Protección social: una mirada desde la niñez y la adolescencia

La escasa asignación presupuestaria específica para programas de atención de la salud y asistencia social a personas menores de edad revela que la tutela de los derechos de las niñas y niños no tiene la prioridad que debería según disponen la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y el Código de la Niñez y la Adolescencia de este país.

La inversión social que realizael Estado resulta una buena medida para conocer el esfuerzo que efectivamentehace para promover la seguridad social y garantizar el pleno ejercicio de losderechos humanos, principalmente de los económicos, sociales y culturales.

La inversión social del Estado costarricense pasó en el período 1998-2003 de 16% a 18,7% del productobruto interno (PBI). Esta inversión se orienta a cinco grandes sectores:Educación, Salud, Asistencia Social, Vivienda y Recreación y Cultura.





La Figura 1 muestra la estructura relativa de la inversiónsocial. Se destaca que la inversión asociada a los sectores de educación,salud y asistencia social aglutina más de 90% del total, mientras que lainversión en recreación y cultura (que incluye servicios deportivos,culturales, recreativos y religiosos) consume menos de 1% de la inversiónsocial total.

Como porcentaje del PBI, la estructura relativa de la inversión social hasufrido leves modificaciones en el período. Hay un mínimo crecimiento (unpunto porcentual) en educación y salud, a la vez que disminuye levemente elcrecimiento de la inversión en asistencia social.

El sector vivienda prácticamente no sufre modificaciones, al igual que la ínfimainversión en recreación y cultura.

De la Figura 2 se destaca, sin embargo, el dinamismo creciente del porcentajedel PBI dedicado al pago de los servicios de la deuda pública externa. Encomparación con los componentes de la inversión social, el monto dedicado alpago de la deuda crece con mucha mayor intensidad, más que duplicándose en elperíodo 1998-2003. Se hace evidente la creciente presión por atender la deudaexterna, aún cuando esto implique detener el crecimiento de la inversión enaspectos clave para el desarrollo del país y para la creación de lascondiciones necesarias para el ejercicio de los derechos humanos.

Paradójicamente, la deuda contraída por Costa Rica para financiar su procesode desarrollo es hoy en día un pesado lastre para el mismo desarrollo que deberíahaber facilitado. La deuda externa alcanza USD 3.753 millones. Cuarenta porciento de este monto tiene por acreedores a organismos multilaterales cuya misióndeclarada es promover el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos enlos países menos favorecidos.




También es de observar que en ningún año la inversión en educación haalcanzado el 6% del PBI establecido como obligación constitucional, lo quedeviene por lo tanto en una violación de la propia Constitución Política y delos principios que inspiran medidas de prioridad para los grupos másvulnerables de la sociedad.


Personas menores de edad, garantía del futuro

Asimismo, está claro que no toda la inversión social se dirige a la niñez yla adolescencia, por lo que conviene intentar visualizar la porción de estainversión social que efectivamente tiene a personas menores de edad comoconsumidores finales.

LaConvención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989, esun amplio compendio de derechos civiles y políticos y de derechos económicossociales y culturales para las personas menores de edad. Se ha planteado queante cada uno de estos grupos de derechos el Estado debe asumir una actituddiferente en aras de su garantía para los ciudadanos y ciudadanas. Si bien losderechos civiles y políticos requieren que el Estado se abstenga de tomarmedidas capaces de limitarlos, en el caso de los derechos económicos, socialesy culturales es necesario que el Estado adopte medidas positivas para hacerlosposibles.

Más allá de esta discusión, en el caso de los derechos de las personasmenores de edad se requiere básicamente de medidas y acciones positivasencaminadas por un lado a garantizar directamente derechos básicos como salud yeducación, y por otro a potenciar en los niños, niñas y adolescentes, eladecuado disfrute de estos derechos. No sólo se debe invertir en educación,sino también se deben tomar medidas concretas para garantizar que todas laspersonas menores de edad asistan y permanezcan efectivamente en el sistemaeducativo.

Según la UNESCO (2004), en 2001 lainversión en educación asignó 17% a la educación superior y 9% a la formaciónprofesional. Por lo tanto, 74% de la inversión total en educación se canalizódirectamente a la educación en general (incluyendo los incentivos paraestudiar), un área en que la gran mayoría de los beneficiarios son personasmenores de edad.

No obstante, el mismo estudio indica que los incentivos para estudiar (becas,bonos, comedores y transporte escolar) representan sólo 4% de la inversión eneducación, lo cual llama la atención pues son estos programas las principalesestrategias planteadas por el gobierno para aumentar la inclusión, lapermanencia y el éxito escolar de los amplios sectores que hoy se encuentranexcluidos.

La mitad de los recursos asignados a la educación general se concentran en laeducación primaria, explicando en buena medida el marcado deterioro de laeducación secundaria.


Un modelo de salud poco enfocado en la niñez

En cuanto a la salud, 77% de la inversión total se concentra en servicios demedicina curativa, mientras que para la atención primaria (prevención deenfermedades y promoción de la salud) se destina sólo 17% de la inversión delsector.

Se ha demostrado que los adolescentes son los usuarios menos frecuentes delmodelo curativo y, a la vez, uno de los grupos que con mayor urgencia demandaservicios de medicina preventiva como educación sexual y reproductiva,información para la prevención del consumo de drogas y otros.

Asimismo, la inversión en programas de nutrición representa sólo 2% del montototal destinado al sector salud.


Escasa asistencia social a menores

El rubro de asistencia social es el que menos reconoce a la niñez y laadolescencia en su asignación presupuestaria. Del monto total asignado, 87% sedestina al pago de pensiones y regulación del trabajo, ámbitos en que laspersonas menores de edad no tienen participación. El 13% restante se dedica ala atención directa a grupos vulnerables, entre los que sí se incluyen laspersonas menores de edad en situaciones de carencia como uno de los grupos meta[1].

En este sentido, un estudio de UNICEF y el ProgramaInterdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez yla Adolescencia (PRIDENA) sostiene que el rubro marginaldel presupuesto correspondiente a las instituciones que tutelan los derechos delas y los niños deja “claro que latutela de esos derechos no está obteniendo la prioridad, ni fiscal ni macroeconómica,que demanda la Convención y el Código de la Niñez y la Adolescencia [de CostaRica, Ley No. 7739 del 6 de enero de 1998]” (UNICEF/PRIDENA,2004).

En resumen, las personas menores de edad – quienes constituyen cerca de 38% dela población total – reciben 36% de la inversión social global, lo cual poneen entredicho la prioridad en inversión que se debe otorgar a este grupoetario. Específicamente, este grupo consume 67,2% de la inversión total eneducación, 33% de la inversión en salud, apenas 5,8% del monto asignado a laasistencia social, 39,5% de la inversión en vivienda y 34,2% de la escasísimainversión asignada a recreación, cultura, deportes y religión.


Referencias

UNESCO (2004). “Financiamiento de la educación superior en AméricaLatina: el caso de Costa Rica”. Disponibleen: <unesdoc.unesco.org/images/0014/001404/140483s.pdf>.

UNICEF/PRIDENA (2004). IVEstado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. San José:Universidad de Costa Rica/UNICEF/PRIDEN


Nota:

[1]<www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/4648/gasto.pdf>