Ajuste, deuda y privatizaciones: ¿dónde quedan nuestros derechos?

La venta de empresas estatales exigida por el FMI, la reducción del Estado vía despidos masivos de trabajadores, la aplicación de condicionalidades de recorte del gasto fiscal, la eliminación de los subsidios a los servicios básicos y combustibles, la reducción de sueldos y salarios, la protección de los acreedores internacionales a través del FEIREP y la intensificación del modelo extractivo de sobreexplotación de recursos, configura un claro ejemplo de política pública ejercida a través del gobierno nacional, bajo los lineamientos de organismos internacionales.

Unacrisis económica y financiera sin precedentes

En1999 el Ecuador experimentó una crisis económica y financiera sin precedentesque llevó a la caída del 7% del PBI real, la devaluación del sucre (monedanacional) en 200%, la moratoria de la deuda externa, y el recrudecimiento de lapobreza hasta alcanzar a un 70% de la población. La protección oficial abanqueros corruptos, el congelamiento decuentas bancarias y laimplementación de la dolarización, determinaron que luego de un levantamientoindígena y popular, el 21 de enero de 2000 se depusiera al Presidente JamilMahuad y se lo reemplazara por su Vicepresidente Gustavo Noboa.

El“apoyo” del Fondo Monetario Internacional (FMI) al “nuevo” gobiernoecuatoriano se tradujo en la imposición de nuevas medidas de ajuste estructuralen la negociación de la X Carta de Intención. En esta circunstancia, el FMIactúa también como mediador y garante ante los acreedores internacionales enla renegociación de la deuda externa privada, a través del canje de los BonosBrady por Bonos Global valorados en USD 5.000 millones y pactados a tasas deinterés del 12% y 10%, superiores hasta en 3 veces a la tasa Libor vigente enel mercado internacional. Esta renegociación no ha provocado una disminuciónde la pesada carga de la deuda sobre el Presupuesto General del Estado (PGE),puesto que el pago del servicio de la deuda pública,[1]externa e interna, representa más del 35% del PGE, frente al 19% que se destinaal cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos económicosy sociales (educación, salud y generación de empleo y apoyo a la producción).

Aunquela dolarización ha provocado cierta estabilidad económica luego de la crisisde 1999, ésta no ha generado una mejora sustancial en la economía ecuatoriana,y más bien está causando un serio debilitamiento de la estructura productiva ysocial del país. La adopción del dólar como moneda está provocando la pérdidade competitividad de los productos no tradicionales de exportación, e inclusode aquellos destinados al mercado interno, que se encuentran muy vulnerables aimportaciones de los países vecinos que han sufrido devaluaciones. Esteproblema se agrava cuando la tasa de interés para préstamos[2]sigue siendo alta para una economía dolarizada.

Estose pone de manifiesto en un crecimiento importante de las importaciones y en lacontracción de las exportaciones, que han generado un déficit comercial de USD600 millones en el primer semestre de 2002, y se estima crecerá a USD 1,600millones para fines de año. Este último representa aproximadamente el 8% delPBI estimado para el 2003.

Gráfico1.-

Fuente: Boletines Mensualesdel Banco Central del Ecuador

Laposibilidad de salir de esta recesión del aparato productivo está condicionadaal mejoramiento de la competitividad, a través del aumento de la productividad(difícil de alcanzar sin altas inversiones en tecnología, que no se ven veniren el corto plazo), a la disminución de los costos internos de producción(especialmente laborales y tributarios), y con especial importancia, al apoyo aestos sectores por parte del gobierno (que en el contexto actual, donde seimpone el discurso del libre comercio, parecería difícil de lograr).

Impactosocial y prioridades perversas

Dentrode este contexto económico, el subempleo alcanza al 40% de la Población EconómicamenteActiva (PEA) y la migración, especialmente a España, Italia y Estados Unidos,alcanza casi a un millón de ecuatorianos, es decir, a más que 8% de la población.[3]

Existe,además, una brecha de consumo en las familias puesto que el salario promediomensual en 2002 (USD 140) no alcanza para comprar ni la mitad de la canasta básicafamiliar, que a agosto de 2001 era de USD 330.

