La distribución y apropiación de la tierra son una de las mayores fuentes de desigualdad en Sudáfrica, pero al menos ahora la capacidad de los campesinos y el aporte que hicieron son reconocidos por el Estado, lo que indica que sus vidas están a punto de cambiar para mejor.
El 76% de los 40 millones de personas que vivenen Sudáfrica son negros. Aproximadamente 58% de los sudafricanosnegros viven en los ex "Banthustans". Las mujerescomprenden 55% de la población adulta del país y el 69% de loshabitantes de los "Banthustans"son mujeres. Losarquitectos del apartheid utilizaron las políticas de la tierracomo un instrumento de política económica, junto a unapolítica de control del movimiento de los trabajadoresagrícolas para suministrar mano de obra barata a los productoresblancos.
Restitución y equidad
La represión de las luchas por la tierra tomóla forma visible de los desalojos en los años 60, 70 y 80.Aunque el gobierno posterior al apartheid reconoció lasinjusticias y la opresión de anteriores expropiaciones detierra, el proceso de reparación es tan lento que la gente estácomenzando a perder la esperanza.
Requiere rellenar formularios y entregarlos alComisionado de Reclamo de Tierras y las comunidades esperan añospara que sus reclamos lleguen al. De los 16.670 casos derestitución que se presentaron ante la Comisión de Reclamos deTierras, sólo 48 han llegado ante el Tribunal de Reclamos.Iglesias y dependencias del gobierno también mantienen tierrasque pertenecieron en un principio a las comunidades. La Fuerza deDefensa Sudáfricana es una de estas dependencias que cuenta congrandes extensiones de tierra en el país.
Este año, durante la revisión parlamentariadel sector de la defensa, el Ministro de Defensa Joe Modisesostuvo que "equipos militares fuera de época y lamagnitud del recorte del presupuesto habrán de trastornar a lasfunciones de defensa". El Ministro expresaba supreocupación por un recorte de R 4.100 millones del presupuestode defensa. Mientras el Ministro solicita más dinero para sudepartamento, varias comunidades están preocupadas por el lentoproceso de la restitución, especialmente por la reticencia paraentregar sus tierras que demuestra la Fuerza de DefensaSudafricana (SANDF) .
Se supone que el proceso de restitución delgobierno asegurará que las personas que fueron retiradas por lafuerza de su tierra la recuperarán o se les otorgará unareparación equivalente si la restitución no es factible. LaFuerza de Defensa Sudafricana es culpable de aferrarse a latierra confiscada de la gente durante la época del apartheid.De las 217.038 hectáreas que la SANDF entregó desde 1986, sólo86.862 fueron devueltos a sus dueños originales. Las restantes130.176 hectáreas se devolvieron a otros departamentos delgobierno como los Departamentos de Conservación y Agricultura.En la actualidad, la SANDF cuenta con 488.879 hectáreas y 9reclamos de restitución se presentaron en su contra. La SANDFafirma estar comprometida con la resolución de los reclamossobre la tierra a través de un arreglo negociado y utilizando alTribunal de Reclamos de Tierras como último recurso, pero lascomunidades fallaron en sus intentos de obligar a negociar a laSANDF. La gente se enfrenta a la frustración y el acoso cuandoluchan por recuperar sus tierras.
El ejército británico y otros países de laComunidad de Desarrollo de Africa Austral coincidieronrecientemente en la escuela militar de Lohatlha, en uno de losperiódicos ejercicios de guerra de la SANDF denominadoOperación Ola Oceánica. No hay ningún océano cerca de laescuela de batalla. La escuela militar, de 135.000hectáreas, es una de las muchas bases del ejército quepertenecen a la SANDF. Incluso el ejército británico queparticipó del ejercicio elogió la abundancia de espacio queexistía en Lohatlha.
La tierra también es reclamada por trescomunidades, dos de las cuales (Gatlhose y Maremane) fueronretiradas por la fuerza durante la época del apartheid en 1978.
La tercera comunidad, la Khosis (clasificadacomo "de color" durante los años del apartheid)permaneció en el territorio. Durante los ejercicios militares,misiles perdidos matan cabezas de ganado con frecuencia y sesupone que la gente debe permanecer encerrada en sus hogaresdurante una semana para evitar el peligro. Las comunidadesGatlhose y Maremane fueron retiradas de la tierra donde su ganadose criaba y fueron trasladadas a Kuruman, zona semidesértica enlo que entonces era la tierra natal de los Bophuthatswana. Másadelante, la SANDF alojó a algunos hacendados afrikaner en otraszonas con fines de pastoreo.
