El 13º entre los más pobres

Publication_year: 
2000
Ray Onyegu
Iniciativa de Derecho al Amparo, organizacióan dedicada a la promoción del debido proceso y de los derechos económicos, sociales y culturales. Tiene calidad de «observador» en la Comisión Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. El autor es Director Ejecutivo de Servicios Jurídicos y Proyectos Especiales.

De los 39 años transcurridos desde que Nigeria se independizó de Gran Bretaña, 29 han sido bajo un régimen dictatorial que tuvo profundas consecuencias para la vida económica, social y cultural de sus habitantes.A pesar de su riqueza natural, el país ocupa el decimotercer lugar entre los países más pobres del mundo. La brecha se amplía entre el crecimiento demográfico y la decreciente producción de alimentos: otrora exportador de éstos, hoy se ha transformado en un importador neto. Hay elevados índices de corrupción, inflación desenfrenada, pésima conducción económica y una rápida devaluación del naira.

En 1998, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas llegó a las siguientes «Observaciones en Conclusión»1

«La posibilidad de disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales en Nigeria es coartada por la ausencia del estado de derecho, por la existencia (...) de gobiernos militares, la suspensión de la Constitución a cambio del gobierno por decreto, el concomitante recurso a la intimidación y por los efectos negativos que la corrupción generalizada tiene sobre el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

«El pueblo nigeriano se ve privado de la imprescindible protección jurídica de sus derechos humanos ya que el poder judicial es socavado por ‘cláusulas de exclusión’ que acompañan a muchos decretos militares, así como por la negativa del gobierno militar a acatar las decisiones de la justicia.

 «El alto índice de desocupación y subempleo de los trabajadores nigerianos preocupa al Comité, particularmente entre los trabajadores del sector de la agricultura debido a la negligencia que padece. Esto causó la migración en masa de los trabajadores que, en busca de empleo, se desplazaron a las ciudades donde viven en situación de pobreza y en condiciones degradantes.

«El Comité expresa su inquietud debido a que las mujeres sufren discriminación laboral, especifícamente con respecto al acceso al empleo, el ascenso a posiciones superiores y a la falta de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor».

«El Comité destaca que muchas niñas recurren a la prostitución para alimentarse. La tasa de deserción escolar en primaria supera el 20%. Se estima que 12 millones de niños realizan algún tipo de trabajo. Los niños que van a la escuela tienen que hacerlo en aulas superpobladas (80 niños en aulas diseñadas para un máximo de 40). Ellos son los primeros en sufrir las consecuencias de la separación de los matrimonios. La ley nigeriana no proporciona el mismo tratamiento a los niños nacidos dentro del matrimonio que a los nacidos fuera de él. El problema más acuciante es la difundida desnutrición infantil. Casi 30% de los niños y niñas de Nigeria padecen desnutrición y sus nefastas consecuencias. Según UNICEF, toda evidencia existente al respecto revela que el hambre y la desnutrición imperan en Nigeria. 

«El Comité deplora el hecho de que las prestaciones sociales y sanitarias del Gobierno disminuyeron consistentemente hasta 1998, y el hecho de que las autoridades reincorporaron las matrículas en las escuelas primarias de algunos estados, e impusieron servicios hospitalarios pagos que antes no existían.»


La ley aún autoriza a castigar y violar a las esposas

Nigeria ratificó en 1985 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), pero no hay medidas concretas para cumplir con las obligaciones legales que surgen de la convención. Nigeria tiene un sistema dual para la ratificación de tratados:antes de que puedan entrar en vigencia, deben ser aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional y las Cámaras de Asamblea de todos los estados de la federación. Las mujeres, mientras tanto, siguen marginadas en casi todas las esferas relativas a los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos.

Aunque la Constitución garantiza igualdad de derechos al hombre y la mujer, numerosas disposiciones de leyes aún la discriminan. A modo de ilustración, el artículo 55 del Código Penal permite que las esposas sean maltratadas físicamente mientras el artículo 357 permite al marido violar a su esposa. La discriminación de leyes y prácticas consuetudinarias y religiosas aún es perpetuada y respetada por las cortes de justicia. Estas varían geográficamente e incluyen la poliginia, el maltrato físico de la esposa, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la exclusividad masculina con respecto al derecho a la propiedad de la tierra. Esto sucede a pesar de las disposiciones (artículo 14 de la Ley de Evidencia) que estipulan que las leyes que resulten repugnantes a la justicia natural, la equidad y la buena conciencia serán declaradas nulas.

Aun en los casos en que la ley no discrimina, las mujeres se enfrentan a la discriminación de agentes e instituciones del Estado. Con frecuencia, los bancos no suelen otorgar préstamos a mujeres que no tengan un hombre como garantía.

