“Paz caliente” y falta de tierra

Con el fin de la Guerra Fría en 1991 y el aparente cese de la carrera armamentista, muchos kenyatas creyeron que el mundo - y su país en particular - sería un lugar más seguro. Pero la pobreza sigue en aumento y el Estado se ha retirado paulatinamente de la prestación de los servicios básicos. El surgimiento del crimen organizado exacerba la inseguridad a nivel social, económico y político. La Guerra Fría ha dado lugar a lo que algunos llaman una “Paz Caliente”.

Propiedad de la tierra: sólo para unos pocos

Una fuente importante de inseguridad económica y social es la falta de acceso a la propiedad de bienes productivos, especialmente de la tierra. Muchas comunidades rurales dependen de la tierra para su producción y como medio de vida. Datos de la encuesta Welfare Monitoring Survey (WMS) de 1997 indican que en todo el país los ricos administran o poseen más tierra que los pobres. Mientras los hogares pobres, que representan 70% de la población, tienen en su poder 43% de la tierra, el 30% restante es propietario de 57%. En Nairobi, 60% de la población ocupa sólo 6% de la tierra y vive en asentamientos informales. La inseguridad social en los asentamientos informales no se limita a la propiedad o al derecho de usufructo sobre la tierra, sino que se extiende al acoso por parte de propietarios y funcionarios.

La WMS concluye que más de 10% de la población rural carece de tierras y que 44% posee parcelas inferiores a dos acres. Sólo 26% de la población rural posee más de cuatro acres. La falta de tierras afecta la capacidad para satisfacer necesidades básicas como los alimentos, la vestimenta y la vivienda. A pesar de que las actividades no agrícolas crecen en importancia como fuentes de ingreso y sustento, el acceso a la tierra fértil en las zonas rurales sigue teniendo un importante significado social y económico. Incluso aquellos con fuentes de ingreso industriales o intelectuales se sienten inseguros si no poseen tierra alguna.

La única forma que tenían los pobres urbanos de acceder a la tierra para construir sus viviendas era la invasión de terrenos públicos. Pero esto ha cambiado recientemente, ya que personas adineradas y bien vinculadas políticamente enajenaron por medios fraudulentos la mayor parte de los terrenos públicos en zonas urbanas. La alternativa que les quedó a los pobres urbanos ha sido la de pasar a residir en tierras no aptas para habitar: junto a las vías de tren y carreteras, con un alto riesgo de sufrir accidentes y problemas de salud debido a los gases del escape de vehículos y la contaminación sonora, en zonas mal drenadas, propicias a inundaciones, en riberas de ríos y terrenos pendientes amenazados por desprendimientos de tierra como consecuencia de lluvias o remoción de vegetación, y en terrenos próximos a fábricas, donde tanto el aire como la tierra sufren una fuerte contaminación.

Inseguridad personal

Según un informe de Amnistía Internacional de 2003, “más de 100 personas murieron a manos de la Policía en circunstancias que sugieren ejecuciones extrajudiciales. La tortura continúa empleándose de forma generalizada. La Policía utilizó la violencia para dispersar manifestaciones pacíficas. Algunos oficiales de seguridad y partidarios del partido gobernante cometieron abusos de derechos humanos con impunidad.”[1]Asimismo, durante 2002, por lo menos 126 personas recibieron sentencias de muerte, aunque ninguna ha sido ejecutada.

El gobierno reconoce que más de la mitad de las víctimas no denuncia los delitos a la Policía.[2] El número total de delitos denunciados entre 1997 y 2001 aumentó considerablemente. La delincuencia fue mayor en 2000, año en que se denunciaron 80.143 casos.

La inseguridad de niños y mujeres - los grupos más vulnerables - parece más pronunciada, ya que están más alejados que el resto de la población de la toma de decisiones. Entre 2000 y 2001, los casos denunciados de violación e intento de violación aumentaron 5,7%, mientras los casos de agresiones contra mujeres crecieron 6,3%. En el mismo período, los casos de violación de menores e incesto se incrementaron de 752 a 1.226, o sea un 63%. En general, los casos denunciados de violencia contra mujeres crecieron 11,6%, de 7.890 en 2000 a 8.807 en 2001. El gráfico 1 muestra la incidencia de los casos de violencia contra mujeres entre 1997 y 2001.[3]

Gráfico 1

Fuente: Oficina de la Mujer, Ministerio de Género, Deportes, Cultura y Servicios Sociales, 2003.

