El desempleo, la corrupción, los problemas relativos a la inmigración, la salud o el consumo son algunos de los factores que los portugueses y portuguesas perciben como obstáculos para la seguridad humana. En un contexto de crisis económica, insastifacción general y falta de expectativas, se hace imprescindible la profundización de la democracia mediante un ejercicio crítico y reponsable de la ciudadanía.
La crisis económica nacional iniciada en 2001 fue exacerbada por la crisis internacional, que empeoró luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el aumento de los precios del crudo en 2002. Además del deterioro de las condiciones de vida, tuvo un efecto muy desgastante sobre la población. En este marco, crece la impresión de que en la democracia portuguesa reina una cultura de irresponsabilidad e impunidad.
Según una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios de Opinión de la Universidad Católica (CESOP) de julio de 2003, los mayores problemas que los encuestados consideran obstáculos para la seguridad humana son los siguientes: desempleo (60.1%), corrupción (49.9%), drogas (47.4%), pobreza (34.2%), delincuencia (33.7%), burocracia (23.7%), falta de moralidad (11.3%), exceso de inmigrantes (10.5%) y contaminación (6.7%).
Más consumo, menos empleo
Según informes de prensa, en la primera mitad de 2003 se perdieron en promedio más de 150 puestos de trabajo por día. En un año, el desempleo creció de 5,1% a 6,3% (tercer trimestre de 2003), y se prevé que el índice promedio para 2003 sea de 6,6%.[1] Estimaciones oficiales de la Comisión Europea apuntan a un desempleo de 7,2% y 7,3% para 2004 y 2005, respectivamente. La falta de especialización y formación profesional de un porcentaje muy elevado de los trabajadores agrava la situación.
A esto se suma la precariedad del empleo y la dificultad de los recién graduados para conseguir su primer trabajo. Según el informe mensual del Instituto de Empleo y Formación Profesional de octubre de 2003, la mayoría de los inscriptos en los centros de contrataciones son trabajadores que terminaron sus contratos temporarios, y 15% son recién graduados. Éstos son 44.000 personas, 60% de ellas mujeres. La cifra es 28,5% más alta que en el mismo mes de 2002. Pero esta situación se debe también a un desajuste entre las calificaciones de los postulantes y las necesidades de los empleadores. Como resultado de este conjunto de circunstancias, las personas están desempleadas con más frecuencia y por períodos más largos, provocando una disminución de los aportes al sistema de seguridad social.
El salario bruto promedio es de EUR 1.035 (USD 1.310) según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de EUR 957 (USD 1.210) según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras el salario mínimo ronda los EUR 360 (USD 455). Ambos son los más bajos de la Unión Europea. Además, existe una enorme desigualdad de ingresos en términos de remuneración bruta: el 20% más rico de la población gana 7,6 veces más que el 20% más pobre, mientras que la diferencia promedio de la Unión Europea es de 4,6.[2]
Así, el sistema de seguridad social se debilita y provoca frecuentes recortes de las pensiones, lo que representa una de las principales causas de pobreza entre los adultos mayores.
En las últimas décadas, los portugueses se han convertido en fuertes consumidores, y los cambios en la coyuntura económica no lograron que moderasen sus gastos. El altísimo nivel de endeudamiento de las familias,[3] que ya antes era causa de preocupación, se agravó drásticamente. Hasta en los créditos de vivienda, uno de los últimos rubros de cuyo pago se desiste, la morosidad alcanzó el 24%.
Una maquinaria corrupta
En los últimos años, salieron a luz diversos escándalos en el sector privado y en el público, involucrando a funcionarios administrativos y miembros del gobierno. Los casos incluyen sobornos, grandes delitos económico-financieros, tráfico de influencias, fraudes en licitaciones y encubrimiento de responsabilidades penales. El orden de prioridad de los portugueses para acabar con la corrupción es el siguiente: en los partidos políticos (18,7%), en el servicio de salud (18%), en los tribunales (14,8%) y en la administración fiscal (14,5%).[4] El ciudadano común tiene la impresión de que no hay un combate sistemático a la corrupción, la cual se ha extendido obstaculizando el desarrollo y la justicia social, y poneniendo en riesgo a la propia democracia.[5] Además, la pesada máquina burocrática incentiva a corruptos y corruptores a “resolver” las dificultades a su manera. Un estudio sobre delincuencia y seguridad publicado en 1998,[6] concluyó que de un total de 7,5 millones de portugueses de 24 años o más, 600.000 habían sido “invitados” al menos una vez a “comprar favores” de los funcionarios públicos.
La vulgarización de estos fenómenos tiene un efecto desmoralizador. Para unos ya nadie resulta confiable, mientras que para otros resulta normal el olvido de los principios éticos y las más elementales normas de conducta.
El miedo a los inmigrantes
El reciente y abrupto aumento de la inmigración es percibido como un factor más de inseguridad. En 1995, los inmigrantes no llegaban a 170.000, pero al final de 2002 rondaban ya los 440.000 y seguían llegando. Actualmente representan cerca de 5% de la población. En abril de 2002, había 200.000 inmigrantes “ilegales”en el país, según lo afirma el Servicio de Extranjeros y Fronteras.
