Necesidad urgente de información pública

La historia de las políticas de privatización en Portugal no está vinculada a los programas de ajuste estructural ni a la intervención directa del Banco Mundial o del FMI. Sus efectos recién ahora comienzan a manifestarse ante el ciudadano común. El gobierno dirige todos los procesos destinados a la privatización de los servicios públicos y la escasa y vaga información que llega a la población en general suele ser tardía e incompleta.

Lahistoria de las políticas de privatización en Portugal no está vinculada alos programas de ajuste estructural ni a la intervención directa del BancoMundial o del FMI. Sus efectos recién ahora comienzan a manifestarse ante elciudadano común. El gobierno dirige todos los procesos destinados a laprivatización de los servicios públicos y la escasa y vaga información quellega a la población en general suele ser tardía e incompleta. La cuestiónahora es cuánto de este proceso, y del fundamento detrás de él, puede sercompartido por la población en general, que no participa directamente delproceso de decisión. Creemos que debe adoptarse una postura participativa, queel pueblo debe ser alentado a analizar, opinar y generar ideas sobre el procesoen curso de privatización de los servicios públicos, que tendrá un impacto enla vida de todos. Dado que la privatización está en su etapa inicial, lainformación disponible es muy limitada y las consecuencias, especialmente paralos segmentos más frágiles de la sociedad, no quedan claras aún.

Enel último siglo de historia portuguesa, el Estado mantuvo un papel muyintervencionista en la economía y la sociedad. La revolución de 1974, quederrocó a la dictadura y restauró la democracia, trajo consigo lanacionalización de muchas compañías y sectores enteros de la economía, desdeel bancario hasta la producción de cemento. En 1986, Portugal se incorporó ala Unión Europea y, por lo tanto, fue obligado a cumplir las leyes decompetencia y las metas macroeconómicas fijadas por Bruselas.

Enlos últimos 20 años el sector público se ha reducido. Fueron privatizadasempresas estatales y descendió el número de empleados públicos comoporcentaje de la fuerza laboral (aunque con 14% en 2002, sigue siendo unaproporción importante). Aparentemente por razones políticas, los empleados públicostambién comprenden una parte importante de los electores, y no hay gobierno quese olvide de que, a través de la negociación de sus sindicatos, los empleadospúblicos consiguieron privilegios económicos y sociales, como la reducción dela edad de jubilación y pensiones más elevadas. Un aspecto positivo del empleoen el sector público es la igualdad de género: las mujeres ganan lo mismo quelos hombres, mientras en el sector privado las mujeres ganan en promedioaproximadamente el 66% de lo que ganan los hombres (Eurostat).

Elgobierno de centro derecha que asumió el poder en marzo de 2002 disminuyó aunmás la intervención estatal. Desde entonces ha sido una prioridad del gobiernocontrolar el déficit presupuestal para el año 2004, como parte del Pacto deEstabilidad de la Unión Europea. El recorte de los costos parece ser la cosa másrazonable, ya que el incremento de los ingresos del gobierno mediante el alza deimpuestos, además de ser poco simpática, no es muy eficaz. Miles de empleadospúblicos bajo contrato fueron despedidos desde mayo de 2002, institutos uorganismos públicos cerraron o se fusionaron, desde agencias ambientales ainstituciones de apoyo para drogadictos, y algunos edificios del Estado estánen venta.

Losprincipales opositores de estas últimas medidas son los empleados estatales,que temen perder sus empleos o los privilegios ganados. Sus sindicatos son muyactivos, y llevan la protesta social a la calle con convocatorias de huelgageneral. Simultáneamente existe una presión cada vez mayor para privatizar losservicios públicos.

Seguridadsocial

Laseguridad social es un derecho universal amparado por la Constitución. Noobstante, la subfinanciación crónica, causada por una población en proceso deenvejecimiento y un crecimiento demográfico estancado, hizo que el cambio fueranecesario. A corto plazo, la proporción de jubilados aumentará mientrasdescenderá la de trabajadores activos, o sea quienes aportan a los fondosjubilatorios. El gobierno respondió con la propuesta de la Ley Básica para laSeguridad Social, que permitiría a los trabajadores por encima de cierto nivelsalarial elegir entre aportar a la Seguridad Social pública para susjubilaciones –la única opción existente en la actualidad– o afiliarse aplanes de jubilación privada con empresas de seguro privado. Esta ley estásiendo discutida por el Parlamento y el Consejo de Concertación Social conrepresentantes de los distintos sectores sociales y económicos.