Gráfico2.-

Fuente:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Debidoa que dentro del PGE el 45% de los ingresos fiscales depende de la venta de petróleoy sus derivados, el Estado se ha propuesto como objetivo incrementarsustancialmente la explotación petrolera con capitales privados, a través dela construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la licitación de nuevoscampos en Amazonía ecuatoriana y la extensión de los contratos con lasactuales empresas petroleras.

Eneste contexto, el FMI exigió la promulgación de la Ley Orgánica deResponsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal que se realizó el 4 dejunio del 2002. Esta ley establece un límitedel 3,5% en términos reales al crecimiento del Gasto Público, exceptuando elpago de la deuda pública, y contempla la creación del Fondo deEstabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público(FEIREP) con los ingresos fiscales que generará el OCP a partir de 2004. Estosrecursos serán repartidos de la siguiente manera: 70% para la recompra de deudapública y el pago de la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), 20% para la estabilización de los ingresos petroleros y 10% para lainversión en salud y educación. Esto demuestra claramente que la prioridad delas políticas del gobierno en el uso de los fondos públicos y de los recursosnaturales, es el pago de la deuda sobre la inversión social.

Porotro lado, la política tributaria no se encuentra dirigida a crear un sistemaequitativo. El peso del impuesto al valor agregado (IVA), que es un impuestoindirecto y regresivo, ha crecido en los últimos años de 1,4% del PBI en1983/84 hasta 8% en 2001, y representa más del 25% de los ingresos totales delEstado y el 51% de los ingresos totales no petroleros en 2002. Mientras que elimpuesto sobre la renta, que es un impuesto directo y progresivo, casi no hacrecido y representa el 3,2% del PBI de 2001, equivaliendo al 20% de losingresos totales no petroleros, y el 11% de los ingresos totales.

Tomandoen cuenta que el 70% de la población se encuentra en situación de pobreza,estas cifras ponen de manifiesto un sistema tributario favorable a las clases dealtos ingresos económicos en desmedro de la mayoría de la población.

¿Ajustarhasta el estrangulamiento?

Debidoa la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, a lasrestricciones de política monetaria impuestas por la dolarización, y a laexigencia del FMI de generar superávit fiscal, el Estado justifica la venta oconcesión de las empresas públicas (eléctricas y telecomunicaciones) paragenerar fuentes alternativas de ingresos fiscales diferentes al petróleo parasustentar el presupuesto nacional, o disminuir los gastos fiscales, la elevaciónde los precios de los combustibles, el recorte o congelamiento de sueldos ysalarios y la reducción del gasto operativo de los ministerios.

Sinembargo, este planteamiento tiene una intencionalidad muy peculiar: generarotras fuentes de ingresos fiscales que permitan cubrir el presupuesto y generarsuperávit fiscal, puesto que los ingresos por petróleo están comprometidos yservirán para el pago de la deuda.

Laprivatización de las empresas públicas en el Ecuador ha presentado problemas;por un lado, debido a la oposición de los sindicatos y de las organizacionessociales y, por otro, por la percepción pública de corrupción y falta detransparencia en estos procesos.

Enel intento de subasta pública de las empresas eléctricas en el mes de abril de2002 – a pesar de una intensa campaña para convencer de las bondades de laprivatización, de la llegada de capitales frescos y de los beneficios de la“libre” competencia – el gobierno no pudo concretar la venta. Pese a quese esforzó en la promulgación e implementación de leyes para una mayorflexibilización del mercado laboral (prohibición del derecho a lasindicalización, trabajo por horas, despidos masivos, tercerización, etc.),aumentó las tarifas públicas de los servicios básicos (Cuadro 1), traspasódeudas de las empresas privatizables al Estado ecuatoriano (como fue el caso delas empresas eléctricas en que el Estado asumió USD 300 millones de deuda paraque se “incrementara” el valor de mercado), y modificó las leyes paraasegurar el control de la empresa al capital extranjero (venta del 75% de lasacciones de la empresa pública en lugar del 51%).

