America Latina y el Caribe: no hay solución para la crisis sin políticas de género

La crisis económica y financiera ha tenido un fuerte impacto sobre América Latina y el Caribe, cuyas manifestaciones más visibles son el aumento del desempleo y la pobreza. Diversas medidas han sido implementadas en la región para paliar los devastadores efectos de la crisis, pero estas medidas padecen ceguera de género, lo que acentúa la inequidad. Estas deficiencias están asociadas al aún no suficientemente vigoroso papel del estado en los mecanismos para el adelanto de la mujer.

La caída del comercio – en volumen y en valor – la caída de las remesas y el desempleo con pobreza son las principales consecuencias negativas de la crisis económica mundial en América Latina. Más de dos millones de personas ingresaron a las filas del desempleo urbano en la región en 2009 y se prevé que será difícil recuperar esos puestos de trabajo en 2010 pese a los pronósticos de mayor crecimiento económico, según ha alertado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la nueva edición de su informe anual 1. Por otra parte, según muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2009 las exportaciones cayeron 24% a causa de la crisis 2.

Hasta el presente, las respuestas a la crisis en la región se han centrado en la estabilización del área financiera y en acciones para mantener la demanda, el empleo y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Entre ellas, las más dignas de destaque son: a) la ampliación del seguro de desempleo, restringido a lo trabajadores formales; b) la extensión de los programas no contributivos (aportes para la escolaridad, atención salud, etc.) en las poblaciones más pobres, particularmente los programas de transferencias condicionadas; c) la implementación de políticas de subsidio a sectores productivos con la meta de sostener el nivel de empleo; d) la facilitación al crédito y disminución de los aportes a la seguridad social condicionadas al mantenimiento del plantel laboral; d) el establecimiento de planes de inversión pública con el objetivo de generar empleo en este sector.

Acumulación y desigualdad de género

Si bien ha mejorado la política distributiva, base del éxito de muchos gobiernos de la región en este período, también se ha profundizado el modelo exportador primario-extractivista. Esto ha generado excedentes para redistribuir y mejorar las políticas sociales, pero crea al mismo tiempo problemas ambientales y sociales en determinadas zonas de represas, monocultivos, falta de agua, privatizaciones, etc. Estos efectos negativos, previsibles en un plazo no muy lejano, han convocado a las organizaciones sociales a profundizar una estrategia ligada a la recuperación de la soberanía de los recursos naturales junto con la atención al impacto que este modelo tiene sobre la pobreza y las desigualdades.

BALANCE DE 15 AÑOS

En la Cuadragésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en junio de 2009, fueron analizados los desafíos regionales identificados por los gobiernos en el cuestionario sobre la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Allí fue establecido que aun persisten grandes brechas en materia de igualdad de género en la región, las que se aprecian más claramente a partir de la crisis debido a las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.

La tasa de mortalidad materna sigue siendo alta en la mayoría de los países y solamente en los países que ya tenían tasas bajas antes de Beijing se ve algún avance.

En relación a las políticas de salud reproductiva, mientras algunos países avanzaron, otros siguen igual o incluso muestran retrocesos en las legislaciones de aborto terapéutico, exponiendo a las mujeres a la mortalidad materna y al aborto clandestino. En Nicaragua se ha prohibido hasta la interrupción del embarazo ectópico.

Estos retrocesos van acompañados de una oposición vinculada a la embestida de sectores religiosos conservadores católicos y evangélicos que se oponen sistemáticamente a medidas anticonceptivas, a la educación sexual y a la aprobación de leyes que apunten a la salud sexual y reproductiva.

Si bien existe en la región un marco legislativo que contempla derechos de las mujeres, éste tiene débiles resultados en su aplicación en la vida cotidiana, lo que pone en riesgo los pequeños progresos alcanzados, que podrían perderse si no se hacen esfuerzos adicionales.

El acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones políticas ha crecido en la última década, pero está todavía lejos de alcanzar la paridad.

Las mujeres no constituyen más del 20% de los parlamentos nacionales, las cortes supremas o tribunales supremos del poder judicial y de los gobiernos municipales. Si bien representan un 29% de los gabinetes ministeriales del poder ejecutivo, en el nivel municipal no pasan de un 7% en promedio. Los aumentos en las legislaturas se deben a las reformas de sistemas electorales o leyes de cuotas que tuvieron lugar en 12 de los 18 países de América Latina, según la información recopilada en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

La violencia contra la mujer tiene múltiples aristas y dimensiones, incluidas las psicológicas, pero el estado de las políticas contra la violencia es un indicador del grado de desarrollo democrático y el tipo de desarrollo social de los países.

Según el informe que surge de la respuesta de los gobiernos en Cuadragésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la desigualdad social, política, económica y cultural que se aprecia en la región es el caldo de cultivo más propicio para el abuso del poder por parte de las parejas y las instituciones.

Dentro de este marco, es preciso señalar la existencia de esfuerzos relevantes, como el Observatorio de Equidad de Género en Salud de Chile, el Observatorio de Criminalidad y Delincuencia de Uruguay, la legislación de protección integral en Argentina que establece por ley la generación de información y la creación de la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el trabajo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el Ecuador; la Secretaría de la Mujer en el Paraguay; el trabajo conjunto en la República Dominicana entre el Departamento de Estadística de la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) que llevan un registro de feminicidio.

Muy pocas de las medidas tomadas por los países de América Latina y el Caribe para enfrentar la crisis mencionan a las mujeres, a pesar que su impacto es mayor sobre ellas, tanto en el desempleo como el crecimiento del trabajo precario o el acceso a trabajos con menor productividad y menor protección social.

La desigualdad de género es un tema básico a tener en cuenta en estas políticas, pues la acumulación se produce no sólo en base al aprovechamiento de los recursos naturales sino también en base a mano de obra barata, siendo la de las mujeres la más barata. Se incluye en el proceso productivo el doble papel del trabajo en la casa o “voluntario” junto al trabajo remunerado barato para aumentar la tasa de ganancia y bajar los salarios. En la última década los salarios han venido bajando en la mayoría de los países de la región y mucho de eso se debe a la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

Empleo

Desde el punto de vista del empleo, las medidas tomadas hasta el presente tienen la limitación de estar concentradas en el empleo formal y en grupos específicos de beneficiarios. Reproducen políticas que se habían implementado antes en la década de 1990, las que no resultaron exitosas – como los subsidios a las empresas privadas y la rebaja a las contribuciones patronales – que tuvieron además un papel importante en el vaciamiento de los sistemas de protección social. Otra debilidad es que no contemplan el trabajo de cuidado ni otras metas específicas de equidad de género. Sintetizando, son medidas que no interpelan las formas actuales de empleo ni la relación entre trabajo remunerado y no remunerado.

El impacto de la pérdida del empleo formal es mayor que en el pasado, entre otras cosas porque muchos de estos empleos han estado ligados a la economía externa, principalmente en México, varios países de Centroamérica y el Caribe. Al mismo tiempo que se pierden estos puesto de trabajo se produce una saturación de los mercados informales.

CEPAL y OIT han estimado que en 2009 el desempleo llegará a redondear el 9% en la región, teniendo las mujeres mayor desempleo que los hombres, lo que significa 3 millones más de personas desempleadas.

Según Rebeca Grynspan 3, la relación entre trabajo remunerado y no remunerado es un tema de corresponsabilidad social, no sólo de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino también en el mundo laboral y en el diseño de las políticas públicas. Los programas de infraestructura grande no producen empleo femenino, sí lo hacen los de infraestructura social y comunitaria. Sin embargo, la mayoría de los programas en América Latina están enfocados a infraestructura física grande.

Protección social

Sobre la equidad de género en la protección social y la organización del cuidado es importante señalar que en América Latina la tasa de participación femenina en el mercado laboral sigue siendo baja a pesar que la participación de las mujeres es importante.

La consecuencia de esta disparidad es una baja protección social, al ser mayoritariamente femenino el empleo no protegido.

Aunque en la región hubo crecimiento, las consecuencias de las políticas de la décadas de los ‘90 aun no se han podido revertir. Los rasgos centrales del proceso de ajuste estructural de esa década referidos a la protección social fueron la retracción del Estado y la mercantilización de la protección social.

En la mayoría de los países de la región, quien pierde su empleo pierde el acceso a la protección social, a la salud, a la educación. Como resultado de sistemas de protección social deficientes, excluyentes o incluso casi inexistentes, la persona sin empleo no sólo es pobre sino también marginal, no está integrada socialmente y es empujada a la informalidad o a la economía ilegal. El porcentaje de trabajadores informales pobres duplica al de los trabajadores formales.

Trabajo de cuidado

En relación al cuidado, la inequidad de género es evidente dada la debilidad de provisión estatal de estos servicios, la segmentación mercantil y la predominancia del trabajo no remunerado del cuidado. Las encuestas del uso del tiempo en la región dan cuenta de cuán inequitativa es la distribución de este trabajo entre hombres y mujeres: existe un uso intensivo del tiempo de las mujeres, con el consiguiente deterioro de su calidad de vida.

