Deterioro de las condiciones de vida e inestabilidad laboral

Salah Edeen El-Jourchi
Liga Tunecina de Derechos Humanos

Túnez experimentó en los últimos dos años la emergencia de dos tendencias opuestas. Por un lado, el gobierno aplica políticas dirigidas a limitar los resultados negativos de los programas de ajuste estructural implementados desde principios de la década de 1980. Por el otro, es cada vez más evidente que la adopción de políticas de mercado conlleva serias amenazas para la economía.

Tres temas principales dominaron el escenario socioeconómico de Túnez en 2003: las consecuencias cada vez más negativas de las privatizaciones, la emigración “oculta”

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de jóvenes a Europa, y el crecimiento del contrabando, un tema relacionado con el problema de la emigración.

Privatización

Las privatizaciones en Túnez son un tema tabú, ya que no pueden discutirse ni criticarse. El gobierno está obsesionado con atraer la inversión extranjera directa porque considera que mejorará las exportaciones. Según los economistas, luego de la prosperidad de los años 90, la crisis económica lleva al gobierno a concentrarse en las privatizaciones para ocultar el déficit del presupuesto nacional. Una de las causas del déficit es la caída en la industria turística a raíz de los incidentes del 11 de septiembre de 2001 y del atentado terrorista de Jarbah,

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donde murieron 20 personas.

Efectivamente, el país atraviesa una escalada de dificultades económicas debido al descenso en la recaudación impositiva y al perjuicio sufrido por las pequeñas y medianas empresas con la implementación del acuerdo Europeo-Tunecino en el marco de la Asociación Euromediterránea. Esto provocó el crecimiento del desempleo, la disminución de la recaudación tributaria por concepto de importaciones y el menoscabo de la competitividad de las empresas locales, enfrentadas con productos extranjeros más económicos y de mejor calidad, por lo cual la mayoría quedó en bancarrota.

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Temiendo un aumento del desempleo, el gobierno aplicó una política gradual de privatizaciones desde la década de 1980. Pero los donantes, especialmente el Banco Mundial, presionan en forma creciente y critican el proceso de privatizaciones tunecino, considerando inadecuadas sus políticas.

Sin embargo, en el presupuesto 2003-2004 la tendencia apunta cada vez más a la inversión privada de empresas nacionales y extranjeras, que conducirá a la privatización de 24 instituciones públicas este año. Asimismo, el gobierno permitirá la privatización de empresas que tradicionalmente han estado bajo control del sector público, como las comunicaciones, la energía y los servicios. El sector minero, considerado de alto valor estratégico para Túnez, también se está liberalizando a los compradores privados, quienes reciben incentivos para invertir en él.

Ante las consecuencias negativas que podría generar este proceso, especialmente por el temor de que las empresas trasnacionales lleguen a controlar sectores cruciales de la economía, varios parlamentarios solicitaron más incentivos y apoyos para los inversores nacionales. También cuestionaron el grado de participación permitido a los inversores extranjeros en el sector minero, para poder evitar perjuicios a los recursos nacionales y como medio de impedir posibles amenazas a la soberanía nacional.

A partir de 1987, el sector público cedió el control de 176 instituciones públicas a inversores privados nacionales y extranjeros, por un monto estimado de EUR 1.760 millones (USD 2.770 millones). Como se informara en los medios de comunicación, las políticas de privatización traspasaron el monopolio de las instituciones públicas del gobierno a manos de un número limitado de propietarios privados. Posteriormente, numerosas empresas privadas declararon la bancarrota y fueron revendidas. Los sindicatos solicitaron al gobierno que se abstenga de privatizar empresas públicas estables y lucrativas, y exigieron más transparencia en el proceso de privatización.

La principal inquietud de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, son los crecientes despidos de trabajadores, especialmente de mujeres. Esto se debe a varios factores relacionados entre sí, como las privatizaciones, nuevos enfoques ante el desarrollo industrial, dificultades económicas y la fuerte competencia que soportan muchas empresas e instituciones económicas.

