La crisis económica: hora de un nuevo acuerdo social

Edward Oyugi
Social Development Network, Nairobi, Kenia

La noción de que la crisis financiera mundial es sólo un síntoma de un problema más sistémico – una crisis de la “economía real” – está cobrando cada vez más fuerza, si bien es algo que quienes están al frente de estos asuntos se niegan a reconocer. No es posible reformar o reparar el sistema capitalista mediante medidas de seguridad social insuficientes que dejan intacto el meollo de su lógica societal. Únicamente la transformación total de la sociedad, organizada en torno a una nueva lógica, puede conducir a un mundo en el que la prioridad sea cubrir las necesidades de los seres humanos y no las ganancias empresariales.

El dinamismo y la riqueza global que el sistema capitalista ha logrado producir en los últimos 200 años se han conseguido a un costo elevado. La notable flexibilidad del sistema lo ha ayudado a superar numerosos desafíos internos y externos, pero a un costo importante para los grupos de interés humanos y, cada vez más, para el medio ambiente.

Al debilitarse su prosperidad histórica, tanto las víctimas como los beneficiarios del capitalismo se enfrentan a la difícil perspectiva de abordar el deterioro de la productividad, la falta de equidad, la pobreza generalizada y la agudización de la ineficiencia distributiva. Son cada vez más las personas que reconocen que la crisis financiera mundial de nuestros días constituye un mero síntoma de un problema más sistémico. La “economía real” está en crisis; una crisis del capitalismo que padece no ya de dolencias efímeras, sino de una enfermedad en fase terminal[1].

En el pasado, el capitalismo sobrevivía mediante el reiterado recurso de sanearse a sí mismo de la deuda y del endémico déficit social democrático traspasando el costo de los necesarios ajustes estratégicos hacia los débiles y los pobres. Las crisis finalizaban luego de una devaluación masiva o de la destrucción de capital, junto con el desempleo a gran escala y la caída de los salarios. Luego se restauraban las ganancias con renovadas o aun mayores perspectivas de tasas de crecimiento más elevadas.

Es así que el capitalismo destruye el tejido social al incrementar el desempleo, destruyendo barrios enteros y provocando tensiones sociales y violencia. Las consecuencias son la creciente desigualdad, el desempleo generalizado y niveles de pobreza inaceptables para la mayoría de la humanidad. Esta vez, las características genéricas son casi las mismas, pero los efectos del daño parecen resistirse a toda medida reparadora. Es así que:

• Las necesidades sociales y humanitarias continúan creciendo a medida que los recursos que se necesitan para paliarlas disminuyen en forma constante o, en muchos casos, sencillamente se evaporan. La situación de Grecia en 2010 es un ejemplo de ello.
• La cohesión social padece niveles de estrés que no se han visto en decenios, debido sobre todo a que los grupos menos favorecidos compiten por servicios cada vez más escasos, mientras que hay más y más familias ‘nuevas’ que se vuelven vulnerables y por lo tanto requieren apoyo externo de fuentes no tradicionales.
• Los logros alcanzados en diferentes regiones durante el último decenio corren peligro de perderse por completo, no sólo en las economías menos adelantadas sino también en las más desarrolladas.
• Si el crecimiento se alimenta del desempleo, se trata de un crecimiento artificial.

El marco sistémico de la crisis

Las políticas neoliberales, que persiguen los intereses corporativos impulsados por los diferentes sectores, son las que han dado lugar a esta crisis. Sin embargo, no es del todo cierto que el neoliberalismo signifique la desregulación de los mercados; se trata más bien de la regulación no declarada del mercado a favor de los intereses de los dueños del capital, cosa que el tema de las patentes deja en evidencia. Desde tiempos inmemoriales, la “propiedad intelectual” no estaba regulada; los hombres y las mujeres que inventaron la rueda y las técnicas agrícolas no obtuvieron ganancias con sus inventos, a pesar de que todas las generaciones posteriores los han utilizado. Es sólo bajo el capitalismo que las corporaciones se apresuran a patentar no sólo sus propios descubrimientos e invenciones sino también los de otras personas. Así, por ejemplo, las compañías farmacéuticas obtienen ganancias escandalosas al vender medicamentos que salvan vidas a precios que condenan a la muerte a la mayoría de los pacientes que los necesitan. De modo que, cuando se habla de la regulación o falta de ella, es importante darse cuenta de que ambas modalidades podrán favorecer a los intereses hegemónicos en el marco de una economía política específica. Si se analiza más de cerca lo que aparenta ser una regulación leve, se podrá ver que en realidad se trata de una regulación sutil que favorece los intereses del segmento gobernante de la sociedad.

