Desde la crisis económica, el gobierno ha procurado reformar la economía, onerosa e ineficaz. Hubo intentos de promover una política de mercado funcional para democratizar la economía. Sin embargo, surgieron críticas y debates referidos al papel del Estado y al uso de los fondos nacionales. También se plantearon interrogantes acerca de la eficacia de la participación estatal en los sectores nacionales de la sociedad y la economía, y acerca de la transparencia de su administración.
Las organizaciones de la sociedad civil asumieron un papel de contralor activo para supervisar y evaluar las actividades del gobierno y las empresas. Estas organizaciones continúan sus gestiones incesantes para adoptar las leyes y sistemas necesarios, inclusive aquéllos dirigidos a proteger y extender los derechos de las mujeres, en pro de los grupos de población económicamente y socialmente marginados, a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y por la creación de una comisión nacional de derechos humanos para la realización de la democracia y los derechos humanos. Buscan la promulgación de una ley anticorrupción para una sociedad justa y la introducción de demandas judiciales colectivas en respaldo del movimiento de pequeños accionistas. El gobierno y la Asamblea Nacional realizaron ciertos avances, pero distan mucho de ser satisfactorios. Hacen falta políticas que eliminen la brecha digital y la disparidad entre ricos y pobres, que se profundizó con la recuperación económica.
Medidas contra la pobreza y el agravamiento de la desigualdad en el ingreso
La disparidad del ingreso es mayor ahora que antes de la crisis económica. El coeficiente Gini, que se utiliza como índice de la desigualdad en el ingreso, equivalía a 0.26 antes de la crisis económica. Aumentó a 0.32 en 1999 y descendió levemente a 0.317 en 2000. Las cifras del coeficiente Gini son cuestionables, dado que excluye a los empresarios independientes, los hogares unipersonales, las familias dedicadas a la agricultura y la pesca, y los hogares sin empleo. La relación entre el ingreso del 20% del estrato superior de la sociedad y el 20% del estrato inferior mejoró de 5.85 en el primer trimestre de 1999 a 5.32 en el primer trimestre de 2000, pero descendió a 5.76 en el primer trimestre de 2001. La agudización de la disparidad en el ingreso fue causado por las elevadas tasas de interés adoptadas durante la crisis económica de 1997; las numerosas quiebras empresariales provocadas por una seria depresión económica; y el aumento del desempleo generado por reformas financieras adoptadas por el programa de restructura del FMI. Este último programa condujo a importantes pérdidas de ingreso, no sólo para las familias de bajos ingresos, sino también para la clase media. Mientras, aquéllos con altos ingresos y bienes inmuebles ganaron fuertes sumas como resultado de las altas tasas de interés y el incremento tras 1998 de los márgenes de ganancias de los valores accionarios.
La brecha digital también juega un papel en el agravamiento de la disparidad en el ingreso. El gobierno adoptó políticas y aplicó un programa de capacitación laboral en tecnología informática dirigidos a desempleados y otros grupos. El objetivo es reducir las diferencias de ingreso causadas por la brecha digital y crear nuevos empleos.
Reforma fiscal para reducir la disparidad
Las siguientes reformas fiscales son necesarias para reducir las disparidades de ingreso y riqueza:
Normalización del impuesto a la renta empresarial para resolver las diferencias impositivas entre el ingreso laboral y el ingreso empresarial.
Fortalecer el sistema de imposición compuesta del ingreso financiero;
Imposición de lucro marginal de las transferencias accionarias;
Mejora del impuesto al valor agregado;
Poner énfasis en el impuesto a la herencia y las contribuciones caritativas;
Crear un índice impositivo del conjunto del impuesto a la tierra y a los bienes inmuebles.
El porcentaje del total de impuestos recaudados mediante impuestos indirectos es 50,2%. El porcentaje recaudado a través de impuestos directos debe elevarse. La tributación es una importante herramienta de política distributiva, y las decisiones relativas a la misma deben basarse en una política de mediano o largo plazo. En el corto plazo, muchos especialistas sostienen que deben reducirse los impuestos indirectos y aumentarse los impuestos directos.
