4. Sistemas de cuidado y ODSs: políticas públicas para la sostenibilidad de la vida

Por Corina Rodríguez Enríquez
Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN)1

Debido a la importancia que tiene para promover la igualdad de género, el ODS5 llama al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de la provisión de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y la promoción de responsabilidades compartidas dentro de los hogares y las familias, según las capacidades nacionales (meta 5.4). Adicionalmente, el cuidado es un tema transversal a todos los ODS.

Todavía existe una brecha de género grande en el tiempo dedicado a las actividades domésticas y de cuidado. El peso enorme del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la vida de las mujeres es la consecuencia de lo que definimos como la injusta organización social del cuidado. Esto refiere a la desigual distribución de responsabilidades por un lado entre Estado, mercado, hogares y comunidad, y por el otro entre varones y mujeres.

El cuidado puede ser considerado como un derecho humano. Las personas tienen derecho a recibir cuidado y a proveerlo bajo condiciones que no restrinjan el ejercicio de otros derechos o de otras dimensiones de la vida. Por lo tanto, los Estados deben responder con políticas adecuadas para promover, proteger y garantizar este derecho.

Esas políticas deben generar oportunidades para que las personas puedan elegir cómo satisfacen sus propias necesidades de cuidado y las de aquellas personas con las que conviven, deberían tomar en cuenta la diversidad de situaciones personales y familiares, deberían proveer acceso al cuidado para el amplio conjunto de trabajadores y trabajadoras informales, deberían ser integradas e intersectoriales, deberían estar adecuadamente financiadas con recursos presupuestarios y deberían garantizar condiciones de trabajo decentes (incluyendo salarios decentes) para los y las trabajadores remunerados del cuidado.

Los seres humanos somos vulnerables e interdependientes. A lo largo del ciclo de vida, las personas requerimos cuidado cuando somos niñas, cuando somos mayores, cuando estamos enfermas, cuando estamos embarazadas, cuando sufrimos discapacidades permanentes o temporales. La noción de cuidado refiere no solamente al cuidado directo brindado por unas personas hacia otras, sino que también refiere al auto-cuidado, a la creación de ciertas precondiciones necesarias para la provisión de cuidado (como es todo el trabajo doméstico necesario para que el cuidado pueda desarrollarse en un ambiente adecuado), y también refiere a la gestión del cuidado.2

El trabajo de cuidado es provisto, habitualmente gratis y muchas veces mal pago, por enfermeras, maestras, madres/esposas/abuelas/hermanas, trabajadoras domésticas y muchas otras personas, mayormente mujeres. La manera en que el cuidado está organizado socialmente tiene implicancias decisivas en la vida cotidiana de las personas, y en las desigualdades de género, sociales y económicas.

Debido a la importancia que tiene para promover la igualdad de género, el ODS5 llama al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de la provisión de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y la promoción de responsabilidades compartidas dentro de los hogares y las familias, según las capacidades nacionales (meta 5.4). Adicionalmente, el cuidado es un tema transversal a todos los ODS.

El trabajo no remunerado está relacionado directamente con la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusive y sustentable, con el empleo y el trabajo decentes (Obejtivo 8), dada la contribución efectiva que hace a la creación de valor económico, así como el rol clave que juega en la sostenibilidad de la fuerza de trabajo. Tanto el sistema de cuidados formal, como el informal, frecuentemente descoordinados, están el corazón de los ODSs 1 a 4 (sobre pobreza, hambre, salud, educación). A su vez, el trabajo de cuidado no remunerado absorbe el costo “invisible” de la insuficiente infraestructura y provisión de servicios. Esto impacta el Objetivo 6 sobre agua y saneamiento, especialmente en países de bajos ingresos, donde las mujeres habitualmente tienen que caminar kilómetros para recoger agua o desechar residuos. El cuidado también se vincula con el Objetivo 9 sobre industrialización e infraestructura, ya que una infraestructura sensible al género es esencial para la “industrialización inclusiva y sustentable”. También está vinculado con el ODS 10 sobre desigualdades, con su mención específica a la migración como un factor que puede reducir la desigualdad (meta 10.7). El trabajo doméstico y de cuidado es por supuesto una de las mayores necesidades de la población envejecida, que hoy en día se satisface con el trabajo de las migrantes. Más aún, la actual organización social del cuidado es un vector clave de reproducción de desigualdad, porque permite a algunos hogares contar con muchas más alternativas para el cuidado, al costo de explotar el trabajo de las mujeres pobres, a la vez que les impone arreglos frágiles informales tanto del trabajo remunerado como del trabajo no remunerado. Las cadenas globales de cuidado1 son una evidencia fuerte de los mecanismos trasnacionales que profundizan la desigualdad tanto dentro como entre países. En breve, crear, fortalecer y expandir sistemas de cuidado (revolucionándolos) es clave para alcanzar muchos, si no todos, los ODSs.

