ONU exigió al Estado argentino reconocer territorios de pueblos indígenas

Foto: Ecologismo.org

El relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, solicitó al Estado argentino la suspensión de todos los procesos de desalojo de comunidades indígenas y la implementación de mecanismos efectivos para la demarcación y el reconocimiento legal de sus territorios.

De acuerdo con un informe presentado por Anaya la semana pasada, el Estado “ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país”, como las reformas constitucionales de 1994 en materia de pueblos indígenas, la aprobación de la ley 26.160, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la aprobación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.

Sin embargo, el alto funcionario destacó en su evaluación que “persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.

El documento, que recoge la información reunida por Anaya durante su última visita oficial a Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre pasados, sostiene también que ese país “debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares”.

En su visita, el funcionario se reunió con representantes de comunidades originarias de las provincias de Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta y Formosa, además de funcionarios del gobierno nacional.

En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios nativos ancestrales, el relator afirmó que “se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas” con el objetivo de obtener “su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos humanos”.

Para el director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), Diego Morales, “el informe del relator cobra especial relevancia en un contexto en el que distintas comunidades indígenas son sometidas a continuos desalojos de sus tierras, como la comunidad diaguita de Indio” a comienzos de julio en la provincia de Tucumán.

Además, el pronunciamiento de Anaya contempla aristas comunes que presentan los diversos conflictos por las tierras indígenas, como la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio”.

En su fallo, el relator solicitó que se suspendan todos los procesos de desalojo y que se implementen los mecanismos para la demarcación de los territorios de indígenas pertenecientes a 18 grupos étnicos.

Ahora falta asegurar que se detendrá la contaminación de sus territorios, y la destrucción de ecosistemas, como los que conllevan la megaminería y la construcción de hidroeléctricas, indicó el portal Ecologismo.com.

Anaya reclamó al Estado, tanto a nivel federal como provincial, que adopte “políticas públicas claras”, como elaborar medidas legislativas y administrativas adicionales “para impulsar un mayor conocimiento y acción estatal en materia indígena entre todos los poderes del gobierno”, según informó el diario Página 12.

La falta de tenencia de tierra y recursos naturales, según el informe, “deriva de la disposición histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros [grandes hacendados] y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras”.
El informe destaca algunos avances de los gobiernos provinciales en Jujuy, Salta, Formosa y Neuquén, aunque en estos lugares hay demoras en la entrega de títulos de tierras y controversias por usurpaciones hechas por actores privados y públicos, reportó el periódico.

“En algunos casos, las comunidades reportaron haber entregado su documentación en diversas ocasiones durante períodos de hasta 15 años, y repetidamente se les informaba que les hacía falta la documentación requerida, por lo que debían comenzar con el proceso de solicitud de nuevo”, comentó Anaya en su pronunciamiento.

Fuentes
CELS: http://bit.ly/NAU626
Página 12: http://bit.ly/Njm17x
Ecologismo.com: http://bit.ly/NtCZvv