La lógica brutal de la privatización

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2003
Ana María Arteaga
ACTIVA; Area Ciudadanía, Corporación La Morada; Centro de Estudios de la Mujer (CEM); Colectivo CON-SPIRANDO; Colectivo EN-SURANDO (Valdivia); EDUK; FORO, Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

“Más allá de eufemismos, la privatización de la salud, de la previsión social y de la educación operada por los neoliberales, impuso una lógica brutal: tanto dinero tienes, tanta salud, calidad de educación para tus hijos y pensión de retiro tendrás. Si eres privilegiado, accederás a servicios de privilegio. Si eres pobre, tendrás que conformarte con lo que es capaz de entregarte el sistema público.” Fernando De Laire. “El discurso del 21 de mayo y los debates emergentes” Revista Mensaje, julio de 2002.

Prestaciones sociales básicas: una cuestiónde mercado

El párrafo citado esilustrativo de los efectos que sobre la mayoría de los chilenos han significadolas profundas reformas introducidas en la década de los años 80 por el régimenmilitar (1973-1989) en los sistemas de salud, educación y previsión social.Estas transformaciones representaron un quiebre respecto a la orientación delas políticas sociales que se venían aplicando desde los años 20, orientadasprioritariamente a la disminución de las desigualdades sociales a través de laredistribución del ingreso, la ampliación del sistema de previsión yseguridad social y la extensión del sistema escolar y de enseñanza media yuniversitaria.

Este cambio radical lo efectuóel gobierno militar en función de una doble argumentación: por una parte,atribuyendo una ineficacia histórica al Estado como ente administrador ydistribuidor de recursos y, por otra, sosteniendo que el crecimiento económicoera la única vía para mejorar el bienestar de la población. Buscando reducirel gasto social al máximo, disminuir los beneficios e incorporar al mercadocomo ente proveedor, el Estado pasó a cumplir una función subsidiaria,interviniendo sólo ante situaciones de deficiencia estructural de sectoresespecíficos para satisfacer por sí mismos sus necesidades más básicas. Dehecho, la dimensión económica se impuso como el criterio fundamental a la horade aplicar las políticas sociales.

Lospostulados del gobierno militar se tradujeron en dos acciones sustantivas: lafocalización del gasto social y el ingreso de la empresa privada y del mercadoen áreas que históricamente habían sido asumidas por el Estado: la educación,la salud, la previsión y la vivienda. En todos estos ámbitos se cambiaron losmecanismos de financiación y acceso, rescatándose la idea del “consumidor”como elemento fundamental del sistema, el cual tendría la libertad de escogerdentro del espectro de posibilidades que le ofrecería el mercado. Para ello sehizo indispensable fomentar la individuación de la sociedad – concepcióntotalmente opuesta a la cultura de asociatividad y participación social que sehabía incentivado en los gobiernos anteriores – objetivo que fue facilitadocon la disolución de las distintas expresiones organizativas existentes y laprohibición por decreto de cualquier forma de organización social.[1]

Educación:se acrecienta la estratificación social

Enla década de los 80, en la perspectiva de un “Estado subsidiario”, el régimenmilitar traspasó todas las escuelas públicas a las municipalidades, incentivóla participación del sector privado a través subvenciones per cápitaequivalentes a las que se entregaron a los establecimientos municipalizados,modificó el financiamiento de la educación superior, autorizó la creación de universidades privadas, y traspasó granparte de los centros de educación técnica a gremios empresariales.[2]

Aunquelas reformas consiguieron efectivamente reducir el gasto fiscal en educación yuna gestión más eficiente del sistema, se acrecentó de manera dramática lasegmentación y desigualdad de oportunidades en la población escolar, debido ala diferencia de recursos y equipamiento existente entre las propiasmunicipalidades, y las ventajas que se dieron a operadores privados. Además de otorgárseles una subvención per cápita equivalente a la delas escuelas municipalizadas, las escuelas privadas fueron autorizadas aseleccionar el tipo de alumnos y a cobrar parte de la colegiatura a losapoderados, lo cual derivó en una focalización de su oferta hacia los sectoresde familias más acomodadas. Como resultado de ello, los establecimientosmunicipales han concentrado de manera creciente el alumnado proveniente desectores de menores ingresos (87,22% del total de su matrícula) en tanto que enlas escuelas privadas subvencionadas no supera el 56% de su alumnado.[3]

Laspruebas anuales que aplica el Ministerio de Educación en los establecimientosescolares del país, dan cuentaen efecto de la existencia de una estrecha correlación entre el nivel socioeconómicoy el rendimiento escolar, estableciéndose que pese a los programas especialesdesarrollados por los tres gobiernos de la Concertación para mejorar la calidadde la enseñanza en las escuelas que atienden a la población de menoresingresos, aún se mantiene una brecha considerable respecto a los resultados delos establecimientos orientados a familias de mayores ingresos.[4]

De hecho, estos resultados seunen a los obtenidos este año en la Prueba de Aptitud Académica que debenrendir los estudiantes secundarios que aspiran a ingresar a la universidad, loscuales dan cuenta que entre los alumnos con menores puntajes, el 61% proveníade escuelas municipalizadas. Esta situación deja en evidencia que no obstantelos avances logrados en términos de la universalización de la educación básicay secundaria, éstos no se están traduciendo en un efecto democratizadorrespecto al ingreso a la educación superior.

