Las prestaciones sociales cesan a medida que la recesión crece

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2002
Steve Suppan
Institute for Agriculture and Trade Policy

Ahora que la recesión económica en Estados Unidos fue reconocida oficialmente, quedan pocos defensores del optimismo y las proyecciones del ingreso del gobierno federal que se utilizaron en 2000-2001 para justificar los recortes fiscales que en su mayor parte benefician a los ricos. Un analista señaló que “el camino para estos recortes fiscales selectivos se allanó no solo con pronósticos que no dejaron lugar para las contingencias, sino con una creativa contabilidad digna de Enron”. (Paul Krugman, “Our Wretched States,” The New York Times, 11 de enero de 2001. Enron, la más generosa de las empresas privadas que contribuyeron con la campaña electoral del entonces gobernador y actual presidente George W. Bush, es objeto de una investigación penal del gobierno federal por prácticas contables posiblemente fraudulentas.)

Con la desaparición de los superávits presupuestales proyectados llegaron los pedidos para recortar el presupuesto, lo cual perjudicará a los de por sí subfinanciados programas sociales. El gobierno nacional puede depender del gasto deficitario para financiar sus déficits presupuestales, incluso la masiva militarización para la “guerra contra el terrorismo”. Sin embargo, las constituciones de los gobiernos de los estados individuales que integran Estados Unidos, que son los principales proveedores de servicios de seguridad social, les impiden solicitar préstamos para financiar sus programas. Esta prohibición a los préstamos de los estados significa que, con toda probabilidad, los presupuestos sociales serán reducidos. Una vez más, el gobierno de Estados Unidos no le otorgó prioridad a cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (CMDS).

La pobreza de las estadísticas oficiales sobre la pobreza

La capacidad técnica para recabar los datos e interpretarlos limita la capacidad de algunos gobiernos para evaluar los efectos de sus políticas. En Estados Unidos, sin embargo, la capacidad técnica no es tanto una limitación, como lo son las anticuadas definiciones estadísticas de pobreza que impiden el análisis y, por tanto, la formulación de una política realista para reducir la pobreza y los problemas sociales derivados.

En septiembre de 2001, la Oficina del Censo anunció que, con una encuesta a una muestra de 50 mil hogares, había concluido que la “tasa de pobreza en 2000 había descendido a 11,3% [de la población estadounidense]..., lo cual no era estadísticamente distinto al récord mínimo de 11,1% alcanzado en 1973”.[2] El umbral de la pobreza para una familia de cuatro integrantes se fijó en USD 17.603.[3] Los defensores de la legislación “welfare to work” (“de la seguridad social al trabajo”) adoptada en 1996 y que redujo el número de receptores de ayuda alimentaria y monetaria del gobierno, recibieron el anuncio de la Oficina del Censo como prueba de que los programas “welfare to work” redujeron la pobreza. Sin embargo, los umbrales federales de la pobreza se calculan según una fórmula de presupuesto alimenticio que no ha cambiado sustancialmente desde 1965.[4] Como señalara un crítico de la definición oficial de pobreza en Estados Unidos, “mientras el precio de los alimentos descendió en los últimos 50 años, las familias pobres ahora tienen que gastar porciones mayores de su presupuesto en la vivienda y el cuidado de los hijos”.[5]

La incapacidad de los umbrales federales de pobreza para reflejar el ingreso necesario, una vez deducidos los impuestos, para pagar las necesidades básicas se puede medir por la disparidad existente entre los niveles del pago por seguro de desempleo del gobierno y el ingreso necesario para pagar los costos básicos de alimentos, vivienda, atención médica, cuidado de los hijos, transporte, calefacción y otras necesidades básicas. Por ejemplo, un estudio concluyó que el actual seguro federal de desempleo “remplazó sólo el 33% de los ingresos que perdió el trabajador promedio”.[6] El mismo estudio calculó que el presupuesto mensual básico para una pareja con dos hijos menores de 12 años en el pueblo de St. Cloud, Minnesota en 2001 representó USD 2.674. En términos anuales, eso ascendería a un ingreso tras impuestos de USD 32.088,[7] aproximadamente USD 14.485 por encima del umbral federal de pobreza para una familia similar. Un estudio realizado en mayo de 2001 por la Oficina Presupuestal del Congreso concluyó que el ingreso anual promedio tras impuestos del quinto inferior de hogares de Estados Unidos en 1997 constituyó USD 10.800. Para el quinto medio representó USD 37.200, sólo USD 5.112 por encima de lo que se calculó era necesario para cubrir las necesidades básicas en 2001.[8] 

