Sin avances en el proceso de paz, el desarrollo social de Palestina seguirá siendo rehén de las políticas israelíes de clausura de zonas residenciales, estrangulamiento económico y violencia. El deterioro del desarrollo social desde septiembre del 2000 es resultado más bien de las políticas israelíes, y no de las palestinas, e ilustra drásticamente las limitaciones que tiene la Autoridad Palestina para determinar el desarrollo social.
Al asumir los compromisos de Copenhague, la Autoridad Palestina (AP) prometió solemnemente que fomentaría el desarrollo social. En el 2000, los palestinos de Cisjordania y de Gaza aún carecían de la soberanía sobre los territorios definidos por resoluciones de la ONU y acuerdos internacionales. La AP no es un gobierno con poder legítimo sobre un territorio específico ni un pueblo definido. En estas condiciones es muy difícil evaluar su cumplimiento de los compromisos de Copenhague.
Los defectos y la complejidad de la situación palestina y de la AP quedan de manifiesto en la nueva intifada (rebelión popular) de Al Aqsa. El deterioro del desarrollo social a partir de septiembre del 2000 es resultado más bien de las políticas israelíes, y no de las palestinas, e ilustra drásticamente las limitaciones que tiene la AP para determinar el desarrollo social. Pero la evaluación de la política nacional de Israel para crear pobreza y miseria en Cisjordania y Gaza trasciende el alcance de este informe. En consecuencia, el informe intenta equilibrar un panorama del deterioro del desarrollo social en Cisjordania y Gaza —como resultado de las políticas israelíes— con una evaluación de la labor de la AP a lo largo del año en materia de desarrollo social. Sin avances en el proceso de paz, el desarrollo social de Palestina seguirá siendo rehén de las políticas israelíes de clausura de zonas residenciales, estrangulamiento económico y violencia.
La intifada de Al Aqsa y el desarrollo social
La erupción de la intifada de Al Aqsa, acompañada por los ataques israelíes y la clausura de zonas residenciales palestinas en Cisjordania y Gaza, resultó en el abrumador deterioro del desarrollo económico y social de Palestina. A lo largo del último trimestre del 2000, la economía palestina perdió USD 15 millones por día.[1] La pérdida resultante del bombardeo israelí contra edificios residenciales y fábricas, y la destrucción de infraestructura, incluso de carreteras y sistemas hídricos, asciende a decenas de millones de dólares.[2] La pobreza aumentó abruptamente. Según cálculos de la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas (UNSCO), la cantidad de palestinos que viven por debajo de la línea de pobreza aumentó un 50% desde septiembre, de 650 mil a más de un millón.[3] El desempleo aumentó del 10% al 28,3% en los últimos tres meses del 2000.[4]
La salud y la atención médica también están en peligro. Más de 12 mil palestinos fueron heridos y 377 fueron asesinados entre septiembre y enero del 2000. Más del 0,5% de los palestinos de Cisjordania y Gaza resultaron lesionados desde septiembre.[5] Los hospitales han estado bajo fuego israelí y la restricción de movimiento de las personas provocó muertes en los puestos de control.[6] Los equipamientos médicos son escasos y a menudo se impide su ingreso en los puestos de control israelíes. Según la Unión de Comités Palestinos de Ayuda Médica (UPMRC, Union of Palestinian Medical Relief Committees) “la situación existente de clausura residencial y asedio socava el sistema de atención primaria de la salud, debido a la restricción de movimiento personal, y atenta contra las iniciativas existentes de salud, como las clínicas de atención primaria de salud, las clínicas materno-infantiles, y los programas de inmunización”.[7] En el contexto de las emergencias médicas, las clausuras residenciales y los ataques militares, el sistema de atención médica está al borde del colapso.
La educación también sufre. Los bloqueos de caminos y las clausuras residenciales impuestas por el ejército israelí en Cisjordania y Gaza niegan el acceso de los niños y los jóvenes a las escuelas que permanecen abiertas. Entre septiembre y enero hubo 36.354 estudiantes obligados a permanecer en sus casas. El Ministerio de Educación estima que se perdieron más de 2 millones de horas de enseñanza desde septiembre, lo cual representa una pérdida promedio del ingreso de más de 85 días por maestro.[8] El ejército israelí obligó a aplazar o cesar los proyectos de infraestructura escolar.
Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables. De todos los muertos a partir de septiembre, el 35% era menor de 18 años.[9] Cerca de dos mil jóvenes resultaron heridos.[10] Las mujeres también resultaron perjudicadas. El sector de los hogares y las microempresas, dirigido principalmente por mujeres, experimentó una caída en sus ingresos, en la producción y en su liquidez como consecuencia de las clausuras.[11] Hubo numerosos casos de mujeres que dieron a luz en automóviles en los puestos de control porque el ejército israelí no les permitía llegar al hospital. Incluso los discapacitados no se libraron de las balas. Una escuela para ciegos en Ramallah fue atacada con ametralladoras desde el vecino asentamiento de colonos judíos de Bessgot.
Es evidente que el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino ha estado amenazado desde septiembre. A pesar del apoyo financiero y moral de la comunidad internacional, los palestinos aún no conquistaron su propio estado. La ocupación sigue vigente, y los derechos de los palestinos, que languidecen en campamentos para refugiados desde hace casi 53 años, siguen en constante amenaza. Los compromisos de Copenhague relativos a la restitución legal, política, material y social de todos los refugiados siguen negándoseles a los palestinos.
