El gobierno nacional reconoció en 1995 que «algunas políticas para cortar el gasto colectivo pueden haber llegado demasiado lejos» y que la pobreza había «reaparecido» en Holanda. Los grupos más afectados fueron aquéllos que dependían casi exclusivamente de los beneficios sociales: los pensionistas de edad avanzada, los discapacitados, los miembros de hogares monoparentales y los desempleados crónicos. Entre ellos se registró un número sorprendentemente alto de mujeres y de personas pertenecientes a otras etnias.
Hacia fines de 1970, Holanda había alcanzado un nivel de bienestar y un decoro societario relativamente altos. Sin embargo, los efectos de la recesión, reforzados por las políticas de recuperación económica, produjeron diversas consecuencias no deseadas. Confrontados con la necesidad de una reestructura económica que permitiera mantener la competitividad en el mercado global, con crecientes reclamos por beneficios sociales y con el flujo de una infinidad de inmigrantes ubicados en la base de la pirámide social, los gobiernos que administraron sucesivamente el país durante la década de 1980 optaron por dar un enfoque neoliberal a los problemas económicos y sociales.
De acuerdo con este enfoque, la regeneración de la economía y el estímulo al crecimiento económico eran considerados como la solución definitiva. La «nueva prosperidad» resultante de la reestructura habría de derramarse lentamente hacia aquéllos que temporalmente estaban sufriendo las consecuencias negativas. El progreso económico tenía que financiarse con recortes en el gasto colectivo.
Consecuentemente, el bien desarrollado sistema de bienestar holandés –que aseguraba a todos los residentes legales un estándar de vida decoroso y logró cumplir ampliamente este mandato– fue recortado y los fondos liberados se invirtieron en proyectos económicos innovadores. Hacia fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, la recuperación había superado todas las expectativas de éxito y la economía holandesa conocía un florecimiento sin precedentes (el explosivo «modelo pólder»).
Sin embargo, la creencia casi religiosa en que la riqueza habría de derramarse no se verificó como verdadera. Por el contrario, la cohesión social se vio amenazada por procesos de exclusión que se dieron en muchas dimensiones. Los grupos más afectados fueron aquéllos que dependían casi exclusivamente de los beneficios sociales: los pensionistas de edad avanzada, los discapacitados, los miembros de hogares monoparentales y los desempleados crónicos. Entre ellos se registró un número sorprendentemente alto de mujeres y de personas pertenecientes a otras etnias. Las principales causas de su exclusión económica y social fueron la carencia de recursos financieros para participar plenamente en la sociedad y su decreciente acceso a los sistemas de apoyo, para los cuales se habían instaurado criterios de elegibilidad.
El gobierno nacional reconoció en 1995 que «algunas políticas para cortar el gasto colectivo pueden haber llegado demasiado lejos» y que la pobreza había «reaparecido» en Holanda. Para contraatacar estas tendencias, se desarrollaron políticas para combatir la pobreza y estimular la integración social. Estas políticas tienen una característica nueva: todas ponen énfasis en la participación en los «objetos de política» en la formulación, implementación y evaluación de las políticas en cuestión.
En 1998, estas medidas parecen haber tenido éxito en poner un alto al movimiento descendente de algunos grupos, pero no en revertir la marea. Los grupos poblacionales afectados parecen estar atrapados en formas irreductibles de desempleo y problemas financieros que de alguna forma los segregan del cauce principal de desarrollo en la sociedad holandesa. Aproximadamente el 4% de los hogares se ve atrapado en una permanente condición de pobreza; el 11% de los niños vive en hogares con ingreso mínimo.
Los costos de vivienda (alquiler, energía, impuestos), que aumentaron durante años hasta alcanzar un promedio de 50% del ingreso del hogar en 1997, constituyen la principal carga financiera para las personas que viven de pensiones estatales o de la seguridad social. Las medidas específicas para combatir el desempleo a largo plazo no parecen salvar a la gente de la pobreza.
Los compromisos
Los primeros cinco compromisos de la Cumbre Social han llevado a nuevas políticas en diversos campos de acción, pero difícilmente se puede catalogar a las mismas como decisivas. Las políticas adoptadas tras la Cumbre tienen que ser vistas como medidas correctivas, tomadas dentro del esquema conceptual «economicista» neoliberal, del que todavía se cree imposible escapar y que, por lo tanto, sigue siendo el dominante.
Aunque el compromiso moral con los valores de educación y salud (compromisos 6a y 6b) es alto, las políticas en estas áreas sufren reducciones de largo plazo en el gasto colectivo. Las políticas correctivas están siendo desarrolladas gradualmente. El gobierno holandés, apoyado por una gran mayoría de la población, está aún profundamente comprometido con la cooperación internacional, especialmente en lo relativo a África (compromiso 8), y con el desarrollo social como condición básica para el crecimiento económico sostenido y sostenible (compromiso 9).
El tema de la democratización de la formulación, implementación y evaluación de las políticas en Holanda merece especial atención. Los compromisos contraídos en la Cumbre Social, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Habitat II en Estambul y por el Comité de Sages (Comisión Europea) resaltan repetidamente la necesidad tanto de participación en el «nivel comunitario de base» y en el de sus organizaciones como de realizar sociedades entre las distintas partes involucradas. Después de la Cumbre de Copenhague, el gobierno holandés organizó «conferencias participativas» en dos años consecutivos (1996 y 1997). Sin embargo, contrariando la idea de participación y sociedad, las conferencias fueron percibidas por los «reclamantes de beneficios» como «agendas cupularmente definidas», en las cuales la «base» desempeñaba sólo un papel marginal.
En el Parlamento, algunos políticos pusieron sobre la mesa el problema de la inclusión, en la agenda política, de organizaciones expertas en el nivel comunitario de base para la formulación e implementación de políticas contra la pobreza. Como consecuencia, se sancionaron leyes para obligar a los gobiernos locales a incluir la «participación del cliente» en el desarrollo de las políticas sociales. En diversas municipalidades, esta «participación del cliente» está cobrando forma, si bien frecuentemente ejerce, todavía, una influencia sólo marginal.
Las organizaciones de base involucradas en este proceso (la mayoría son organizaciones voluntarias de receptores de beneficios con medios ínfimos y alto grado de compromiso) destacan que el asunto principal a ser resuelto debe ser el empoderamiento de los solicitantes. El empoderamiento debe ser facilitado no sólo a través del apoyo financiero y en lo organizativo, sino además a través del reconocimiento del valor de la experiencia de los beneficiarios para alcanzar un sistema social democrático.
Bibliografía
Sociale tussenbalans. Van Kopenhagen 1995 naar de evaluatie in 2000 (Desequilibrio Social. La Cumbre Social y más allá, hacia el año 2000). Comité Nacional para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible, Amsterdam, 1998.