Por lo general, el neoliberalismo se ha asegurado de que se supriman las regulaciones que protegen en especial a los menos favorecidos económicamente y a la población en general. Es por ello que, desde 1980 a la fecha se ha llevado a cabo una desregulación desenfrenada en la mayoría de las economías capitalistas, que se ha extendido con rapidez en todos los regímenes que se encuentran bajo la influencia del FMI y el Banco Mundial. En 1999 se revocó la ley Glass-Steagall, allanando así el camino para que el neoliberalismo pudiera extender sus raíces en la economía mundial a través del Consenso de Washington. Esta ley se había aprobado en 1933 en medio del derrumbe del sistema bancario para separar la banca comercial (recibir depósitos y otorgar préstamos) del negocio mucho más riesgoso de la banca de inversiones (garantía y venta de bonos y acciones) y ayudó a detener la corrida bancaria. Luego de la desregulación, la enérgica “revolución de la securitización” que tuvo lugar a continuación ayudó a consolidar a los guerreros por excelencia de la economía capitalista mundial – los estafadores de Wall Street.

El sistema se basa en la interacción no planificada de miles de corporaciones multinacionales y de los principales gobiernos del norte. Se asemeja a un sistema de tránsito sin demarcación de carriles, señalización, semáforos, límite de velocidad y ni siquiera un código claro que establezca que todos deben conducir por el mismo lado de la calle. Debido a ello, será sin duda muy difícil evitar que el derrumbe del sector financiero se generalice y se convierta en algo mucho más serio en los próximos meses o años. Cuanto antes reconozcamos que sólo una minoría se beneficia del capitalismo, antes podremos generar una solución democrática para la mayoría. Si la causa de estas miserias sin fin es sistémica, la solución también debe serlo.

Los transmisores del impacto

Los procesos de la integración económica internacional dejan a los estados periféricos – y a los estados pobres en especial – con cada vez menos autoridad para regular las condiciones que definen las relaciones entre el capital y el trabajo, los mecanismos operativos y las condiciones de acceso a los mercados internos y el monto de la adjudicación presupuestaria para el desarrollo social equitativo. Dado que los estados aún constituyen el marco legítimo para los sistemas formales de participación política, amenaza el peligro de que se produzca un vacío de legitimidad a medida que estos procesos extienden su influencia a toda suerte de jurisdicciones ilegítimas.

Para muchos de los países y sociedades del sur, la integración acelerada a la economía mundial se ha visto acompañada de desigualdad y marginación cada vez mayores. Al afrontar los efectos de la globalización neoliberal, se han debilitado los marcos e instrumentos institucionales de política social tanto nacionales como locales, volviéndose ineficaces. Las entidades supranacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) dan forma no sólo a la distribución, regulación y provisión sociales y mundiales, sino también a las exenciones de políticas sociales nacionales y locales, lo que trae como consecuencia el desempoderamiento de grandes segmentos de la sociedad[2].

Lamentablemente, son pocos los países del sur que cuentan con el pulso firme necesario para volver a empezar y recuperar el espacio político y así poder proteger a los sectores vulnerables de sus sociedades, o para cortar los canales de transmisión que han traído los efectos de la crisis a los hogares y lugares de trabajo de las y los desamparados. En ámbitos macroeconómicos, los países en desarrollo se han visto afectados por la crisis sobre todo a través de los siguientes mecanismos de transmisión:

• Los mercados financieros desregulados.
• El comercio internacional desequilibrado a favor de las poderosas economías industriales del norte.
• El flujo desregulado de capital hacia los refugios más atrayentes para la acumulación de capital.
• La deficiente presupuestación gubernamental.
• La ayuda contraproducente.
• La corrupción.

Los mecanismos de protección social que podrían obviar la malévola influencia de todo esto se ubican en diversas categorías con sus respectivos instrumentos de intervención. En primer lugar, en cuanto a la protección, la ejecución de medidas tales como la asistencia social por medio de transferencias públicas y privadas, prestaciones por discapacidad, pensiones y servicios sociales podría brindar alivio inmediato a las personas más vulnerables de todas las sociedades. Por ejemplo, el Banco Mundial estima que en Kenia las remesas redujeron la cantidad de personas que vivían en la pobreza absoluta en 8,5%[3]. Aun así, el país experimentó una brusca caída de más del 10% en sus remesas internacionales en la segunda mitad de 2008.

