Recortes fiscales no curan a la economía pero enferman a la gente
Published on Fri, 2011-12-23 13:03
Los programas de asistencia son las primeras bajas del recorte de gastos dispuesto en los últimos dos años y previsto para el próximo por gobiernos de todo el mundo, tanto de países industrializados como en desarrollo, como constataron organizaciones nacionales de la sociedad civil en sus aportes al Informe de Social Watch 2012. Pero el rigor fiscal ha resultado una herramienta inútil para acabar con las crisis, e incluso puede provocar una recesión mundial, advierten cada vez más expertos y agencias internacionales. “Las políticas fiscales de austeridad, que recortan el presupuesto social, comenzaron a ser implementadas en los países afectados por deudas, y ahora se diseminan incluso por países que no sufren problemas de endeudamiento o déficit fiscal”, escribió el coordinador de Social Watch, Roberto Bissio, en el resumen que abre el informe. “Para mantener los privilegios del sector financiero, los Estados absorbieron la mayor parte del costos mediante enormes préstamos a los bancos”, escribió el autor del aporte francés, Grégoire Niaudet, de Secours Catholique. “La otra cara de la moneda es la política de austeridad que implementan ahora muchos gobiernos, que exacerba la desigualdad porque son sectores sociales más vulnerables son los que deben soportar esa pesada carga.” “A pesar de que, evidentemente, las políticas anticíclicas han funcionado como amortiguadores eficaces y aumentado la resiliencia, numerosos gobiernos sacrifican el gasto social ante la ortodoxia neoliberal y ante una fuerte dependencia de los mercados financieros”, indica una declaración preliminar producida por el Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil sobre Perspectivas de Desarrollo Global, incluida en el Informe de Social Watch 2012 con el título “Río+20 y más allá: Sin justicia no hay futuro”. Con su “inacción” y “la mala práctica de seguir haciendo lo mismo de siempre”, esos gobiernos “vienen acumulando una montaña de deudas sociales y ecológicas”, como “la erosión de las finanzas públicas” que les impide brindar “los servicios públicos necesarios para el bienestar humano”, el desempleo, el encarecimiento de los alimentos y la “injusticia generalizada”. Estas dificultades causaron “tensión social y política y disturbios […], desde El Cairo hasta Nueva Delhi, pasando por Manhattan”, destacó el Grupo de Reflexión. “Si bien la Comisión [Europea] se promociona como la más firme promotora de un enfoque económico social, crece la preocupación de que sus tendencias liberalizadoras incrementen las demandas a los gobiernos nacionales para imponer nuevos recortes en el gasto público como parte de la cada vez más estricta disciplina monetaria”, escribieron Mirjam van Reisen, Simon Stocker y Georgina Carr en el capítulo del Informe de Social Watch dedicado al movimiento de “indignados”. “Estados Unidos puede y debe ir más allá de la estrechez de miras del debate actual sobre la denominada prerrogativa del gasto, y aceptar que invertir en los niños, las comunidades, el cuidado de los ancianos y en la salud es un rasgo fundamental de las democracias modernas y de una economía fuerte”, sostuvieron Tanya Dawkins, Aldo Caliari, Julia Wartenberg, Karen Hansen-Kuhn y Alexandra Spieldoch en el capítulo del informe referido al país norteamericano.
Los hechos no se equivocan, la teoría sí Las conclusiones de las organizaciones integrantes de Social Watch concuerdan con estudios y análisis de agencias de la ONU y economistas. Las teorías predominantes soportan cada vez más cuestionamientos, pero los gobiernos las mantienen vivas. De 128 países en desarrollo evaluados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 90 implementaron políticas de austeridad fiscal que afectaron sus servicios sociales en 2011 o planean hacerlo en 2012, indicó Bissio en el resumen del informe. Y por lo menos la cuarta parte de esos gobiernos dispusieron una contracción “excesiva”, es decir que esas asignaciones presupuestales fueron aun menores que antes de la crisis, según el cálculo de la División de Políticas y Planificación de UNICEF. Los redactores del aporte estadounidense al Informe de Social Watch mencionaron un estudio de otra agencia de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual garantizar la protección social básica puede ser una herramienta poderosa para asegurar un crecimiento sustentable, combatir la pobreza y mitigar el impacto de la crisis económica. La disposición de los gobiernos a recortar el gasto, que prevalece de Canadá a la República Checa, de Italia a Venezuela, de España a Filipinas, “difícilmente tenga los resultados buscados, y podría llevar al mundo a una racha recesiva, e incluso a una depresión rotunda”, advirtió Heiner Flassbeck, director de la División de Estrategias sobre Globalización y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En un breve informe publicado este mes por esta agencia de la ONU, Flassbeck recordó que “las restricciones fiscales no derivaron en la expansión macroeconómica que se procuraba con ellas, sino que tuvieron, más bien, el efecto contrario” en “una gran cantidad de casos”, entre ellos “una larga lista de países en desarrollo” que sufrieron “graves experiencias en las últimas tres décadas”. El experto mencionó un “examen detallado” realizado por la Oficina Independiente de Evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los planes de ajuste fiscal recomendados desde comienzos de los años 80 por el propio FMI a 70 países. Esos programas se basaban sobre “suposiciones excesivamente optimistas” sobre la “recuperación económica” y “la reanimación de la inversión privada”, y su implementación derivó en “resultados fiscales inevitablemente malos”, indicó. Estudios académicos y estadísticos novedosos elaborados por centros de investigación, agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, puramente económicos unos y con énfasis en indicadores sociales otros (como el Índice de Capacidades Básicas diseñado por Social Watch), les sirven a cada vez más economistas para confirmar que “hay una puerta giratoria entre el mercado y el gobierno, la cual vincula estrechamente al poder con la riqueza”, indicó James Boyce, profesor de la estadounidense Universidad de Massachusetts en Amherst. Boyce es uno de los fundadores de Econ4, un grupo de académicos dedicados a la causa de beneficiar con las ciencias económicas “a la gente, al planeta y al futuro”, y de cuestionar “la estrechez de miras de los dogmas del pasado” y la “monocultura intelectual en la profesión económica”, como reza su declaración de principios. La iniciativa lanzó un manifiesto en apoyo del movimiento Occupy Wall Street que concitó en apenas un mes la adhesión de casi 400 economistas de todo el mundo, casi todos profesores universitarios.
