Inseguridad en medio de la riqueza

John Foster
North-South Institute

La economía canadiense sigue a la vanguardia de la OCDE en muchos sentidos. El gobierno federal, luego de casi una década de superávits, prevé otro superávit aun mayor que sus propias predicciones. El nivel de empleo es relativamente alto a pesar de la crisis en la industria manufacturera. Sin embargo, los canadienses de a pie están preocupados, y por una buena razón. La desigualdad aumenta día a día en la sociedad, mientras se socavan las políticas públicas que combaten la injusticia y mantienen la seguridad social.

El ‘sistema’ de apoyos sociales de Canadá es una compleja ‘colcha de retazos’ cuyos orígenes se remontan a la década de 1920. En 1965 se instauró a nivel nacional el Plan de Pensiones de Canadá, constituido por pensiones universales, contributivas y transferibles con fondos invertidos por el gobierno. En 1966 el gobierno federal asumió 50% de los costos de la asistencia social con el Plan de Asistencia de Canadá, que estableció garantías nacionales y el principio del derecho a la asistencia social, y otorgó a las personas pobres el derecho jurídico a reclamar contra la reducción o la negación de las prestaciones. Este elemento fundamental del reconocimiento de los derechos se eliminó en 1996 y con él desaparecieron las normas a nivel nacional y el concepto del derecho a la asistencia social.


Más trabajo, menos ingresos

La desigualdad va en aumento. Según lo documentó en un estudio sobre las familias canadienses, la integrante de Social Watch Armine Yalnizyan (2007) señaló que “en 2004, el 10% más rico de las familias ganaba 82 veces más que el 10% más pobre, casi el triple de la relación en 1976, cuando ganaba 31 veces más”.

Entre 1976 y 1979 el 50% más pobre de la población percibía 27% del total de los ingresos. Entre 2001 y 2004 ese porcentaje bajó a 20,5%, aunque trabajaban más. Hasta 80% de las familias perdieron terreno o se estancaron en comparación con la generación previa. Esto sucede a pesar de que 90% de las familias trabajan más (200 horas más por año) que en 1996.

Para quienes tienen trabajo la realidad es que los salarios reales promedio (los sueldos ajustados a la inflación) no subieron en más de 30 años. La economía ha crecido 72% entre 1975 y 2005 en términos reales per cápita. La productividad laboral (en PBI por hora) creció 51%. Antes de 1975 el salario real por hora crecía de manera constante, pero a partir de ese año se estancó.

Este estancamiento de los salarios es un factor importante para explicar el crecimiento de la disparidad en los ingresos y de la inseguridad. En función de la economía en general, queda claro que algunos se benefician, y se benefician enormemente. La proporción del lucro de las empresas en la economía tuvo un aumento constante y ahora ocupa su punto más alto desde 1961, con 33,68% de la torta económica.

El gobierno federal podría innovar y tomar el timón para garantizar la seguridad de todos y todas. Hasta 2006 había gozado de nueve superávits sucesivos en su presupuesto. Las proyecciones para 2007-2008 indican un superávit superior a los CAD 3.000 millones (USD 2.870 millones) según la proyección inicial del gobierno.


Una sensación de inseguridad

En una encuesta realizada por el Canadian Centre for Policy Alternatives (parte de Social Watch Canadá) la mayoría de la población (65%) indica que el crecimiento económico no los beneficia. Muchos expresan que sólo “el cheque del sueldo semanal los separa de la pobreza” (CCPA, 2006).

La población cree que la desigualdad está creciendo, sin que esa creencia varíe significativamente entre los distintos sectores de ingresos. Aproximadamente 65% cree que los canadienses más ricos son quienes se benefician del crecimiento y la prosperidad económicos.

Asimismo creen que la creciente desigualdad fomentará el incremento de la delincuencia, aunque los actos delictivos en gran medida han descendido en los últimos años. Creen que la sociedad se caracteriza cada vez más por el egoísmo. Se preocupan porque sus hijos e hijas ya no vivan tan bien como antes. Los canadienses ven en una sociedad más desigual a una sociedad más similar a la de Estados Unidos.


Nubes en el horizonte

Acaso las amenazas más graves que enfrenta la capacidad del país para garantizar a su gente una mayor seguridad social o humana radica en el compromiso asumido por algunos de sus gobiernos para incrementar los privilegios de ciertos poderes (particularmente en el sector empresarial) y para reducir la capacidad (algunos la llamarían soberanía democrática) de los propios gobiernos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) actuó como un freno a la intervención estatal y reforzó la desigualdad en la distribución del ingreso. El más destacado de los procesos en curso es la Asociación de Seguridad y Prosperidad entre Canadá, Estados Unidos y México. En este proceso dirigido por los poderes ejecutivos se incluye una innumerable cantidad de comités administrativos trinacionales que trabajan por la liberalización y la ‘armonización’ de sus prácticas, así como en un gran conjunto de medidas de seguridad y contralor que afectan el movimiento de la gente, la supervisión de las fronteras y priorizan el movimiento de productos y el comercio internacional.