En segundo lugar, en lo que se refiere a la prevención, poner en marcha mecanismos tales como seguros sociales, transferencias sociales y sociedades de ahorro podría contribuir a prevenir los perjuicios sufridos por las estrategias y los mecanismos tradicionales de afrontamiento. En tercer lugar, en el entorno de la promoción existe una gran variedad de oportunidades económicas que se podría poner a disposición de la población mediante instrumentos tales como el acceso fácil y sostenible al crédito, la exoneración de la matrícula escolar, programas de alimentación escolar, programas de obras públicas y paquetes de asistencia para la iniciación agrícola. Por supuesto que tales iniciativas promoverían la flexibilidad mediante el aumento de la diversificación de los medios de vida y de la seguridad social en general.

Por último, en cuanto a la transformación social, se podrían abordar los diferentes tipos de vulnerabilidad subyacente mediante mecanismos de protección social[4] que van desde la promoción de los derechos de las minorías al establecimiento de los fondos sociales adecuados para el diseño de políticas antidiscriminatorias. Tales iniciativas facilitarían a su vez la conveniente transformación de las relaciones sociales, lo que conduciría a una notoria reducción de la exclusión social que se ha constituido en la causa de conflictos intermitentes.

Los desafíos de la protección social

La crisis actual ha afectado a muchos sectores de la sociedad, aunque de diferentes maneras y según la ubicación geográfica, la situación socioeconómica y la fuente primaria de medios de vida. Los países que cuentan con movimientos sociales sólidos y una notable tradición en procesar los reclamos sociales a favor de los más vulnerables (tales como Indonesia, Filipinas y algunos en América Latina) han construido sobre la base de las dinámicas de reforma en curso con extraordinario éxito.

En Indonesia, por ejemplo, el Gobierno vio la conveniencia de establecer una Unidad para el Control y la Respuesta a la Crisis como un primer paso en sus intentos coordinados de abordar los efectos de la crisis financiera. Además, se comprometió a revisar el presupuesto en forma drástica, para poder incluir los elementos adicionales de una estrategia de estímulo fiscal que perseguía tres objetivos principales: aumentar o mantener el poder adquisitivo de la población, estimular el comercio y promover las actividades emprendedoras, y acelerar la creación de puestos de trabajo y fomentar el crecimiento de la pequeña empresa. Debido a las favorables condiciones iniciales y a las respuestas políticas oportunas, hasta el momento la economía de Indonesia ha sobrellevado la tempestad con tasas de crecimiento que continúan relativamente altas y tendencias que siguen siendo positivas con respecto a la reducción de la pobreza. Por el contrario, en la mayoría de los países africanos los movimientos sociales son débiles y existen pocas medidas concretas para aliviar la apremiante situación de los pobres.

No hay duda que uno de los problemas más graves que ha causado la crisis económica es el desempleo prolongado que parece haberse instalado. Por lo general, el ritmo de la recuperación económica va muy a la zaga del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, existe una intervención prometedora que combina la creación de puestos de trabajo con la mejora de las opciones de medios de vida. Si se elabora teniendo en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables, una política de protección social de este tipo puede favorecer tanto al desarrollo como a la equidad de género. Para ello será necesario establecer un marco político de seguridad social e instrumentos que promuevan el desarrollo social equitativo para que exista la posibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La protección social puede desempeñar un papel integral en la mitigación del impacto debilitante de la pobreza, sobre todo en una crisis como la actual. En ese sentido, constituye una importante política contracíclica. Sin embargo, las respuestas de la protección social a la crisis capitalista neoliberal en curso han sido, como mínimo, imperceptibles además de caóticas. Ciertos países han elegido una amplia gama de medidas de protección social y algunos han puesto en práctica su intención de cumplir con los compromisos asumidos antes de la crisis. Entre los países en desarrollo, Kenia y Uganda están en esta categoría. Otros, como Ghana, han hecho intentos aún mayores por exceder el nivel de cobertura anterior a la crisis, incluso a riesgo de aumentar el déficit fiscal ya casi insostenible. Sin embargo, una gran cantidad de países han pospuesto sus medidas de protección social y han optado en su lugar por abordar los desafíos de la estabilización macroeconómica. Por ejemplo, Nigeria ha preferido poner en marcha un régimen de estímulo fiscal y al mismo tiempo regular el déficit que es cada vez mayor. Ello sólo será posible mediante la cuidadosa reducción del gasto en el sector social que podría, de otro modo, dar lugar a conmociones microeconómicas.  

