En el 2000, la situación social y de la salud siguió empeorando para la mayoría de la población, así como la vida en general. Este es el resultado de las inhumanas sanciones económicas, las implacables políticas de represión y la flagrante violación de los derechos básicos de los iraquíes. Las medidas económicas del régimen perpetúan el sufrimiento del pueblo.
Los ingresos del petróleo determinan la situación del país desde los años 50, al financiar la mayoría de la inversión y los gastos públicos y proporcionar prácticamente todas las divisas necesarias para pagar las importaciones y los programas de desarrollo.
Las políticas económicas, pasadas y presentes, no lograron erigir una industria productiva moderna, modernizar la agricultura o sentar las bases para el crecimiento económico sostenido. Tampoco proporcionaron recursos financieros suficientes para el desarrollo social en los ámbitos de la enseñanza, la salud, el ambiente y demás sectores sociales. Se malgastaron enormes sumas de dinero obtenidas a través de las exportaciones de petróleo. Iraq cuenta con la segunda reserva de petróleo del mundo, y algunos expertos consideran que es la mayor si se incluyen los pozos petroleros sin explorar.
Las dos guerras libradas por el régimen contra los países vecinos de Irán y Kuwait agravaron la situación. Los conflictos vaciaron las arcas del Estado y provocaron la acumulación de la deuda externa, que supera los USD 200 mil millones.
La resolución 986 del Consejo de Seguridad de la ONU, “Alimentos por petróleo”, le significó a Iraq USD 41 mil millones en ingresos desde que fuera aplicada hace cuatro años. De esa cifra, USD 14 mil millones se destinaron a la indemnización y a los gastos del personal de la ONU en Iraq, USD 5 mil millones a la región kurda en el norte del país, y USD 10 mil millones a financiar las importaciones del gobierno. Los USD 12 mil millones restantes están depositados en un banco francés bajo supervisión de la ONU.
El dinero financió la importación de alimentos, medicinas, equipos, repuestos y otras necesidades humanitarias como electricidad, agua potable y saneamiento. Ayudó a evitar la catástrofe que amenazaba a la población, pero no ayudó a mejorar las condiciones de vida ni a colocar al país en el camino hacia el desarrollo social. Las demoras del Comité de Sanciones de la ONU y la burocracia de sus funcionarios, junto con la corrupción y la mala distribución de los productos en la lista de racionamiento mensual emitida por el gobierno, provocaron el deterioro del programa y la reducción de sus beneficios para el pueblo.
Asimismo, Iraq obtiene unos USD 2 mil millones adicionales por año del petróleo exportado clandestinamente a los países vecinos. Este dinero no es utilizado por el gobierno para mejorar la situación alimentaria y sanitaria del país, sino que se destina directamente a financiar las necesidades y el gasto de los gobernantes.
Mientras el régimen denuncia la falta de recursos para financiar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida del pueblo, rechaza una y otra vez las propuestas de la ONU de recurrir a los USD 12 mil millones depositados en Francia para comprar productos básicos y financiar los servicios sociales. Desde que comenzara el programa “Alimentos por petróleo”, las importaciones de Iraq representaron USD 8mil millones en alimentos y medicinas. Si Iraq retirara un tercio de su depósito (o sea USD 4 mil millones), mejoraría drásticamente el suministro de productos necesarios, tanto en cantidad como en calidad.
Binon Sivan, el representante de la ONU que supervisa el programa “Alimentos por petróleo” en Iraq, se quejó de que las autoridades iraquíes no adquirían los elementos necesarios para la salud, la enseñanza, el suministro de agua potable, el saneamiento y la industria petrolera. La única excepción fueron las importaciones de alimentos. Sivan señaló que las compras de los sectores mencionados totalizaron USD 312,64 millones, mientras la cantidad obtenida correspondió a USD 2.126,66 millones. Esto comprueba que el régimen no sólo actúa en forma irresponsable, sino que se aprovecha del sufrimiento del pueblo y su bajo nivel de vida con fines políticos.