Lasnotables diferencias existentes en la calidad de la educación ha tenido porefecto que de manera creciente las familias eviten recurrir a la educaciónmunicipalizada como opción para sus hijos (pese a ser la única gratuita),puesto que es considerada una limitante para acceder a estudios superiores y porende, a la posibilidad de movilidad social que generalmente éstos conllevan. Asílo demuestra una encuesta efectuada a padres de niños en edad escolar, loscuales en un 60% declararon preferir un establecimiento privado subvencionadoantes que uno municipalizado.[5]Esta opción ha hecho posible que la cobertura de la educación privadasubvencionada haya aumentado de un 15% de la matrícula en 1981 a un 35,8% en laactualidad, en tanto la educación municipalizada ha disminuido su coberturapasando de 78% del total de la matrícula a un 53,7%.[6]

Gráfico 1.- Cobertura deenseñanza media y superior por quintil de ingreso (%)

Aunquedesde mediados de los años 90 se ha duplicado el gasto público en educación yse han introducido importantes reformas en el sistema educacional, en la prácticalas políticas orientadas explícitamente al logro de mayor equidad han sidoescasas y los resultados bastante débiles. Por tanto, el problema central ya noreside en la cobertura del sistema escolar, desde hace décadas bastantesatisfactoria en lo que se refiere a la educación básica (98,6%) y la educaciónmedia (90%).[7]El gran desafío que hoy deben enfrentar las autoridades consiste en revertiralgo que las tasas globales de cobertura no dejan ver a cabalidad: la crecientesegmentación y desigualdad de oportunidades que ha venido generando el sistema,fundamentalmente por las diferencias en la calidad de la oferta educativaexistente. Definitivamente, el modelo continúa siendo deficitario respecto alcriterio de equidad, no logrando hasta ahora impedir que la peor provisión deeducación se encuentre en los sectores de mayor pobreza material y cultural.

Elsistema de salud: intereses privados para servicios públicos

La insatisfacción respecto delsistema de educación, se manifiesta igualmente respecto al de salud, el quejunto con el de pensiones integró las llamadas “modernizaciones” del áreasocial introducidas a fines de los años 70. En la encuesta nacional sobreSeguridad Humana queda en evidencia que la población mayoritariamente no confíaen recibir una atención oportuna ni estar en condiciones de pagar los costos deatención en caso de una enfermedad grave.[8]

Hasta la reforma en el paísexistía un servicio nacional de salud administrado por el Estado, del quedependían los establecimientos e instalaciones de salud más importantes del país.El sistema – reconocido por su competencia – brindaba una amplia cobertura ala población, existiendo un contado número de servicios y clínicas privadasorientados a los sectores de mayores ingresos.

La reforma realizada a fines delos años 70 consistió sustancialmente en la descentralización del sistemaoficial, y la privatización de parte importante de los servicios. A partir delos cambios introducidos en el sistema, cada persona asalariada debió optar porel sistema oficial o por ingresar a alguna Institución de Salud Previsional(ISAPRE), donde tiene la obligatoriedad de cotizar un porcentaje (7%) del totalde su remuneración, quedando en libertad para agregar recursos adicionales segúnsu capacidad. En la práctica, cada plan de salud es único e individual, dondela calidad de las prestaciones y la cobertura dependerán en gran medida delnivel de ingresos del asegurado. En rigor, el sistema de ISAPRES no es unsistema de salud previsional – aunque tenga el status de tal – sino unsistema de seguros privados de salud donde las variables de sexo, edad y estadode salud determinan el precio de la prima.[9]

En Chile, donde un altoporcentaje de la población carece de recursos para asumir personalmente loscostos de la atención en salud, el sistema ISAPRES ha demostrado serparticularmente discriminatorio respecto a las mujeres.[10] En primer término,porque el acceso al sistema depende de los ingresos, con lo cual las mujeresquedan en manifiesta situación de desigualdad por su menor capacidad de ingreso(ganan en proporción un 40% menos que los hombres) y porque en su mayoría estánfuera de la fuerza de trabajo remunerada y, por tanto, excluidas de una relacióndirecta con el sistema de seguridad social.[11]En segundo lugar, debido a que el sistema recarga significativamente el costo deatención en salud en todas las prestaciones asociadas al embarazo, parto y lamaternidad.