Pocos empleos, escasez de agua y de saneamiento

El Censo de Población y Vivienda de 1999 proporciona datos demográficos interesantes acerca de la migración, la urbanización, la vivienda, los servicios sociales y el empleo. La proporción de la población que vive en el medio urbano sigue siendo pequeña en comparación con la de las zonas rurales. La tendencia fue de 8% en 1970, 15% en 1980, 18% en 1990 y 19% en 1999. La tasa de crecimiento intercensal de la urbanización para los lapsos 1979-1989 y 1989-1999 fue de 5,2% y 3,2%, respectivamente.

Sin embargo, la provisión de servicios como vivienda, agua, saneamiento, energía, salud y educación no creció de manera correspondiente. El número de viviendas reflejó una concentración de las mismas en zonas rurales. Se registraron un total de 10,5 millones de viviendas, de las cuales 81,4% pertenecían al medio rural. La mayoría de las familias vivía en una sola habitación debido a los altos alquileres que se cobran por viviendas con dos o más habitaciones. La mayoría de los habitantes urbanos (76%) vivía en viviendas alquiladas, mientras en el medio rural 86% vivía en casas de su propiedad. Apenas 3,7% de los habitantes urbanos vivía en viviendas de su propiedad, a causa de los altos precios resultantes de las elevadas tasas de interés de los préstamos hipotecarios.

La composición y la estructura de los hogares se han mantenido prácticamente constantes en los últimos 10 años. Los hogares con jefatura femenina representan 36,7% del total. Dado que la mayoría de las mujeres no reciben remuneración por su trabajo o están subempleadas, la elevada proporción de hogares con jefatura femenina augura una situación de gravedad en lo que concierne a la seguridad económica.

Sólo 30,7% de los kenyatas tiene acceso al agua corriente (15,1% rurales y 77,1% urbanos), 21% utiliza agua de pozos (24,7% rurales y 9,8% urbanos), 28,3% utiliza el agua directamente de lagos y ríos (36% rurales y 5,2% urbanos), 21% consigue el agua de manantiales (15% rurales y 1,7% urbanos), mientras aquellos cuyas fuentes principales de abastecimiento son los estanques o embalses constituyen 4,8% (6,1% urbanos y 0,9% rurales).

En cuanto al saneamiento, sólo 7,1% desecha los residuos humanos a través de un colector. Un asombroso 72,8% utiliza retretes-fosas, mientras 2,5% emplea fosas sépticas o pozos negros. Un preocupante 16,5% realiza sus necesidades en el monte, una cifra que en algunas provincias asciende hasta 77,6%.

El escaso crecimiento del empleo en la mayoría de las áreas urbanas dejósin trabajo a un importante sector de la población. La tasa de desempleo se calcula en 10% para el medio rural y en 38% para los centros urbanos. Esta elevada tasa de desempleo urbano es causa de tensión social y de un aumento de la delincuencia y la inseguridad.

El riesgo de ser mujer

Kenya está en el puesto 115 del Índice de Desarrollo relativo al Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.[4] Factores culturales, sociales y económicos se han combinado para colocar a las mujeres en franca desventaja, especialmente en las zonas rurales, donde su trabajo con frecuencia es subvaluado y subutilizado. Según el Earlham College,[5] “las mujeres en Kenya acceden a muy pocos derechos y están económicamente marginadas, casi no tienen empleo, exceptuando los relativos al cuidado de los niños (…) Aunque conforman e 52% de la población y 60% de los votantes, sólo ha habido seis mujeres en el parlamento”.

El gráfico 2 muestra la participación en la fuerza de trabajo desagregada por sexo. Si la pobreza ha de reducirse, la participación femenina en el empleo deberá incluirse en las políticas del gobierno y del sector privado.

Gráfico 2

Fuente: Informe del Censo de Población y Vivienda, 1999.

Los peligros de ser niño

Los niños, ya sea que convivan o no con una familia tradicional, son sujetos de responsabilidad social. Cargan con el peso de cualquier aberración social o mala gobernanza económica. Su situación depende en gran medida de cómo sus padres cumplan con su responsabilidad social de atención y sustento que, a su vez, es una función del Estado.