Detractoresde la ley nueva, especialmente los partidos políticos más a la izquierda,argumentan que la crisis de financiación fue exagerada por las empresasaseguradoras privadas, que buscan persuadir al público de que el colapsofinanciero del sistema de seguridad social es inminente. También sostienen quela solución propuesta sólo aumentará la tensión en el sector de la seguridadsocial pública, que recibirá menos ingresos como consecuencia del desvío defondos al sector privado.

Unade las vías por las cuales gobiernos anteriores procuraban mantener losingresos de la seguridad social era elevando la edad de jubilación de hombres ymujeres. En 1993, el gobierno elevó la vida contributiva de 36 a 40 años detrabajo, y la edad de jubilación de las mujeres se elevó de 62 a 65 años.Asimismo, dado que la subfinanciación es en gran medida consecuencia de laevasión fiscal que sufre la seguridad social y es practicada por pequeñas ymedianas empresas, el gobierno se propone mejorar la aplicación de las leyescon inspecciones más frecuentes de las compañías. Según la Confederación deComercio y la Confederación de la Industria, de prosperar las intenciones delgobierno, la quiebra sería inminente para muchas de esas empresas, con elsubsiguiente incremento del desempleo y una presión aun mayor sobre el sistemade seguridad social para pagar subsidios por desempleo.

Atenciónmédica

ElEstado ofrece atención médica universal, sin distinción de situación económicao lugar de residencia. El Sistema Nacional de Salud comprende a los hospitales públicosy privados, las unidades sanitarias públicas regionales, las farmaciasprivadas, las clínicas privadas, los laboratorios públicos y privados y los médicosindependientes. Al Estado le corresponde el papel de asegurar un servicio dealta calidad tanto en las instituciones privadas como públicas y de verificarque los proveedores de atención médica privada cumplan las reglas que rigen lacompetencia. Sin embargo, el sector de la salud pública fue criticado por nohaber alcanzado su objetivo principal, el de la atención universal. Un estudioreciente de la Cámara de Farmacéuticos reveló que la percepción que tiene lapoblación del servicio del sector público, aunque positiva, no lo es tantocomo su opinión acerca de las instituciones privadas. Para garantizar unservicio de buena calidad que cumpla con el presupuesto, el Estado recurre a lasempresas privadas para administrar los hospitales y unidades sanitariasestatales, a partir de noviembre de 2002.

Lasmayores protestas no surgieron de los pacientes, sino de los trabajadores de lasalud, que por lo general intentan aprovechar al máximo los escasos recursos asu alcance y ahora temen perder sus empleos o verse obligados a aceptarcondiciones de trabajo más arduas, sujetos a la autoridad de la nuevaadministración. Por otra parte, la administración privada parece responder alos intereses de los pacientes, especialmente cuando mejora la calidad sin subirlos precios.

Laúnica experiencia hasta el momento de administración privada de un hospital público,la del Hospital Fernando da Fonseca, próximo a Lisboa, no es definitiva, ya queel gobierno solicitó una indemnización al consejo administrador del hospitalpor no haber cumplido sus objetivos contractuales, mientras el consejo solicitaal gobierno fondos que presuntamente estaban estipulados en el contrato pero nose le habrían entregado (julio de 2002). De todas maneras, el gobierno sigueadelante con el modelo de administración privada en 36 hospitales privados, através de la asociación con grupos y organizaciones benéficas privadas(Misericórdias).

Transporte

Hasta1997, todo el transporte ferroviario era realizado por la estatal Caminhos deFerro Portugueses (CP). CP era un monopolio de integración vertical, que recibíaun importante apoyo financiero del Estado. Pero a partir de 1997 el sectorferroviario fue sometido a reestructura para mejorar la eficacia. El nuevomodelo ferroviario define distintos niveles de competencia. En el mismo año, CPfue dividida en dos empresas distintas, que separan la infraestructura delfuncionamiento: ahora CP ofrece servicios de transporte de pasajeros y carga,mientras una nueva empresa estatal, la Rede Ferroviária Nacional (REFER),administra la infraestructura. Asimismo, en 1998 se creó el Instituto Nacionaldo Transporte Ferroviário (INTF) como autoridad ferroviaria independienteresponsable de la reglamentación y el desarrollo del sector del transporteferroviario. En julio de 1999 se fundó una compañía nueva, FERTAGUS, como elprimer transportista privado, responsable del servicio de pasajeros suburbano enEixo Norte-Sul, la región urbana de Gran Lisboa. FERTAGUS se encarga de laadministración y la explotación comercial (a nivel operativo, por oposiciónal nivel de infraestructura) de la línea ferroviaria suburbana mientras susclientes pagan una tarifa por el uso y la administración de la infraestructuraa REFER. Según la información diaria proporcionada por CP (disponible en lasestaciones de tren), los resultados hasta el momento reflejan mejoras en lafrecuencia y puntualidad de los trenes de pasajeros y carga.

