Pensamiento global, desprecio local

A pesar de avances notables en el desarrollo social en los últimos años, es necesario prestar atención urgente para que dichas conquistas no sean malogradas por la privatización de los servicios sociales, la corrupción persistente y la indiferencia del Estado ante el sector informal.

Erradicación de la pobreza absoluta

Desde 1997, la mayor meta de desarrollo del gobierno ha sido reducir la pobreza absoluta a menos del 10% de la población para el 2017 (siendo la definición de pobreza absoluta aquellas personas que viven con menos de un dólar por día).[1]

El centro de la estrategia de reducción de la pobreza se desplaza de la pobreza urbana a la rural, donde las mujeres constituyen el núcleo de la población socialmente marginada. En 1997 el gobierno lanzó el Plan de Acción de Erradicación de la Pobreza y el Plan para la Modernización de la Agricultura (PMA). El PMA es un marco estratégico para erradicar la pobreza rural mediante la transformación agrícola, pero no queda claro cómo habrá de superar el impacto de la globalización en la pobreza rural.

Gran parte de los fondos para estas gestiones se canalizan a los distritos y subdistritos, lo cual refleja el encomiable compromiso del gobierno con la descentralización. La mayor parte de los recursos del Fondo de Acción contra la Pobreza (PAF), que pasaron del 17% del presupuesto en 1997/98 al 30% en 2000/01, se canalizarán a los distritos.

El mayor obstáculo en el combate contra la pobreza rural es la corrupción. Según los informes del Auditor General, casi el 50% del presupuesto estatal para el 2000/01 se pierde a través de la corrupción de los departamentos públicos.[2] El informe 2000 de Transparencia Internacional ubicó a Uganda entre los 12 países más corruptos del mundo.

Aunque la estabilidad macroeconómica y el crecimiento redujeron en general la pobreza de ingreso, Uganda sigue teniendo las peores calificaciones entre sus vecinos en lo que respecta a muchos indicadores de pobreza no relacionada con el ingreso.

Privatizaciones: las empresas más valiosas a manos extranjeras

Dos décadas de Programas de Ajuste Estructural (PAE) transformaron innegablemente la economía. Más de 100 de las 137 empresas públicas fueron privatizadas. De éstas, el 61% quedó en manos de ugandeses. Las transferencias impositivas anuales de las empresas privatizadas aumentaron en promedio entre 40% y 5.000% desde el momento en que se privatizaron en 1999. La capacidad productiva de las empresas privatizadas creció del 11% en 1993 al 51% en 1998. La calidad del empleo en las compañías privatizadas ha mejorado.

En general, la proporción de ugandeses en la pobreza absoluta descendió sustancialmente durante las dos décadas de los PAE. Sin embargo, diversos estudios realizados por la Iniciativa de Revisión Participativa del Ajuste Estructural (SAPRI) revelan que los PAE se concentraron en los problemas macroeconómicos y el crecimiento e ignoraron los temas más concretos de la microeconomía y el desarrollo social.

Aunque los ugandeses quedaron en poder de un mayor número de compañías privatizadas, los extranjeros compraron aquellas con mayor valor (75% en comparación con 16% para los ugandeses). La corrupción mermó los ingresos producidos por la venta de las empresas públicas y sus beneficios se destinaron principalmente a quienes manejaron el proceso. La gente siente que ha sido robada de los recursos creados a través de los aportes de los contribuyentes.

El desempleo se agravó debido a la reducción de empleos en el sector público y los rigurosos controles sobre el gasto público perjudicaron a los servicios sociales. Los subsidios sociales fueron recortados en un 48%, de USD 123 millones en 1995 a USD 63 millones en 1998.^[3] La liberalización de la producción agrícola condujo al deterioro de los términos de intercambio para la agricultura, que emplea a cerca del 80% de la fuerza de trabajo.

Género y desarrollo social

El gobierno avanzó en su esfuerzo por cerrar la brecha de género. Algunos progresos notables son la inscripción masiva de niñas en la escuela primaria y el aumento de mujeres en cargos de decisión en los gobiernos locales y la legislatura. En 1997 el gobierno aprobó una ley que exige que dos de los cuatro niños por familia, a los cuales el Estado les paga sus estudios, sean niñas. Para ampliar la participación en el proceso político, el gobierno instituyó la representación legislativa obligatoria de grupos sociales, entre ellos los jóvenes, las personas con discapacidades y las mujeres. Al menos un tercio de los miembros de los concejos locales deben ser mujeres.

Fuente: Mujeres y Hombres en Uganda. Hechos y Cifras 2000

El equilibrio de poder es peor a nivel familiar donde los hombres siguen siendo quienes toman las decisiones y tienen prácticamente el control absoluto y los derechos de propiedad sobre la riqueza y la propiedad.

¿Un modelo de liberalización exitosa?

La globalización es obviamente muy buena para Estados Unidos y buena para el resto del mundo industrializado. Pero para países pobres como Uganda, que no tuvieron papel alguno en la evolución del sistema mundial, los efectos siguen siendo devastadores.

El sector informal, que actuó como catalizador de la industrialización en Asia Oriental, sólo recibe la atención periférica del proceso de planificación estatal. El gobierno no piensa a nivel mundial ni actúa a nivel nacional a la hora de desarrollar una base autóctona de conocimiento técnico. Una caracterización más precisa sería que piensa a nivel mundial y descuida a la población nacional.

