Menos desigualdad, un poco más de fraternidad

Publication_year: 
2012
Summary: 
La crisis económica ha incidido negativamente en la sociedad francesa. Si bien la economía ha repuntado, el desempleo y la desigualdad se han visto acrecentados, a la vez que la competitividad ha aumentado en detrimento de valores como la fraternidad y la solidaridad. Mientras, el país se ve amenazado por importantes problemas ambientales, entre ellos la contaminación del aire y del agua y la pérdida de ecosistemas. Los compromisos asumidos en pos del desarrollo sustentable deben ser pensados, más allá de las fronteras nacionales y europeas, en relación a su impacto mundial. La sociedad civil debe aportar al debate de las próximas elecciones presidenciales.

Secours-Catholique / Catholic AID
Grégoire Niaudet

La crisis económica ha incidido negativamente en la sociedad francesa. Si bien la economía ha repuntado, el desempleo y la desigualdad han aumentado, a la vez que la competitividad aumenta en detrimento de valores como la fraternidad y la solidaridad. Mientras, el país se ve amenazado por importantes problemas ambientales, entre ellos la contaminación del aire y del agua y la pérdida de ecosistemas. Los compromisos asumidos en pos del desarrollo sustentable deben ser pensados, más allá de las fronteras nacionales y europeas, en relación a su impacto mundial. La sociedad civil debe aportar al debate de las próximas elecciones presidenciales. 

El país ha sido fuertemente afectado por la crisis económica mundial.  La base de protección social y los amortiguadores sociales de que dispone han permitido atenuar en parte las consecuencias de la crisis, pero el desempleo, la principal preocupación de los franceses, ha alcanzado a cerca del 10% de la población activa. Esto va acompañado de un nivel de deuda pública preocupante, propulsado por el prolongado desequilibrio de la balanza de comercio exterior y además por un notorio déficit de competitividad. A nivel social, se traduce en un empobrecimiento de las poblaciones más frágiles y en una acentuación de las desigualdades que beneficia a los sectores más ricos de la sociedad.

Compromisos a nivel mundial

El mundo ha cambiado profundamente desde la Conferencia de Río en 1992. Por un lado, el espacio económico se globalizó y desde entonces está marcado al mismo tiempo por el despegue económico de los países emergentes y por una crisis sistémica que afecta principalmente a los países industriales a la vez que reúne aspectos ecológicos, sociales, económicos y políticos. Por otro lado, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la necesidad de un acceso más equitativo a los recursos naturales, señalan la urgente necesidad de una gestión común del planeta.

  • La reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza constituyen la primera de las prioridades: la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, aun cuando se observa una incapacidad por parte de los Estados, a pesar del crecimiento global, para mantener los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las desigualdades se agudizan y el hambre sigue afectando a mil millones de habitantes;
  • la construcción de un sistema de protección social que beneficie a todos los pueblos, aún cuando la globalización de la economía se traduce a su vez en una selección competitiva de los trabajadores de los diferentes países y en el perjuicio de los sistemas de protección social allí donde estos existen, para responder a las exigencias de competencia industrial;
  • la lucha, a nivel internacional, contra la crisis sanitaria: se observa hoy en día un aumento de las enfermedades crónicas en el planeta en su conjunto, las cuales reemplazaron a las enfermedades infecciosas a lo largo del último siglo, fenómeno conocido también con el nombre de “transición epidemiológica”. Esta crisis impacta en el conjunto de la economía y en el campo social, poniendo en riesgo a los sistemas de salud y de seguros por enfermedad allí donde estos existen.

La globalización de la economía en un contexto de competencia económica desregulada se traduce en una acentuación de las desigualdades. Esta adquiere diversas formas: la selección competitiva de agricultores en condiciones desiguales, el hundimiento económico de territorios afectados por la pérdida de actividades industriales, diferencias en cuanto a los ingresos, que no dejan de acentuarse en la mayoría de los países, desigualdades en cuanto al acceso a la salud y a los cuidados, y el confinamiento de una población en una situación de exclusión, el debilitamiento de los sistemas de protección social, etc… Estas degradaciones sociales, además de las cuestiones políticas y éticas que plantean, tienen un costo considerable que pesa sobre las economías: necesidad de aportar ayudas para compensar las disparidades y para solucionar las situaciones de naufragio, dificultad creciente de reintegración a la vida activa, degradación de la situación sanitaria…
Lamentablemente se trata de costos indirectos ya a que se los transfiere a las generaciones futuras o quedan bajo la responsabilidad de otros actores económicos, y sobre todo de  la colectividad.

Desarrollo sustentable y desarrollo social concuerdan en cuanto a balances similares,  comparten preocupaciones sociales y apuntan a objetivos comunes. La transición hacia un futuro colectivo deseable implica renegociar un contrato social que se desarrolle en torno a un compartir responsabilidades, a la afirmación de los derechos, y a la renovación de las solidaridades y la solidaridad intergeneracional.