La contribución del trabajo de cuidado al desarrollo

Hace ya mucho tiempo que se viene visibilizando la contribución que hace el trabajo de cuidado (remunerado y no remunerado) al desarrollo económico y social. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una base fundamental del desarrollo sustentable. Sostiene a las personas en el día a día y de una generación a la otra. Sin este trabajo, los individuos, las familias, las sociedades y las economías no podrían sobrevivir ni prosperar.3 Las economistas feministas han aportado un sólido marco analítico para entender el rol sistémico del trabajo de cuidado.4 Actualmente, el trabajo de cuidado representa el mayor subsidio a la economía global, a través de la reproducción de la fuerza de trabajo a bajo o ningún costo. El trabajo de cuidado no remunerado también funciona como un amortiguador contra-cíclico, absorbiendo la mayor parte del peso de las repuestas a las crisis financieras. El trabajo de cuidado remunerado contribuye considerablemente al ingreso de los hogares pobres y es clave para evitar que los hogares caigan en situaciones de pobreza extrema durante las crisis económicas. Al mismo tiempo, el trabajo de cuidado no remunerado suele ser la única garantía del bienestar de los hogares cuando hay recortes en los servicios públicos como consecuencia de las políticas de austeridad.

El Informe de Desarrollo Humano del año 1995 destinó un capítulo entero a discutir y proponer la medición de la contribución económica del trabajo de las mujeres, en consonancia con lo que se discutía en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing. Desde entonces muchos países implementaron encuestas de uso del tiempo que permiten, por un lado, confirmar estadísticamente la desigualdad en la distribución de las responsabilidades de cuidado entre varones y mujeres, y por el otro, estimar en valores monetarios la contribución de este trabajo a la economía.

De acuerdo a ONU Mujeres, en algunos países (para los que se han realizado estas estimaciones), esta contribución supera el 30% del PBI (como en los casos de Nicaragua, India y Tanzania) y resulta superior a la contribución que realizan sectores claves de la economía. Por ejemplo, en México, se estima que el valor monetario del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alcanza el 21% del PBI, superando a la manufactura, al comercio y a la suma de la construcción, el transporte y la minería.5

La valoración monetaria del trabajo de cuidado no remunerado es una manera de visibilizar su contribución fundamental al funcionamiento del sistema económico y social, incluyendo la sostenibilidad de la vida cotidiana. Esto incluye, la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones adecuadas para su participación en los procesos productivos. Además, el trabajo de cuidado es vital en la generación de posibilidades de desarrollo futuro de los niños, niñas y adolescentes, y en la atención de las necesidades humanas de las personas mayores dependientes, y de las personas con discapacidad.

La desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

En todos los países para los que existe información se confirma la brecha de género en el tiempo dedicado a las actividades domésticas y de cuidado. El tamaño de esta brecha varía según el caso, pero llega a ser mayor al 100%. Esto deriva de una combinación de factores, que incluyen la división sexual del trabajo, la persistencia de los estereotipos de género en torno al cuidado, la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar, la inaccesibilidad (debido a su elevado costo) de los servicios mercantiles de cuidado, y la insuficiencia de la provisión pública de estas prestaciones.