¿Qué pagar? ¿Comida, calefacción o atención médica?

El límite vitalicio de cinco años a la ayuda monetaria que pueden recibir las familias y personas pobres estipulado en la legislación de 1996 se aprobó en un contexto de prosperidad macroeconómica. Ahora, según un titular del diario New York Times, “La ayuda social llega a su fin, al igual que los trabajos”. Estos eran los empleos que permitirían a los pobres independizarse de la ayuda pública.[9] La recesión ha sido especialmente rigurosa con las mujeres con hijos. Desde octubre de 2001 a noviembre de 2001, la tasa de desempleo de las mujeres jefas de familia aumentó de 6,9% a 8,3%, un incremento del 20%.[10] Los niños en estas familias constituyen gran parte del 7% de niños estadounidenses que reciben ayuda alimentaria y monetaria del gobierno federal. Según la definición federal no actualizada de la pobreza, aproximadamente 16% de los niños son pobres.[11]

Un informe de Second Harvest, la mayor red de ayuda alimentaria de emergencia en Estados Unidos, señaló que 45% de los 23 millones de receptores de alimentos de emergencia que ayudó el año pasado “tenían que elegir entre comprar alimentos o pagar luz, agua o calefacción”.[12] Además del mencionado incremento en el uso de programas no gubernamentales de ayuda alimentaria, la participación en el Programa de Estampillas Alimentarias (FSP) del gobierno aumentó 8% de octubre de 2000 a octubre de 2001. Las estampillas alimentarias son vales financiados por el gobierno para adquirir alimentos básicos. Requisitos más rigurosos para acceder al FSP hicieron que descendiera al menos 40% la participación en el FSP en cinco estados del país desde que se adoptara la legislación de seguridad social en 1996.[13] Muchas personas que antes participaban del FSP ahora reciben ayuda alimentaria de las iglesias.

Los bajos ingresos fueron la principal razón de que 39 millones de habitantes estadounidenses no pudieran pagar el seguro de atención médica en 2000, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 1991, 14,1% de los ciudadanos estadounidenses no contaron con seguro médico en todo el año. Luego de nueve años de expansión económica sin precedentes en Estados Unidos, 14% de la población no tuvo seguro médico en 2000.[14] La legislación para extender el seguro médico a más habitantes está empantanada en debates presupuestales del Congreso.

La política fiscal del gobierno de Bush y sus consecuencias en los programas sociales

El primer discurso presupuestal del presidente George W. Bush abogó por un recorte fiscal de USD 1,6 billones que fue recibido con fuertes aplausos.[15] Parte de los aplausos surgieron de quienes pretendían recortes impositivos para sus empresas privadas. Sin embargo, los críticos temían que el recorte impositivo de Bush repetiría el resultado del plan fiscal del presidente Ronald Reagan en 1981, lo cual haría “estructuralmente imposible hallar dinero para los programas sociales nacionales”, en palabras del director de presupuesto de Reagan.[16] En junio, el Congreso aprobó un recorte fiscal de USD 1,35 billones en un lapso de 10 años, sólo cuatro meses antes de que el gobierno reconociera que Estados Unidos estaba en recesión económica desde marzo de 2001. Ahora se discute a nivel nacional la aplicación del recorte fiscal. El resultado de esa discusión afectará las políticas y el presupuesto para cumplir los compromisos de la CMDS.[17]