El “Preámbulo” de la Constitución de 1946 hacía de los derechos sociales prerrogativas de los ciudadanos. El aparato de seguridad social del Estado del bienestar combinaba un mecanismo de seguro con un sistema de financiamiento, a través de impuestos, destinado a asegurar prestaciones uniformes para todos los miembros de la sociedad. En el núcleo de este modelo de redistribución estaba el trabajo, como principal medio de acceso  a los derechos. Ahora bien, desde la década de 1970 y la aparición del desempleo en masa, el Estado de Bienestar ha sufrido una crisis que es al mismo tiempo financiera, de legitimidad y de eficiencia. El sistema de redistribución horizontal pierde fuerza mientras que una parte creciente de la población ya no puede participar en el sistema de seguros. La incertidumbre frente al futuro refuerza la presión sobre los medios profesionales, pero a su vez sobre los individuos. El trabajo ha dejado de ser sinónimo de bienestar. Las exigencias de productividad y de eficiencia actúan como fuentes de presión y de malestar, dando paso a un mundo laboral extremadamente duro, excluyente y exigente.

Creciente desigualdad

El año 2011 fue de repunte económico, pero los beneficios de ese crecimiento favorecieron únicamente a los más ricos. Las desigualdades van en aumento: un estudio del Instituto nacional de estadística y estudios económicos (INSEE, por sus iniciales en francés) publicado en abril de 2011, mostró que, entre 2004 y 2007, los ingresos más altos aumentaron en forma más rápida que los del conjunto de la población. Para el 90% de la población, el crecimiento conjunto de los ingresos fue levemente inferior a un 10%; sin embargo, para el 1% de la población que cobra más de 84.500 euros (115.798 USD) lo fue de un 20 a un 40%. Una repartición más justa de la riqueza, entonces, vuelve necesaria una reforma de la fiscalidad, un agravamiento impositivo del capital y también la reducción o la supresión de ciertos nichos fiscales.

Los motores del incremento de la desigualdad en los países desarrollados son claros: la contrarreforma fiscal caracterizada por la baja en los niveles de imposición sobre los más ricos, la explosión de los ingresos financieros y las reorganizaciones productivas. En el contexto de la evolución de la crisis, además, estos fenómenos no dejan de acentuarse, ya que los Estados, a efectos de asegurar las prerrogativas de las finanzas, absorbieron la parte principal del costo de la crisis concediendo préstamos a los bancos. Y como corolario de ello han sido implementadas políticas de austeridad en numerosos países, que pesan fuertemente sobre los sectores más vulnerables de sus poblaciones, agudizando las desigualdades.

Ahora bien, las soluciones ofrecidas en términos de desarrollo social –desde hace unos treinta años– y de desarrollo sustentable –desde hace 15 años–, no están a la altura de los desafíos identificados. La visión social del desarrollo sustentable deberá apoyarse en varias prioridades: la reafirmación de los derechos fundamentales y la necesidad de cuestionar nuestras necesidades; la cooperación de los actores y la participación de cada uno a efectos de enriquecer los proyectos locales, y más ampliamente, contribuir a la renovación de las políticas públicas locales.

Vulnerabilidad energética y ambiental El efecto combinado del incremento en los precios de la energía, las crecientes inequidades sociales y el deterioro de la vivienda contribuye a la expansión de la pobreza energética y la carencia de energía a nivel doméstico. Es de suma importancia reducir los costos para propietarios e inquilinos en situación de riesgo. La falta de transparencia en cuanto al costo de la energía también pone en peligro a las personas más vulnerables, que son además quienes están más expuestos a los desastres naturales. La tormenta Xynthia causó 59 muertes, inundó puertos, destruyó casas y dejó a un millón de hogares sin electricidad en 2010. Los franceses y francesas pagaron un precio muy alto en términos de vidas humanas para llegar a entender el peligro implicado. Es necesario reducir la vulnerabilidad de las personas afectadas por desastres naturales. Los huracanes, tormentas e inundaciones cada vez más frecuentes son signos claros del cambio climático: una situación que muchos consideran sólo podrá empeorar.

En el contexto de crisis, estas nociones deben definir las prioridades del desarrollo social sustentable. Las preocupaciones relacionales bregan por adoptar una visión integrada de los desafíos sociales, medioambientales y económicos, por el acceso a los recursos para todos y la redistribución de las riquezas. El desafío social y democrático encontrará sus respuestas en nuevas perspectivas colectivas, en torno a un proyecto de futuro compartido que tenga sentido para cada individuo. El desarrollo sustentable es también dar a cada uno un lugar en la co-construcción del futuro, ofreciéndole los medios de desarrollar sus propios talentos dentro de una sociedad que tenga una fuerte dimensión relacional.

La acentuación de las desigualdades, la degradación de la protección social, la individualización de los riesgos y la incertidumbre en cuanto al futuro conducen a comportamientos individualistas debido a la falta de una clara estrategia colectiva; ahora bien, lo que se vuelve necesario para enfrentar los desafíos del cambio climático es precisamente un compromiso colectivo, de manera que en tanto sociedad sean repensadas las pautas de consumo y los modos de vida, para acercarse a un modelo de desarrollo sustentable.

Las elecciones presidenciales fijadas para el primer semestre del 2012, así como la presidencia francesa del G20, ofrecen la oportunidad a la sociedad civil de aportar al debate. Deben ser también la ocasión de abrir nuevas vías, de repensar los objetivos y la estrategia del desarrollo económico y del progreso social y de orientar nuestras sociedades hacia un cambio de paradigma, conducido por una transición social y ecológica. Reconstruir la justicia y la cohesión social es un medio de salir de la crisis y no un lujo al cual hay que renunciar.

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