Guatemala frente a la Agenda 2030

Helmer Velasquez y Arlyn Jimenez
Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP)

Guatemala llegó al 2015 sin cumplir uno solo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es indispensable el protagonismo de las organizaciones sociales. Pero este cumplimiento solo será posible si la acción social es acompasada con la voluntad estatal, que deberá expresarse en transformaciones políticas y presupuestarias.

Hasta ahora, solo se han expresado  buenos deseos. Una larga lista de falencias enmarca el escenario escasamente positivo para el cumplimiento de los ODS que se presenta al día de hoy en Guatemala. De no enfrentarse estos grandes desafíos adoptando las medidas necesarias, el Estado no dará respuesta a las demandas de la población y no se cumplirán tampoco los ODS en el año 2030.

Guatemala llegó al año 2015 sin cumplir uno solo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -entidad encargada del monitoreo de su cumplimiento- de los 66 indicadores reportados por el país, 29 presentaron una evolución positiva (44%); 27  no se cumplieron, tienen una evolución negativa (41%); 4 presentaron un estancamiento (6%); 3 están cerca de cumplirse (4%) y en 3 no se determina evolución (5%). (Secretaría de Planificación y Programación G918 15 de la Presidencia. Informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Guatemala: Segeplán. 2015.)

Gráfica 1. Panorama general de Cumplimiento de los ODM

Fuente: Elaboración Propia, con datos del informe de Cumplimiento de los ODM, Segeplan 2015.

¿Que significó no haber cumplido ninguno de los ODM? Algunos indicadores evidencian la tragedia

  1. Guatemala se ubica en la posición 128 entre 188 países evaluados por el Informe de Desarrollo Humano  2015 del PNUD.
  2. La pobreza aumentó al 59.3% de la población, y el 23.4% vive en pobreza extrema. Si bien la pobreza es generalizada, es más alta en el área rural, particularmente en los territorios con mayoría de población indígena. (Instituto Nacional de Estadística.)
  3. Inseguridad alimentaria: Alrededor de dos millones de guatemaltecos se encuentran en riesgo de padecer hambre de forma recurrente, según la FAO.
  4. La mitad de las niñas y los niños (49.8%) se encuentra en una situación de desnutrición crónica. (Ministerio de Salud Pública.)
  5. Precaria cobertura educativa. Se estima que alrededor de cuatro millones de niños y jóvenes en edad escolar están fuera del sistema educativo. El  Ministerio de Educación reporta que la cobertura en preprimaria es de 44%, en Educación Primaria de  89.1% y en el ciclo básico de 43.2%.
  6. Alrededor de dos millones de guatemaltecos viven en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Las remesas familiares constituyen uno de los pilares de la economía nacional. En 2015 superaron los seis mil millones de dólares. (Banco Central.)

El corolario: una sociedad en riesgo de sostenibilidad. El 70% de la población económicamente activa está vinculada a una economía de “pequeños empresarios” -eufemismo utilizado por los tecnócratas para identificar a los trabajadores por cuenta propia-, que trabajan doce horas al día, sin seguridad social y con frecuencia “acompañados” de sus hijos.

De los doscientos mil jóvenes que según el Ministerio de Trabajo, “entran” al mercado laboral anualmente; la economía nacional absorbe alrededor de cuarenta mil. Un alto porcentaje se incorpora al comercio ambulante, emigra al norte o se pone al servicio de mafias nacionales o transnacionales.

La violencia es parte del paisaje, con un promedio de diez homicidios por día, y 70% del territorio nacional sufre diversas formas de extorsión ejercidas por estructuras criminales.

En este escenario es que deberán cumplirse los ODS, por lo que resulta indispensable el protagonismo de las organizaciones sociales en la auditoría de avances y retrocesos. El cumplimiento de los ODS en Guatemala será posible si la acción social es acompasada con la voluntad política estatal, que deberá expresarse en transformaciones políticas y presupuestarias. Hasta ahora, solo se han expresado  buenos deseos.

