Noticias de Social Watch

Han pasado más de 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) en 2006, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad. En este contexto, y con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité DESC sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor en el país desde 1981- las organizaciones y redes de la sociedad civil que suscribimos este Informe Alternativo sobre DESCA ponemos a disposición información relevante sobre estos derechos, basada en la investigación, el seguimiento y la experiencia de trabajo de muchos años en su promoción y defensa, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para la plena realización de los DESCA en México.

Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, que reúne a 24 estados de la región. El proceso que comenzó en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.

Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales.

CIVICUS speaks with Barbara Adams, senior policy analyst at the Global Policy Forum (GPF), on the problem of private finance within the UN development system, and the need for civil society action in response to these growing trends.

Los invitamos a participar en 2018 en el esfuerzo colectivo para que los gobiernos rindan cuentas por las ambiciosas promesas que nos han hecho.

La Agenda 2030, adoptada al más alto nivel de las Naciones Unidas en 2015, resume en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una visión de un mundo sin pobreza, con menos desigualdades y más justicia social y de género respetando los límites planetarios. En 2016 y 2017, la red Social Watch ha contribuido a transparentar esos compromisos al publicar y difundir informes alternativos de 47 países y enriquecer con sus conclusiones los informes globales Spotlight.

El Foro Político de Alto Nivel es el organismo de la ONU encargado de que la supervisión de la Agenda 2030 a nivel mundial. La próxima reunión del FPAN se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York. Allí se realizará una revisión de los ODS 6, 7, 11, 12, 15 (los llamados "objetivos ambientales") y del ODS17 sobre implementación. El tema será "Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes".

Cuarenta y ocho países presentarán sus informes nacionales y se realizarán reuniones preparatorias regionales que tendrán lugar en marzo y abril y conferencias temáticas específicas entre febrero y junio.

Hay varias y diferentes formas y oportunidades para que los grupos nacionales y las coaliciones de la sociedad civil contribuyan en este proceso y vea en las pautas más detalles sobre los planes de Social Watch y cómo participar.

Desde el secretariado de Social Watch esperamos contribuir a los esfuerzos por una mejor rendición de cuentas de los gobiernos, vinculando a organizaciones de la sociedad civil entre sí y difundiendo sus esfuerzos.

UNITAS (punto focal de Social Watch en Bolivia) se pronuncia en relación a la Ley del Nuevo Sistema del Código Penal que fue aprobado a fines de 2017 y que ha generó reacciones de muchos sectores dando lugar a grandes movilizaciones ciudadanas durante el mes de diciembre y enero. Ante tanta presión, el presidente Morales solicitó a la Asamblea Legislativa (parlamento) que abrogue dicha Ley y el 26 de enero promulgó la ley corta que abroga el Código de Sistema Penal como demandaron organizaciones sociales que se movilizaron en contra de esa norma que sancionaba la protesta social entre otras cosas.

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