No hay derechos sociales, culturales ni ambientales

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2008
Burma Lawyers’ Council

Las políticas del Gobierno y la creciente globalización han menoscabado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y contribuido al aumento de la pobreza. La rendición de cuentas, el estado de derecho, la libertad, la transparencia y la seguridad son inexistentes. El Gobierno corrupto, junto con las compañías extranjeras que vienen invirtiendo en el país desde 1988, han destruido el sustento de gran parte de la población. Birmania necesita con urgencia políticas que promuevan el estado de derecho y la buena gobernanza, así como reformas institucionales y administrativas

Cuarenta y seis años de gobierno militar han convertido a Birmania en uno de los países más pobres del mundo. En lugar de crear un ambiente en el que las personas puedan participar plenamente de las decisiones acerca de cómo se administra su país y gozar de una prosperidad en aumento, la junta gobernante, el Consejo para la Paz y el Desarrollo del Estado (CPDE) ha impuesto políticas económicas que enriquecen a sus seguidores pero empobrecen a la mayoría de la población. Según la ONU, alrededor de un tercio del país lucha para sobrevivir con menos de USD 1 al día [1] .

Incluso la transición a la economía de mercado ha sido invalidada debido a la ausencia del estado de derecho. La propiedad privada carece de garantías ya que es susceptible de ser expropiada por el Gobierno en cualquier momento. En un país en el que la tierra es la fuente principal de ingresos para más de la mitad de la población, las incautaciones ilegales han privado a cientos de miles de granjeros de sus tierras.

El régimen militar y sus organismos de seguridad militares y civiles abusan de las propias leyes impositivas del CPDE, exigiendo mucho más dinero del que las personas deben legalmente. Estos costos excesivos se traspasan a los consumidores, sumiéndolos aún más en la pobreza.

Es casi imposible que una persona promedio se dedique a un negocio rentable, debido a las políticas gubernamentales. Birmania no tiene legislación antimonopolios que prevenga su formación. En muchos sectores importantes de la economía, el mercado es dominado por un pequeño grupo de compañías controladas por el CPDE. Los desplazamientos y el comercio se han visto seriamente restringidos por una serie de leyes, como la que prohíbe comerciar de una región a otra. Poseer moneda extranjera es ilegal. El Gobierno invierte poco y nada en infraestructura que se necesita con urgencia para el transporte, la electricidad, el abastecimiento de agua y otros sectores fundamentales. El acceso a las comunicaciones, como el correo electrónico e Internet es extremadamente limitado. Durante el levantamiento popular de septiembre de 2007, el Gobierno clausuró todos los servicios de telecomunicaciones.

Luego de que la mala administración del CPDE derivara en un alza de precios de hasta 400% e incluso 500%, en agosto y septiembre de 2007 se produjeron manifestaciones pacíficas masivas. En lugar de acceder a las exigencias populares en busca de alivio para la situación, las fuerzas armadas reaccionaron con mano dura, dispersando a los manifestantes violentamente y arrestando a cientos de monjes y civiles. Al 31 de enero de 2008 el régimen alojaba a 1.864 prisioneros políticos, unos 700 más que en 2006. Estas cifras no incluyen los arrestos efectuados desde las medidas represivas. Los prisioneros políticos son sometidos a torturas y otros malos tratos; a muchos se les ha negado el acceso a la atención médica esencial [2] .

Falta de recursos para salud y  educación

Hace muchos años que el régimen militar no revela sus asignaciones presupuestales. Sobre la base de la información que ha podido recoger, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que en 2007 el CPDE dedicó 40% del presupuesto total al sector militar, y sólo 0,4% a la salud y 0,5% a la educación [3] . No suministrar fondos suficientes para los servicios esenciales priva a los ciudadanos del goce de sus derechos a la educación, a la atención de la salud y a un estándar adecuado de vida. Muchos padres no pueden permitirse el gasto de enviar a sus hijos a la escuela; según la ONU [4] , la mitad de los niños del país no termina primaria. Los pobres no tienen acceso a hospitales ni a atención médica adecuada. Otros servicios sociales básicos son totalmente insuficientes para cubrir las necesidades de la población. Las fundaciones privadas y los grupos religiosos llenan algunos de los vacíos, al proporcionar centros sociales para discapacitados, huérfanos y ancianos; sin embargo, sus actividades están restringidas a servicios sociales específicos y a una cantidad limitada de personas.

Restricciones al trabajo humanitario internacional

La reglamentación del CPDE exige que toda ayuda extranjera se canalice a través del Estado. El régimen militar se adueña de una parte considerable de toda la ayuda que llega al país, reduciendo así de manera significativa, las cantidades disponibles para los beneficiarios originales. El régimen además ve con recelo a las organizaciones de ayuda y emplea una variedad de métodos para limitar sus actividades, como las restricciones para desplazarse, investigación de todo el personal birmano contratado por las organizaciones internacionales y acosos administrativos, como por ejemplo demoras o negativas en la renovación de pasaportes de funcionarios de la ONU destinados al país y negativa o revocación de permisos para celebrar reuniones [5] . El Fondo Mundial, una organización internacional que proporcionaba abundante asistencia humanitaria en Birmania, sobre todo en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, retiró su apoyo en diciembre de 1995, cuando las restricciones para desplazarse se volvieron en exceso gravosas [6] . Junto con los fondos insuficientes que proporciona el Gobierno, estas políticas constituyen una burda violación al derecho a la salud.