El fuerte peso de las tareas domésticas y de cuidado en la vida de las mujeres es una consecuencia de lo que definimos como injusta organización social del cuidado. Esto es, una distribución desigual de estas responsabilidades entre Estado, mercado, hogares y comunidad por un lado, y entre varones y mujeres por el otro. Esto es un problema para las mujeres, que encuentran en el excesivo peso de las responsabilidades domésticas uno de los obstáculos centrales a su participación económica. Por eso, a pesar de los avances que se registran en las últimas décadas, las mujeres siguen teniendo una tasa de participación laboral notoriamente menor a la de los varones, tasas de desempleo más altas, están sobre-representadas en el empleo informal, padecen segregación vertical y horizontal en las ocupaciones, y como consecuencia de todo lo anterior, ganan en promedio menos ingresos laborales que los varones.

Pero esto no es sólo un problema para las mujeres, sino que también es un problema social. El hecho de que la participación laboral de las mujeres se encuentre restringida por el peso de las responsabilidades de cuidado, representa una pérdida de productividad para toda la sociedad, que se incrementa cuanto mayor es el nivel educativo de las mujeres. Por otro lado, la sobre-exigencia del tiempo y el trabajo de las mujeres lleva a arreglos de cuidado frágiles, precarios e insostenibles, que amenazan las posibilidades futuras del desarrollo de los niños y niñas. Además, aumentan la situación de vulnerabilidad de la población mayor dependiente y de las personas con discapacidad.

Pero además, la injusta organización social del cuidado funciona como un vector de reproducción de desigualdades. Porque ante la ausencia o debilidad de provisión pública de servicios de cuidado, las soluciones privadas dependen de los recursos disponibles. Las mujeres que viven en hogares con recursos suficientes para comprar cuidado (muchas veces, comprándoselo a bajo precio a otras mujeres que se emplean como trabajadoras domésticas y de cuidado), pueden liberar tiempo que dedican entonces a mejorar su formación, a participar política o comunitariamente, o a participar económicamente, generando ingresos que les permite comprar más cuidado, liberar más tiempo y así seguir en el círculo virtuoso de sus posibilidades. Por el contrario, muchas mujeres (de hecho, la mayoría), que viven en hogares sin recursos suficientes para comprar cuidado en el mercado, y que habitualmente enfrentan mayores cargas de cuidado (porque viven en hogares más numerosos, con mayor cantidad de personas dependientes), deben entonces recurrir a su propio tiempo de trabajo no remunerado para atender estas necesidades. Esto les restringe la posibilidad de destinar tiempo a otras tareas, entre ellas, a actividades económicas que les reportarían ingresos. De este modo, no tienen recursos para comprar cuidado, no pueden liberar tiempo, no pueden participar económicamente y así se sigue reproduciendo el círculo vicioso de su falta de oportunidades. En América Latina, por ejemplo, las mujeres que viven en hogares del primer quintil de la distribución del ingreso destinan 50% más de tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres que viven en hogares del quinto quintil.6

En las áreas rurales, la magnitud del tiempo destinado al trabajo no remunerado depende de la disponibilidad de infraestructura social básica (provisión de agua, electricidad, saneamiento). Por ejemplo, en Africa Sub-sahariana, donde sólo el 55% de los hogares están a menos de 15 minutos de las fuentes de agua, las mujeres y las niñas son las principales recolectoras de agua de sus familias, haciendo esta tarea en el 70% de los hogares que requieren recolección de agua.7

Estas desigualdades adquieren en ciertos casos una dimensión trasnacional, cuando se conforman las llamadas cadenas globales de cuidado. Esto es, la combinación de procesos migratorios cada vez más feminizados, movidos fundamentalmente por necesidades económicas en los países de origen, con la llamada crisis de los cuidados en los países de destino. De esta forma, mujeres migrantes de países más pobres se emplean en los países de destino en tareas domésticas y de cuidado, liberando el tiempo de las mujeres de sectores medios en los países más desarrollados que lo utilizan para participar en el mercado laboral y generar ingresos. Simultáneamente, estas migrantes dejan en sus países de origen personas dependientes del cuidado (habitualmente hijos e hijas) al cuidado de otras personas, frecuentemente mujeres (abuelas, hermanas mayores, familiares cercanas). Así se conforman cadenas que atraviesan las fronteras a través de cuyos eslabones se va derivando el cuidado, de las mujeres de los sectores medios en los países más desarrollados, a las trabajadoras migrantes, al trabajo no remunerado de otras mujeres en los países menos desarrollados. Estas cadenas son expresiones palpables de las desigualdades (tanto dentro de los países como entre países) y de su reproducción.