Los niños que padecen inseguridad y necesitan atención especial hoy en día incluye a niños de la calle, niños que trabajan, refugiados, discapacitados, menores de tres años conviviendo con sus madres en la cárcel, niños nacidos fuera del matrimonio y sin recibir atención de sus padres, huérfanos por el SIDA, y niños de instituciones correccionales como prisiones o reformatorios juveniles. Los niños de estas categorías son referidos colectivamente como niños en necesidad de protección especial.[6]

Antes de que se promulgara la Ley de la Infancia 2001, el derecho infantil estaba basado en la premisa de proteger a la sociedad del niño descarriado, en lugar de proteger al niño de los miembros descarriados de la sociedad adulta. Esto sigue igual y aún es frecuente que los niños que deambulan por las calles de centros urbanos sean arrestados sin ninguna razón aparente y tratados como vagabundos, aunque la Ley de Vagancia ya no sea aplicable. La justificación que se ofrece es que estos niños necesitan la atención y protección que les brinda la Ley de Niños y Jóvenes. Un análisis más ajustado revela una necesidad de “limpiar” las calles de aquellos niños considerados “molestos”.[7]

Efectos secundarios de la guerra global

En el frente internacional, hechos del pasado reciente que escapan al control de los kenyatas y su gobierno han afectado decisivamente su sensación de seguridad y la percepción internacional acerca de la situación de seguridad en el país. En agosto de 1998, Kenya fue escenario de un atentado con bomba que segó más de 235 vidas y dejó a muchos mutilados. El atentado estaba dirigido a la embajada de Estados Unidos en Nairobi y relacionado con el grupo Al Qaeda, al que se ha acusado de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. En noviembre de 2002, otro atentado, vinculado al mismo grupo, hizo temblar la ciudad costera de Mombasa.

La consecuencia de estos atentados ha sido que, aunque sus objetivos fueron intereses de Estados Unidos e Israel, Kenya ha sido acosada y humillada por Estados Unidos y sus aliados. Cediendo a los dictados de Estados Unidos, el gobierno kenyata presentó recientemente un proyecto de ley de Supresión del Terrorismo, un instrumento legislativo que, de aprobarse, acabaría con todas las conquistas logradas hasta la fecha en materia de derechos civiles y políticos. El aspecto más controvertido del proyecto es el registro de perfiles religiosos y una marcada inclinación anti-islámica. La iniciativa prácticamente anula todos los derechos incluidos en la Carta de Derechos, y otorga a la Policía autoridad para:

·      Ingresar y allanar todo lugar en el que haya motivo razonable para sospechar que se cometió o se vaya a cometer el delito de terrorismo;

·      Registrar a toda persona o registrar y allanar todo vehículo hallado en cualquier lugar;

·      Confiscar, retirar y retener toda cosa que sea, contenga o parezca contener pruebas de que se haya cometido un delito de terrorismo;

·      Arrestar y detener a toda persona de la cual se tengan sospechas razonables de que haya cometido o esté por cometer un delito estipulado por esta ley.

La sección 7 de la ley señala que la recolección, producción o transmisión de información del tipo de “utilidad probable” a una persona que cometa o prepare un acto de terrorismo constituye un delito. En la transmisión se incluye la comunicación por teléfono, correo electrónico, correo de voz u otro método de telecomunicación, incluso la publicación de la información por Internet. El proyecto de ley, en sus distintas disposiciones, constituye una afrenta a las libertades personales y a la seguridad individual y colectiva.

Conclusión

A medida que avanzan las políticas neoliberales, la pobreza sigue creciendo y el Estado renuncia a satisfacer las necesidades básicas de la población. El resultado es la disconformidad social, el crimen organizado (particularmente en los centros urbanos y suburbanos) y una mayor inseguridad social, económica y política. Asimismo, la Guerra contra el Terrorismo liderada por Estados Unidos ha acentuado la inseguridad de los kenyatas.

Notas:

[1] Informe de Amnistía Internacional 2003.http://web.amnesty.org/report2003/Ken-summary-eng
[2] República de Kenya. Economic Survey 2002, Government Printer. Nairobi, 2002, p. 50.
[3] Amnistía Internacional, op cit.
[4] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 2003.
[5] El Earlham College es una institución educativa donde los estudiantes aprenden a trabajar eficazmente en grupos, para comprender mejor las formas de trabajo de las organizaciones humanitarias, y para tomar decisiones complejas de forma compasiva y visionaria.www.earlham.edu/~pols/ps17971/terneel/kenya.html
[6]Según un informe del capítulo kenyata de la Red Africana para la Prevención y Protección contra el Abuso y la Negligencia Infantil (ANPPCAN Kenya), en 1997 pasaron por los tribunales juveniles un total de 1.864 casos, 1.601 de los cuales eran niños y 263 niñas, lo cual equivale a una relación entre niños y niñas de 6 a 1. ANPPCAN Kenya.Children in the Dock: A Situation Analysis of the Juvenile Justice System inKenya.1998
[7]Amnistía Internacional, op cit.