El impacto ambiental del comercio

El comercio exterior de Birmania se desarrolla en gran medida con los países vecinos, Tailandia, China e India. Las exportaciones básicas son madera, energía hidroeléctrica, gas natural y otros recursos naturales. La mayoría de los inversores extranjeros y de las compañías locales se concentran en la explotación de estos recursos no renovables en lugar de invertir en servicios o en la industria manufacturera. Sus actividades causan estragos ambientales y abusos a los derechos humanos, a la vez que privan a muchos birmanos del sustento y crean pocos empleos. A continuación se describen algunos ejemplos del impacto negativo de las políticas del CPDE en los derechos humanos.

Explotación forestal y minería

Luego del acuerdo de alto el fuego con las milicias de la etnia kachin en 1994, el régimen militar firmó un contrato que permitió a China despojar a los bosques de Kachin de sus valiosas maderas duras y de otras maderas. La deforestación resultante ha causado un aumento significativo de las temperaturas locales y derivó en una inundación devastadora en 2004 [7] . El Gobierno también vendió a las compañías chinas los derechos a la extracción de oro en el Irrawaddy, el río más largo de Birmania. Libres de los estorbos de los controles ambientales, estas compañías han volcado grandes cantidades de mercurio al río, poniendo en peligro la salud de gran parte de la población [8] . Las autoridades militares y las compañías mineras cosechan las ganancias de las ricas minas de gemas del país; Birmania produce rubíes de alta calidad y más jade que cualquier otro país del mundo [9] . Ni un ápice de esta riqueza beneficia al pueblo. Por el contrario, las minas se han convertido en una cloaca de contaminación a causa del uso descuidado de maquinarias y combustibles, además de ser escenario de flagrantes violaciones a los derechos humanos, que incluyen confiscaciones generalizadas de tierras, extorsión, trabajos forzados y trabajo infantil. El VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis se extienden con rapidez en las zonas mineras. Las drogas y las adicciones son cada vez más frecuentes, debido a la desesperación y la disponibilidad de drogas [10] .

Represas y energía hidráulica

Hace tres años el régimen militar firmó un memorando de acuerdo con Tailandia y China que permitía la construcción de una serie de represas hidroeléctricas a lo largo del río Salween. Desde entonces las violaciones a los derechos humanos – que incluyen reubicaciones forzadas, violaciones, trabajos forzados, confiscaciones ilegales de propiedad y asesinatos – se han vuelto frecuentes en la región, según la organización Salween Watch. En sólo uno de los predios, en Tasang en el estado de Shan, 300 mil personas han sido obligadas a reubicarse [11] .

El gasoducto

Un acuerdo comercial que autoriza la construcción de un gasoducto para la exportación de gas natural también ha generado atroces abusos a los derechos humanos. Para despejar el camino para el gasoducto de gas natural Yadana de 260 kilómetros de largo, que va desde el Mar de Andamán, atravesando Birmania hasta llegar a Tailandia, en la década de 1990 el Gobierno reubicó a los pobladores y confiscó sus tierras. Para construir la infraestructura del proyecto se hizo uso del trabajo forzado. Los pobladores fueron obligados a transportar armas y provisiones para los soldados que patrullaban la ruta del gasoducto y sufrieron asesinatos extrajudiciales, torturas, violaciones y extorsión [12] .

Desde 2000 la compañía coreana Daewoo se ha dedicado a la explotación de los depósitos submarinos de gas de la Bahía de Bengala, cerca de la costa del estado occidental de Arakan. El Gobierno ha incrementado enormemente la presencia de fuerzas militares en la zona para proteger el gasoducto y ha hecho uso del trabajo forzado y de la confiscación de tierras para construir cuarteles, puestos de avanzada y demás infraestructura para las fuerzas armadas. La extorsión, la violencia y otros abusos a los derechos humanos han aumentado en forma aplastante [13] .

La agricultura

En diciembre de 2005 Birmania firmó un acuerdo con Tailandia que destinaba 17,5 millones de acres (algo más de 7 millones de hectáreas) para la producción de caña de azúcar, aceite de palma, maíz, mandioca y caucho para abastecer las fábricas tailandesas [14] . Para cumplir con el acuerdo, el régimen militar confiscó tierras en los estados de Shan y Kachin. Con la ayuda del CPDE la Compañía Yuzana, que apoya a la junta de gobierno, se apoderó de más de 200 mil acres (80 mil hectáreas) de tierra en el valle de Hukawng para este proyecto [15] . Se llevan a cabo otros decomisos de tierra con diferentes propósitos en todo el país, privando a cientos de miles de personas de su sustento.