Más aún, las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas y de cuidado son habitualmente peores que las de los trabajadores y trabajadoras de cualquier otro sector económico, en particular para las mujeres migrantes. Según el informe de OIT de 2016, se estima que alrededor de 50 millones de las 70 millones de trabajadoras domésticas de más de 15 años en el mundo, trabajan en el empleo informal.8

Por eso, la injusta organización social del cuidado es un nudo explicativo central de la persistencia de la desigualdad socioeconómica, o bien, es una dimensión donde la intersección entre injusticia económica e injusticia de género se pone muy en evidencia. Romper con este mecanismo reproductor de desigualdad (para avanzar por ejemplo en el cumplimiento del Objetivo 5 y del Objetivo 10) requiere de políticas públicas.

El riesgo de los abordajes actuales para el empoderamiento económico de las mujeres

Existe un consenso extendido de que promover el empoderamiento económico de las mujeres es clave para reducir las desigualdades y favorecer el desarrollo económico y social. La visión promovida desde el FMI y el Banco Mundial, por ejemplo, y también impulsada por el Panel de Alto Nivel sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Secretaría General,9 argumenta que el empoderamiento económico de las mujeres es “smart economics”, y de esta forma equipara empoderamiento a incluir a las mujeres en la fuerza de trabajo o a facilitarles la producción de bienes comercializables en sus hogares.10

Sin embargo, estas visiones deberían ampliarse para capturar la naturaleza de la participación laobral de las mujeres y reconocer el trabajo no remunerado. Por ejemplo, la multitud de programas asistenciales que buscan fomentar el micro-emprendedurismo de las mujeres, pueden en algunos casos en efecto contribuir a la generación de ingresos monetarios y mejorar (aunque sea parcialmente) las condiciones materiales de vida de las mujeres y sus hogares. Pero esto se consigue generando simultáneamente una doble jornada de trabajo para las mujeres, porque en la medida que estos programas no contemplan soluciones para el cuidado, lo que se hace es aumentar el tiempo total de trabajo de las mujeres. Investigaciones sobre programas en Asia, por ejemplo, diseñados para crear condiciones para el empoderamiento económico de las mujeres, fallan en reconocer la tensión en la conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado. Por ejemplo, el programa de empleo de Karnali en Nepal ofrece al menos 100 días de trabajo asalariado a través de programas de empleo público a hogares viviendo en condiciones de pobreza extrema, focalizando en hogares encabezados por mujeres. Sin embargo, la falta de servicios de cuidado infantil, las largas distancias a los lugares de trabajo y las problemáticas condiciones de empleo van en contra de la efectiva participación de las mujeres.11

Los recortes en los servicios públicos, entendidas como medidas de ahorro de costos, se realizan habitualmente bajo el supuesto que serán las mujeres quienes asuman lo que queda desatendido, de esta forma transfiriendo los costos hacia las mujeres. Por ejemplo, recortes presupuestarios en las áreas de salud pueden implicar menor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y por lo tanto, aumentar la tasa de maternidad adolescente, y consecuentemente la carga de trabajo de cuidado de las mujeres jóvenes. Adicionalmente, estos recortes suelen transferir responsabilidades de atención de personas con problemas crónicos de salud a los hogares, mediante altas tempranas y la necesidad de asistencia de familiares en los lugares de internación.

Asimismo, la reducción de la inversión pública en infraestructura social (como sistemas de saneamiento, o de provisión de agua corriente) pueden aumentar los tiempos de trabajo no remunerado. En la misma línea, la tendencia a la privatización en la provisión de servicios vinculados con el cuidado tiene un potencial de agravamiento de las brechas y las desigualdades, debido a la imposición de copagos y aranceles.12 Por otro lado, las estrategias que buscan comprometer a las empresas privadas en la provisión de alternativas de cuidado para sus trabajadores y trabajadoras, son también potencialmente excluyentes, en particular en los países donde la proporción del empleo informal (que no se beneficiarían de estos arreglos) es muy elevada, incrementando por lo tanto la desigualdad entre las personas trabajadoras.