Además de las presiones económicas, algunos países también sufren duros golpes que afectan el desarrollo humano y la estabilidad socioeconómica, debido a las restricciones a las políticas internas que se requieren para tomar medidas decisivas. Si bien las economías avanzadas y emergentes cuentan con cierta capacidad de maniobra, muchas de las economías en desarrollo se enfrentan a la doble traba de los déficits gubernamentales y de cuenta corriente. En consecuencia, su entorno político y fiscal se ha reducido. En un momento en que deberían estar poniendo en práctica políticas contracíclicas con objetivos precisos y extendiendo el gasto gubernamental en el sector social, se ven obligados a tomar el camino contrario.

Todos los países deben ser capaces de introducir políticas contracíclicas con ayuda internacional, para revertir las tendencias de la demanda insuficiente y el creciente desempleo. Para ello, es imperativo que haya facilidades especiales para el préstamo en condiciones favorables. Documentos recientes del FMI y el Banco Mundial parecen reconocer y valorar las lecciones aprendidas en las crisis anteriores y las políticas de ajuste estructural que les siguieron; no obstante, se oye nuevamente la afirmación de que se deben mantener las políticas macroeconómicas “prudentes”. Por eso la primera pregunta suele ser si los países en desarrollo pueden “afrontar” la adjudicación presupuestaria que se necesita para promover la seguridad social tanto para hombres como para mujeres.

Es necesario un nuevo acuerdo social

Existe una incitación apremiante a adjudicar, racionalizar y gastar los recursos para la protección social en forma más eficiente. En la actualidad, los intentos pertinentes siguen estando fragmentados y mal enfocados en lo que se refiere a la programación, a los objetivos estratégicos y a las formas de ejecución. Será necesario realizar gastos presupuestarios a gran escala y a largo plazo, además de obtener el apoyo de los donantes, para que los proyectos de protección social alcancen y beneficien a quienes se han visto empobrecidos por la crisis. Los desafíos sistémicos son varios, lo que está relacionado con la necesidad de integrar la seguridad social a las exigencias de reforma democrática y social. Será necesario realizar un reajuste general de los sistemas económicos, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

• La estabilización del empleo.
• El equilibrio entre los sectores privado y público.
• La extensión de la cobertura de los sistemas de seguro social básicos a los sectores tanto privado como público.
• Nuevas relaciones laborales que busquen reincorporar un equilibrio de poderes adecuado entre el capital y el trabajo.
• La equidad de acceso y distribución de recursos para el desarrollo social.

La protección social ya no puede permanecer aislada e inconexa de la lucha de la sociedad por la renovación democrática. La exigencia para su cumplimiento debe estar entretejida en la instalación democrática de la economía política de las naciones así como de su potencial democrático. Ese tipo de economía política requiere de un Nuevo Acuerdo que se fundamente firmemente en un nuevo contrato socialdemócrata que vaya más allá del sueño de Franklin D. Roosevelt, que era salvar al capitalismo de la depresión de 1929. Es claro que Roosevelt no fue electo por su programa del Nuevo Acuerdo, y que cuando asumió la presidencia de Estados Unidos no tenía intenciones de poner en marcha políticas relacionadas con este nuevo acuerdo. Se convenció de la necesidad de ello debido a las presiones intimidantes y la amenaza de disturbios masivos posteriores a las señales reveladoras de una crisis varias veces presagiada por los detractores del sistema. Evidentemente, se trató de una disyuntiva entre otorgar reformas y concesiones desde arriba o arriesgar una explosión social potencialmente incontrolable desde abajo.

