Protagonismo para el desarrollo

Los programas para afianzar el denominado “modelo de desarrollo endógeno” y combatir la pobreza continúan priorizando la organización cooperativa del trabajo, la distribución de alimentos subsidiados, la alfabetización, la entrega de créditos para vivienda y la transformación agraria basada en la recuperación de tierras para campesinos y cooperativistas. En materia de equidad de género, se destaca la actividad del Banco de Desarrollo de la Mujer, que otorga pequeños créditos con la meta de fomentar un rol protagónico de las mujeres en la sociedad venezolana.

Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998 tienen lugar en Venezuela profundos cambios que han sido recogidos en su Constitución,[1] los Lineamientos del Plan Nacional 2001-2007, los 49 decretos de ley aprobados en 2001, los programas socio productivos denominados Misiones, el impulso del sistema microfinanciero público y los objetivos estratégicos formulados por el presidente a fines de 2004.

La intención es que estos cambios se ajusten a los compromisos internacionales adquiridos por el país en diversas cumbres y conferencias, destinados a combatir la pobreza y lograr la igualdad de oportunidades para los ciudadanos del mundo. La meta es crear capacidades para que todos los venezolanos hagan realidad su derecho humano a una vida de calidad.

Tal propósito de equidad se refleja en el propio texto de la nueva Constitución ya desde su Preámbulo, que declara la intención del pueblo de Venezuela de “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”. El artículo 3 de la Carta establece como fines esenciales del Estado “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz” y puntualiza que “la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.[2]

Asimismo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos (uno de los decretos de ley de 2001) regula actividades dirigidas a “fomentar el desarrollo integral orgánico y sostenido del país, atendiendo al uso racional del recurso y a la preservación del ambiente” y señala que “los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la Nación propenderán a financiar la salud, la educación, la formación de fondos de estabilización macroeconómica y la inversión productiva”.[3]

Programas nacionales contra la pobreza

Las normativas legales se han llevado a la práctica a través de programas y medidas concretas. Trataremos a continuación aquellas dirigidas a combatir la pobreza que, según datos de 2002, alcanza a 48% de la población, incluido un 22% de indigentes.[4]

Para garantizar la soberanía alimentaría de la población, el gobierno nacional creó en 2003 la Misión Mercal, una red de distribución de alimentos que diariamente vende más de 4 mil toneladas de comestibles. Desde abril de 2005 el plan cuenta con un subsidio mensual de USD 24 millones que permite mantener los precios de la red y asegura un ahorro de hasta 35% en la compra de alimentos de calidad. Actualmente existen 13.563 expendios que abastecen a más de 10 millones de personas en todo el país sin haber variado los costos de los alimentos.

El programa contra el analfabetismo (Misión Robinson) tiene como meta erradicar un fenómeno que en Venezuela alcanza a 6,9% de los adultos.[5] Según datos del Ministerio de Educación y Deportes, desde julio de 2003 egresaron del programa más de 1,4 millones de venezolanos alfabetizados, una cifra muy cercana a la meta de 1,5 millones. Unas 700.000 personas, entre ellas discapacitados, indígenas y ancianos, se benefician del programa, que incluye hasta sexto grado de primaria y se implementa en 81 mil recintos bajo la supervisión de 87.377 facilitadores.[6]

En materia de vivienda, se están otorgando créditos estatales a organizaciones comunitarias que desde hace muchos años luchan por un hábitat digno y ya tienen terrenos y proyectos. El Estado se convierte en facilitador de aspectos técnicos, crediticios y de materiales a través del plan Nuevo Modelo Constructivo, fundamentado en la organización y el aprovechamiento de los saberes populares y en el trabajo colectivo y solidario. Otra instancia de los programas de vivienda es la entrega de tierras para que la gente construya sus hogares en las barriadas populares, con la participación de los Comités de Tierra Urbana (organizaciones populares lideradas, en su gran mayoría, por mujeres).

Se comenzó una profunda transformación agraria a través de la consolidación del denominado desarrollo endógeno que incluye la recuperación de tierras, en diversas regiones del país, a fin de entregarlas a campesinos y cooperativistas, además de brindarles asesoría técnica, créditos y ayuda en la comercialización de la producción. Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología trabajan en un Plan Nacional de Semillas. El MAT y el Ministerio para la Economía Popular (MINEP) avanzan en el Plan Nacional de Siembras de Invierno, con el objetivo de favorecer a los campesinos y lograr la soberanía alimentaria.

Desarrollo endógeno

El horizonte estratégico para 2005 y 2006 definido por el gobierno, en lo que el presidente Chávez ha denominado el Salto Adelante o Revolución dentro de la Revolución, propone 10 objetivos básicos para guiar la actuación de todos los actores institucionales, sociales y políticos:

·        Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.

·        Articular y optimizar la nueva estrategia comunicativa.

·        Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.

·        Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado.

·        Activar una nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción.

·        Desarrollar la nueva estrategia electoral.

·        Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico.

·        Continuar instalando la nueva estructura territorial.

·        Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional.