La visión maternalista de las políticas sociales

En muchos países las políticas asistenciales de transferencias monetarias están jugando un rol importante en la mejora, aunque sea parcial, de las condiciones de vida de las mujeres más pobres. Sin embargo, su enfoque maternalista genera tensiones para transformar la organización del cuidado. En efecto, como lo han señalado los análisis feministas de los programas de transferencias monetarias condicionadas, sus impactos en la vida y la promoción de los derechos de las mujeres son ambiguos.13

Estos programas que se han transformado en la columna vertebral de las políticas sociales en muchos países en desarrollo, significan una transferencia de recursos considerable para las mujeres, que son las principales receptoras de los beneficios. Para muchas de ellas, es la primera vez en que se constituyen como sujetas de políticas públicas, en relación directa y estable con el Estado. Asimismo, para la mayoría, los ingresos recibidos, incluso siendo aún muy modestos, representan un ingreso estable que puede combinarse con otras formas precarias de acceso a ingresos en los hogares (como empleo eventual y precario de otros miembros del hogar) para mejorar las condiciones materiales de vida. También, siendo ellas las perceptoras (aún cuando los titulares del derecho al beneficio son sus hijos e hijas), pueden fortalecer su posición de negociación al interior de los hogares.

Sin embargo, estos programas resultan en un reforzamiento sustantivo del rol cuidador de las mujeres, principalmente a través de las características de las condicionales que imponen. En primer lugar, porque no están dirigidos a las mujeres, sino a las madres. En segundo lugar, porque las condicionalidades están vinculadas con dimensiones de cuidado (asistencia a la educación y controles de salud), y se hace a las mujeres responsables de su cumplimiento. En tercer lugar, porque las condicionalidades operan, en la mayoría de los casos, de manera punitiva (si no se cumplen, se pierde el beneficio), imponiendo una visión normativa y moral de la “buena maternidad”. En cuarto lugar, porque estos programas tienen un potencial efecto de desincentivo a la participación laboral de las mujeres, especialmente cuando los mismos son incompatibles con la percepción de ingresos laborales. Y porque a la vez, no contemplan mecanismos efectivos de salida de los mismos, dejando a las mujeres en una situación de virtual dependencia de la asistencia estatal.

Reclamando políticas integrales de cuidado para la transformación de la organización social del cuidado

El cuidado puede concebirse como un derecho humano. Las personas tenemos derecho a recibir cuidado, y a brindarlo, en condiciones que no limiten otros derechos, ni otras dimensiones de la vida. Concebido como derecho, el cuidado puede por tanto ser exigible, y los Estados deben responder con políticas públicas adecuadas. ¿Qué orientación debería tener un cuerpo de políticas públicas que contribuya a la transformación de la organización social del cuidado?

En primer lugar, debería propender a ampliar las oportunidades de las personas de elegir la manera en que quieren resolver las necesidades de cuidado propias y de aquellas personas con las que conviven. No se trata de implementar paradigmas extremos de des-familiarización o mercantilización del cuidado, sino más bien de construir las condiciones para que los hogares elijan la combinación que deseen de servicios de cuidado y trabajo de cuidado no remunerado.

En segundo lugar, deben tenerse en cuenta la diversidad de situaciones personales y familiares y por ende, las especificidades que las políticas públicas deben asumir. Por un lado, hace falta conocer mucho mejor cuál es la forma que adopta la organización social del cuidado en los medios rurales, donde hasta la propia definición de cuidado se pone en tensión. Por otro lado, se requiere salirse de las visiones binarias y tradicionales (hombres/mujeres, hogares nucleares) para poder captar las realidades de las múltiples formas familiares, sus necesidades peculiares y por lo tanto, las respuestas específicas de política que se requieren. Por caso, la extensión de la licencia por paternidad es imprescindible, pero ¿en cuánto le cambiará la vida a una madre en un hogar monoparental? O bien, ¿cómo se adaptan los regímenes de licencias vinculadas al cuidado a la realidad de familias uniparentales, adoptivas u homoparentales?