Numerosos empleados de la industria textil y las zonas costeras organizaron huelgas de hambre en protesta contra los despidos, el cierre de instituciones o su venta al sector privado sin ofrecer seguridad a los trabajadores. Los economistas señalan que Túnez alcanzó un techo en lo que respecta a la creación de empleos y que el problema del desempleo probablemente se torne crónico, afectando así al futuro económico y social de la población.

Emigración oculta y perspectivas sombrías

Aunque las gestiones oficiales para reducir la pobreza generaron mejoras importantes en muchos sectores, persiste el temor y el pesimismo entre los jóvenes, especialmente de las clases media y baja, por las perspectivas cada vez más limitadas que tienen en materia profesional y social. Esto explica en gran medida la tendencia de la emigración a los países europeos en las costas septentrionales del Mediterráneo.

Túnez es un punto importante de partida para ciudadanos de otros países que cruzan a Europa. La mayoría de ellos provienen del Magreb y de otros países del norte de África. Las redes tunecinas que se dedican al traslado ilegal de inmigrantes aún no participan en otros tipos de tráfico humano, pero redes turcas bien organizadas se están extendiendo y lograron contactarse con las organizaciones tunecinas.

Los jóvenes tunecinos denominan “la quema” a la emigración, un término que refiere no sólo a la quema de sus documentos de identidad sino al acto de “quemar las naves” o dejar atrás el pasado rompiendo los límites geográficos y las barreras legales, incluso de su pertenencia a un país que, según ellos, les ha fallado. Por simbólica que parezca, la quema de los documentos es la mejor forma de no revelar su nacionalidad en caso de ser capturados.

A pesar del peligro que implica escapar por vía marítima hacia la costa italiana, como lo demuestran cientos de personas que se han ahogado en años recientes, con frecuencia la prensa tunecina informa de una nueva tragedia.

Aunque el gobierno evite divulgar cifras acerca de las víctimas, estudios realizados por investigadores en colaboración con organizaciones de la sociedad civil revelan que la principal causa del incremento en la emigración es el desempleo. Asimismo, estos estudios muestran que la mayoría de los emigrantes provienen de familias pobres y que abandonaron sus estudios, aunque cada vez más poseen títulos universitarios. Todos sueñan con el “paraíso europeo” que combina la fortuna y la belleza. Son víctimas de una cultura de odio y rechazo, donde la emigración es la única opción para escapar al temor y el sufrimiento. Finalmente, muchos perciben a la emigración como la única vía para escapar a una vida delictiva.

Las investigaciones también revelaron que la naturaleza de la emigración oculta desde Túnez es individualista, y no familiar ni comunitaria. Prevalece entre los hombres jóvenes entre 19 y 35 años. Aunque hasta el momento la mayoría de los emigrantes son hombres, se espera que más mujeres se sumen a sus filas en el futuro. Setenta y cinco por ciento de los emigrantes buscan empleo, mientras el resto son llevados por motivos políticos o huyen de delitos cometidos, especialmente relacionados con el sector financiero.

En este sentido, los expertos concuerdan en que esta tendencia probablemente crezca debido a los desequilibrios económicos, tanto internacionales como nacionales. La globalización amenaza con la pobreza a un número creciente de la población del Sur. El investigador italiano Salvatore Palidda

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considera que la guerra declarada contra la inmigración representa una tremenda amenaza para los trabajadores ilegales en Europa. Palidda explica que 30% de la economía italiana se basa en el trabajo de los inmigrantes ilegales, donde la doble moral los expone al engaño y al abuso. En muchos casos corren el riesgo de que sus patrones denuncien su situación a las autoridades y no les paguen sus salarios, obligándoles a escapar sin pedir indemnización alguna.

Representantes de la sociedad civil, especialmente la Asociación de Derechos Humanos y los sindicatos, adoptaron la emigración oculta como un tema prioritario. Creen que si el problema se aborda desde la perspectiva de la seguridad nacional no se atacarán las raíces ni las causas reales del mismo, ya que ese enfoque no produjo ningún tipo de soluciones en el pasado.

