Los hambrientos se duplican

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1998
Paul Weinberg
IPS Informe especial para Control Ciudadano

Las organizaciones que luchan contra la pobreza en Canadá buscan formas de obligar legalmente al gobierno federal a cumplir con su responsabilidad para ayudar a sus ciudadanos más pobres, como lo garantiza la Carta de Derechos incluida en la Constitución.Bruce Porter, portavoz de la no gubernamental Charter Initiative, declaró que mientras el país se comprometía en la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague a erradicar la pobreza, Ottawa estaba ocupada desmantelando su red de seguridad social, entre ellas la asistencia a los pobres, la atención médica y la educación.

"Canadá ha tenido un impresionante historial de asumir compromisos en el derecho internacional", señaló otra activista social, Shelagh Day, pero recientes medidas como la eliminación del Programa de Asistencia de Canadá (CAP) desmienten sus declaraciones oficiales sobre ayuda.

El CAP brindó un mecanismo en el complejo sistema federal canadiense en ámbitos como los servicios sociales, la atención médica y la educación, por el cual Ottawa financiaría programas nacionales, administrados por los gobiernos provinciales. A cambio, las provincias tienen la obligación legal de brindar las necesidades vitales básicas a las personas necesitadas.

"La gente podía recurrir a los tribunales si las provincias no les brindaban lo necesario", señaló Peter.

Por el CAP, las provincias no podían reducir sus aportes a la seguridad social, imponer el trabajo a cambio de la ayuda sobre los receptores de la misma o implementar requisitos de residencia local para recibir la asistencia.

Ahora, dichas medidas no sólo son posibles sino que están siendo implementadas en muchas provincias canadienses, luego de la sustitución del CAP por acuerdos más débiles entre Canadá  y las provincias, que no obligan a entregar fondos.

A la vez, el gobierno federal recortó casi 4.260 millones de dólares en pagos de fondos sociales a las provincias. "El gobierno federal eludió su función tradicional de garantizar que la transferencia de pagos realizada a las provincias se dirija para aliviar a la pobreza", dijo Porter.

El gobierno justificó sus recortes en materia de aportes sociales a las provincias como la parte central de su estrategia para reducir el creciente déficit del país.

En 1995 se realizó un esfuerzo sin éxito por utilizar el argumento de los derechos básicos en las cortes inferiores para impedir que el gobierno de Ontario redujera 21,6% el monto de la seguridad social.

"Los tribunales decidieron que el gobierno tiene la libertad para realizar recortes en el  ámbito social", explicó Porter.

El efecto Dominó de los recortes federales y provinciales a la asistencia social significó la duplicación de la cantidad de personas que pasan hambre obligadas a depender de una red comunitaria de proveedores de alimentos gratuitos, sin fines de lucro y dependiente de las donaciones.

La totalidad de receptores de alimentos en 1989 fue de 329.000 pero la cifra aumentó a 669.000 en 1997, según la Asociación Canadiense de Bancos de Comida (CAFB). Peor aún, cerca de 42% de las personas que recibieron la ayuda fueron niños menores de 18 años.

La combinación de varios recortes al programa federal de seguro de desempleo y a la transferencia de fondos condujo a una situación en la que los "bancos de alimentos cargaron con el peso creciente de la pobreza, el desempleo, las rupturas familiares y las enfermedades", dijo la directora ejecutiva de CAFB, Julia Bass.

La alta tasa de desempleo a partir de 1990, en la actualidad en torno al 9%, se atribuyó a la reestructura económica, disposiciones de libre comercio con Estados Unidos y México y la controvertida política antiinflacionaria del Banco Central de Canadá.

Así mismo, los empleos de corto plazo y con bajos salarios aumentaron en Canadá, así como en otros países industrializados, mientras los trabajos permanentes, con buenos sueldos, declinaron. Pero en un ambiente político conservador, son los pobres a quienes se culpa de su suerte, dijo Porter.

"La pobreza se convirtió en un problema de aptitudes para los pobres. Les dicen a los pobres cómo administrar su dinero, cómo convertirse en mejores padres", afirmó.

La Organización Nacional contra la Pobreza (NAPO) agrega en un informe que las autoridades provinciales y federales están, con mayor frecuencia, separando a los pobres en categorías de "merecedores" (pobres con empleo, niños y discapacitados) y "no merecedores" (adultos considerados aptos para trabajar, entre ellos padres de niños menores).

Los beneficios de la asistencia social se mantienen para los primeros mientras se imponen sanciones contra el segundo grupo. Además, dijo Porter, los fondos para organizaciones como la suya fueron eliminados por el gobierno conservador de la provincia de Ontario, una tendencia que se repite en otras partes del país.

Porter también observó el énfasis puesto por los políticos federales y provinciales para proteger el sistema de atención médica administrado por el Estado en lugar de lidiar con la situación a la que se enfrentan las familias de bajos ingresos.

Algunas de estas familias están obligadas a compartir sus hogares en los grandes centros urbanos canadienses como Toronto, donde la vivienda económica es escasa y es más evidente el problema de las personas sin hogar.

Hasta mediados de los años 90, los canadienses que necesitaban ayuda financiera porque habían perdido su empleo tenían acceso al seguro por desempleo y a la asistencia social hasta que hallaran trabajo.

"La red de seguridad social brindó cierto ingreso a a las personas que sufrieron una reducción de ellos", sostuvo Ken Wyman, investigador de NAPO.

Pero los recortes en los programas sociales hicieron que los canadienses fueran más vulnerables a las crisis económicas, sobre todo los jóvenes, las madres solteras, las personas con discapacidad y los indígenas.