Vivienda y salud

Muchos nigerianos no tienen acceso a la vivienda. Los desalojos son comunes y muy difundidos. Hay una fuerte escasez de casas y las viviendas dignas no se encuentran fácilmente y son relativamente caras. Los pobres de las ciudades, sobre todo niños y mujeres, se ven obligados a vivir en refugios precarios en condiciones deplorables. Según el Informe de Desarrollo Humano de 1998 (PNUD), sólo 50% de la población urbana y 30% de la población rural tiene agua corriente potable. Es decir, sólo 39% de la población de Nigeria tiene acceso al agua potable.

El 26 de noviembre de 1999, el Sr. Bede Anthonio, Administrador General de la Corporación de Desarrollo y Propiedades del Estado de Lagos, anunció que el gobierno del estado demolería casas en Ajegunle, un asentamiento marginal con una población de aproximadamente 3 millones de habitantes en una zona suburbana de Lagos. Los residentes de Ajegunle organizaron una conferencia de prensa y una protesta pública contra la demolición. Asimismo, asesoraron a abogados de Iniciativa de Derecho al Amparo para combatir el plan del gobierno ante los tribunales. 

Con respecto a la salud, según CDESC, la fuerte falta de recursos y la mala administración de los servicios de salud llevó, durante la última década, al rápido deterioro de la infraestructura hospitalaria. El presupuesto de 1996 dedicó 1.700 millones de nairas (USD 17,5 millones aprox.) a la salud y los servicios sociales, lo que equivale sólo a 3,5% de las prestaciones totales a los ministerios federales. Con frecuencia, los pacientes de hospitales no sólo tuvieron que pagarse los medicamentos, sino que debieron aportar jeringas e hilo de sutura, además de pagar por ocupar una cama. Como consecuencia, muchos médicos nigerianos debieron emigrar.

En el presupuesto federal de 1999, las prestaciones totales de recursos para la educación y la salud son mucho menores que las prestaciones que establece la ley para la defensa en períodos de paz.

El Régimen Fiscal

La fórmula del gobierno militar para la adjudicación de los recursos generados por el petróleo es generadora de pobreza. Los presupuestos de 1995–1996 son claros ejemplos del unitarismo fiscal impuesto: la estructura de mando unificada de los gobiernos militares anteriores se usa para centralizar las recaudaciones nacionales y otros recursos, dándole al gobierno central una parte desproporcionada de los ingresos nacionales. Actualmente, de acuerdo a la Constitución federal de 1999, el gobierno central se apodera de 48,5% de la recaudación, los estados comparten 24% y los gobiernos locales reciben 20%. El restante 7,5% se destina a un Fondo Especial del propio gobierno federal. 

Los gobiernos locales y estatales, que cargan con casi toda la responsabilidad, tienen poco con qué trabajar. Los estados no le pueden abonar a los maestros el sueldo mínimo de 3.000 nairas (USD 31), mientras el gobierno federal tiene recursos para emplear en quijotescas misiones de paz en Liberia, Sierra Leona y Guinea–Bissau.

Según el profesor Onimode, Vicerrector Adjunto de la Universidad de Ibadan, el unitarismo fiscal conlleva serias implicaciones de carácter negativo para el desarrollo nacional: «Estas incluyen la visible y persistente subfinanciación de los estados, lo que perjudica su capacidad para cumplir con sus funciones estipuladas por ley, como por ejemplo, el pago del salario mínimo, las pensiones, los salarios de los maestros, los servicios de agua potable y salud, etc. En el proceso, las economías de los estados han sido limitadas y esto imposibilita el desarrollo regional equilibrado. Lo opuesto ocurre con el gobierno federal; el exceso de presupuesto genera el desperdicio de los recursos y el reinado de la corrupción mientras los funcionarios federales en Abuja, la capital federal, tienen que aplicar proyectos en lugares remotos del país.»

Hacia un Nuevo Comienzo

Luego de 16 años de dictadura militar ininterrumpida, Nigeria tomó el camino de la democracia el 29 de mayo de 1999. Por ahora, no se ha sentido el impacto del cambio, pero se tiene la esperanza de que sea un nuevo comienzo. 

Notas

1 En 1998, el CDESC y la Comisión para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) evaluaron la implementación en

Nigeria de los dos tratados que representan. El informe de Nigeria ante el CDESS fue recibido como E/1990/5/Add.31. Las «Observaciones en Conclusión» son el resultado del análisis de este informe y de un «Diálogo Constructivo» con la delegación nigeriana, así como de informes de varias agencias de las Naciones Unidas, ONG nacionales (Iniciativa de Derecho al Amparo entregó un informe paralelo) y ONG internacionales.