·        Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional.[7]

Al objetivo siete se vincula la creación del MINEP en septiembre de 2004. La tarea de este ministerio es la implementación del nuevo modelo de desarrollo, en coordinación con otras instancias del gobierno nacional, regional y local. “Su objetivo transversal es la consolidación de la Misión Vuelvan Caras,[8] así como la rectoría de las políticas vinculadas con la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo endógeno”.[9]

Esta nueva forma de desarrollo tiene como focos de dinámica socioeconómica a los Núcleos de Desarrollo Endógeno, que privilegian la organización cooperativa del trabajo. Las autoridades venezolanas consideran que el cooperativismo debe ser mucho más que una mera forma organizativa del trabajo productivo, para convertirse en un proyecto de vida en que “la persona debe abandonar conductas, actitudes y expectativas aprendidas en el seno de una sociedad que recompensa la competitividad y el protagonismo individual”.[10]

Varias instituciones autónomas que dependían de otros ministerios fueron adscritas al MINEP, entre ellas el Banco del Pueblo Soberano, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer), el Fondo de Desarrollo para el Fomento de la Agricultura y la Pesca, el Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa, el Fondo de Crédito Industria, la Superintendencia de Cooperativas, el Instituto para el Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE).

El MINEP creó una instancia desconcentrada en los 23 estados federados venezolanos y el Distrito Capital, con representantes de todos los entes adscritos y una persona coordinadora designada por el MINEP. Estas instancias impulsaron la certificación de los “lanceros” y “lanceras”, integrantes de la Misión Vuelvan Caras, que en el ámbito del INCE y los Núcleos de Desarrollo Endógeno realizaron durante casi un año un curso de formación. Con el apoyo de consultores se impulsó además la creación de cooperativas y un proyecto de inversión para la obtención de activos y financiamiento. En esta etapa se encuentra actualmente la Misión Vuelvan Caras. Los primeros datos indican que 63% de los cooperativistas son mujeres y 37% hombres.

Promoción de la equidad de género

El plan de formación del INCE incorporó un módulo de género y el MINEP, sensibilizado ante la problemática de la desigualdad de género, posiblemente añada un rubro presupuestario a proyectos que promuevan la equidad entre hombres y mujeres. Venezuela se encuentra en el puesto 58 entre 144 países tomando en cuenta el Índice de Desarrollo relativo al Género y, aunque en algunos indicadores, tales como expectativa de vida o alfabetización no se ven grandes diferencias, en otros las disparidades son claras. El caso del empoderamiento, por ejemplo, muestra que solo 9,7% de los parlamentarios son mujeres y que ocupan 27% de los altos cargos oficiales y de nivel gerencial. En cuanto a la actividad económica, la tasa de población económicamente activa femenina es 43,9%, lo que representa 54% de la tasa masculina.[11]

Se trabaja arduamente, además, para coordinar el seguimiento de las y los cooperativistas, tomando en cuenta su cultura, su identidad, las relaciones de género existentes y su etnia, entre otros elementos.

La creación de Banmujer es una de las principales medidas de promoción de la equidad, a través de la financiación de microemprendimientos que posibilitan a las mujeres lograr la autonomía económica y un papel social protagónico. El propósito es combatir la pobreza extrema y la feminización del fenómeno. En 2002, la pobreza femenina era 18,8% y la masculina 14,4%. Del total de hogares, 28,8% tenía una mujer como jefa de hogar, con una incidencia de pobreza de 48% frente a 41% en el 71,2% de los hogares con jefatura masculina.[12]

Tabla 1. Algunos datos relativos a equidad de género

Fuente: CEPAL. “Estadísticas de género. Venezuela”.

Banmujer

Como instancia microfinanciera pública ahora adscrita al MINEP, Banmujer publicó en 2005 una Guía para formar cooperativas, que declara que en su intento de crear un nuevo modelo de economía social, humanista y solidaria, el gobierno nacional ha impulsado “una estrategia de democratización de la economía, un modelo de desarrollo alternativo con equidad de género y un nuevo esquema de país. Es una economía popular que impulsa el desarrollo local y crea las condiciones para la participación protagónica de mujeres y hombres, de toda la gente trabajadora, emprendedora y creativa…”

Según la guía, la economía popular incluye “actividades productivas y autogestionarias, microempresas solidarias, cooperativas y, en general, Unidades Económicas Asociativas,” privilegiando la participación de las mujeres, que por lo general son excluidas de las políticas públicas y los planes estratégicos de desarrollo.

En el apartado acerca de cooperativismo y equidad de género, la Guía señala que en Venezuela 70% de los pobres son mujeres, porcentaje que registran las estadísticas nacionales, que también reconocen la creciente feminización de la pobreza. Asimismo, indica que las mujeres han estado tradicionalmente en desventaja dadas sus condiciones de subordinación, por lo que están menos capacitadas para enfrentar el mundo económico y el mercado laboral, lo que las hace más propensas a engrosar los niveles de pobreza.

Como alternativa, el Gobierno potencia la economía social incorporando los sectores tradicionalmente excluidos como las comunidades populares y a las mujeres afectadas por la pobreza, el desempleo y la informalidad laboral.

Las cooperativas financiadas por Banmujer tienden a tener una mayoría femenina y sus principales cargos directivos están ocupados por mujeres.

Banmujer se financia con recursos de la Tesorería Nacional y con recursos especiales provenientes de convenios nacionales y multilaterales. Los servicios financieros y no financieros que ofrece privilegian el papel económico y social de las mujeres y estimulan su rol protagónico en la construcción de una nueva sociedad con justicia y equidad de género. A su vez, apoya los programas Vuelvan Caras, Plan Café, Artesanía para la Exportación y Capital Semilla, tiene convenios con el Ministerio del Trabajo y la Misión Mercal, sostiene el Convenio Bandes-Banmujer, Misión Guaicaipuro (para pueblos aborígenes) y respalda a mujeres afrodescendientes de la zona de Barlovento, a mujeres discapacitadas y otras.[13]

Notas: