Es indispensable renovar los mecanismos de decisión y gestión y relanzar los programas de los organismos públicos a fin de alcanzar una mayor eficiencia en las prestaciones y crear una sinergia entre los componentes del sistema de servicios. La transparencia es necesaria para promover un clima de confianza entre los diversos actores sociales y proteger a la población de los riesgos económicos y sociales.
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A comienzos delsiglo XXI, Marruecos enfrenta dificultades parainstaurar la prosperidad y la cohesión social, entre otros motivos por elretraso acumulado en términos dedesarrollo social. Hace más de una década se impulsaron variasreformas. La adopción de una ley de seguro obligatorio de enfermedad y lareforma del Código de Familia constituyeron notables adelantos sociales. Noobstante, el analfabetismo está en expansión, los avances no son uniformes niarmoniosos y persisten la inequidad de géneroy la disparidad entre regiones, mientras que el Índice de Desarrollo Humano sitúaal país en una posición poco envidiable, con el puesto número 123 (PNUD,2006). El impacto de las reformas enlas condiciones de vida de la población sigue siendo poco visible. El mayordesafío que enfrenta la política social radica en la gobernanza de losprogramas.
Marruecos haasumido numerosos compromisos internacionales. Adhirió a la Declaracióndel Milenio de la ONU, comprometiéndose a integrar los enfoques de derechoshumanos y de género en las políticas públicas. Este compromiso exigefortalecer las capacidades del Estado para asegurar la promoción y protecciónde los derechos humanos teniendo en cuenta la capacidad de las personas parahacer que se reconozcan esos derechos, así como asegurar el seguimiento y laevaluación de las acciones públicas a fin de asegurar la cabal satisfacciónde esos derechos. Si bien se han tomado diversasmedidas para mejorar la situación de las mujeres, entre ellas la adhesiónoficial a la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aún falta consolidar lainstitucionalización del enfoque de género.
Acceso a la salud: disfunciones perjudiciales a laequidad
La política de salud nacional se inscribe en el marco delos compromisos internacionales relativos a la salud para todos y todas, que elpaís ha suscrito. Sin embargo, la población encuentra obstáculos a la hora derecibir atención debido a diversas disfunciones del sistema de salud, entre lasque se destacan:
La persistenciade un estado de salud insatisfactorio en la población: elevadatasa de mortalidad materna, de recién nacidos y demenores de 5 años; supervivencia de enfermedades contagiosas (30.000 casos detuberculosis al año) y afecciones maternas y perinatales (27% de los niños yniñas del medio rural y 13% en zonas urbanas sufren retrasos en el crecimiento,con una insuficiencia ponderal que afecta a 12% en el campo y a 3,3% enlas ciudades); el surgimiento de enfermedades nocontagiosas a raíz de cambios en el modo de vida (enfermedades del aparatocirculatorio con 17,4% del total de años de vidaperdidos por muerte prematura; 6,7% de tumores, 4,6%de enfermedades del aparato respiratorio);el desafío de la prevalenciadel VIH/sida, que sigue en aumento, sobre todo en la población femenina(alrededor de 50% en los últimos cinco años, mientras que entre 1986 y 1990,las mujeres eran 20% de los afectados) (Ministerio de Salud, 2005a).
Lasdesigualdades entre la oferta y el acceso a la atenciónde la salud: pese a los esfuerzos,subsisten numerosas disfunciones en el sistema de salud, entre ellas carenciasde infraestructura y equipamiento[1]y dificultades de acceso geográfico en algunas zonas, ya que cerca de 31% de lapoblación vive a más de 10 kilómetros de distancia de un centro de salud(Ministerio de Salud, 2005b).
Mecanismos poco desarrollados definanciación de la salud sumados ala insuficiencia del presupuesto asignado al sector(5% del presupuesto general del Estado). Estos factores se ven agravadospor el predominio de créditos de funcionamiento (70%del presupuesto total); la falta de coordinaciónde los criterios de asignación de recursos entre los rubros de gasto (redhospitalaria, ambulatoria, formación, etc.);la escasa financiación pública de la salud[2];una calidad poco satisfactoria de los servicios (mala recepción, esperaslargas, exámenes superficiales, recetas irracionales), falta de medicamentos yescasa cobertura de los seguros de salud (que sólo abarcan 15% de la población)(Ministerio de Salud, 2003).
La nueva ley de Seguro Obligatorio de Salud (AMO)implica una nueva perspectiva para mayor número de personas. Ampliada a latotalidad de las y los asalariados del sector público y privado, susdispositivos se apoyan en los principios de solidaridad y equidad, lageneralización de la cobertura, la prohibición de toda discriminación poredad, sexo, tipo de actividad, nivel y naturaleza del ingreso y antecedentespatológicos. Pero la evolución de la atención de la salud y la tasa decobertura del gasto siguen sujetas al equilibrio financiero del sistema.
El Estado ha puesto en marcha una serie de fórmulas de asistencia dirigidas alos y las trabajadoras independientes, a través de la asociación del sistemabancario y los organismos de microcrédito, en espera de que el AMO se extiendaa estas categorías específicas. Está en marcha un proyecto de ley para quelas personas económicamente vulnerables y sin cobertura se beneficien de unsistema de asistencia médica (RAMED). El proyecto rebota aún contra lascondiciones de implementación: identificación de los beneficiarios, contribuciónparcial de las poblaciones, reforma hospitalaria y participación de lascomunidades locales en la financiación.
Limitada cobertura en pensiones de retiro
El sector de las pensiones de retiro se compone esencialmente de 10 regímenesjubilatorios. La tasa de cobertura sigue siendo baja. En 2005, las cuatroprincipales cajas jubilatorias cubrían 25,6% de la población activa (Ministeriode Finanzas y Previsión, 2003). Contra la idea generalizada de lagenerosidad de estos sistemas, la prestación promedio por persona es muy escasay está por debajo del salario mínimo nacional. El sistema jubilatorio enfrentaproblemas que debilitan su equilibrio financiero y comprometen su eficiencia yviabilidad, resumibles en:
• La inexistencia de una legislación marco que organice al sectorjubilatorio.
• Insuficiencia de control y supervisión.
• Bajas cotizaciones (5%) en comparación con otros países (Portugal 35%,Brasil 30%, Turquía 20%) y cada vez más insuficientes para financiar lasprestaciones.
• Déficit de gobernanza de las cajas de jubilación.
• Incoherencia en la coordinación de los sistemas jubilatorios (Ministeriode Finanzas y Previsión, 2003).
El equilibrio del sistema de retiro está en grave peligro. Se piensa que en lospróximos 30 años se va a degradar la relación demográfica de los sistemasjubilatorios. Según las proyecciones demográficas, la sustentabilidad futuradel sistema está en duda. Asimismo, las personas desconfían de la capacidaddel sistema para cumplir sus compromisos. Las consecuencias negativas del factordemográfico sobre el equilibrio a largo plazo de los sistemas jubilatorios nose podrán atenuar si no se produce un crecimiento económico importante yduradero. Dada la desaparición de las formas tradicionales de solidaridad, lapensión de retiro debe ampliarse y concebirse como un derecho ciudadano.
El estado de la pobreza
En 1999, alrededor de 5,2 millones de personas (19%) vivían por debajo de la líneade pobreza, con un índice mucho mayor en la zona rural que en la urbana(27,4% y 12%, respectivamente). Los pobres tienen características comunes:familias numerosas (70% de ellas con más de cinco hijos), bajo nivel educativo,carecen de bienes y, sobre todo, no poseen tierras cultivables. La incidenciadel desempleo es importante entre las personas pobres, y alcanza 30% en el mediourbano. En cuanto a la pobreza infantil, afecta a 44% de los menores de 15 años.La distribución por género muestra una tendencia a la feminización de lapobreza (Ministerio de Previsión Económica y Planificación, 2000).
Varios grupos vulnerables exigen atención, sobre todo:
• Niños y niñas. Se calcula la existencia de 600.000 menores trabajadores;muchos viven en la calle, expuestos a violencia física y sexual; alrededor de500.000 niños y niñas son mendigos.
• Mujeres viudas y divorciadas y madres solteras jefas de hogares, máspropensas a la pobreza. Además, los estatutos jurídicos y las leyes deherencia discriminan a las mujeres y las hacen más vulnerables.
• Personas con capacidades diferentes: 4,3% de los hogares que viven pordebajo de la línea de pobreza están a cargo de una persona discapacitada oenferma (Ministerio de Previsión Económica y Planificación, 2000).
A fines de la década de 1980 se puso en marcha una estrategia social de luchacontra la pobreza, articulada en torno a la ampliación del acceso de laspersonas menos favorecidas a los servicios sociales básicos, el aumento depuestos de trabajo y el fortalecimiento de los programas de asistencia yprotección social. Los programas de lucha contra la pobreza se intensificaronentre 1995 y 2005. Apuntaban a la promoción de actividades que generaraningresos y al empleo juvenil. Sin embargo, los planes (educación, formaciónprofesional, salud básica, agua potable, electrificación, vivienda social)puestos en marcha han sufrido distorsiones. La dispersión de las acciones, lainsuficiencia de coordinación de los programas, la participación limitada delas comunidades y la ausencia de seguimiento y evaluación limitaron el impactode los esfuerzos desplegados.
La Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, lanzada en mayo de 2005,muestra la voluntad de reducir carencias, sobre todo en los barrios urbanospobres y las comunidades rurales desfavorecidas. Si bien es muy pronto paramedir este impacto, vale la pena distinguir algunas disfunciones: lentitud en laimplementación de los proyectos identificados, falta de criterios claros parala asignación de fondos y una lógica que se ocupa más de los números que delos resultados a alcanzar, así como perturbaciones institucionales en la medidaen que los comités de desarrollo humano tienden a suplantar a los Consejoselegidos.
Si bien el impacto del microcrédito en lasuperación de la exclusión aún no puede ser constatado, es posible afirmarque mejora considerablemente las condiciones de vida de las y los beneficiarios,y que está en rápida expansión por las oportunidades que ofrece. A fines de 2006, el sector del microcrédito ocupaba unacartera de 1.034.162 clientes, de los cuales una mayoría (66%) son mujeres[3]. El impacto del microcrédito sobre los beneficiarios esclaro: la mayoría de las y los clientes experimentaron un aumento de susingresos, y la participación en el programa también favorece la diversificaciónde las actividades. Pero algunas observaciones evidencian que el microcréditosirve básicamente como activo circulante y que el sector no apunta enparticular a los bolsones de pobreza.
Desempleo einestabilidad de los puestos de trabajo
El desempleo afecta a 1,5 millones de personas,con un ritmo de progresión anual significativo. En 2004 la tasa de desempleoera de 11,2%, presentando grandes disparidades (rural/urbana, de género y pornivel de instrucción). El desempleo de larga duración (más de 12 meses) y eldesempleo ‘recurrente’ se han convertido en la principal fuente de exclusión.La incidencia del desempleo es más importante entre las mujeres (25,8%) que enlos hombres (17,4%). El desempleo en los jóvenes es una preocupación cada vezmayor. El porcentaje de jóvenes que salen del sistema educativo sin graduarse ycon bajas calificaciones es elevado, lo que incrementa el riesgo de exclusiónprofesional y social. A su vez, jóvenes con formación profesional tambiénencuentran problemas de inserción en el mercado de trabajo. El peso relativodel desempleo de los graduados jóvenes aumenta con la selectividad de las prácticasdel reclutamiento de las empresas (Ministerio de Seguridad Económica yPlaneamiento, 2005).
Marruecos no cuenta con ningúndispositivo de lucha contra el desempleo. El análisis de las medidas de empleono es satisfactorio. Desde 1993 las pasantías de inserción apenas fueron29.000 y el programa acción-empleo no registró mejor desempeño. Sólo 66.000jóvenes profesionales se insertaron en el mercado laboral (Ministerio deEmpleo, 2006).
El nuevo código laboral modificó algunas disposiciones de la reglamentaciónlaboral (período mínimo para aprobar el cierre de una fábrica, fijación derangos de indemnización, etc.). No obstante, en términos reales se constataque la legislación es precaria, ya que hay numerosas categorías de asalariadosno cubiertas y la mayoría de las empresas no aplican la ley a la hora de hacercontratos por tiempo determinado, otorgar licencias o cerrar total oparcialmente una fábrica. Por otra parte, los organismos de contralor de lalegislación vigente carecen de medios para cumplir la tarea.
El sector informal sigue siendo el más desprotegido y representa 20,3% de losempleos. Del total de unidades de producción informal, 12,4% están a cargo demujeres y sólo 2% de los y las trabajadoras son empleados contratados. Casi lamitad de las unidades (46,8%) ignoran la reglamentación laboral y 61% pagan pordebajo del salario mínimo nacional (Departamento de Previsión Económica yPlanificación, 2003).
Desafíos y futuro de la protección social
El régimen más importante de protección social depende de la Caja Nacional deSeguridad Social. Numerosas empresas siguen escapando al sistema y no estánregistradas. Más de 67% de lasafiliadas son microempresas de cinco empleados o menos. Sólo 38% delas declaradas trabajan 12 meses al año. Lo recaudado por concepto de seguridadsocial procedente del sector privado sujeto a la Caja Nacional apenas constituye1,6% de la riqueza producida (Centre Marocain de Conjoncture,2003). Hay dificultades de penetración en el mundo rural,el sector artesanal y de los trabajadores independientes. Lo módico dedeterminadas prestaciones y el problema de los bajos salarios constituyen unobstáculo para el cumplimiento de estas funciones. En cuanto a la gestión, laCaja no tiene una imagen de eficiencia. Por lo tanto, es importante mejorar lossistemas de gobernanza, no sólo a nivel de las instancias democráticas de laesfera política, sino también a nivel de las instituciones que constituyen elsistema de seguridad social, donde se toman a diario buena parte de lasdecisiones en la materia.
La protecciónsocial no es sólo asunto del Estado y las instituciones públicas, sino queimplica que la sociedad, en todos sus componentes, se movilice para que la‘cuestión social’ sea tenida en cuenta por todos los actores y se creen lascondiciones necesarias para la reinserción de los sectores excluidos. Senecesita una intervención más activa de la sociedad civil. En Marruecos esevidente la emergencia de una nueva generación de actores no gubernamentales.Las relaciones entre las organizaciones de la sociedadcivil y el Estado evolucionan, y han pasado de la desconfianza mutua alreconocimiento de una posible sinergia. Sin embargo, aún hay que derribaralgunos obstáculos que impiden la participación de la sociedad civil en lasalianzas estratégicas para el desarrollo. La lista incluye la reafirmación deun ambiente político y jurídico favorable a una mayor autonomía de las ONG ya la extensión de su participación a los procesos de concepción, implementacióny evaluación de las decisiones que pueden repercutir sobre los sectores másdesfavorecidos de la población.
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Referencias
Centre Marocain de Conjoncture. Etude sur la ProtectionSociale: nouveaux enjeux. La sécurité sociale: quel rôle dansla redistribution. Diciembre 2003.
Ministerio de Empleo (2006). Deuxièmesassises nationales sur l’emploi.
Ministerio de Finanzas y Previsión (2003). Scénarios de reforme pour lesystème de retraite marocain. Direcciónde Seguros y Previsión Social, Comité de Seguimiento de Estudios Contables.
Ministerio de Previsión Económica y Planificación (2000). Enquête sur le secteurinformel non agricole. Rapportdes premiers résultats. Dirección de Estadística.
Ministerio de Previsión Económica y Planificación (2005).Enquête activité emploi etchômage. Rapport de synthèse.AltoComisariado de Planificación, Dirección de Estadística.
Ministerio de Salud (2003). Les comptesnationaux de la santéau Maroc. Dirección de Planificación y Recursos Financieros.
Ministerio de Salud (2005a). Santé en chiffres. Dirección de Planificacióny Recursos Financieros, Servicio de Estudios e Información.
Ministerio de Salud (2005b). Politique de santé: acquis, défis et objectifs. Plan d’Action 2005-2007.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2006). Informesobre desarrollo humano.
Primer Ministro. Departamento de Previsión Económica y Planificación (2003). Enquête sur le secteurinformel non agricole. Rapport des premiers résultats.Dirección de Estadística
Notas:
[1] Actualmente existe unservicio de salud básico cada 14.012 habitantes que determina una relación deuna cama de hospital camas de hospital/personas de 1 cada 1.060 habitantes (Ministeriode Salud, 2005a).
[2] La fuente principal de financiamiento del gastoglobal en salud depende de los hogares, que en pagos directos aportan 53% deltotal. Los rubros fiscales nacionales y locales representan 25% y el seguro porenfermedad apenas 16% del gasto. Otras fuentes de financiamiento siguen siendomarginales: 4% los empleadores (excepto el Estado y las comunidades locales) y1% la cooperación internacional (Ministerio de Salud, 2003).
[3] FNAM:<www.fnam.ma/article.php3?id_article=180>. Ver además el sitio web de una de las principales asociaciones de microcrédito,Al Amana <www.alamana.org> y la evaluación de la contribución de Al Amana aldesarrollo de sus clientes microemprendedores. Febrero de 2003.
[4] Asociaciónfundada en 1996 parareforzar y promover el movimiento asociativo de desarrollo democrático deMarruecos. E-mail: <espasso@iam.net.ma>; sitio web: <www.espasseassociatif.org>.
[5] Los ylas contribuyentes son: Fatiha Daoudi, ADFM; Saïd Makhon, Al Amana;Ahmed Douraidi, ALCS; Najat Razi, AMDF; Mohamed Khattab, AMDH; AbdelazizAmeziane, Carrefour asociativo; Laïla Imerhrane yAmina El Gani, OMDH; Abdellah Lefnatsa, UMT; Abdellatif Ngadi, TransparenciaMarruecos; Abdesselam Aboudrar, activista de lasociedad civil.