Los intentos de las comunidades por organizarprotestas pacíficas siempre terminan por recibir la hostilidad yla confrontación de los militares, que trasladan a losmanifestantes a estaciones policiales en camiones militares y lossometen a largos procesos de interrogación. Niños y mujeres noson excluidos del acoso.
En un intento por mediar en el conflicto entreel ejército y las comunidades, el presidente Nelson Mandelarealizó recomendaciones sobre la forma de resolver la disputa.Entre las mismas, declaró que la SANDF debe reconocer que lascomunidades son las legítimas propietarias de la tierra y losmilitares deben acceder a arrendarla. Mandela también sugirióque el Estado adquiera, para uso de las comunidades, una parteadyacente de la tierra que los hacendados utilizan en laactualidad para pastoreo.
Aunque las comunidades están dispuestas anegociar algunas de las recomendaciones del Presidente, la SANDFaún no se mostró dispuesta a discutir las propuestas. Hasta elmomento, la SANDF afirmó a los medios de comunicación que lascomunidades recibieron 5 millones de "rands" comocompensación, algo que las comunidades niegan haber recibido.Las mismas designaron a un comité de orientación, integrado porcinco miembros, para intentar la negociación, pero el únicoresultado fue que sus integrantes tuvieron que trasladarse portodo el país en reuniones infructuosas con la SANDF. No serealizó ningún avance.
"Estamos cansados de viajar sinresultados positivos, cuando la gente nos dio la autoridad paraasistir a las reuniones, esperaban que volviéramos con algotangible", se quejó Boniface Mosiane, uno de losrepresentantes de la comunidad. En lugar de tomar medidas paradevolver la tierra a la gente, la SANDF anunció que modernizarálas instalaciones de Lohatlha.
Las opiniones del gobierno provincial de Cabodel Norte implican un obstáculo a los reclamos sobre la tierra.El Ministro de Agricultura, Conservación Natural y ReformaAgraria de la provincia de Cabo del Norte, Thabo Makweya, aseguraque la base militar será un importante beneficio para laprovincia, las comunidades y el país en general. "ElCabo del Norte se esforzará para que la base sea un beneficiopara la comunidad y que ayude a la provincia a ocupar su lugar enel mapa", sostuvo.
Las declaraciones no fueron bien recibidas porlas comunidades, que también cuestionan el compromiso delgobierno con la reforma agraria y el hecho de que se permita a laSANDF seguir adelante con los ejercicios militares. La ley derestitución establece en forma clara que nada impedirá oretrasará el proceso de restitución. "Pensamos que elgobierno por el que votamos reconocerá y resolverá los erroresque se cometieron en los años del apartheid, pero el Ministro nisiquiera tiene la cortesía de reunirse con nosotros pararesolver el problema", señaló Josiah Gasehete, uno delos representantes de la comunidad.
Desalojos, confiscación y propiedad dela tierra
Otro aspecto de la lucha de las comunidades porrecuperar sus tierras refiere a la terrible situación deinseguridad de los trabajadores agrícolas. El sufrimiento de lapoblación agrícola en Sudáfrica contradice a la nuevaconstitución y se burla de ella. El derecho a un hogar seguro yel acceso a las instalaciones sanitarias sigue sin aplicarse enel caso de los pobres rurales. La educación no parece ser underecho sino un privilegio para los hijos de los trabajadoresagrícolas ya que su futuro está en manos de los hacendados.Organizaciones preocupadas por los desalojos, el acoso y laconfiscación de pertenencias y ganado se enfrentaron al problemay expusieron la verdadera situación de las haciendas.
Las leyes que limitan los movimientos de lostrabajadores agrícolas datan de 1856, cuando se aprobó la Leyde Amos del Cabo. La ley estipuló la inscripción obligatoria delos sirvientes agrícolas. La Ley de Tierras Nativas, de 1913,marcó el comienzo de una serie de leyes que anularon laindependencia de los arrendatarios de tierras. Esta Ley deTierras Nativas eliminó la aparcería independiente y elarrendamiento en zonas de propietarios blancos. Es comparable ala Ley de 1951 en Prevención de Ocupaciones Ilegales, quefacultaba al Ministro a retirar a personas negras de tierras depropiedad pública o privada.