De hecho, el plan de una mujertrabajadora en edad de procrear puede costar entre 3 y 4 veces más que el de unhombre de su misma edad. Es decir, se castiga la vida reproductiva de lasmujeres.[12]La situación de discriminación es de tal magnitud, que algunas ISAPRES inclusohan llegado al punto de proponer a las mujeres “planes sin útero” instándolasa evitar los embarazos para no encarecer sus costos de salud.[13]La discriminación no se reduce solamente a las mujeres, extendiéndose tambiéna los mayores de 50 años. Así, una persona con más de 20 años decotizaciones en una misma ISAPRE, en la medida que envejece verá aumentarprogresivamente el precio de sus primas, pudiendo su plan llegar a ser hasta 8veces más caro que cuando entró al sistema.[14]

Los costos en el sistemaprivado de salud han sido determinantes en la evolución del sistema de ISAPRES,cuya afiliación ha decrecido de manera constante desde 1977, pasando de 1.7millones de personas a 1.3 millones en junio de 2001. La participación de lasmujeres no superaba el 34,4% del total de junio de 2001, cifra por lo demás muysimilar a la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo. Caberesaltar, por otra parte, que la tasa de crecimiento de las beneficiariasmujeres no ha dejado de experimentar una constante caída en la ultima década,pasando de un 20,8% en 1991, a un 1,7% en 1997, llegando incluso a un porcentajesignificativo de desafiliación, que en junio de 2001 alcanzaba al 5,5%.[15]

Enel último tiempo, la discusión en torno a las discriminaciones de género enlos sistemas de salud ha cobrado particular relevancia – y puesto en alerta máximaal movimiento de mujeres – a raíz de la propuesta del gobierno de financiarparte del Plan AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas)de reforma de la salud, con los recursos con que el Estado paga las licenciasmaternales.[16]En un rechazo activo a la propuesta, el movimiento ha insistido ante lasautoridades y la opinión pública en el error que se comete al confundirsederechos laborales con los de salud, dado que el mal llamado “subsidiomaternal” no es tal sino un salario por maternidad destinado a las licenciaspor descanso pre y postnatal, derecho consagrado en Chile desde 1924 y que estáreconocido internacionalmente en convenciones internacionales sobre los derechosdel trabajo.[17]Tal como lo declaran especialistas del Centro de Estudios de la Mujer (CEM)“...el país necesita una reforma del sistema de salud. Lo principal en términosde equidad de género es eliminar las diversas discriminaciones a las que estánsometidas las mujeres en el sistema de ISAPRE.”[18]

Notas:

[1] Ver: Javier Martínez, Margarita Palacios. Informe sobre la Decencia, Ediciones SUR, Santiago de Chile, 1996.

[2] Entre otras medidas, se elevó sustancialmente el costo de las matrículas, se asignó crédito fiscal para los estudiantes y se creó un sistema de competencias por fondos estatales. Hasta la reforma, sólo entidades estatales estaban autorizadas para impartir educación superior.

[3] Ministerio de Planificación, Encuesta CASEN, 2000.

[4] El de mayor alcance ha sido el Programa MECE (Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación) orientado a todas las escuelas gratuitas del país. Actualmente se encuentran en curso los programas “900 Escuelas” y “Liceo para todos” destinados a mejorar el rendimiento escolar y el acceso a la educación superior de alumnos de sectores pobres.

[5] Encuesta CEP (Centro de Estudios Públicos), Santiago, diciembre de 1996.

[6] Ministerio de Educación. Compendio de Información Estadística 2000.

[7] Ministerio de Planificación, Encuesta CASEN, 2000.

[8]  Encuesta CEP-PNUD 1997, en: Desarrollo Humano en Chile. Las Paradojas de la Modernización, PNUD, 1998.

[9] Ver: Apolonia Ramírez C. “Situación de la mujer trabajadora en el sistema de ISAPRES”, en: Economía y Trabajo en Chile, Informe Anual, No. 7, Programa de Economía del Trabajo (PET), Santiago de Chile, 1998.

[10] En Chile, el 20,6% de la población (3,81 millones personas) carece de los ingresos mensuales necesarios para adquirir una canasta básica de alimentos. Ministerio de Planificación, Encuesta CASEN, 2000.

[11] Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) sólo el 36,1% de mujeres pertenecen a la población económicamente activa (PEA) contra un 74,9% de los hombres.

[12] El sistema público de salud no está exento de estas situaciones. Por ejemplo, no permite como carga a la conviviente de un afiliado, exigiendo que estén legalmente casados, y tampoco acepta que una mujer tenga como carga familiar a un hombre.

[13] Centro de Estudios de la Mujer (CEM). Argumentos para el Cambio No. 52, junio de 2002, Santiago de Chile.

[14] El Mercurio, 19 de octubre de 2002.

[15] Apolonia Ramírez. “Género y sistema de ISAPRES”, en: Género, equidad y reforma de la Salud en Chile. Voces y Propuestas desde la Sociedad Civil; OPS, MINSAL, SERNAM, Santiago, marzo de 2002.

[16] El Plan AUGE es parte importante de las reformas que está impulsando el gobierno para ampliar el derecho y acceso a la salud.

[17] Ver: “Propuestas para la Reforma de la Salud en Chile”, Parlamentos de Mujeres por la Reforma de la Salud, 28 de mayo de 2002.

[18] Argumentos para el Cambio, CEM, op. cit.

La autora agradece la colaboración de Josefina Hurtado (Colectivo CON/SPIRANDO) y Lorena Fríes (Programa Ciudadanía, Corporación La Morada).