Guatemala: Comunidades indígenas se rigen por una institucionalidad propia
Published on Sun, 2012-07-15 08:54
Comunidades indígenas de las localidades guatemaltecas de La Tinta, Panzós y Momostenango se rigen por una institucionalidad propia que refuerza su reivindicación sobre sus territorios ancestrales frente a las políticas de despojo, según un estudio de los investigadores Katja Winkler y Fernando Alonzo que será presentado la semana próxima. El informe, realizado en el marco de un proyecto de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP, punto focal de Social Watch en Guatemala) y su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR), señala que, a pesar de que esa institucionalidad no necesariamente se refiere a organizaciones formales, procura vincularse con los instrumentos legales nacionales e internacionales existentes. El estudio, titulado “Presiones territoriales e instituciones indígenas en Totonicapán y Alta Verapaz”, será presentado el miércoles 25 en la Feria del Libro de Guatemala. El análisis de Winkler y Alonzo refleja los hallazgos y conclusiones de un proyecto de investigación en apoyo a los derechos colectivos por el cual Congcoop e Idear intentan contribuir desde lo conceptual al proceso de lucha por la defensa de los territorios que hoy ocupa a numerosas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y sociales de Guatemala, El estudio ubica su contribución a este proceso mediante la caracterización territorial inicial que conciben los habitantes de las etnias Maya Qeqchi’es, Poqomchi’es y K’iche’es, de tres localidades en Alta Verapaz y Totonicapán: los municipios de La Tinta, Panzós y Momostenango. Esta caracterización “hace referencia al cuerpo de normatividades consensuadas y ejercidas, así como al cuerpo de autoridades locales que en ambos casos devienen instituciones con particularidades culturales propias”, indican los autores. “El manejo territorial a través de una institucionalidad propia, que no necesariamente se refiere a organizaciones formales, representa una vía real de defensa territorial, la cual busca su vinculación con los instrumentos legales nacionales e internacionales existentes”, según los investigadores. El acceso a la tierra y la seguridad jurídica sobre este recurso, una de las reivindicaciones centrales e históricas del movimiento campesino e indígena, “sufre las consecuencias de las políticas y prácticas de exclusión, marginación y despojo, desde la invasión española, pasando por el auge de las políticas liberales agro-exportadoras en el siglo XIX y el conflicto armado interno”, anotaron Winkler y Alonzo. “La presión que sobre los territorios rurales están ejerciendo las políticas nacionales de desarrollo económico y las políticas de libre mercado vividas en los países latinoamericanos desde hace dos décadas es creciente y se refleja en leyes que buscan perpetuar el control privado y criminalizar el uso público y cultural tradicional de los recursos naturales”, indica el estudio. “Las políticas de apertura comercial han propiciado concesiones estatales a compañías extranjeras en territorios de población indígena y campesina con fines extractivos, en donde se observa además el creciente interés en los remanentes coloniales de tierras comunales, que adquieren un significado comercial por parte de los latifundios agroexportadoras”, según el estudio. “Sin restar importancia a las luchas reivindicativas por la tierra en Guatemala, la falta de resolución a conflictos añejos por los medios productivos y la agudización de las presiones por el acceso a ellos, ha conllevado la necesidad de reivindicar, profundizar y ampliar los recursos culturales propios de los pueblos indígenas de Guatemala”, observan los autores. El estudio describe “un contexto de despojo” caracterizado por la falta de seguridad jurídica de indígenas y campesinos sobre sus tierras y por la “descampesinización del agro guatemalteco”, el cual “se ha agudizado con las formas de apropiación y explotación de los recursos naturales que aplican empresas nacionales y extranjeras con apoyos del capital transnacional”. Esta situación, a la que se suma la privatización de bienes públicos, derivó en “actos de represión y criminalización de los oponentes en función del control sobre los recursos naturales”, agrega el informe. Aun en estas condiciones adversas, los investigadores constataron “normativas sistematizadas” vigentes en las comunidades que respaldan “una perspectiva de apropiación y manejo cultural de los territorios”. “La existencia de reglas y normas de manejo sobre los recursos y las formas organizativas […] dan cuenta de una estrecha relación entre los patrones de tenencia de la tierra y el grado de fortalecimiento institucional propio, que a su vez determina la capacidad de enfrentar la actual problemática de despojo”, indicaron los autores en la introducción de este trabajo. Fuentes |
