México: Suprema Corte reconoce “justiciabilidad” de los DESC

Areli Sandoval en la apertura del
Foro. (Foto: Espacio PF-PIDESC)

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) han sido “históricamente relegados” en México por falta de “mecanismos para su adecuada protección y efectivo ejercicio”, coincidieron los participantes de un foro especializado que se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia de ese país. Los expertos advirtieron que esos derechos son “justiciables” y que es hora “de llevar ese reconocimiento a la realidad”.

Todos los derechos deben contar con garantías efectivas para concretarlos , “su justiciabilidad representa una vía de la mayor importancia para hacerlos efectivos”, sostuvo el viernes 3 el presidente de la Suprema Corte, Juan N. Silva Meza, en el Foro Internacional sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Marco de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos en México.

El Espacio DESC viene dando desde hace 14 años la voz de alerta sobre esa justiciabilidad, y la declaración en favor de ese principio por parte de la Suprema Corte es un “hito” en el proceso, se congratuló la representante de esa coalición de 95 organizaciones y redes de la sociedad civil de México, Silvia Emanuelli.

En el Foro participaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Espacio DESC (Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Consejo de la Judicatura Federal y de la organización colombiana DeJusticia.

“Para quienes conformamos el Espacio DESC, la motivación principal al impulsar este Foro es la preocupación que compartimos numerosos defensores y defensoras de derechos humanos respecto a los obstáculos y limitaciones para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia”, dijo en la inauguración de la conferencia, en representación de esa alianza civil, Areli Sandoval Terán, coordinadora del Programa Diplomacia Ciudadana de DECA Equipo Pueblo, A.C., punto focal nacional de Social Watch en México.

“Nos mueve el interés en las numerosas víctimas de violaciones a los DESC a lo largo y ancho del país; personas, familias, comunidades que por diversas causas ven afectado su derecho a la salud, a la vivienda digna, a la educación, a la alimentación adecuada, al agua, al medio ambiente sano, a la seguridad social; su derecho al trabajo y otros derechos laborales; sus derechos culturales y su derecho a la libre determinación”, agregó Sandoval.

“Es por eso que también venimos impulsando, como sociedad civil organizada, la campaña mexicana por la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que permitirá a las víctimas de este tipo de violaciones, una vez agotados los recursos internos, presentar sus denuncias ante el Comité DESC de la ONU”, explicó la activista.

El PF-PIDESC establece un mecanismo para que personas, instituciones y comunidades presenten denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU.

El PIDESC ampara, entre otros, los derechos a la libre determinación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, al agua y a una calidad de vida adecuada.

El protocolo facultativo fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008 y abierto a firmas y ratificaciones desde el 24 de septiembre de 2009. Para su entrada en vigor se requieren 10 ratificaciones. Hasta ahora, el protocolo fue firmado por 39 países y ratificado por cinco. México no lo ha firmado ni ratificado.

“Una de las obligaciones de los Estados parte del PIDESC es proveer a la población de mecanismos apropiados para la defensa de sus derechos, ofreciendo recursos judiciales y otros recursos efectivos para hacerlos justiciables”, explicó Sandoval.

“Celebramos la reforma constitucional vigente desde el 10 de junio de 2011, que explicita ya en el artículo 1° las obligaciones de las autoridades tanto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos”, agregó.

Más información
Sociedad civil mexicana apura ratificación de protocolo sobre DESC: http://bit.ly/xmKZFP

Fuente
Campaña Mexicana por la Ratificación del PI-DESC: http://bit.ly/xBhGAT