Comola infraestructura del sector es sumamente cara, la recuperación de la inversiónlleva mucho tiempo. Por lo tanto, ningún inversor privado arriesgaría sucapital sin asegurarse antes las tasas de rentabilidad exigidas por losaccionistas. Esto genera la posibilidad de alza de tarifas y/o la reducción desalarios de los trabajadores como medio de generar una mayor rentabilidad acorto plazo.[1]Esto tiene consecuencias sociales porque los grupos pobres ydesfavorecidos generalmente dependen del transporte público en mayor medida yno les es fácil encontrar alternativas asequibles.

Electricidad

En1976 se fundó la empresa pública Electricidade de Portugal (EDP), que integróa las anteriores compañías de producción, transporte y distribución deelectricidad (nacionalizada en 1975). En 1997 comenzó la privatización de EDP.El sector reestructurado de la electricidad sería regulado por un organismoindependiente, la Entidade Reguladora do Sector Eléctrico (ERSE), que seríaresponsable de fijar las tarifas de la electricidad y supervisar las reglas deinteracción entre los sectores público y privado.

Elproceso de privatización tuvo consecuencias inmediatas para los trabajadores deEDP, ya que se eliminaron privilegios como atención médica, atención infantily descuentos en el consumo de electricidad. El nivel de vida de los empleadosdescendió considerablemente, pero cabe preguntar si los privilegios que gozabanantes de la privatización eran justos en primer lugar.

Agua

Aguasde Portugal es una organización nacional con autonomía administrativa. Fuefundada en 1993 e integra a 14 concesionarias municipales de sistemas deabastecimiento de agua y saneamiento, y a 14 sistemas de eliminación deresiduos sólidos urbanos.

Esel segundo operador hídrico en la península ibérica y el octavo en el mundo,según la Industria Europea del Agua. Los objetivos principales de Aguas dePortugal son la administración de los recursos del agua, la promoción y eldesarrollo de la infraestructura hídrica y la cooperación con organizacionesnacionales e internacionales. La empresa suministra el servicio básico a sietemillones de consumidores portugueses (el 70% de la población) y a un millón depersonas en Brasil, Cabo Verde, Mozambique y Timor-Leste, siendo socia enproyectos para el desarrollo de la infraestructura en esos países.

En2001 se sugirió la privatización de la compañía entera. El plan era el decomenzar a privatizar el 11% de la empresa en 2002 y el 29% en 2003.Recientemente, el nuevo gobierno optó por una estrategia distinta para llevar acabo el proceso de privatización. Sólo las cuatro compañías rentables delgrupo serán privatizadas, para que el monopolio público existente no seasustituido por un monopolio privado.

Existenargumentos contra la privatización de las compañías rentables porque esolimitará los ingresos del Estado. De hecho, debido a la sinergia de este tipode negocios, la suma del valor de las compañías por separado asciende a EUR 3millones (USD 2,94 millones) menos que el valor del grupo entero. Otro argumentocontra la privatización es que en la actualidad esta empresa pública actúacomo una “sociedad de cartera pública”: las ganancias de las empresasrentables financian la inversión de las otras compañías del grupo que estánen su etapa inicial. Esta situación habrá de cambiar con la privatización, yen Portugal existen regiones remotas y pobres donde son necesarias inversionesconsiderables, aunque no sean rentables.

Asimismo,en cuanto a su política de cooperación para el desarrollo, Portugal se hacomprometido a invertir en el sector del abastecimiento y la administración delagua en Mozambique, Timor-Leste, Angola, Santo Tomé y Príncipe, y laprivatización de Aguas de Portugal pone en peligro ese compromiso.

Conclusión

Enla actualidad no existen datos concluyentes sobre el impacto ejercido por laprivatización en Portugal. La inexistencia de un debate público sobre losefectos para la población, especialmente para los más necesitados, es unaconsecuencia de la falta de información. Los políticos que toman decisionesimportantes sobre la privatización de los servicios básicos están másincentivados para responder a los grupos de presión que para informar a suselectores, y la opinión pública parece casi inexistente al respecto.

Lasprotestas sociales contra la privatización no surgirán sólo porque seproduzca un perjuicio general a la sociedad. Sólo surgirán cuando la poblaciónse sienta directamente afectada a través de la pérdida de empleos, de ingresoso de beneficios.