El trabajo infantil y los niños soldados

Birmania ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991. Como país signatario, Birmania tiene la responsabilidad de respetar los derechos de los niños y cumplir con sus obligaciones. No lo hace. De hecho, con frecuencia se usan niños para trabajar en proyectos de desarrollo y también se les obliga a ingresar al ejército, a veces por medio de golpizas y de amenazas. La organización Human Rights Watch estima que en el país hay 70 mil niños soldados [16] .

Los niños tampoco cuentan con la protección del Estado contra la explotación por parte de empresas privadas. Muchos trabajan para ayudar a sus familias a sobrevivir. Los empleadores a menudo los contratan para trabajar en salones de té, restoranes, obras en construcción y como trabajadores domésticos, ya que trabajan por menos dinero que los adultos. En lugar de ir a la escuela como debieran, deambulan por las estaciones de ferrocarril y ómnibus vendiendo agua, cigarrillos, periódicos y revistas.

Inequidad de género y derechos de la mujer

No hay una sola mujer birmana que ocupe un alto cargo en el gobierno. Esta carencia refleja los prejuicios tradicionales de los varones, además de ser política del CPDE. Ante la imposibilidad de encontrar empleo en otro lado, cientos de miles de mujeres birmanas buscan empleo en las ciudades fronterizas, principalmente en la industria del sexo [17] . Desde ahí, se las trafica con facilidad a países vecinos como esposas extranjeras o prostitutas.

El régimen militar firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1997, que obliga al Gobierno a proteger y promocionar los derechos de la mujer y a proporcionarles suficientes garantías sociales. A pesar de ello, el Gobierno no ha adoptado medidas eficaces para prevenir el abuso y el tráfico de mujeres, ni tampoco ha hecho nada por cumplir con su obligación de establecer programas para promocionar el empoderamiento de la mujer.

Minorías étnicas y derechos lingüísticos

Birmania es una nación multiétnica en la que se hablan más de 100 lenguas. El Gobierno jamás ha suministrado instrucción en lenguas étnicas, y aún menos en la literatura de estas minorías. Los grupos étnicos han mantenido viva su literatura enseñándola en monasterios e iglesias por cuenta propia. En algunos casos, las autoridades han prohibido estos esfuerzos por preservar la cultura. Algunos observadores y críticos denominan a esta opresión, “birmanización”.

Conclusiones

Todos los problemas que se han descrito reflejan la ausencia del Estado de Derecho. Una gobernanza que rinda cuentas y sea transparente, así como la reforma administrativa y de las instituciones, son requisitos indispensables para que se cumplan los derechos humanos. El éxito de una economía de mercado exige que el Gobierno deje de lado la intervención excesiva.

La sociedad civil es débil en comparación con la de los países vecinos. La Ley en relación a la formación de organizaciones de 1988 restringe su crecimiento. Como consecuencia, el país carece de campañas de la sociedad civil para exigir que el Gobierno satisfaga las necesidades del pueblo. Es necesario implementar mecanismos de monitoreo internacionales para garantizar que el pueblo obtenga el pleno beneficio de la ayuda extranjera, en lugar de recibir las sobras después de que el Gobierno saque su tajada. Además, el país requiere con urgencia un programa integral de desarrollo que promueva el desarrollo de los recursos humanos, la creación de empleos, la disminución de la pobreza y el desarrollo del sector social. Para que estas políticas sean plenamente eficaces deben ser formuladas por la población como un todo, incluyendo a los grupos socialmente desfavorecidos y las minorías étnicas.


 


[1] <www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76279>

[2] <www.aappb.org/release100.html>

[3] Mizzima News, 1º de enero de 2007.

[4] <www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76279>

[5] <www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75910>

[6] <www.sciencemag.org/cgi/content/summary/309/5739/1312a>

[7] Global Witness (2005). “A Choice for China: Ending the destruction of Burma’s northern frontier forests”

[8] Ningrang Tu Nan (n.d.). “Ecological Crisis: A Kachin Experience”. KachinNet.

[9] Human Rights Watch (julio 2008). “Burma’s Gem Trade and Human Rights Abuses”. Disponible en: <hrw.org/english/docs/2008/01/11/burma17729.htm>.

[10] Ibid.

[11] Salween Watch 2007, volumen 1, pp. 1, 3.

[12] <www.earthrights.org/site_blurbs/yadana_natural_gas_pipeline_project.html>.

[13] “Shwe Gas Report” por el Congreso General de Estudiantes y Jóvenes de Arakan, julio de 2006, p. 22.

[14] <ethnicvoices.civiblog.org/blog/Thailand>

[15] Grupo Noticioso de Kachin, 17 de agosto de 2007.

[16] Ibid.

[17] Asociación de Mujeres de Kachin en Tailandia(2005). “Expulsadas”, pp. 18, 20.