Las vulnerabilidades sociales remiten a las vulnerabilidades institucionales

  1. Estructura tributaria débil, caracterizada por carga fiscal precaria y de carácter regresivo. Con un total anual equivale al 11% del PIB, Guatemala tiene una de las tasas más bajas de la región. La situación de los ingresos del Estado se agrava por los mecanismos legales que otorgan privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales, así como un sistema paralelo que facilita la defraudación y la evasión fiscal. (Observatorio del Gasto Social. CONGCOOP. 2014.)
  2. Guatemala es considerado paraíso fiscal, debido a su baja imposición, alta evasión y prevalencia del secreto bancario. (El Periódico, abril 2016.)
  3. Un presupuesto público deficitario equivalente al 13.5% del PIB para el año 2016. Ante la debilidad fiscal del Estado, es preciso financiarlo con recursos provenientes de deuda externa e interna.
  4. El gasto social no ocupa un lugar prioritario en la orientación presupuestaria y cuenta solo con el equivale al 8% del PIB para el año 2016.
  5. La cobertura educativa es de 49.8% de los educandos y el porcentaje total del presupuesto invertido en educación equivale a un 2.6% del PIB.
  6. La cobertura real en salud pública abarca a 49.6% de la población (Ministerio de Salud) y el presupuesto público en salud equivale a 7.8% del total del presupuesto nacional y 1.1% del PIB.
  7. La inversión en Agricultura, dirigida a los productores a pequeña escala, equivale a 1,090.90 quetzales (141.49 dólares) por año y por productor. Esto implica asistencia técnica, transferencia tecnológica, infraestructura productiva, crédito e insumos. Es decir, en términos prácticos el Estado no invierte en agricultura a pequeña escala.
  8. En seguridad pública, el Estado invierte 9.2% del total del presupuesto de la nación.

Esta lista de falencias enmarca el escenario escasamente positivo para el cumplimiento de los ODS que se presenta al día de hoy en Guatemala. De no enfrentarse estos grandes desafíos, el Estado no dará respuesta a las demandas de la población y no se cumplirán tampoco los ODS.

I. Medidas transformadoras para resultados transformadores: las necesarias medidas del Estado y la sociedad para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

  1. Fortalecer las finanzas del Estado a través de una estrategia nacional para aumentar los ingresos tributarios, que priorice la realización de una profunda reforma fiscal justa, progresiva y que eleve de forma gradual la carga tributaria a por lo menos 21.7% del PIB para el año 2030.
  2. Incrementar de forma gradual y sostenida el presupuesto público hasta un 22% del PIB para el año 2030. En términos prácticos, Guatemala debe duplicar su presupuesto.
  3. Elevar de forma gradual y sostenida el gasto social, hasta por lo menos  un 19.5 % del PIB para el año 2030.
  4. La inversión y el gasto en salud y educación se deberá elevar anualmente en por lo menos 0.4% del PIB, hasta alcanzar las metas básicas de los ODM.

II. Prestación de servicios sociales

  1. Implementar una reforma educativa que contemple un sistema de educación bilingüe e intercultural. El sistema educativo monolingüe vigente en un país multilingüe y factores asociados a la pobreza provocan una constante deserción escolar.
  2. Priorizar las políticas de salud preventiva, con pertinencia étnica y atendiendo a las efectivas prácticas ancestrales del sistema maya de salud.
  3. Implicar a la juventud en programas de empleo, a través de inversión pública, dinamizando la agricultura familiar en el ámbito rural y con amplios programas de servicio público en las áreas urbanas.
  4. Ejecutar una política de acceso campesino a los recursos productivos, particularmente la tierra, el crédito, la tecnología y la infraestructura social y productiva, en función de generación de empleo y dinamización de las economías rurales.
  5. Implementar una política innovadora de pago a través de inversión pública a aquellas zonas que cuidan, protegen y desarrollan los bienes naturales, particularmente las aguas y los bosques.
  6. Impulsar un programa nacional de  ordenamiento territorial que garantice a las poblaciones productoras a pequeña y mediana escala el espacio suficiente para la producción de alimentos y el desarrollo de sistemas de vida propios y de calidad.
  7. Protección irrestricta de las fuentes de agua, priorizando el uso social público.
  8. Detener y revertir el avance de los monocultivos, que han incrementado su área de producción en 40% en los últimos diez años, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta forma de producción depreda bosques y agua, y provoca contaminación por el uso de agrotóxicos. En esta misma dirección, el país necesita una moratoria minera, por los daños que ocasiona al ambiente, muy similares a los ocasionados por los monocultivos. Los efectos del cambio climático se aceleran por causa del sistema de producción extractivo.
  9. Implementar de forma acelerada y masiva un sistema de producción agroecológico, que mitigue y revierta los daños ocasionados por el cambio climático.
  10. Continuar con medidas legislativas para la reforma del Estado, particularmente las que amplíen la participación política de la ciudadanía y cierren el paso a la corrupción.

III.        Los Movimientos Sociales

15.   Sostener y fortalecer la estrategia de articulación y emplazamiento al Estado para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el país.
16.   Garantizar una permanente movilización, que implique la propuesta y  monitoreo de las acciones estatales en función del cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Culturales de la población.
17.   Establecer sistemas de monitoreo autónomos y/o con interlocutores estatales sobre el avance o retroceso de los ODS e informar a la población del curso de éstos.
18.   Movilizarse socialmente para presionar por transformaciones políticas del Estado, como condición indispensable para el cumplimiento de los derechos de la población y los ODS en particular.