Estas leyes severas que se adoptaron entre 1856y 1979 son la causa de las ocupaciones ilegales, los"bantustanes" y la distribución desigual de la tierra.Los campesinos cargaban con el peso de las normasdiscriminatorias.
Luego se produjo la liberación del actualpresidente Sudáfricano Nelson Mandela y el proceso dedemocratización del país. Los partidos políticos comenzaron arealizar campaña para las elecciones de 1994: algunos seacercaron a los campesinos y solicitaron sus votos. La mayoríade los trabajadores rurales miraron a la democracia desde elborde del camino, pero como se les crearon grandes expectativas yesperanzas creyeron firmemente que no pasaría mucho tiempo antesde que volvieran a sus hogares. Cuatro años después, lacantidad de personas que son retiradas por la fuerza de sushogares aumenta a diario. La ocupación ilegal y la exposición aun ambiente insano es la realidad para las familias desalojadas.
A fines de 1996, el Comité Nacional de Tierraslanzó una campaña contra el desalojo de los campesinos dirigidaa exponer la falta de interés de los propietarios blancos enreconocer anteriores injusticias. La medida presionó al gobiernopara que realizara un proceso de consultas para enfrentar lacrisis de los desalojos. En un intento por conformar a todoslas partes en conflicto, el gobierno invitó a las organizacionesa que presentaran sugerencias sobre la mejor manera de combatirlos desalojos y asegurar que los trabajadores rurales puedanrecibir un tratamiento justo, como cualquier otro Sudáfricanoque merece que se le reconozcan sus derechos.
La primera versión de la ley se publicó el 4de febrero de 1997. Las asociaciones de hacendados y campesinos yel Comité Nacional de Tierra presentaron sus recomendaciones yluego se redactó el Proyecto de Ley de Extensión de Seguridadde Tenencia de la Tierra. La intensa campaña de lasorganizaciones de hacendados hizo que la ley se cambiara en formadrástica. Los artículos positivos que parecían reconocer elsufrimiento que soportaron los campesinos fueron eliminados, yotros, que justificaron el desalojo por parte de los hacendadospermanecieron en su lugar. Los hacendados elogiaban la ley hastaque, el 28 de agosto, el parlamento la aprobó con nuevoscambios, esta vez, a favor de los campesinos. La nueva leyestablece que todos los mayores de 60 años que hayan residido enuna hacienda por más de 10 años están eximidos del desalojo, yposeen derechos de uso
Un artículo que acepta la finalización delempleo como razón válida para desalojar a la gente de sushogares fue eliminado y sólo las personas que violan el acuerdocon los propietarios o constituyen una amenaza para otrosresidentes pueden ser desalojados. No obstante, antes deldesalojo se debe presentar evidencia de dicha violación oamenaza. Antes de la última modificación de la ley, loshacendados utilizaron el artículo sobre la finalización delempleo para su beneficio al "renovar" los contratos desus empleados permanentes (el proyecto de ley establece que laspersonas que permanecen más de 20 años en una hacienda no debenser desalojados). Luego de desalojar a las personas que tienenposibilidades de recibir protección del proyecto de ley, loshacendados los emplean nuevamente en contratos de corto plazocomo trabajadores temporales.
El extendido analfabetismo en las haciendasempeoró la situación ya que los campesinos no pueden oponerse alas órdenes de desalojo ni comprender de qué se les acusa. Elsistema de justicia de Sudáfrica, no hace mucho para garantizarque los hacendados que solicitan una orden de desalojo tenganrazones válidas para hacerlo. Los propietarios consiguenórdenes de desalojo con facilidad, sin enfrentar oposición,debido con frecuencia a que las cortes locales están vinculadascon los propietarios de tierras mediante lazos sociales ypolíticos. La policía, favorable a los hacendados, es utilizadacon frecuencia para acelerar el proceso de desalojo. Ahora que laLey fue modificada, la corte debe estar convencida de que elcampesino rompió el compromiso que tenía con el propietario dela tierra para ser desalojado.