Ante esto, es necesario recordar que la importancia del trabajo de cuidado está implícitamente reconocida en los tratados de Derechos Humanos y en muchas de las normas nacionales de la región, siendo expresamente asumida por los gobiernos que participaron del Consenso de Quito 4. Allí fue acordado “adoptar todas las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable”. Es un compromiso muy importante que sin embargo los Estados no han comenzado a cumplir cabalmente.

El papel del estado A propósito de este incumplimiento, es preciso señalar que, en general, las políticas de igualdad de género manifiestan deficiencias que se pueden considerar asociadas al débil papel del Estado en los mecanismos para el adelanto de la mujer y al predomino de políticas asistenciales.

La democracia también ha resultado deficitaria y aunque las elites se muestran más abiertas a reconocer la irreversibilidad de las cuotas y la paridad, se requerirían casi 40 años para alcanzarla si no median acciones inmediatas. Al respecto, la cuadragésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, de junio de 2009 ha señalado que la debilidad institucional de estas políticas “se extiende a otros ámbitos: las políticas sociales y especialmente el fomento del empleo no han logrado revertir la segmentación laboral, las brechas salariales que la acompañan y la sobrecarga de cuidado no remunerado entre las mujeres. Los principales programas de gobierno dirigidos a las mujeres refuerzan la división sexual del trabajo, ya sea porque las convierten en receptoras o intermediarias de transferencias o porque atienden sus necesidades reproductivas asociadas a la maternidad, dejando de lado su salud integral, y porque las medidas de acción positiva con enfoque de derechos son escasas o inexistentes”5.

Para revertir esta situación es también imprescindible un nuevo pacto fiscal: Si América Latina y el Caribe mantienen una tributación promedio de 16% no podrán jamás implementar políticas de bienestar social. También, en este sentido, es importante que se consoliden los mecanismos de una nueva arquitectura financiera. Por ejemplo el Banco del Sur o la UNASUR, para reforzar propuestas de integración regional en la que están comprometidas las redes y organizaciones de la región.

En julio de 2010 se realizará La 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Brasilia del 13 al 16 de julio de 2010. Su objetivo es discutir las políticas públicas que favorezcan la igualdad de género así como el modelo de desarrollo económico y democracia necesarios para la equidad entre hombres y mujeres. Una vez más, el aporte de las redes y organizaciones de la sociedad serán relevantes en este proceso.

HAITÍ:
LA AYUDA DEBE SER HUMANITARIA,
RESPETENDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Según la Organización Panamericana de la Salud las mujeres tienen menos acceso a los recursos y toma de decisiones que son esenciales en la preparación, mitigación y rehabilitación de desastres naturales y son las menos tomadas en cuenta al momento de definir los planes de ayuda.

“Inmediatamente después de un desastre, prevalece la “tiranía de lo urgente” y las inquietudes de género se ignoran o se desechan como irrelevantes.

La oportunidad única que otorga una situación de desastre para cambiar los roles tradicionales de género se desperdicia si las mujeres no se aprovechan de ella, o si los tomadores de decisiones la pasan por alto”. 6 En el caso de Haití, el terremoto que devastó el país en enero de 2010 no ha hecho sino subrayar la vulnerabilidad del país frente a desastres de origen natural. Según la Según CEPAL, a esta vulnerabilidad se suma a la fragilidad que muestra la economía del país. Haití es el país con mayor número de fallecidos y víctimas por evento en términos relativos y absolutos en la región.

Tiene una merma anual de casi 350 millones de dólares por destrucción de acervos y pérdidas de flujos económicos y gastos extraordinarios requeridos para la recuperación parcial de los impactos sufridos 7.

Antes del terremoto, Haití estaba ubicado en el puesto 148 dentro del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, el 76 % de su población vive con menos de dos dólares diarios y el 56 % lo hace con menos de un dólar por día. Las remesas son el 52.7% del producto interno bruto, de las cuales se depende en gran parte. Según Stephen Lendman, del Centro de Investigaciones sobre Globalización con sede en Montreal, Canadá, el uno por ciento de los haitianos controla la mitad de la riqueza y el cinco por ciento posee el setenta y cinco por ciento de la tierra cultivable, mientras que seis familias controlan la producción industrial y el comercio.