Europa desempleada En su capítulo del Informe de Social Watch, Van Reisen, Stocker y Carr deploraron “las políticas de austeridad” que llevaron a los gobiernos europeos a “recortar gastos públicos y beneficios sociales, a despedir empleados estatales y a reducir salarios”, una tendencia confirmada por los aportes nacionales del continente. El gobierno de República Checa, por ejemplo, “logró convertir la restricción de la deuda en su principal preocupación, y se concentró fundamentalmente en reducir el presupuesto social”, incluidos los subsidios a padres y madres, beneficios a personas con discapacidades y servicios de atención a la primera infancia. También ordenó despidos y recortes salariales, los que afectaron a muchas mujeres, según las organizaciones integrantes de Social Watch en ese país. La Coalición Italiana de Social Watch informó que los rubros más afectados por la política de austeridad del gobierno de Silvio Berlusconi fueron la asistencia social, la educación, la investigación, la ayuda oficial al desarrollo y las contribuciones del Estado a autoridades locales. El presupuesto aprobado este año congeló los salarios del sector público, en particular en la enseñanza, que perdió 100.000 puestos de trabajo desde 2009. El presupuesto de los 10 fondos sociales estatales de Italia cayó de USD 3.600 millones en 2008 a 507 millones en 2010. El gobierno de España redujo 6% el gasto público, según la alianza de organizaciones de la sociedad civil Plataforma 2015 y Más. El ajuste implicó la disolución del Ministerio de Equidad, a cargo de las políticas de género. En 2010 y 2011, los fondos de cooperación al desarrollo internacional cayeron alrededor de 20%.
América del Norte: Se acercan más recortes En Estados Unidos, mientras los estados y comunidades se recuperan de la más reciente ronda de recortes de fondos federales para programas vitales, se le asignó al denominado “Súper Comité” del Congreso legislativo la misión de recomendar nuevas reducciones de asignaciones discrecionales y en los gastos directos por USD 1,5 billones hasta finales de 2021. El Centro Canadiense para Políticas Alternativas proyectó una caída de USD 3.800 millones en el presupuesto federal de 2011-2012. Nueve por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, que afecta desproporcionadamente a mujeres, pueblos nativos y personas con discapacidades. Los subsidios sociales son tan reducidos que el Consejo Nacional de Bienestar Social los calificó de “vergonzantes y moralmente insostenibles para un país rico”.
La dependencia económica persiste en Asia Corea del Sur debe sortear dos grandes obstáculos en el camino hacia el desarrollo sustentable: un modelo económico dependiente de las exportaciones y una débil infraestructura de servicios sociales, advirtió la Coalición Ciudadana por Justicia Económica. El punto focal de Social Watch en ese país asiático recomendó al gobierno reducir su vulnerabilidad a los vaivenes externos, alentar a las pequeñas y medianas empresas mediante exenciones de impuestos y ayuda financiera, y expandir los servicios públicos para crear empleos y mejorar la calidad de vida de la población. En cuanto a Filipinas, la deuda pública, que se elevó de USD 16,2 millones en 1990 a USD 101.500 millones en 2009 (un monto que equivale a 57,7% del producto interno bruto de un año), condena el desarrollo nacional al fracaso. El Movimiento Filipino de Reconstrucción Rural y Social Watch Filipinas informaron que un tercio del presupuesto del Estado se destina al pago de los intereses y el capital de esa deuda, una enorme suma de dinero que no puede utilizarse en planes de reducción de la pobreza. Mantener la deuda a niveles tolerables y controlar la sangría que representan sus pagos es decisivo para financiar el desarrollo del país. Pero el gobierno cubre sus programas sociales, entre ellos la transferencia condicionada de dinero en efectivo a la población pobre, con enormes créditos que complican aun más la delicada situación fiscal.
Inversión social venezolana cae en picada El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que la economía de ese país latinoamericano se contrajo por 18 meses consecutivos. Eso derivó en recortes de fondos sociales, excepto los asignados a la educación. El estancamiento del gasto alimentó la conflictividad social, Provea y otra organización de derechos humanos de Venezuela, Espacio Público, constataron un aumento constante en las protestas: contabilizaron 3.114 en 2010. El gobierno debería revitalizar la Misión Che Guevara, un programa con el objetivo de reducir el desempleo a 5%, que no se ha logrado porque su presupuesto cayó en seis años de USD 59 millones a los USD 7 millones de 2001. Más información Este informe se basa sobre datos procedentes de las siguientes fuentes: |