En tercer lugar, es necesario despegar la discusión de la reorganización social del cuidado de la cuestión del empleo. Las visiones predominantes siguen pensando el tema en función de cómo facilitar los arreglos de cuidado de la población trabajadora; pero estas estrategias sólo cubren a los empleos asalariados registrados. Esto se puede ver claramente en los marcos normativos (por caso los regímenes de licencias vinculadas al cuidado). Cómo pueden extenderse los beneficios a la enorme masa de personas ocupadas en el empleo informal es algo clave en especial en los países en desarrollo, donde la informalidad y precariedad laboral sigue siendo la experiencia laboral más frecuente para la mayoría de la población (en especial para las mujeres), y donde el alejamiento de cualquier experiencia vinculada al mundo del trabajo remunerado se va extendiendo entre la población joven (con enormes índices de desempleo e inactividad laboral).

En cuarto lugar, es necesario revisar el registro maternalista que tienen los abordajes a la cuestión del cuidado, porque no se trata de diseñar políticas para asistir a las madres y proteger a los niños y niñas, sino de pensar cómo socialmente reorganizamos el cuidado de las personas que por su edad o condición física requieren cuidado. Y se trata también de ampliar las posibilidades de que las personas podamos elegir la manera en que cuidamos y recibimos cuidado. Por eso, se trata de diseñar e implementar políticas de cuidado, pero también, por ejemplo, de fortalecer las políticas de protección de la salud y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo por ejemplo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Más aún, no se trata sólo de pensar el cuidado de las personas dependientes, sino de imaginar una forma social de garantizar la sostenibilidad de la vida humana y no humana.

En quinto lugar, es imperioso adoptar un abordaje integral en las estrategias de política púbica. La integralidad es relevante no solamente para dar cuenta de la multidimensionalidad de la cuestión, sino también para i) impedir solucionar un problema generando otros nuevos, ii) evitar profundizar la segmentación social, y iii) conseguir una utilización más eficiente de los recursos. La integralidad refiere tanto a pensar en formas institucionales públicas que permitan atender simultáneamente las distintas dimensiones del cuidado, pero también que la transformación que se busque operar a través de políticas específicas (como la ampliación de licencias parentales, la provisión de servicios de cuidado para la primera infancia, etc.) no resulte luego contradictoria con las políticas macroeconómicas.

Recuadro 4.1
El Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay*

El Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que fue puesto en la agenda de políticas públicas primero por la sociedad civil (principalmente por organizaciones de mujeres y feministas), se transformó en una prioridad en la plataforma electoral de todos los partidos políticos en la última elección nacional. La combinación de una demanda social por la transformación de la injusta organización social del cuidado, junto con la voluntad política, produjeron en 2015, un conjunto de políticas integrales que pretenden construir un sistema de cuidados consistente. Su diseño incluye tres dimensiones principales: i) la provisión de cuidado para niños y niñas menores de 3 años, que incluye: cuidado de día (en instituciones públicas como universidades, lugares de trabajo y espacios comunitarios), acceso facilitado al crédito para mejorar la infraestructura de cuidado, la extensión de la licencia por paternidad y la implementación de licencias parentales; ii) servicios de cuidado para personas mayores y personas con discapacidades, que incluyen: asistencia personal, cuidado de día y residencias de larga estancia, y tele asistencia; iii) la profesionalización del trabajo de cuidado remunerado, a través de actividades de capacitación, así como también la certificación de las competencias laborales y la validación de formaciones previas.

Nota:

* Para más información, ver: www.sistemadecuidados.gub.uy.

El abordaje integral muestra que hay una necesidad no sólo de políticas de cuidado, pero también de un conjunto de políticas que reduzcan el trabajo de cuidado. Mejorar la provisión de agua, el saneamiento, el acceso a la energía (gas, electricidad) y el servicio de transporte público pueden reducir el trabajo de cuidado no remunerado, y a la vez mejorar el medio ambiente para la provisión del cuidado.

