La privatización: un proceso con fisuras

El discurso de la privatización prometía reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal, prestar mejores servicios y proveer al Estado de recursos inmediatos, para cancelar la deuda de corto plazo e invertir en infraestructura o gasto social. Sin embargo, aun el sector privado ha reconocido que el proceso ha sido implementado sin transparencia. En los hechos, implementar las privatizaciones ha significado muchos sinsabores, entre ellos, la privatización de la banca y la desnacionalización del patrimonio público.

El canto de sirena deldiscurso privatizador

En la década de los 90, elentorno económico salvadoreño estaba orientado al fortalecimiento del mercado,la reducción y modificación del rol del Estado, reformas fiscales,liberalización plena de la economía, privatización de parte de los activosdel Estado[1]y la modernización y apertura a los mercados globales. Este planteamiento tienecomo base los programas de Estabilización y Ajuste Estructural, los cualesdeterminan el incremento de los precios en los servicios, en la recaudación yen una política monetaria y fiscal restrictiva.[2]

El discurso de la privatizaciónprometía reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal, prestarmejores servicios y proveer al Estado de recursos inmediatos, los cuales seríanutilizados para cancelar la deuda de corto plazo e invertir en lainfraestructura o el gasto social. Sin embargo, aun el sector privado hareconocido que el proceso ha sido implementado sin transparencia.[3]Para la economía salvadoreña en desarrollo, implementar las privatizaciones hasignificado muchos sinsabores entre ellos, la privatización de la banca y ladesnacionalización del patrimonio público.

Otra de las medidas delprograma de ajuste estructural aplicadas en los tres últimos quinquenios es latendencia a favorecer al gran capital en detrimento de la calidad de vida de lasmayorías. Por ejemplo, la reforma tributaria regresiva: para reponer las pérdidasde ingreso por las privatizaciones, la administración Cristiani introdujo elimpuesto al valor agregado (IVA) por un 10%; la administración Calderón Solsubió el IVA al 13% y la actual administración de Flores Pérez eliminó lasexcepciones del IVA a las medicinas, granos básicos y otros alimentos deprimera necesidad. Los informes indican que, cada semana, por las evasiones querealiza el empresario salvadoreño, el fisco deja de percibir USD 654.500 de IVApagados por el consumidor.[4]

Cuadro1.- Programa de medidas neoliberales en El Salvador

Fuente:Social Watch-Control Ciudadano El Salvador

Las reglas del juego indicanque el país ha entrado en la lógica de un modelo concentrador y excluyente,que responde a una concepción neoliberal tradicional aplicada a ultranza.[5]De acuerdo al editorial denominado “La privatización: el fanatismo económico de la modernización”, publicado por laRevista de Estudios Centroamericanos,[6]la privatización más escandalosa por su falta de transparencia fue la de labanca. Así como existe certeza moral que la ley fue violada abiertamente parapermitir que veintitrés grupos familiares se apoderasen de la banca, esevidente que ninguna instancia pública estuvo y está dispuesta a investigaresta operación, dando por hecho lo que con toda seguridad es un delito.La banca privatizada es, sin duda, más eficiente ahora, pero laorientación de sus créditos y sus elevadas tasas de interés no han estimuladola producción nacional ni han fortalecido las áreas más débiles de la economía.

Uno de los casos másrepresentativos en el proceso de desnacionalización es el de la AdministraciónNacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Diversos estudios indican que era unainstitución pública rentable, la cual necesitaba modernización, noprivatización.[7]El fondo de pensiones y la distribución de energía eléctrica enfrentaademás el proceso de la alta concentración de la riqueza en un reducido sectordel país. No es casual que los mismos grupos empresariales que compran lasacciones, son los mismos que tienen el poder político. Además, de controlar elsistema financiero y bancario, estos núcleos familiares y empresarialescontrolan las empresas relacionadas con éste, la exportación de café, ladistribución de fertilizantes, la producción de cemento, cerveza, bebidasgaseosas, agua purificada, autos nuevos, transporte aéreo, centros comercialesy hoteles.[8]

Seguridad social: elabandono de grandes sectores vulnerables

En El Salvador, antes de lasreformas (1996-1998), el sistema público de pensiones ciertamente presentabaserias debilidades, por ejemplo: la cobertura poblacional, los costos de laseguridad social, y la evasión y mora de los patronos. Luego, en el marco delos programas de privatización de los activos del Estado, se justificaron lastransformaciones con dichas debilidades, los argumentos fueron los enormesbeneficios que tendría la población afiliada cotizante.

Cinco años han transcurridodesde que se inició la privatización del sistema y los resultados indican queel futuro en materia de seguridad social para trabajadoras y trabajadores essumamente incierto y desalentador.[9] A pesar que la coberturapoblacional ha aumentado entre 1997 a 1999, ya que pasó del 10,6% al 31% de laPEA, en el sistema persiste la debilidad de abandonar a grandes segmentos de lapoblación ubicados en actividades informales, subempleo, trabajadoras ytrabajadores agrícolas, así como a personas que prestan servicios en el áreadoméstica.

Entérminos de los costos de dicho sistema, éstos han recaído en una poblaciónque su salario mínimo no ha sido modificado en cuatro años. Antes de lareforma el aporte de los y las trabajadoras para el sistema previsionalrepresentaba el 1,5% sobre su salario; en 1998 aumentó al 4,5%, lo cualrepresenta un incremento del 300% del costo y en el año 2002, los aportesrepresentan el 6,25% de su salario, es decir significa un incremento del 417%.