Sin preparación para un sistema de investigación tributaria
En cuanto a los trabajadores en general, no es fácil conseguir información acerca de los ingresos suplementarios que reciben además de sus salarios habituales. También es difícil precisar el ingreso de los trabajadores independientes, agricultores y pescadores. Asimismo, existe un problema de equidad relacionado con los trabajadores remunerados cuyo ingreso sí es conocido. Este problema exige una solución urgente para permitir una firme administración de los sistemas de seguridad social y ayuda oficial.
Creciente cantidad de trabajadores temporales
Según la información de la Oficina Nacional de Estadísticas analizada por el Instituto Coreano de Investigación del Trabajo y la Sociedad, existen 7,58 millones de trabajadores temporales, cifra que aumentó mucho después de la crisis económica provocada por el FMI. Los trabajadores temporales comprenden 58,4% del total de trabajadores remunerados. El salario promedio de un trabajador temporal equivale a sólo 53,7% del ingreso de un trabajador permanente. Su carga horaria de trabajo (47,5 horas/semana) es levemente superior a la de los trabajadores permanentes (47,1 horas/semana). Con respecto al seguro social, los trabajadores temporales están en desventaja frente a los permanentes. El poder adquisitivo de los trabajadores temporales en el Plan Nacional de Jubilaciones, que es el plan de seguridad social más generalizado, equivale a 22,1%, comparado con 88% de los trabajadores permanentes. Con respecto al seguro médico, el poder adquisitivo de los trabajadores temporales equivale a 24,6%, comparado con 90,7% para los trabajadores comunes. Los trabajadores temporales reciben salarios bajos y padecen inestabilidad laboral, y la mayoría no están cubiertos por los cuatro tipos de seguro: médico, de desempleo, indemnización y el plan nacional de jubilaciones. Las organizaciones de la sociedad civil insisten que los trabajadores temporales que lo son hace tiempo sean equiparados a los trabajadores permanentes y que se mejore la cobertura de seguridad social para ellos.
Expansión financiera y los límites de la seguridad social
La protección de los discapacitados, los ancianos, las mujeres y los niños, y el apoyo al medio de subsistencia de los hogares pobres aumentó frente a niveles pasados. Sin embargo, este incremento del presupuesto para la seguridad social fue una medida temporal diseñada a paliar la crisis económica y no constituye un incremento presupuestal a largo plazo para la mejora estructural del seguro social. La seguridad social no cubre a la totalidad de la población, y el presupuesto es pequeño, en términos absolutos. Unos dicen que el nivel es inferior, que el gobierno no cubre las tasas de mantenimiento y administración, y que deben aumentarse los subsidios nacionales para los seguros de jubilación y médico. Otros sostienen que los gastos actuales en seguridad social no son bajos si se toman en cuenta las variables que causan dichos gastos y que la responsabilidad de Corea del Sur en la financiación de la seguridad social trasciende lo razonable.
Las evaluaciones contradictorias acerca del régimen de seguridad social deben armonizarse mediante acuerdos sociales y coordinación a largo plazo.
La erradicación de la pobreza mediante la “seguridad social” productiva
En octubre de 2000 se adoptó la reforma del régimen de seguridad social, que lleva el nombre de “seguridad social productiva”. El objetivo de la política de seguridad social productiva es la expansión de las oportunidades de empleo y mejorar la movilidad del ingreso de aquellas personas que se sustentan a sí mismas. La reforma mejoró en gran medida el sistema de protección del medio de subsistencia y se aplicó un nuevo sistema nacional básico de protección del medio de subsistencia. En el pasado, el sistema de protección al medio de subsistencia estaba destinado exclusivamente a los pobres, mientras el sistema reformado abarca a todos los hogares con ingresos inferiores al nivel de subsistencia que necesitan ayuda suplementaria para mantenerse al nivel mínimo de medio de subsistencia. Aunque el porcentaje oficial de pobreza representa 9%, sin embargo, sólo 3,2% (poco más de la tercera parte de la población pobre) se beneficia del sistema nacional básico de protección del medio de subsistencia. Resulta difícil inscribirse para recibir la ayuda estatal y el número de beneficiarios está disminuyendo debido al sistema colectivo de pagos. El sistema no se preparó cabalmente, ya que carece de los mecanismos para investigar y reconocer los ingresos.