En el 2000, las autoridades intensificaron su presión sobre la población, especialmente la de medianos y bajos ingresos, al emitir decretos y órdenes para elevar el nivel impositivo, las tarifas de electricidad y agua, y aplicar cambios a muchos servicios sociales. Por primera vez en 30 años, la educación se rige por fines de lucro. El Ministerio de Educación dejó de lado la enseñanza gratuita al incorporar tarifas en todos los niveles, comenzando por las escuelas nocturnas y las universidades. Ahora los alumnos deben comprar los libros de texto y los cuadernos, que antes se distribuían gratuitamente.
Además, ese mismo año subieron los precios, se depreció la moneda iraquí y se redujeron los salarios y los ingresos. El estancamiento económico y la insuficiencia de los alimentos y la atención médica causaron más mortandad entre los ancianos y los niños.
Muchos establecimientos industriales y fábricas cerraron en el 2000. La producción nacional abarca entre el 20% y 25% de la demanda interna de bienes de consumo. El desempleo asciende al 60% de la población económicamente activa y el PNB descendió en el 2000 a un tercio de lo que era en 1999. El Ministerio de Asuntos Sociales planeaba emplear a 150 mil jóvenes en el sector público, pero para fines de año sólo se habían contratado a 20 mil, es decir, el 13,5% del objetivo proyectado. Esto agravó el desempleo en el país, especialmente en la juventud, y es una razón de la creciente emigración. Aproximadamente 75-80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. A pesar de la terrible situación económica del pueblo, el país tiene una de las mayores tasas de crecimiento demográfico (aproximadamente 3,2% anual).
Según datos oficiales, la producción agrícola ha descendido en los últimos tres años. El gobierno atribuyó la responsabilidad a los ministerios de Agricultura, Riego y Comercio. Los acusa de carecer de planes claros para desarrollar los proyectos agrarios y de riego, de no brindar los medios necesarios para la agricultura y de ofrecer una comercialización ineficaz de sus productos. Esta situación provocó el éxodo de productores y campesinos de sus tierras.
La falta de supervisión del gobierno y la indiferencia de sus funcionarios ante el sufrimiento popular, así como la extensión de la corrupción, los sobornos y el robo del dinero público crearon una situación caótica en el mercado con efectos dañinos para los habitantes. En el año 2000 no hubo cambios en la política de Estado, ni se tomaron medidas para reducir la pobreza o emprender el desarrollo social que podría mitigar el padecimiento humano. El gobierno dio prioridad a sus metas políticas y no a las humanitarias.
La pobreza y otros problemas sociales no pueden resolverse sin enfrentar sus causas. La falta de compromiso político, la represión persistente, las políticas antidemocráticas e inhumanas del régimen, por una parte, y las constantes sanciones económicas por la otra, impiden las gestiones para reducir el sufrimiento y agravaron la situación socioeconómica.
La estrategia de erradicación de la pobreza y los planes de desarrollo se deben vincular al respeto de los derechos humanos y la participación democrática en las políticas de Estado y los procesos de decisión. Lamentablemente, éstas no son parte de las políticas del gobierno.
No hay duda que el bloqueo económico impuesto por la ONU perjudica la vida del pueblo iraquí. De continuar, en el futuro tendrá sombrías consecuencias para los ámbitos económico, social y psicológico. Lamentablemente, el régimen actual manipula las condiciones del bloqueo para limitar la participación popular mediante medidas represivas y leyes arbitrarias. Lo hace para mantenerse aferrado al poder y utilizar todos los recursos financieros a su alcance para fortalecerse, sin importar el sufrimiento de la vasta mayoría de la población.
El retiro inmediato de las sanciones económicas es de máxima importancia para poner fin al sufrimiento del pueblo y mejorar sus posibilidades de acceder a un futuro más democrático y próspero.