En 2001, en un intento por controlar la entrada de “ilegales”, las autoridades establecieron un período extraordinario de legalización, finalizado el cual serían expulsados los extranjeros que estuviesen en situación irregular. Esta estrategia no resultó, sobre todo porque las “mafias del Este”[7] continuaron con su tráfico de personas. Los explotadores de mano de obra barata, especialmente para la prostitución y la industria de la construcción, son los que más se aprovechan de esta situación. En 2003, Portugal aparecía en los titulares de la revista Time, por ser el punto de entrada a Europa de una red internacional de tráfico de mujeres.
Cada tanto, los medios informan sobre algún episodio más o menos violento que muestra las prácticas de intimidación y extorsión de las redes mafiosas y la explotación de trabajadores por empresarios sin escrúpulos, con algunos casos extremos que constituyen una nueva forma de esclavitud.
Los ciudadanos no permanecen indiferentes: tres de cada cuatro se oponen al nuevo flujo inmigratorio. La idea de la inmigración como amenaza se basa en argumentos relacionados sobre todo con las diferencias culturales, la inseguridad y el mercado de trabajo: 20% temen que los ciudadanos de Europa oriental “vengan a ocupar cargos de más importancia que muchos portugueses”, 30% piensan que “los inmigrantes cometen más crímenes que los portugueses” y 75% consideran que los inmigrantes ilegales “deben ser mantenidos bajo vigilancia para que no causen problemas”. En cuanto a los derechos legales de los inmigrantes, casi todos los portugueses se oponen a un tratamiento desigual. Apenas un cuarto aprueba la inmigración, pero 79,7% defiende la legalización de los inmigrantes en situación irregular. Más de 90% también está de acuerdo en que “deben ser protegidos contra la explotación laboral”.[8]
Vale la pena contraponer a estas impresiones los efectos claramente positivos de la inmigración. Por diversos factores demográficos y económicos, hace años que el mercado de trabajo tiene una débil capacidad de respuesta al crecimiento de la actividad productiva. Si no fuera por los inmigrantes, muchas de las actividades productivas ya se habrían reducido o hasta desaparecido. Por otro lado, el saldo entre las contribuciones fiscales y de seguridad social de los inmigrantes y los gastos que éstos generan al Estado superó los EUR 311 millones (USD 393 millones)en 2001. Cada trabajador extranjero (legal o en vías de legalización) aportó unos EUR 1.390 (USD 1.758) líquidos. La cifra desciende a EUR 995 (USD 1.259) si se consideran también los inmigrantes no empleados.[9]
La salud enferma
El Servicio Nacional de Salud (SNS), que debería ser universal y propender a la gratuidad, está causando mucha preocupación, sobre todo en las personas que no pueden acceder a servicios privados. Muchas veces, el sistema público no ofrece respuestas a tiempo y está constantemente al borde del colapso. La OCDE y otros organismos atribuyen esta grave situación a la mala administración.
El SNS favorece a grupos de interés (las empresas farmacéuticas y las de prestación de servicios médicos) mediante una enorme falta de transparencia en la atención al paciente y la prescripción de medicamentos. Portugal es uno de los países de la OCDE con mayor gasto por habitante en medicamentos (19% del presupuesto de salud) y, sin embargo, sólo recientemente promovió el uso de genéricos, y con un éxito moderado.
Uno de los grandes males del SNS es el subaprovechamiento de los recursos humanos y materiales, que genera listas de espera que afectan a muchas personas, cuya enfermedad no tendría por qué causarles la pérdida de calidad de vida que sufren. Existen demoras para consultas, tratamientos y, sobre todo, para operaciones no urgentes, como algunas de las ortopédicas. Como los sueldos del sistema público no son muy atractivos, muchos trabajadores de la salud recurren al doble empleo, lo que disminuye la capacidad de atención. En 2003 se realizó un esfuerzo adicional para reducir a la mitad las siempre crecientes listas de espera, que en 2002 sumaban 123.126 pacientes, sólo para operaciones no urgentes. Pero según datos publicados por el Ministerio de Salud, la reducción de la lista el año pasado fue contrarrestada por el aumento de casos, y ahora hay más personas en espera.
La ineficiencia se autoalimenta. La falta de prevención genera enfermedades más graves o crónicas, que requieren tratamientos más onerosos (medicamentos, cuidados hospitalarios), además de otros costos sociales.
La escasa confianza en el SNS lleva a los usuarios hacia sistemas privados, que representan 44% del gasto en salud. Para hacer frente al costo de estos sistemas, son cada vez más los que recurren a seguros de salud, que cubren actualmente a 16% de la población (frente a 10% en 1998),[10] pero estos seguros son inaccesibles para la mayoría.