El sector informal, que también hace las veces de sector industrial nacional, desempeña un papel vital en la creación de mano de obra especializada y en la creación de empleos semiespecializados, lo cual sienta las bases para productos mejores y más competitivos en la región. El sector informal también proporciona la gran mayoría de los empleos. La PEA equivale a 8 millones de personas, y todos los años se incorporan 340 mil más en busca de trabajo. Las empresas extranjeras y de propiedad mixta contrataron un promedio de 6 mil personas por año en los últimos tres años.[4] De esa manera, el descuido del sector informal contribuye a las elevadas tasas de desempleo. Aunque el porcentaje nacional de pobreza descendió del 56% en 1992 al 44% en 1997, la pobreza entre los subempleados o desempleados creció del 60% al 62%.[5] 

El magro beneficio del HIPC

Uganda, que tenía una deuda externa de 3.068 millones de dólares antes del HIPC (Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados), fue el primer país en llegar a un acuerdo con los acreedores multilaterales en base a dicha iniciativa. Aproximadamente la mitad de los USD 256 millones del presupuesto del Fondo de Acción contra la Pobreza para 2000/02 se financian a través del HIPC y otras formas de ahorro de la deuda.[6]

A pesar de dicha reducción, el pago de la deuda sigue siendo un freno para el desarrollo socioeconómico. El beneficio anual obtenido de la Iniciativa HIPC ni siquiera cubre el 25% del costo de la educación primaria universal. La campaña Jubileo 2000 Uganda criticó al HIPC y exigió la cancelación total de la deuda externa.

Educación primaria

El gobierno fijó el objetivo del 100% de la matrícula en la enseñanza primaria para el 2003, incluyendo la matrícula total de las niñas y aquellos marginados por su ubicación geográfica. Dicho objetivo es ambicioso pero posible, dado lo logrado hasta la fecha. En 1999 aproximadamente el 85% de los niños en edad escolar concurría a clases.[7]

Los mayores obstáculos que enfrenta la enseñanza básica son la corrupción, la deserción escolar y la calidad de la educación en un sistema en crecimiento. Las altas tasas de deserción se atribuyen al pago de tarifas indirectas por parte de las familias de los alumnos. En 1997 el 25% de la población no tenía dinero para pagar alimentos y en 1998 9 millones de ugandeses no podían satisfacer sus necesidades básicas.[8] Esta situación impide que muchas familias pobres envíen sus hijos a la escuela.

Morir por falta de servicios

El gobierno adoptó el primer Plan Estratégico del Sector de la Salud en el 2000 con un presupuesto de 956 millones de dólares. El plan dirige recursos a la mayoría pobre de la población, de la cual muchos mueren de enfermedades evitables debido a la falta de servicios. El presupuesto destinado a la salud aumentó un 640% entre 1997 y 1999.

El gobierno merece elogios por su actitud ante la pandemia del VIH/SIDA. Una investigación reciente realizada en clínicas prenatales en Kampala reveló que el porcentaje de portadores de VIH descendió del 26% entre las embarazadas en 1992 al 9% en el 2000. En general, la incidencia del VIH/SIDA en la población adulta cayó del 30% en 1986 al 8% en 1999.[9]  Se prevé que la cantidad de portadores de VIH, actualmente de 1,9 millones, descienda un 25% para el 2006.

Los fondos para el VIH/SIDA se concentraron en las enfermedades de trasmisión sexual y descuidaron otros factores derivados de la pobreza. El resultado ha sido la contención de la enfermedad en zonas urbanas y el incremento de la incidencia del SIDA en zonas rurales. El nuevo Marco Nacional Estratégico para el VIH/SIDA se concentra en la erradicación de la pobreza.

En general, el 56% de la población rural carece del acceso a los servicios de salud, en comparación con el 5% de las zonas urbanas. En la región norteña, la cifra asciende al 72% y la atención médica a mujeres y niños disminuye.[10] Al igual que en la enseñanza, la práctica de compartir los costos con el usuario, adoptada por el ajuste estructural, es una gran barrera para acceder a los servicios de salud. Muchos ugandeses señalan que los costos de la salud son la principal causa de la pobreza. La práctica de compartir los costos es responsable, entre otras cosas, de más muertes debidas a las enfermedades evitables (sobre todo la malaria), complicaciones de salud y confiscación de propiedades por el incumplimiento del pago de deudas médicas.

Conclusión

El desarrollo social es una prioridad de la política nacional y en ese sentido se dieron muchos pasos positivos. Sin embargo, más allá del nivel de la política de Estado, los procesos de puesta en práctica siguen siendo elitistas y carcomidos por la corrupción. Los beneficios para la población más pobre son limitados, y en algunas zonas los indicadores de desarrollo social revelan un agravamiento de la situación.

Para cumplir con sus obligaciones de desarrollo social el gobierno deberá contener la corrupción, cesar la privatización de los servicios sociales y fortalecer a las instituciones responsables de las privatizaciones para asegurar que las inversiones beneficien a la economía. El desarrollo de la principal fuente de trabajo –el sector informal– debería ser de especial interés.

Notas: