz de lucha contra la pobreza, cuestionando de manera permanente el 0.7% como compromiso. España, se niega a respaldar los compromisos asumidos por el Consejo de la Unión Europea de cara a avanzar con calendarios específicos hacia el 0.7%  y a priorizar el interés nacional del donante sobre las necesidades del receptor. Por otra parte, sigue siendo uno de los países con un mayor volumen de ayuda ligada dentro del CAD. España ha quebrado el diálogo con los actores sociales.

Todas estas circunstancias llevaron a más de 200 personas (profesionales de la cooperación en distintos ámbitos) y 100 organizaciones relacionadas con la ayuda a suscribir un Manifiesto titulado Ante la contrarreforma en el sistema de ayuda: por una política de cooperación efectivamente orientada a combatir la pobreza. Los pasos posteriormente adoptados por el gobierno apuntan hacia un agravamiento de esta situación, existiendo serios indicios de que la postura crítica de algunas ONG de desarrollo ha podido influir en el proceso de asignación de recursos oficiales para la cooperación no gubernamental. Con ello, se ha incrementado la tensión y la desconfianza entre los actores de la ayuda, que se encuentra en uno de sus peores momentos de su historia.

La incongruencia del comercio internacional

En materia de política comercial, España ha formado parte del consenso mayoritario en el seno de la Unión Europea, que en cuestiones comerciales negocia con voz única a través de la Comisión. En la reunión ministerial de Qatar de noviembre 2001, esta posición se centró en la defensa de una agenda amplia de negociaciones que incluyese la agenda interina (agricultura, servicios y productos industriales) junto con otros temas como inversiones, competencia, compras públicas o medio ambiente. En gran medida, el resultado final de la reunión constituyó una victoria con matices para la Unión Europea.

Por su parte, el gobierno español mantiene una posición ideológica casi fundamentalista en pro del libre comercio, que ha defendido incansablemente en sus relaciones bilaterales con países latinoamericanos o del Mahgreb, lo cual contrasta con la posición proteccionista que el país mantiene en ámbitos tan sensibles para los países pobres como la agricultura o la producción de textiles. En este sentido, la posición española no es más incoherente que la de otros países desarrollados como EEUU, Japón, Canadá o el resto de países miembros de la Unión Europea.

Durante los últimos años, las ONG españolas han exigido al gobierno español una reforma de las políticas que rigen sus relaciones comerciales con los países del sur, promoviendo la apertura de sus mercados en aquellos sectores que son económicamente más sensibles para estos países y fomentando una actitud más decidida de España en defensa de la posición de los países pobres en conflictos como el de patentes y acceso a medicamentos esenciales. Se pide igualmente que se aproveche la presidencia de la UE para promover una actuación más coherente y decidida en el conjunto de la Unión.

Deuda externa: cumplimiento de mínimos

Desafortunadamente, los años 2000 y 2001 no pasarán a la historia de la lucha por la abolición de la deuda externa en España. A pesar del respaldo mayoritario demostrado una y otra vez por la ciudadanía española, no se han impulsado iniciativas más allá del cumplimiento estricto de los acuerdos internacionales en la materia. De hecho, esta sujeción estricta a la evolución internacional de la condonación de deuda externa ha supuesto en la práctica un descenso considerable de las cantidades efectivamente condonadas en el año 2000 (superior al 80% entre 1999 y 2000 por lo que respecta a la condonación computada como AOD), a la espera de que los países deudores alcancen el punto de culminación de la iniciativa HIPC. Desde un punto de vista positivo, podemos destacar la contribución de España al Fondo Fiduciario de dicha iniciativa, que ha ascendido a USD 70 millones.

Los programas de conversión de deuda que se han puesto en marcha por parte del gobierno español se están encontrando con diversas dificultades, en algunos casos ajenas a su propia concepción, como ocurre con Marruecos, donde un proceso inicialmente exitoso se está viendo paralizado por el enfriamiento de las relaciones entre los dos países. Sin embargo,  en buena medida los obstáculos radican en unas condiciones financieras excesivamente duras, en la búsqueda prioritaria de retornos comerciales por encima del fomento de la actividad económica local y en la desconsideración del papel que puede jugar la sociedad civil en la toma de decisiones y la ejecución de los programas de desarrollo.

Por otra parte, el gobierno español ha desaprovechado la oportunidad de liderar nuevas iniciativas encaminadas a buscar soluciones innovadoras a la crisis de la deuda externa de países como Ecuador, un tema de creciente actualidad en España con motivo de la llegada constante de inmigrantes ecuatorianos, al no considerar siquiera la propuesta planteada a este respecto por la campaña Deuda externa, ¿deuda eterna?. En esta misma línea, España tampoco se ha manifestado por el momento con relación a las diversas propuestas, una de ellas surgida en el propio FMI, relativas a la creación de un nuevo mecanismo de insolvencia y suspensión de pagos, que podría resultar de gran utilidad para países en los que, como es el caso de Argentina, España tiene importantes intereses económicos.