Contra las pruebas de los principales indicadores económicos que apuntaban a la profundización de la recesión antes del 11 de septiembre, los apologistas de la política económica de Estados Unidos, como el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan y el ex Secretario del Tesoro Robert Rubin, argumentaron que las consecuencias económicas de los atentados del 11 de septiembre interrumpieron la recuperación en ciernes de la recesión actual.[18] Los límites presupuestales, en parte resultado del impacto económico de los atentados, se utilizan para justificar la continuación o incluso la reducción de los de por sí insuficientes programas de ayuda alimentaria y monetaria.[19] No obstante, algunos defensores de los recortes a la ayuda dada a los pobres argumentan que un programa de USD 202 mil millones en reducciones fiscales y subsidios impositivos a personas de altos ingresos y a las empresas ayudará a Estados Unidos a recuperarse de los atentados del 11 de septiembre.[20]

Un proyecto de estímulos económicos aprobado por la Cámara de Representantes enviará 41% de esos USD 202 mil millones al 1% de la población con mayores ingresos y 6% al 60% con menores ingresos.[21] El proyecto de ley incluye un artículo, buscado por las empresas desde hace 15 años, para anular el Impuesto Mínimo Alternativo (AMT) a las empresas privadas. Según un análisis de Public Citizen, si el proyecto es aprobado por el Senado y promulgado por el presidente Bush, 16 compañías recibirán aproximadamente USD 7.500 millones en devoluciones de impuestos. De 1992 a 2002, esas empresas gastaron apenas USD 45,7 millones para ejercer su influencia sobre los legisladores.[22]

Consecuencias de la política exterior de Estados Unidos en la asistencia social[23]

El belicoso unilateralismo que exhibió el gobierno de Bush con respecto a importantes cuestiones de política exterior en sus primeros nueve meses en el poder –por ejemplo, en el recalentamiento planetario– cambió a un multilateralismo tácticamente necesario tras los atentados del 11 de septiembre. Como reconocimiento de la necesidad de que la ONU apoyara la “guerra contra el terrorismo”, el Congreso de Estados Unidos votó poco después del 11 de septiembre pagarle “USD 582 millones en deudas, debidas hacía tiempo a la ONU”.[24] Es imposible pronosticar con certeza si el “multilateralismo a la carte” de Estados Unidos, según palabras de Richard Haass,[25] del Departamento de Estado, apoyará los programas de la ONU para cumplir los compromisos de la CMDS.

Antes del 11 de septiembre, los cambios en la opinión pública acerca de la ayuda extranjera indicaban un clima político más propicio para aumentar la ayuda extranjera estadounidense. Las encuestas de opinión en 2001 sobre la actitud del público con respecto a la ayuda extranjera mostraban que “abrumadoras mayorías” apoyaban los “esfuerzos para aliviar el hambre y la pobreza, mucho más que para la ayuda extranjera en general”.[26] En 1995, 64% de los encuestados apoyaban los recortes a la ayuda externa. Pero en 2001, sólo 40% apoyaban dichos recortes (la encuesta tenía un margen de error de +/-3.5-4%).[27] En 2001, cuando se les preguntó a los encuestados que calcularan “cuánto de su presupuesto destinaba el gobierno federal a la ayuda extranjera, el cálculo medio fue 20% del presupuesto, o sea 20 veces la cantidad real, que era poco menos de 1%. Sólo 5% de los encuestados calcularon un monto de 1% o menos”.[28] Hasta la fecha ningún gobernante hizo que este apoyo popular a la ayuda extranjera se expresara en partidas presupuestales.