Losdatos indican que a pesar del incremento en el aporte de la poblacióncotizante, todavía no se garantiza que obtendrán una pensión adecuada en elmomento de su retiro. Un factor adicional que afecta negativamente el monto dedicha pensión es que los cobros de las administradoras de pensiones en conceptode comisiones actualmente son del 36% anual por manejo de dichos fondosindividuales, lo cual puede aumentar de acuerdo al arbitrio de lasadministradoras de pensiones.

Alvincular esta dinámica con la inequidad existente en la participación dehombres (61%) y mujeres (39%) en el sector formal, se evidencia una estructuralaboral basada en la división sexual del trabajo, la cual margina a las mujeresde la cobertura del sistema actual de pensiones.

Energía eléctrica: mayorcosto y peor servicio

La UniversidadCentroamericana (UCA), presentó el análisis de que el gobierno de CalderónSol había quedado atrapado entre su promesa de no subir el precio de la energíaeléctrica y las condiciones legales en las cuales la operación fue vendida ala empresa privada. La esperanza gubernamental era que el precio de ladistribución de la energía eléctrica disminuyera y el servicio mejorara. Sinembargo, eso no ocurrió.

Actualmente, el principaldesacuerdo es la ausencia de equilibrio entre la calidad y los costos delservicio. Entre 2000 y 2001 se han producido 44,000 apagones y más de mediomillón de reclamos de la población. Las empresas y entidades oficiales losjustificaron con el daño que sufrió la red a raíz de la guerra y losterremotos de 2001. Por otra parte, la principal distribuidora de energía eléctricade la zona central del país, de cada tres usuarios recibió una queja; elmotivo más generalizado fue la pérdida del subsidio, que el gobierno eliminóen 2000.[10]

En este contexto, una nuevasituación que ha generado controversia ha sido el anuncio que han hecho lasempresas de revisar el cargo de distribución o uso de la red, el cualrepresenta el 25% de la tarifa mensual que pagan los usuarios. En los últimoscinco años, el precio de atender a los abonados ha crecido constantemente. Segúnla distribuidora, estos aumentos pueden llegar hasta el 81%. Del costo total dela factura sólo el 61% corresponde a energía consumida, el resto (39%) estárepartido entre uso de red y atención al cliente.[11]

Salud: se encarecerá elservicio y disminuirá la accesibilidad

Elpredominio de la lógica del mercado para los servicios de salud se haconvertido en un serio problema para cumplir con el derecho a la salud. Laprimera crisis del sector público se registró entre los meses de mayo y abrilde 1998. En esa ocasión, el Colegio Médico de El Salvador (CMES) impulsó elmovimiento gremial y reivindicativo de mejoras en la salud pública nacional.Para ello se definieron al menos tres grandes hechos:[12]El agotamiento de la vía exclusivamente gubernamental para reformar el sistemade salud; la reactivación de la búsqueda de una solución concertada a lareforma del Sector Salud; la ratificación de la pérdida de credibilidad en elMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social, como institución capaz deimpulsar los cambios necesarios y el reconocimiento del liderazgo del CMES en elsector salud.

Por un período de dos añosha existido un marcado silencio y al parecer, la salud había salido de laagenda pública. Sin embargo, el proceso de cambios no se detuvo, las reformas alas estructuras internas para facilitar la venta de algunos servicios básicosen el sector se concretaron en un ambiente de marcado verticalismo.Recientemente, el signo que provocó la reactivación de una nueva crisis en elárea fue el planteamiento que surgió durante el Tercer Encuentro Nacional dela Empresa Privada (ENADE 2002) sobre la urgente necesidad de la modernizacióndel Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La propuesta consiste enestablecer las modalidades de concesión, compra de servicios y libre elección,las cuales son siempre privatizaciones.

Ante las diferentes formas deventas de servicios médicos, el agotamiento de la vía del diálogo y otrasformas concertadas, los trabajadores del ISSS optaron por la suspensiónprogresiva de labores y la entrega progresiva de los diferentes hospitales a lasautoridades del seguro. La privatización del seguro social y de otros serviciosde la red pública de salud no sólo va encarecer los servicios sino que elacceso a los mismos dependerá de las condiciones en que se encuentre la economíafamiliar. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2002,actualmente el 60% del gasto total en salud proviene directamente de losusuarios. Es decir, que la sostenibilidad del gasto en salud depende de lospagos que la población realiza ya sea por medio de impuestos o en la inversióndirecta de cada hogar.

Conclusión: los hechoscontradicen la teoría

Los casos descritosanteriormente demuestran que la privatización no es sinónimo de eficiencia nimucho menos condición necesaria para alcanzar el desarrollo nacional sosteniblede un país.

En El Salvador, el proceso deprivatizaciones ha desatado temores y esperanzas. Las fuentes oficialespresentan el libre comercio como la posibilidad de fortalecer la economía delpaís, sin embargo, la preocupación surge cuando los grandes países que son,quienes sostienen esta hipótesis, no cumplen con sus propios compromisos hacialos países del Sur. La contradicción del discurso se fortalece cuando seconcentra la riqueza entre los grupos empresariales nacionales; cuando el déficitfiscal crece; cuando la deuda externa alcanza el 32,6% del PBI en el 2001 ycuando el Estado pierde la posibilidad de garantizar disposicionesconstitucionales como la gratuidad de los servicios sociales básicos. Esentonces, cuando se concluye que la teoría que se ha generado alrededor de losprocesos de privatización no ha logrado superar las expectativas de la realidad.