Peroademás de facilitar el proceso de privatizaciones, al Estado se le obligaba adar “garantías” a las empresas, asegurándoles la rentabilidad, a travésde la autorización para la elevación de las tarifas de los servicios básicos,el establecimiento de monopolios privados, la exoneración en el pago deimpuestos (especialmente el IVA y los impuestos para la importación demaquinarias y equipos), la “flexibilización” de las normativas ambientalesy el permiso para la repatriación ilimitada de utilidades por parte de lasempresas.

Larecurrente argumentación, por parte del Estado, de que es necesario que lasempresas públicas sean eficientes y competitivas ha llevado, en los últimos años,a un incremento sustancial de las tarifas de los servicios básicos, con el afánde ponerlas “a punto” para su venta. En los últimos tres años, las tarifasde agua, gas y electricidad se han incrementado a razón de 40% anual,provocando por consiguiente una escalada en los precios de los bienes yservicios,[4]que se traduce en tasas de inflación sumamente altas: 61% en 1999, 97% en 2000y 23% en 2001. Cada vez menos ecuatorianos pueden acceder a estos servicios básicosy a los productos de la canasta básica familiar, evidenciándose una claradisminución en la calidad de vida de la población.

Cuadro1.- Incremento de precios de los servicios básicos (energía, gas y agua)

Fuente:Boletines Mensuales del Banco Central del Ecuador

Lacarta de intención que se discute con el FMI implicará serias ataduras para elnuevo presidente que tomará posesión del cargo en enero de 2003. Bajo lapremisa de la disciplina fiscal y el ajuste de cuentas, el gobierno que terminase comprometió para el 2003 a tener un superávit primario[5]de 6,9% del PBI de 2003 (aproximadamente USD 1.400 millones). Esto significa queel nuevo gobierno deberá “ahorrar” el 23% del presupuesto total del Estado,disminuyendo inversión social y productiva, aumentando las tarifas de losservicios sociales básicos (luz, agua, teléfono) y vendiendo las empresas públicas.Este “ahorro”, según la Ley de Transparencia Fiscal aprobada, servirá paragarantizar el pago de la deuda externa. Por decisión del FMI se suspendieronlas negociaciones con el gobierno saliente y se esperará a conocer el nuevomandatario electo para continuarlas.

Peromientras los empresarios presionan por una disminución de los costos deproducción y por más ayudas e incentivos para la exportación de sus productosy la importación de materias primas, la mayoría de la población se veacorralada por una inflación dolarizada que no cesa y por una carencia deempleo que obligará a más y más ecuatorianos a salir del país.

Elproceso de privatización, la reducción del Estado vía despidos detrabajadores, y la venta de empresas estatales exigido por el FMI, así como laaplicación de las condicionalidades de recorte del gasto fiscal, la eliminaciónde los subsidios a los servicios básicos y combustibles, la reducción desueldos y salarios, la protección de los acreedores internacionales a travésdel FEIREP y la intensificación del modelo extractivo de sobreexplotación derecursos, configura un claro ejemplo de política publica ejercida a través delgobierno nacional, bajo los lineamientos de organismos internacionales noestatales como el FMI.

Estemodelo que privilegia las variables macroeconómicas, viola sistemática eimpunemente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de millonesde ecuatorianos en lo que concierne al derecho a una vida digna, a la salud,educación, el derecho a un ambiente sano y el derecho a un trabajo justo ydigno. Estos derechos están protegidos por la Constitución Política de la Repúblicay los Convenios y Pactos Internacionales que el gobierno del Ecuador y losorganismos internacionales están en la obligación de atender, proteger,respetar y cumplir.