En sexto lugar, los gobiernos deben comprometerse a avanzar en este tema a través de la asignación de los recursos presupuestarios necesarios. No alcanza con los discursos sensibles ni las actitudes “género o feminista-friendly”. Hace falta voluntad política y recursos. Por ejemplo, estimacines del esfuerzo fiscal necesario para un acceso universal a servicios de educación temprana y de cuidado en Sudáfrica y Uruguay muestran que, dependiendo de los escenarios, se requeriría un inversión bruta anual de entre 2,8% y 3,2% del PBI para cubrir a niños y niñas de 0 a 5 años.14

Si bien la implementación de políticas públicas para la transformación de la organización social del cuidado requiere esfuerzos fiscales, esto no puede ser utilizado como una excusa para demorar los avances. Primero, porque los gobiernos pueden y deben avanzar reformas tributarias mejoren la progresividad de los sistemas impositivos y la eficiencia de la recaudación (mediante una ampliación de la tributación sobre los ingresos personales, la reducción o eliminación de los beneficios tributarios para las grandes corporaciones, y enfrentando a los flujos financieros ilícitos en el contexto de mecanismos concretos de cooperación tributaria internacional). En segundo lugar, porque la implementación de políticas de cuidado tiene un costo fiscal, pero su ausencia tiene un costo socio-económico que debe ser reconocido. Los riesgos que los frágiles arreglos de cuidado implican para el desarrollo de los niños y niñas, la sub-utilización de la fuerza de trabajo de las mujeres, las mayores dificultades para evitar situaciones de vulnerabilidad socio-económicas, implican un costo para la sociedad que puede más que compensar los costos para el presupuesto público. Más aún, mientras el costo de implementar servicios de cuidado puede ser modesto, los beneficios para las mujeres, pero también para la vida presenta y futura de los niños y niñas puede ser enorme.

Más aún, asegurar condiciones de trabajo decente (incluyendo salarios decentes) para el trabajo de cuidado remunerado es una parte esencial de esta transformación. Como se mencionó, los empleos domésticos y de cuidados están, prácticamente en todos lados, entre los más precarios y peor pagos. Hay una necesidad urgente de los países de reforzar los marcos normativos que le otorgan a las personas trabajadoras del cuidado los mismos derechos laboral y protecciones sociales que al resto de la economía (en línea con la Convención 189 de la OIT). Es necesario que los gobiernos adapten las normas nacionales a estos estándares, a la vez que implementen mecanismos para su exigibilidad y monitoreo. Un nota adicional debería hacerse sobre que la provisión de cuidados podría convertirse en un sector económico importante, que ofrecería oportunidades de empleo y contribuiría a la demanda doméstica. Políticas públicas específicas se necesitarán para evitar una mayor feminización del sector de los cuidados, y pagar los salarios necesarios para atraer más hombres a la provisión de estos servicios.

La injusta organización social del cuidado vulnera derechos básicos de las personas, y debe ser transformada si se quiere avanzar en la implementación de los SDGs. No habrá forma de no dejar a nadie atrás si no se atiende este problema. Es tiempo de reclamar políticas integrales de cuidado para la sostenibilidad de la vida.

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Corina Rodríguez Enríquez forma parte del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN) y del equipo de DAWN sobre Economía Política de la Globalización.

Notas:

1 Gracias a Kate Donald y a los colegas del Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por sus comentarios y reflexiones sobre una versión preliminar.

2 Para una síntesis de la discusión sobre el concepto de cuidado, ver Esquivel (2011).

3 ONU Mujeres (2018), pág. 216.

4 Carrasco Bengoa (2006), Picchio (2001), Rodríguez Enríquez (2012).

5 ONU Mujeres (2016).

6 ONU Mujeres (2018), Figura 6.3.

7 Ibíd., pág. 221.

8 OIT (2016).

9 Naciones Unidas (2016).

10 Véase, por ejemplo: www.imf.org/external/themes/gender/ y McKinsey Global Institute (2015).

11 Chopra y Zambelli (2017). Véase también Cookson (2018).

12 Hall (2014) ofrece ejemplos de fracasos de APP. Véase también ONU Mujeres (2018), Cuadro 6.4.

13 Para un análisis feminista de las transferencias monetarias condicionadas, véase Martínez Franzoni y Voorend (2008), Rodríguez Enríquez (2011), Cookson (2018).

14 ONU Mujeres (2018).