Una investigación realizada por el Centrode Tierra Agrícola (LAPC) reveló que las mujeres contribuyencon cerca de 80% del trabajo agrícola, principalmente como manode obra familiar no remunerada. Las viudas y sus hijos sonlos más vulnerables en las haciendas de Sudáfrica. Loshacendados con frecuencia firman contratos con los campesinos ycuando éste muere la familia queda en la calle, sin importar porcuánto tiempo vivió en la hacienda, estableció su hogar yentregó sus servicios al hacendado. La ley ahora protege a todoslos dependientes y la notificación de desalojo debe entregarseal menos 12 meses antes de la fecha de éste y sólo cuandoexiste una vivienda alternativa. Ha sido establecido que la nuevavivienda debe adaptarse al estilo de vida del campesino, es decirque no debe ser menos favorable que la anterior. Ello incluye elacceso a la tierra para uso agrícola y los servicios que teníaa su disposición antes del desalojo.
Solomon Mokoena, de 78 años, nació en lahacienda de Deemster, en la provincia del Estado Libre, y debeconseguir un nuevo lugar para vivir. "Soy sólo piel yhuesos y sin embargo se supone que debo buscarme una viviendanueva", se lamentó Mokoena durante una convención decampesinos que se realizó en Bloemfontein para advertir a lostrabajadores de las haciendas sobre sus derechos y cómo losafecta el Proyecto de Ley. Arrastrando sus pasos por loscorredores, habló de sus esperanzas de que un nuevo proyecto deley propuesto por el gobierno les permita regresar a sus hogares.
Existen 250 hogares (aproximadamente 1.800personas) en el Estado Libre que, como el Sr. Mokoena, fuerondesalojados desde julio de 1996, otros seguirán el mismo caminoa medida que las órdenes de desalojo se expidan en formaregular. En la provincia del Noroeste, 70 personas fuerondesalojadas desde febrero y 25 hogares fueron desalojados enMpumalanga en julio. Ello es sólo la punta del iceberg a medidaque se revela la situación por el control de ONG yorganizaciones de campesinos que operan en las zonas.
La situación es incluso peor porque loshacendados no permiten a los campesinos asistir a lasconvenciones rurales "Los propietarios dicen que sicorrompemos a sus empleados, no deberíamos llevarlos nuevamentea sus haciendas", sostuvo Phumeza Grootboom, del Comitéde la Frontera Rural (BRC), una de las organizaciones que trabajajunto a la Organización de Servicios de la Tierra de Traskei(TRALSO) para organizar a los campesinos y asegurarse de que losmismos realicen sus propios aportes al proyecto de ley. Es poreso que los integrantes de las organizaciones esgrimen una razóndiferente para solicitar a los hacendados la realización detalleres con los campesinos.
Los propietarios han intentado tomar comorehén al gobierno con el argumento de que la agricultura es unmotor económico importante del país y que el Estado debe tenercuidado para no llevar al sector a la crisis, han fracasado. Elargumento sólo subraya la importancia que tiene el asegurarse deque los campesinos cumplan un papel importante en Sudáfrica. "Laúnica manera que tengo de ganarme la vida es a través de laagricultura, no se me ocurre otra cosa", dijo JohnMokgethea, quien recibió una orden de desalojo por exigir unapensión de subsistencia. Su orden de desalojo, que recibiójunto con otras 63 familias, habrá de cumplirse pronto y luegode trabajar en una hacienda por 40 años, tendrá que buscarse unhogar nuevo y otros medios de supervivencia. Ahora el proyecto deley establece que quienes vivieron en una hacienda por más de 10años y las personas mayores de 60 años estarán excluidas delos desalojos y tienen derecho de usufructuar la tierra.
Hizo falta mucho trabajo y dedicación paraque los campesinos sean considerados como el puntal de laeconomía Sudáfricana de hoy. Requiere un gran apoyo financieroy enormes subsidios para asegurar el éxito.
Mientras organizaciones como el ComitéNacional de Tierras se preparan para empoderar a los campesinoscon la realización de talleres y asegurarse que sepan susderechos, la Asociación de Hacendados de Sudáfrica no seimpresiona con el resultado. Con la excepción del CongresoPanafricano y el ANC, todos los partidos políticos queintegraron el comité sobre el tema, incluyendo al PartidoInkatha de Libertad, el Partido Conservador y el PartidoNacional, se opusieron al proyecto de ley. Mientras, aunque loshacendados y los partidos políticos que los respaldan rechazanel cambio que afectará al actual desequilibrio de poder en elpaís, los campesinos podrán utilizar el proyecto de ley para subeneficio.