Derechos de la mujer y protección a la maternidad
El Ministerio de Igualdad de Género fue creado en enero de 2001, y se preparó una política de la mujer. Esta política busca desarrollar los recursos humanos de las mujeres, prevenir la violencia doméstica y sexual, proteger a la víctima, prohibir la discriminación basada en el sexo y resolver estos problemas. El Ministerio trabaja para mejorar los derechos de las mujeres y por la equidad entre hombres y mujeres. En noviembre de 2001 se promulgaron leyes que fortalecen los derechos de maternidad de las mujeres que trabajan y establecen la equidad laboral entre los sexos. Pero como la protección de la maternidad también está regulada por el seguro de empleo, sólo beneficia a aquellas mujeres con trabajo efectivo. Excluye a la clase marginada que definitivamente necesita esa protección.
Gestiones sistemáticas para proteger los derechos humanos
El 26 de noviembre de 2001 se instauró la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de proteger la inviolabilidad de los derechos humanos básicos de toda persona, realizando la dignidad y el valor humanos alcanzando niveles de vida más elevados y generando un régimen democrático. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió muchas solicitudes, lo cual es prueba de las esperanzas depositadas en dicha institución. Según un informe oficial de la Comisión, las más numerosas son las solicitudes de las personas socialmente marginadas, como los discapacitados.
Gobierno saneado y gestiones de las organizaciones El gobierno promulgó e implementó las leyes de “libertad de información” en 1997, que estipulan el trámite para acceder a documentos oficiales. El gobierno recientemente intentó minimizar el alcance de esta liberación de documentos. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron esa actitud y pidieron que la expansión de la información sea habilitada al público. También organizaron un “vigilante del presupuesto” que vigila el derroche presupuestal y las actividades del gobierno y otras organizaciones públicas.
Como consecuencia del movimiento civil contra la corrupción, que comenzó en 1996, se promulgó una ley anticorrupción en junio de 2001. Se esperaba que la ley impidiera la corrupción y regulara con eficacia las actividades corruptas, allanando el camino a un gobierno y una sociedad saneados. Las organizaciones de la sociedad civil que abogaron por la ley ahora la consideran insuficiente, ya que no existen reglas relativas a la ética de los funcionarios, ni se prevén fiscales especiales ni protección para los informantes. Por tanto, la ley necesita modificaciones ulteriores.
Reforma de la estructura del comercio y el capital internacional
En general, a medida que aumenta el volumen de comercio aumenta el PBI y la riqueza nacional, lo cual afecta, directa o indirectamente, la creación de ayuda financiera para el desarrollo. Lógicamente, la liberalización comercial es lo ideal. Aunque persiste la desigualdad en la competitividad (por ej., el problema sur-norte), debe haber un medio temporal de protección hasta que los países en desarrollo alcancen cierto nivel de competitividad. Incluso Estados Unidos es criticado por proteger sus industrias mientras exige el libre comercio y pide a los países en desarrollo que abran sus mercados. Las organizaciones coreanas de la sociedad civil concuerdan con sus similares internacionales en que los países desarrollados deben dar un tratamiento especial a los países en desarrollo. Se deben crear recursos para el desarrollo y erradicar o minimizar las deudas de los países menos desarrollados.
Actualmente, las instituciones de Bretton Woods son dirigidas por los países desarrollados, que apoyan la globalización de los mercados financieros y de productos básicos, pero se oponen a la internacionalización del trabajo abriendo el mercado laboral. Es necesario reformar y democratizar la estructura internacional del capital.
de la sociedad civil contra la corrupción