Más preocupante aún resulta la actitud del gobierno español en el Parlamento, donde se han paralizado todas y cada una de las numerosas iniciativas que han tratado de poner en marcha otros grupos políticos, así como las organizaciones y movimientos sociales, encaminadas a propiciar un mayor debate acerca de los efectos de la deuda externa en los países del sur y las posibilidades de gestión alternativa existentes.

Capitales privados y desarrollo: un debate que no llega

En los últimos años, España ha consolidado su presencia en el panorama de los flujos internacionales de capital, ocupando en la actualidad el sexto lugar entre el conjunto de países industrializados en Inversión Extranjera Directa y el octavo lugar en cuanto a recepción de inversiones. Esta presencia es particularmente significativa en el caso de América Latina, donde empresas españolas ocupan lugares predominantes en ámbitos como la banca, las telecomunicaciones o la energía.

Sin embargo, y más allá de algunas campañas o denuncias puntuales sobre el impacto de la actuación de empresas como Repsol en Bolivia o Endesa en Chile, no se ha alcanzado aún un nivel suficiente de debate sobre el papel de las empresas españolas en el exterior desde el punto de vista del desarrollo económico y social de los países receptores. Existen sin embargo algunas iniciativas privadas encaminadas a generar nuevas normas de gestión ética y social de las empresas, pero en general se detecta aún un insuficiente interés por parte de las principales empresas implicadas, y en cualquier caso se trata de procesos que aún se encuentran en un estado muy incipiente. Es de esperar que la discusión en torno al Libro Verde de la Unión Europea sobre la Responsabilidad Social Corporativa[1] contribuya a incrementar este nivel de debate, al igual que sería deseable contar con un apoyo más decidido por parte del gobierno en este sentido.

Arquitectura financiera internacional

Tradicionalmente, el gobierno español se ha lamentado que la representación española en los organismos rectores del sistema financiero internacional (fundamentalmente Banco Mundial y FMI) se encontraba por debajo de la posición económica relativa de nuestro país en la economía mundial, y ha manifestado la “conveniencia de una presencia mayor de España en los órganos de decisión de estas instituciones”. Generalmente, esta conveniencia se justifica a partir de los intereses económicos de las empresas españolas en el exterior, particularmente en Latinoamérica: es necesario incrementar la influencia de España en las decisiones relativas a las políticas económicas en los países en los que los intereses nacionales están en juego. En este sentido, las tímidas incursiones españolas en el debate en torno a la arquitectura financiera internacional se refieren fundamentalmente a la promoción de la estabilidad financiera mundial, mostrando igualmente un interés especial por problemas relacionados con el riesgo moral y la participación del sector privado en la prevención y resolución de crisis financieras. En este contexto el objetivo de la erradicación de la pobreza aparece habitualmente en un segundo plano, al igual que otros temas que ocupan un lugar relevante en la agenda actual de discusión, como el incremento de la participación de los países del Sur en la toma de decisiones a escala global que ni siquiera se menciona entre las áreas de interés.

Por tanto, la implicación de España en este debate a escala internacional se encuentra aún en una etapa muy incipiente y se caracteriza por una marcada atención a la defensa de los intereses económicos nacionales. A ello debemos sumar un aspecto particularmente relevante, como es la negativa persistente del gobierno a discutir con el Parlamento y la Sociedad Civil las cuestiones relativas a la participación española en las Instituciones Financieras Internacionales. Esta actitud ha llegado a niveles tales de irracionalidad que se ha llegado a afirmar en una respuesta oficial al Congreso que resulta imposible facilitar informes al respecto, puesto que “las comunicaciones con los representantes españoles (...) se producen de forma muy ágil y fluida a través de distintos medios, especialmente el teléfono y el correo electrónico”. Actitudes de este tipo contradicen el espíritu de “participación y apropiación” que teóricamente impera en el discurso internacional y España respalda, constituyendo un ejemplo de oscurantismo y desprecio por los representantes de la voluntad popular impropio de un estado democrático.

Notas:

[1] Los “Libros Verdes” son comunicaciones publicadas por la Comisión Europea sobre un área política específica. El Libro Verde sobre la Responsabilidad Social Corporativa, publicado en julio de 2001, incluye un llamamiento específico para que todas las partes interesadas expresen su opinión al respecto.