Discapacitados: promesas sin cumplir
Uno de los grupos sociales más vulnerables a todas estas coyunturas adversas es el de las personas que padecen alguna discapacidad (636.059, 6,16% de la población, según el censo de 2001[11]) y sus familias. La crisis económica castigó a las organizaciones que prestan servicios a los discapacitados y se teme la suspensión de programas y servicios esenciales para garantizar los derechos de estas personas, consagrados en normas nacionales e internacionales.[12] La igualdad de oportunidades, el derecho a la no discriminación, debe complementarse con el derecho de los discapacitados a beneficiarse de medidas que garanticen su independencia, integración, participación y vida comunitaria.[13]
Al final de 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad, las principales instituciones nacionales que representan a estas personas manifestaron públicamente su decepción. Según la Asociación de Personas Discapacitadas, quedaron promesas por cumplir en el marco de la Ley de Educación Básica (se propone incluso una política de enseñanza segregatoria de niños y jóvenes discapacitados), en el Código de Trabajo ( igualdad de tratamiento en el empleo y la actividad profesional) y en la Ley de Televisión (emisiones adaptadas para personas con dificultades auditivas).
Dicha asociación destaca, además, la falta de una red de centros de recursos y hogares residenciales que aseguren condiciones dignas para los adultos mayores discapacitados, así como el apoyo domiciliario a los ciudadanos con necesidades complejas. Más flagrante aún es el persistente incumplimiento del Decreto-Ley 123/97 de mayo de 1997, que exige la eliminación de barreras arquitectónicas en un plazo de siete años, como se constata por la simple observación de nuevas construcciones.
Finalmente, la reducción del presupuesto público de salud y seguridad social para 2004 aumentó la preocupación de todos los involucrados en el área de los discapacitados.
La “guerra civil” portuguesa
Portugal ocupa un lamentable primer lugar en la Unión Europea en materia de accidentes de tránsito. Mueren a diario un promedio de cinco personas por ese motivo, y 19 sufren lesiones graves. Las causas principales son el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas y el consumo excesivo de alcohol. El panorama es tan grave que los medios de prensa lo describen como la “guerra civil” portuguesa.
También son preocupantes los datos relacionados con la violencia doméstica. La Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima,[14] creada en 1990, trató 10.009 casos en 2002, de los cuales 70% estaban relacionados con agresiones en el hogar. El 87,8% de las víctimas son mujeres.
La delincuencia está muy vinculada con las drogas, y ambos fenómenos fueron destacados en el estudio referido al comienzo (CESOP). Cerca de 70% de la población carcelaria está en prisión por delitos relacionados con la droga. Sin embargo, la preocupación de la opinión pública es muy oscilante, y se ha verificado que depende en gran parte de la importancia que otorgue la prensa a determinados casos. Por ejemplo, se registró un aumento del temor a los asaltos en períodos en que las estadísticas reflejaban una disminución de esos delitos. Lamentablemente, los criterios periodísticos de objetividad e imparcialidad no siempre prevalecen en la lucha por aumentar las ventas.
Conclusión: un desafío abierto
La sociedad está poco o mal informada y tiende a reaccionar superficialmente a las situaciones que la afectan. Los portugueses pasan con frecuencia de la pasividad o el conformismo a protestas ruidosas y desorganizadas. Ocasionalmente se oyen exhortaciones, hasta del Presidente de la República, para que cada ciudadano asuma su papel en una democracia participativa. La calidad del ejercicio de la ciudadanía dependerá, sin duda, de un sentido crítico claro y de la capacidad de organización de los ciudadanos para tomar iniciativas conjuntas de defensa de sus legítimos intereses y deseos. Es un desafío abierto, y hay un largo camino a recorrer.
Notas:
[1]Instituto Nacional de Estadística.www.ine.pt
[2]Instituto Nacional de Estadística.Rendimento, Desigualdade e Pobreza. Datos de junio de 2002.
[3]En 2001, 96,6% de las familias estaban endeudadas. Banco de España y Asociación Portuguesa de Consumidores.
[4]Transparencia Internacional Barómetro Global de la Corrupción 2003.www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/2003.07.03.global_corr_barometer.es.html
[5]Morgado, Maria José y José Vegar. O Inimigo sem Rosto. Fraude e Corrupçâo em Portugal. Publicações Dom Quixote, octubre de 2003.
[6] Viegas Ferreira, Eduardo. Crime e Insegurança em Portugal. Lisboa: Celta, 1998.
[7]Principalmente de Moldavia y Ucrania.
[8]Investigación sobre la inmigración reciente, del Gabinete de Ética y del Centro de Estudios y Encuestas de Opinión de la Universidad Católica Portuguesa.
[9] Observatorio de Inmigración del Alto Comisariado para la Inmigración y las Minorías Étnicas.www.acime.gov.pt
[10] Asociación Portuguesa de Compañías de Seguros.
[11]Instituto Nacional de Estadística.www.ine.pt/censos2001/censos.asp
[12]Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración de Salamanca; Decreto-Ley 319/91.
[13]Declaración de Madrid, 2002.
[14]www.apav.pt