A pesar de que el Nuevo Acuerdo de Roosevelt logró apaciguar los ánimos en cierta medida mediante la creación de empleos a través de la realización de enormes proyectos de obras públicas, no fue de ningún modo suficiente para garantizar la supervivencia a largo plazo de un sistema cuya lógica motriz se agota en sus fundamentos democráticos. Lo que realmente logró sacar a EEUU de la Gran Depresión fue la II Guerra Mundial[5]. Es decir, fue la producción para una guerra que mató a millones de personas y redundó en miles de millones en ganancias para la economía empresarial mundial lo que “salvó” al capitalismo estadounidense, convirtiéndolo en pionero de la economía de mercado mundial.

El papel de la seguridad social

En un futuro previsible, la protección social seguirá siendo un conjunto fragmentario de medidas paliativas sin coordinar, mal enfocadas y siempre reactivas, que ya no son suficientes para enfrentar los desafíos a largo plazo del capitalismo neoliberal. La situación exige repensar profundamente los principios, así como las políticas subyacentes de nuestro contrato social heredado y del paradigma político y económico que inspira su diseño y arquitectura. Es necesario comenzar de cero y repensar las funciones adecuadas de todos los sectores que conforman la economía: el estado, la sociedad civil, la ciudadanía y el medio ambiente.

El complejo – y en gran medida tácito – acuerdo entre el estado democrático, el mercado social y la sociedad no hegemónica debe proporcionar la seguridad social necesaria para empoderar a ciudadanos y ciudadanas de modo que puedan navegar en medio de una economía política dinámica que sirva a todos los integrantes de una sociedad. Sin embargo, existe una situación que empeora y que ha desafiado las explicaciones tradicionales de los apologistas del capitalismo neoliberal. Los programas de pensiones y oportunidades de empleo confiables desaparecen en la jungla de la economía de mercado desregulada, a la vez que las condiciones sanitarias de la mayoría de los ciudadanos se deterioran sin señales de que la recuperación que se aguarda con tanta impaciencia vaya a traer cambios positivos. El salario real permanece estancado, la desigualdad de ingresos y riqueza alcanza niveles sin precedentes y más familias descienden de la clase media. La situación exige un acuerdo totalmente nuevo, elaborado con el objetivo de renovar la moribunda economía de mercado neoliberal.

Esta nueva economía social de mercado deberá reacomodar el equilibrio de poder entre el capital y el trabajo, el estado y la sociedad, el ámbito rural y el urbano, el norte y el sur, el centro y la periferia. Se deberá elaborar un contrato social que promueva el crecimiento a largo plazo y la prosperidad ampliamente compartida, además de brindar apoyo a individuos y familias no como empleados sino como ciudadanos. También deberá ser posible realizar propuestas políticas concretas con respecto a la atención sanitaria asequible para todos, la propiedad de activos de acceso general, la seguridad de las pensiones y la educación permanente.

Las necesidades humanas al frente

En algún momento los pueblos del mundo se darán cuenta de que la causa de tanta inestabilidad económica y miseria entre la mayoría de los integrantes de nuestras sociedades es el capitalismo en sí, y no este o aquel individuo o partido deshonesto o corrupto. No obstante, son muchos quienes aún se aferran, con poco sentido realista, a las ilusiones acerca de la eficacia de las diversas formas de paquetes de estímulo enfocadas en salvar al capitalismo de su propia lógica autodestructiva. En cierto modo no podría ser de otra manera, dado el desequilibrio de las fuerzas sociales que se enfrentan en aras de una redefinición democrática del futuro de la humanidad. Si bien crece la presión ejercida por las fuerzas populares a favor del cambio, aún no cuentan con la fuerza suficiente para lograrlo.

De modo que si bien no se puede seguir actuando de manera imprudente en contra de las reformas, aun aquellas con un mínimo contenido socialdemócrata y que ofrecen más que nada medidas paliatorias, se debe mantener una postura firme en contra del reformismo, en especial del que aduce que el sistema capitalista neoliberal puede, de alguna manera, transformarse en un sistema más amable, manso y sensible con respecto a la crecientemente grave situación de sus víctimas. Por su propia naturaleza, el sistema se basa en la explotación de muchos por unos pocos, en la propiedad y el control de la vasta mayoría de las riquezas de la sociedad por un sector minúsculo de la población. No es posible reformar o reparar el sistema capitalista mediante medidas de seguridad social efímeras que dejan intacto el meollo de su lógica societal. Únicamente la transformación total de la sociedad, organizada en torno a una nueva lógica, puede dar como resultado un mundo en el que la prioridad sea cubrir las necesidades de los seres humanos y no las ganancias empresariales.