Una iniciativa en el plano provincial, el llamado Acuerdo sobre Comercio, Inversiones y Movilidad Laboral entre las provincias de Columbia Británica y Alberta, amplía el privilegio de las empresas al permitir que los intereses privados reciban indemnizaciones de hasta CAD 5 millones en demandas contra presuntas violaciones por parte de los gobiernos provinciales, las empresas públicas, las autoridades educativas o los gobiernos municipales. La decisión final correspondería a los tribunales comerciales y no a las cortes canadienses. Como señalara un experto académico, “el acceso sin restricciones del sector privado a los mecanismos de resolución de disputas… convertiría a casi todo proyecto provincial o municipal en objeto de ataques” (Helliwell, 2007). Esta medida es una ampliación invasiva de los privilegios empresariales creados por el TLCAN (capítulo 11). Ha sido rechazada por el gobierno de la provincia de Saskatchewan, pero está siendo considerada por otros.


¿Quiénes se benefician?

El gobierno es la garantía de que la situación de la clase media no se haya deteriorado, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido y Países Bajos. Canadá experimentó el crecimiento de la clase media, de 33% a 37% de la población en las dos décadas anteriores a 2000. Los factores esenciales han sido las políticas de Estado: las exenciones fiscales para los ahorros con fines jubilatorios, el seguro público de atención médica, las exenciones fiscales para la compra de la primera vivienda y mucho más.

Pero, ¿esas políticas cuidadosamente instrumentadas, concentradas en la clase media, ayudan también a las personas pobres? Según la OCDE, Canadá dedica 64% del gasto a los cuatro décimos de la población que corresponden a la clase media y apenas 22% a los tres décimos que corresponden a los más pobres[1]. Los recortes impositivos no ayudarán a mejorar la política de ingresos para permitir que los más pobres salgan de la pobreza.


Elementos persistentes de la seguridad social

Trabajo digno con salario digno. El nivel de empleo es relativamente alto en la actualidad, con la disminución de la fuerza de trabajo nacional, una mayor dependencia de la inmigración y la expansión del interés por la mano de obra extranjera que por su carácter temporal, carece de las garantías que proporcionaría la protección sindical. Una de las garantías fundamentales es la de los niveles de salario mínimo en los sectores federal y provincial del mercado de trabajo. En la actualidad hay señales positivas que indican que en varias provincias los salarios mínimos están subiendo (aunque no necesariamente a ingresos del nivel de la línea de pobreza), en parte debido a las campañas públicas del movimiento sindical y sus organizaciones aliadas.

Seguro de desempleo. El seguro de desempleo fue concebido como un plan contributivo por el cual el Estado daba su respaldo a la población trabajadora proporcionándole garantías contra pérdidas repentinas o catastróficas del ingreso salarial. En 1996 se cambió por el seguro de empleo, lo que generó drásticas reducciones en cobertura, de 82,9% de los desempleados en 1989 a 43,5% en 2004. Entre los sectores más gravemente perjudicados están los inmigrantes recientes, los recién incorporados al mercado de trabajo y los trabajadores ‘atípicos’. Las mujeres siguen perdiendo terreno frente a los hombres, ya que la brecha de género se triplicó entre 1996 y 2004.

Atención infantil. El gobierno del partido liberal en el poder antes de 2006 adoptó convenios de educación inicial y atención infantil con las provincias, subsidiando la expansión de la provisión de atención infantil de alta calidad. El gobierno conservador que le sucedió puso fin a esos convenios e introdujo la llamada Prestación de Atención Infantil Universal, que ofrece fondos muy reducidos (un pago único de CAD 100 por cada niño o niña menor de seis años otorgado a todas las familias, incluso a aquellas que no lo necesitan) y sin garantías de que los fondos se utilizarán para la atención infantil pública.

Atención de la salud. El sistema público de seguro de salud universal y transferible del país es la envidia de muchos vecinos, y numerosos movimientos sociales buscan que se extienda al seguro dental, óptico y farmacéutico. Recibe ataques permanentes de los defensores del seguro privado, que se reanudaron desde que un fallo de la Corte Suprema eliminó la prohibición de alternativas de seguro privado en Québec. El gobierno federal tiene la responsabilidad de aplicar las garantías que otorga la ley sobre salud, pero ha demostrado poco interés en hacerlo.

Pensiones. Una población envejecida y trabajos más precarios con beneficios menos asegurados hacen que el sistema público sea más importante que nunca. Sin embargo, existen fuertes presiones para convertir lo que es esencialmente un fondo público de inversiones en inversiones de alto riesgo en la bolsa de valores.

Vivienda. La política nacional de vivienda y las iniciativas nacionales que aseguran viviendas a precios accesibles prácticamente desaparecieron de la agenda del gobierno federal.

Acceso para los pobres y los pueblos indígenas. Recientes medidas del gobierno cancelaron la asistencia para recurrir ante los tribunales en defensa de derechos, lo cual es esencial para los pobres, las mujeres y los grupos marginados. El gobierno federal actual canceló un acuerdo de amplio alcance con los pueblos indígenas sin haberlo sustituido por una medida de similar amplitud. La década transcurrida sin las garantías del Plan de Asistencia de Canadá socavó la seguridad de numerosos segmentos de la población pobre y marginada.


¿Avanzamos?

Doce años después de la Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague, Canadá no cuenta con una estrategia nacional de erradicación de la pobreza. Incluso el Parlamento, que hace más de una década prometió poner fin a la pobreza infantil, fracasó absolutamente en la implementación de su ‘compromiso’. A principios de 2007 el Consejo Nacional de Bienestar Social, un organismo asesor cuasi oficial, reclamó una estrategia federal/provincial conjunta.

El presupuesto federal más reciente (marzo de 2007) pone en marcha una Prestación Impositiva para el Ingreso Devengado (WITB) concebida para fomentar que aquellos que se mantienen con la asistencia pública obtengan una remuneración laboral. Los pobres que trabajan pueden ganar el salario mínimo o salarios por encima del mínimo pero aún inferiores a la línea oficial de pobreza.

Si el objetivo de la nueva prestación impositiva era sacar de la pobreza a las familias que trabajan, sólo lo logra en parte. Entre tanto, la necesidad de coordinar la iniciativa federal con programas provinciales existentes llevará largas negociaciones y mucha confusión.

Como comentara un grupo político destacado, la “WITB posee objetivos económicos y de justicia social que deben tomarse en cuenta en toda evaluación o análisis de costo-beneficio. Una mayor cantidad de canadienses que trabajen se traducirá en un mayor gasto de consumo y más ingresos fiscales. Con la escasez creciente de mano de obra, resulta aun más importante ayudar a que el trabajo remunere mejor a los trabajadores con bajos ingresos y que los mantenga sin caer en la red de la asistencia pública” (Battle, et al., 2007).

Québec ha implementado una estrategia ‘integral’ de combate a la pobreza y la exclusión social, incluyendo aumentos del salario mínimo, viviendas con atención a las personas discapacitadas, bonificaciones salariales y complementos de la asistencia social. Estos últimos fueron indexados a la inflación.

Luego de extensas consultas con la comunidad, la provincia de Terranova anunció recientemente un paquete integral de políticas concebidas expresamente para reducir la pobreza, incluyendo atención específica a las necesidades de los pueblos indígenas.

Entre sus objetivos hay un mayor apoyo a la discapacidad, viviendas a precios accesibles, mayores niveles de complemento de ingreso, apoyo al desarrollo de aptitudes, complemento del ingreso para los jóvenes y sistemas públicos reforzados de educación inicial y atención infantil.

Canadá ha ratificado el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 2006 el Comité del PIDESC analizó su cumplimiento. Diversas ONG canadienses presentaron testimonios pormenorizados sobre el incumplimiento cabal del Pacto por parte de Canadá.

El Comité manifestó su particular preocupación porque en un país tan próspero 11,2% de la población es pobre e incluye indígenas, inmigrantes, mujeres, madres solteras y discapacitados.

El Comité evaluó que los gobiernos canadienses tratan derechos como los de asistencia social y atención médica adecuadas como “principios y objetivos programáticos y no como obligaciones jurídicas”. Señaló que faltan mecanismos de aplicación de estos derechos y que los gobiernos argumentan ante los tribunales contra la inclusión de los derechos del Pacto entre los protegidos por la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución.

El Comité destacó muchas de las reformas cuya inclusión las ONG canadienses pretenden hace tiempo: asistencia social suficiente para un nivel de vida digno, aumento de los salarios mínimos, acceso asegurado a las prestaciones de seguro de desempleo y medidas que aborden la inseguridad alimentaria, el hambre, las personas sin techo y la falta de vivienda (NAPO, 2006).

Una estrategia nacional contra la pobreza podría abarcar esas medidas. Doce años después de Copenhague, los canadienses siguen esperando.


Referencias

Battle, K., Torjman, S., Mendelson, M. y Tamagno, E. (2007). “Mixed Brew for the ‘Coffee Shop’ Budget”. Ottawa: The Caledon Institute of Social Policy.

CCPA (Canadian Centre for Policy Alternatives) (2006). “Growing Gap, Growing Concerns: Canadian Attitudes Toward Income Inequality”. Ottawa: CCPA.

Helliwell, J. (2007). Revisión del informe “Assessing the Impact of Saskatchewan Joining the BC-Alberta: TILMA”. Preparado por el Conference Board of Canada para el Gobierno de Saskatchewan.

NAPO (National Anti-Poverty Organization) (2006). “Don’t Ignore UN Committee Recommendations on Human Rights, Canadian NGOs say”. Ottawa: NAPO. Comunicado de Prensa, 22 de mayo.

Saunders, D. (2007). “The secrets of Canada’s world-leading middle-class success”. The Globe and Mail [en línea], 4 de agosto. Disponible en: <www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20070803.doug04/BNStory/International/home>.

Yalnizyan, A. (2007). The Rich and the Rest of Us: The Changing Face of Canada’s Growing Gap. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives.


Nota:

[1] Estos datos se basan en cifras de la OCDE y en el estudio “The Decline of the Middle Class: An International Perspective” del profesor de la Universidad de Monmouth Steven Pressman, según el artículo de Saunders (2007).