Notas:

[2] “Poverty: 2000 Highlights,” Oficina del Censo de Estados Unidos, 20 de septiembre de 2000, en http:www.census.gove/hhes/poverty/

[3] “Poverty 2000,” Oficina del Censo de Estados Unidos (20 de septiembre de 2000), en http:www.census.gove/hhes/poverty/threshld/thresh00.html/

[4] Gordon Fisher, “The Development and History of U.S. Poverty Thresholds – A Brief Overview,” Winter 1997, en http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/hptgssiv.htm/

[5] Laura Maggi, “The Poor Count,” The American Prospect, 14 de febrero de 2000, en http://www.prospect.org/print/V11/7/devil2.html/

[6] Heather Boushey y Jeffrey Wenger, “Coming up short: Current unemployment benefits fail to meet basic family needs,” Economic Policy Institute, Issue Brief #169, 31 de octubre de 2001, p. 1.

[7] Ibid, p. 3.

[8] Isaac Shapiro et al., “Pathbreaking CBO Study Shows Dramatic Increases in Income Disparities in 1980s and 1990s: An Analysis of the CBO Data,” Center On Budget And Policy Priorities, 31 de mayo de 2001, en http://www.cbpp.org/5-31-01tax.htm/, p. 3.

[9] Nina Bernstein, “As Welfare Comes to an End, So Do the Jobs,” The New York Times, 17 de diciembre de 2001.

[10] “The Economic Stimulus Package Must Include Unemployment Insurance for Low-Wage Working Women," National Women's Law Center (corregido, diciembre de 2001) en http://www.nwlc.org/

[11] Peter Edelman, “A Fairness Agenda for the Bush Era,” The Nation, 23 de abril de 2001.

[12] Douglas O’Brien y Halley Torres Aldeen, “Hunger in America 2001,” Second Harvest.

[13] “Food Stamp participation shoots up since last year,” Nutrition Week, 7 de enero de 2002.

[14] “The 39 Million Who Mustn’t Get Sick,” The Wall Street Journal, 27 de diciembre de 2001.

[15] “Bush’s Bogus Budget,” The Nation, 19 de marzo de 2001, p. 3.

[16] Edelman, op.cit. nota al pie 17.

[17] “Coalition Joins Call For Delaying Additional Tax Cuts for the Wealthy to Meet Urgent National Priorities,” National Women’s Law Center, Comunicado de prensa, 16 de enero de 2002, en http://www.nwlc.org/

[18] Christian E. Weller y Laura Singleton, “Prosperity wasn’t just around the corner: Signs indicating weakening economic performance before September 11 attacks,” Economic Policy Institute, Issue Brief #166, 4 de octubre de 2001, en http://www.epinet.org/Issuebriefs/ib166.html/

[19] Marc Cohen, “City’s Poor Don’t Need More Belt-Tightening,” Newsday, 12 de octubre de 2001.

[20] “Latest GOP Corporate Tax-Giveaway ‘Compromise’ Looks Almost Identical to Original Bloated Plan,” Citizens For Tax Justice, 16 de diciembre de 2001, en http://www.ctj.org.

[21] “The Wealth Concentration Act,” Citizens for Tax Justice en Multinational Monitor, noviembre de 2001, p. 25.

[22] Nancy Watzman, “The Corporate Tax Break Feeding Frenzy,” Multinational Monitor, noviembre de 2001, pp. 24-26.

[23] Por información sobre el presunto apoyo al desarrollo social de la política de comercio exterior de Estados Unidos, consulte los documentos en http://www.wtowatch.org/

[24] John G. Ruggi, “The UN: Bush’s Newest Ally?” 31 de diciembre de 2001, p. 18.

[25] Ibid. p. 20.

[26] “Executive Summary: Americans on Foreign Aid and World Hunger: A Study of U.S. Public Attitudes,” Programme on International Policy Attitudes, Universidad de Maryland – College Park, 2 de febrero de 2001, p. 2.

[27] “Findings: Americans on Foreign Aid and World Hunger: A Study of U.S. Public Attitudes,” Programme on International Policy Attitudes (2001), p. 1.

[28] “Introduction: Americans on Foreign Aid and World Hunger: A Study of U.S. Public Attitudes,” Programme on International Policy Attitudes (2001), p. 1.