Beijing +15: muchas preguntas, pocas respuestas

Fuente: Agenda Global / la diaria

Por Natalia Cardona, representante de Social Watch ante las Naciones Unidas en Nueva York

El 54° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tuvo lugar del 1 al 12 de marzo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con la presencia de autoridades gubernamentales de todo el mundo. Se revisaron los avances relativos a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing+15) y se prestó especial atención a la situación de las mujeres en las distintas regiones del mundo.

El marco de referencia de las evaluaciones incluyó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979), los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, 2000), la Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y los compromisos internacionales aprobados por las cumbres mundiales celebradas en los años noventa.

Sin embargo, el resultado fue desalentador debido a la vaguedad y falta de compromiso político de los gobiernos en muchos de los temas. Esto resulta más alarmante cuando informes de cónclaves regionales no gubernamentales, así como el del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, concluyen que, aunque ha habido algunos progresos en educación, éstos son mínimos y los derechos de las mujeres, tanto reproductivos como económicos están, en el mejor de los casos, retrocediendo, cuando no siendo arrasados, como sucede con las ganancias económicas y la salud materna. Además de haberse incrementado formas de violencia contra la mujer y el fundamentalismo político o religioso, la actual crisis económica mundial se ha ensañado con los sectores en los que predominan las mujeres trabajadoras.

Por otra parte, un artículo publicado en The New York Times el 8 de marzo, en el que se comparan los índices internacionales que miden la desigualdad de género –entre ellos el Índice de Equidad de Género (IEG) de Social Watch– advierte que los países que registran progresos en materia de equidad de género son los que, además de hacerla un objetivo explícito, han adoptado medidas al respecto.

También ha quedado en evidencia que los problemas de género no sólo afectan al mundo en vías de desarrollo, como alguna vez se lo quiso hacer ver. Aunque los temas de género siguen siendo cruciales para los países pobres –en Sierra Leona, por ejemplo, muere una de cada ocho mujeres durante el parto–, en un país industrializado como Estados Unidos casi trece millones de mujeres carecen de acceso a servicios médicos, una de cada cinco en edad reproductiva (entre quince y cuarenta y cuatro años) carece de seguro médico y las afroestadounidenses tienen cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones de embarazo o parto que las estadounidenses de raza blanca.

Más aun, ha quedado claro que se trata menos de disponibilidad de recursos que de voluntad política. En África, Asia y América Latina, por ejemplo, se están adoptando medidas para incrementar la participación política de la mujer, siendo emblemático el caso de un país pobre como Rwanda, que tiene –de acuerdo al IEG– un nivel de equidad de género tan alto como el de los países nórdicos y el porcentaje de parlamentarias más alto del mundo. Por contrapartida, en buena parte de América del Norte y Europa hay resistencia a este tipo de medidas, según han revelado distintos cónclaves de organizaciones no gubernamentales, al tiempo que, en la lista de los países signatarios de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (ciento ochenta y seis hasta hoy) sigue resultando notable la ausencia de Estados Unidos.

Frente a tan crítica situación, ¿como han respondido los gobiernos del mundo? En primer lugar, evitaron la polémica y, en vez de redactar un documento de resultados que, además de un mapeo de las acciones necesarias para avanzar, integrase una evaluación abarcadora de logros y carencias, optaron por una declaración débil en la que se afirma que se registran avances y muchos desafíos.

La actual crisis mundial ofrece una coyuntura propicia para consolidar los compromisos con los derechos de la mujer, pero esta oportunidad se viene perdiendo en medio de vacilaciones. Así, por ejemplo, si las Naciones Unidas se han comprometido a crear una nueva entidad de género que elevaría la condición social y jurídica de la mujer a un nuevo nivel dentro de su seno, el proceso se ha detenido por falta de voluntad política y de recursos financieros para su puesta en marcha. Esto es especialmente grave ya que nunca se destinaron los recursos suficientes para implementar las acciones necesarias en temas de equidad de género. El resultado es que para las mujeres y las niñas no hay avances donde más se necesitan.