Corrupción y comercio ilegal

El tercer problema que perjudicó el desarrollo social, económico y político del país es la combinación de corrupción y comercio ilegal. Economistas y representantes de la sociedad civil temen que el rápido incremento de la corrupción haya aumentado la inseguridad de la población, ya que conduce a una situación en la que un pequeño grupo de personas se enriquece, mientras las condiciones de vida y la seguridad humana del resto de la población quedan más expuestas a las amenazas.

Los efectos adversos del comercio ilegal llamaron la atención del gobierno. Este comercio está controlado por poderosas y extensas redes de contrabando, con el suficiente poder y capacidad para inundar el mercado nacional con productos baratos y no gravados, amenazando así la supervivencia de empresas privadas y públicas.

El crecimiento del comercio ilegal fue estimulado por la falta de transparencia que mostrara el gobierno al negarse a divulgar la información a la opinión pública. La situación se agrava por la inexistencia de medios de comunicación libres y plurales.

Cabe señalar que mientras el gobierno fomenta la adopción por parte del sector privado de un papel más relevante en el proceso de desarrollo e inversión, sigue intentando monopolizar las obras sociales y crear obstáculos para las organizaciones de la sociedad civil. Esto limita el rol de la sociedad civil, y mantiene las actividades de estas organizaciones bajo el control y la supervisión de los organismos públicos.

Conclusión

Ante los problemas mencionados, todas las organizaciones de la sociedad civil independientes del gobierno y que se dedican al desarrollo en su sentido más amplio presionan constantemente para subrayar su función como socias y su derecho a tomar parte en los debates sociales y políticos a nivel local. Existen muchos factores que deben incorporarse al debate sobre las amenazas que penden sobre la seguridad humana, como la libertad de asociación de la sociedad civil, la libertad de prensa, la libertad de todos los partidos políticos, la independencia del sistema jurídico, así como elecciones transparentes, especialmente las municipales y parlamentarias.

A pesar de los esfuerzos oficiales para evitar el conflicto social, un gran problema durante los años 70 y 80, lo hecho por el gobierno no basta para proteger a los distintos grupos sociales frente al deterioro de sus condiciones de vida y la inestabilidad laboral, que amenaza a decenas de miles de empleados debido a las privatizaciones.

En este sentido, resulta sumamente beneficioso que la red de Social Watch dedique parte de su labor teórica y práctica a crear políticas y recomendaciones que puedan ayudar a las personas amenazadas por la pobreza y el desempleo. Asimismo, recomendamos que Social Watch organice talleres y discusiones sobre la inmigración ilegal, que se ha convertido en un grave problema en los países europeos. La cumbre Cinco más Cinco

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se organizó específicamente con el fin de estudiar distintos enfoques para abordar este problema, que afecta a ambas costas del Mediterráneo.

Notas:

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“Oculta” porque el gobierno publica con reticencia las cifras sobre la emigración.

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El 11 de abril de 2002 una explosión mató a 20 personas, en su mayoría turistas alemanes en Jarbah, una isla turística tunecina en el Mar Mediterráneo.

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Cabe señalar que el gobierno realizó inversiones en el sector textil, aunque el país no produce materias primas.

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Salvatore Palidda completó sus estudios doctorales en Sociología y Estudios Europeos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Génova. Entre sus intereses de investigación se incluyen la desviación y la penalización, problemas de seguridad y policía y las migraciones internacionales.

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La cumbre “Cinco más Cinco” tuvo lugar el 5-6 de diciembre de 2003 en Túnez. Participaron cinco países europeos “australes” (Portugal, España, Francia, Italia y Malta) y cinco países del Magreb (Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, Libia). El proceso de cooperación 5+5 del Mediterráneo oriental se inició en 1990 en Roma.

Salah Edeen El-Jourchi es Vicepresidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos e integrante del Comité de Coordinación de la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (annd@annd.org).