La acción de la Autoridad Palestina
El entorno jurídico
La principal conquista del 2000 fue la creación del Consejo Judicial Superior Palestino y el apoyo dado a esta autoridad por el entorno jurídico. Aumentó el número de jueces en actividad y la financiación de la nueva autoridad es independiente de las ramas legislativa y ejecutiva de la AP. Los principales puntos flacos del 2000 fueron la no celebración de elecciones, la falta de apoyo del ejecutivo a una Ley Básica (Constitución), la consiguiente falta de claridad entre las distintas ramas del gobierno, la no ejecución de leyes promulgadas, los numerosos decretos presidenciales, y la creación de los tribunales de seguridad nacional y militar que han estado especialmente activos desde septiembre del 2000.
Erradicación de la pobreza
La pobreza aumentó un 50% desde septiembre como resultado de las políticas israelíes de clausura y estrangulamiento económico y esto no debe atribuirse a la AP. No obstante, el alivio de la pobreza no fue una de las prioridades de la AP y su plan de desarrollo 2000 no incluía proyectos específicos para combatir la pobreza. Los palestinos no cuentan con leyes de seguridad social. La AP sigue ignorando problemas vitales relacionados con la pobreza como la creación de un salario mínimo. El Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional organizó comités sobre el tema de la pobreza, específicamente para supervisar el Plan Nacional Integral de Lucha contra la Pobreza, pero los mismos recién comienzan.
Aumento del empleo
El desempleo descendió del 29% en 1995 al 10% antes de septiembre. En este sentido parecería que la AP se apegó al compromiso del pleno empleo firmado en Copenhague. En general, el aumento del empleo se logró a través de estrategias del sector público y de la expansión del sector privado. El Ministerio de Trabajo continúa desarrollando dichas estrategias, aunque es difícil medir sus esfuerzos. Los derechos de los trabajadores recibieron un espaldarazo en el 2000 con la promulgación de la Ley de Trabajo Palestino.
Grupos marginados
Durante el año 2000, la AP pretendió ayudar a las mujeres, los niños y los discapacitados a través del Ministerio de Asuntos Sociales y el Departamento de la Infancia y la Familia. Entre sus éxitos estuvieron la redacción de una ley contra el abuso y el trabajo infantiles, la creación de varios refugios para niños, la promulgación de la Ley sobre los Discapacitados, y la tarea de proporcionar asistencia médica a los discapacitados. Con respecto a los derechos de las mujeres, la AP no emprendió una labor significativa en el 2000. Queda pendiente el alto nivel de trabajo infantil, el hecho de que la ley sobre los discapacitados no se aplique, los edificios públicos que siguen siendo inaccesibles para los discapacitados y la continua discriminación y falta de empleos para mujeres y discapacitados.
Servicios sociales
Se alcanzaron éxitos razonables en los sectores de la salud y la enseñanza. Antes de la intifada había más hospitales, las tasas de seguro médico eran mayores entre la población, la mortandad de los lactantes había descendido y aumentado el peso al nacer. En el sector de la enseñanza se construyeron 59 escuelas, se desarrolló un programa escolar nacional, aumentó el número de maestros y descendió la deserción escolar. Sin embargo, en el 2000 se necesitaban más clínicas en el sector de la salud, faltaba un seguro médico nacional, faltaban servicios de atención médica de emergencia, había un alto nivel de matrimonios precoces, y las mujeres y los pobres no estaban bien informados sobre la atención médica. El sector de la educación padeció el aumento del coeficiente alumno-maestro; superpoblación estudiantil, falta de equipamiento técnico, bajos ingresos de los docentes, falta de capacitación básica y vocacional, y de programas basados en el género.
Transparencia del gobierno
El creciente nivel de institucionalización en el 2000 permitió un mejor nivel de transparencia en cuestiones micro, aunque no se celebraron las elecciones previstas, lo que ensombrece seriamente a la AP. Entre los logros se incluyen la formación del Consejo Superior de Desarrollo para el seguimiento de las políticas económicas de la AP, la creación del Fondo de Inversión Palestino para administrar las actividades económicas de la AP, el mantenimiento del impuesto al valor agregado, la creciente regulación del empleo en el sector público, y la creciente transparencia financiera relacionada con la inversión y el comercio. En el 2000 no se celebraron las elecciones municipales y nacionales programadas.
Conclusión
Parecería que hace falta una solución política al conflicto entre palestinos e israelíes para que continúen las obras en materia de desarrollo social. Sin ella, las políticas y las acciones de la AP a favor del desarrollo social seguirán bajo la tutela israelí. Los palestinos necesitan un estado soberano para que el desarrollo social tenga éxito.
Notas:
[1] Diario Al-Ayyam, 24 de enero del 2001, p. 11.
[2] Ibid.
[3] UNSCO “The Impact on the Palestinian Economy of Confrontations, Mobility Restrictions and Border Closures, 1 October 2000 - 31 January 2001”, Oficina del Coordinador Especial de la ONU, 2001, p. 2. Disponible en www.unsco.org.
[4] Oficina Central de Estadísticas de Palestina, Encuesta de la fuerza de trabajo, Cuarto trimestre del 2000, conferencia de prensa sobre los resultados de la Encuesta de la fuerza de trabajo, febrero del 2000.
[5] Unión de Comités Palestinos de Ayuda Médica (UPMRC) “Healthcare Under Seige II: The Health Situation of Palestinians During the First 4 months of the Intifada” (September 28, 2000-January 28, 2001), p. 25. Disponible en www.upmrc.org.
[6] Ibid, p. 12.
[7] Ibid, p. 25.
[8] La información de este párrafo está disponible en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Planificación y Desarrollo Educativo, “A Report on the Educational Process during the INTIFADA for the Period of 29 September 2000 until 15 January 2001”, 2001.
[9] UPMRC, p. 4.
[10] Ministerio de Educación 2001.
[11] Centro Bisan “Micro-Finance in Palestine: A Study of Supply and Demand and the Impacts of the Al-Aqsa Intifada,” p. 9.