Sin voluntad política

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2000
Lilián Celiberti
Comisión Nacional de Seguimiento de los Compromisos de Beijing, integrada por 56 organizaciones de mujeres.

La elaboración de la PAM convocó a miles de mujeres de todo el mundo, marcando un hito en cuanto a participación social en una Conferencia de las Naciones Unidas. Como en otros países, en el Uruguay esa participación se ha ampliado, en estos cinco años, a otras y otros actores civiles, creando instrumentos de articulación entre diferentes espacios de grupos y ONG de mujeres. Desde estos, se ha generado una calificada intervención en estrategias e iniciativas que van desde el monitoreo del cumplimiento de los compromisos, a la interlocución con los poderes públicos y la formulación de propuestas. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido.

En Uruguay, las mujeres organizadas hemos conformado la Comisión Nacional de Seguimiento de los Compromisos de Beijing desde la que se realizaron monitoreos e informes que han relevado las iniciativas y acciones gubernamentales impulsadas para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Pese al arduo trabajo de la Comisión, pese a las demandas y las propuestas que como sociedad civil hemos hecho al estado, el balance de la aplicación de la Plataforma de Acción en los cinco años que van desde su aprobación, es desalentador.

De los estudios realizados por la Comisión se constata que:

> No ha existido voluntad política para establecer una política de estado hacia la superación de las desigualdades y discriminaciones de género.

> La perspectiva de género en los planes de desarrollo y/o las políticas públicas está casi totalmente ausente.

> Las escasas iniciativas públicas destinadas a garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su ciudadanía, carecen de status, recursos y competencias adecuados para influir en los niveles de decisión.

Estos aspectos son expresión de obstáculos aún más profundos de la democracia uruguaya: “La incapacidad de integrar en el ámbito de la democracia representativa a la mitad de los ciudadanos es una de las contradicciones más claras de la democracia. La presencia de mujeres en las instancias de decisión política debería ser proporcional a su peso efectivo en la población. El pequeño número de estas en cargos de representación es un indicador de la naturaleza excluyente del sistema político en sí mismo, de su “déficit democrático”. (Agenda de las Mujeres 1999 CNS). 

Con respecto a este tema en las últimas elecciones (Noviembre, 1999) el porcentaje de representación de las mujeres en el parlamento se incrementó del 7% al 13%. Sin embargo, en el equipo del nuevo Presidente, ninguna mujer integra el gabinete ministerial.

La Plataforma de Acción Mundial no ha sido, hasta ahora, un eje de trabajo para los gobiernos. Muchas de las acciones que sí se emprendieron -a nivel gubernamental- se vinculan directamente con la presencia de mujeres en cargos ejecutivos o de dirección,  por lo tanto, pueden dejar de llevarse a cabo en el mismo momento que estas mujeres dejen sus cargos. La existencia de programas y proyectos en las diversas reparticiones del estado, si bien contribuye a visibilizar la importancia de la temática, no constituye una  política de estado, ni está regida por un Programa para la equidad.

El sistema educativo público ha alcanzado desde hace varias décadas una extensa cobertura y un sostenido crecimiento de la instrucción promedio de la población y de las mujeres en particular: la tasa de analfabetismo se ubica en 2,6% para las mujeres y 3,6% para los hombres y el porcentaje de las primeras con nivel secundario y terciario es superior al de estos. Pero estos niveles educativos no han significado una ventaja para las mujeres a la hora de insertarse laboralmente y necesitan contar con mayores respaldos curriculares que los hombres para competir y alcanzar niveles similares de ingreso.

La tasa de actividad femenina en 1981 era 37% y en 1996 alcanzó el 47% (cifra que se estima continua hasta ahora) pero si bien eso representa un avance, hay que considerar  que la de los hombres se mantuvo en el mismo período en 73%. Por otro lado, el subempleo y la desocupación afectan más a las mujeres que a los hombres y el conjunto de los salarios de estas es 30% menor que el de aquéllos. El 17% del empleo femenino se ubica en el sector del servicio doméstico remunerado y estas trabajadoras, pese a la PAM de Beijing, continúan sin estar amparadas en el régimen legal de la Ley de 8 horas.  

La proporción de hogares pobres e indigentes con jefatura femenina es casi tres veces mayor que la correspondiente a los de jefatura masculina y alrededor del 30% de los niños/as nace en hogares básicas insatisfechas. A pesar de estos datos, no se conoce ninguna política o tan siquiera una “declaración” de parte del gobierno que reconozca la feminización de la pobreza en el país.


De espaldas al mundo

Al contrario de lo que está pasando en varios países de Europa donde ha habido avances respecto a los juicios iniciados contra varios militares del Cono Sur implicados en delitos de lesa humanidad, y al contrario incluso, de las causas abiertas en Argentina y Chile, no ha existido en el país ni un solo militar que declarara ante un juez o ante una comisión investigadora.

Ninguna autoridad del gobierno ha reconocido el Terrorismo de Estado, y no se ha tomado ninguna medida, en 15 años de democracia, para investigar realmente el paradero de los detenidos-desaparecidos por lo que no se ha esclarecido ningún caso de desaparición forzada.

Tampoco ha habido de parte de la institución militar la menor autocrítica ni asunción de responsabilidades por los crímenes cometidos y tampoco se ha accedido a ninguna solicitud proveniente del exterior para informar, interrogar o extraditar a militares uruguayos.

Del Informe 1999 “Derechos Humanos en el Uruguay”. SERPAJ, Servicio Paz y Justicia <serpaj@serpaj.org.uy>

Finalmente, - y para dar cuenta de la poca relevancia política que el gobierno le ha dado a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer - en el proceso de evaluación de la aplicación de la PAM (a diferencia de otros países de la región) las organizaciones de mujeres se han basado exclusivamente en los datos recogidos en sus propios estudios y análisis independientes: se desconoce aun, si existe un informe oficial.