El país importa el 48% de los alimentos que consumen y el resto llega a través del Programa Mundial de Alimento y otras fuentes de cooperación, además de lo que se produce internamente. Un tercio de los niños recién nacidos tienen bajo peso, en menores de cinco años la desnutrición aguda alcanza la cifra del 9%, la desnutrición crónica el 24%. El 50% de las mujeres embarazadas y dos tercios de los niños menores de 5 años están afectados por la anemia. Uno de cada cinco haitianos muere antes de los 40 años, casi 2,5 millones de personas viven la inseguridad alimentaria. Uno de cada cinco haitianos sufren deficiencias mentales por deficiencias de embarazo y la mortalidad materna es de 523 mujeres cada 100.000 nacidos.

Ahora bien, los aspectos estructurales no explican la inestabilidad y debilidad económica del país. Existe un proceso histórico donde el país ha sido invisibilizado y aplastado por sus colonizadores de antaño, por masacres realizadas por la dictadura de Trujillo contra los haitianos en su afán demencial por “blanquear” a la sociedad de República Dominicana, por múltiples invasiones y bloqueos en el siglo XX, etc.

Ayuda humanitaria, no militar

La concepción aceptada por los países que integran misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) pone el acento en lo militar. El terremoto nos muestra nuevamente, que no es lo fundamental para atender las necesidades más acuciantes de Haití.

Lo que se requiere en estos momentos es que la ayuda internacional se trasforme en ayuda humanitaria que impulse el desarrollo sostenible. Para esto es necesario garantizar al pueblo haitiano el derecho a la autodeterminación y ejercicio de su soberanía, violentada constantemente por golpes de estado, dictaduras, invasiones militares extranjeras, así como por el endeudamiento inducido por organismos financieros internacionales.

La ética humanitaria consiste en salvar vidas de los más necesitados y, al mismo tiempo, en respetar la dignidad de las personas. En el momento de ser aplicada, la ética humanitaria se rige por dos principios, el de neutralidad y el de independencia. Estos principios constituyen la base de un código de conducta para la ayuda humanitaria al que han adherido más de 200 organizaciones de todo el mundo.

Mujeres en la frontera, rumbo al centro

En el país las mujeres son la población más pobre y discriminada, lo cual aumentará gravemente a partir del desastre ocurrido. El 43% de las familias haitianas son encabezadas por mujeres, responsables de las labores domésticas y de cuidado. Como siempre, desempeñan un papel central en la reconstrucción de los países y las familias afectadas por un desastre natural.

Es por ello que redes y organizaciones de la sociedad civil reclaman que los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales que están canalizando ayuda a este país caribeño, pongan especial atención al apoyo que se brinde a las mujeres y garanticen que la ayuda les llegue directamente a ellas y sus familias. Ello puede lograrse, entre otras formas, canalizando los fondos a las organizaciones civiles que trabajan directamente con mujeres en Haití y teniendo en cuenta el fortalecimiento de las organizaciones de defensoras y defensores de los derechos humanos.

Sin embargo no alcanza con garantizar que las mujeres reciban ayuda; ellas también deben desempeñar un rol central en el diseño e implementación del trabajo de auxilio en sus comunidades.

En un gran esfuerzo colectivo se estableció el Campamento Internacional Feminista de transferencia de recursos y de comunicación, apoyado por organizaciones e iniciativas regionales e internacionales. Feministas de la región apoyadas por feministas haitianas se comprometen a fortalecer a las mujeres desde los derechos humanos, aportando a una mitigación humana del desastre, una reconstrucción del tejido social y de infraestructura y unos lazos solidarios que a su vez apunten a superar las desigualdades que no permiten reconocer el valor de las mujeres y sus aportes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:
Graciela Rodríguez, Red Internacional de Género y Comercio (IGTN). Intervención en Seminario de Social Watch, Diciembre de 2009.   http://ifis.choike.org/esp/informes/1237.html
Alma Espino, Norma Sanchís, Latin America: Social and Gender Impacts of the Economic Crisis, AWID 2009.
Alma Espino, Las medidas anticrisis: posibles impactos en el empleo de las mujeres y en la conciliación entre el trabajo en el hogar y en el mercado, diciembre de 2009.

 

1 Panorama Laboral 2009 de América Latina y el Caribe, OIT, enero de 2010.

2 El comercio internacional en América Latina y el Caribe 2009:
crisis y recuperación. CEPAL, enero de 2010.

3 Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género: Entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres”. Intervención en CEPAL, Reunión de Especialistas. La crisis y su impacto sobre el trabajo global de las mujeres.

4 Consenso aprobado en la décima Conferencia Regional de CEPAL sobre la Mujer en América Latina y el Caribe.

5 Cuadragésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, junio de 2009.

6 Género y desastres naturales (Organización Panamericana de la Salud, OPS)

7Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2009 (CEPAL)