Actualmente Italia experimenta varios cambios institucionales radicales que provocan transformaciones traumáticas en la vida de sus ciudadanos. Como consecuencia de un debate en curso se implementó una reforma institucional para descentralizar la organización del Estado. Este es un mecanismo peligroso que tiene lugar en un marco general donde se multiplican los avances hacia la privatización. El gobierno lo está utilizando instrumentalmente para reducir el papel del Estado como garante de los derechos individuales.
Estareforma, que fue aprobada con premura por el Parlamento y que carece de laadecuada estructura institucional, resultó en un cambio de jurisdicción sinprecedentes en cuanto a la provisión de servicios importantes, como la salud yla educación. Específicamente, ciertas responsabilidades fueron traspasadas alas regiones sin una transferencia suficiente de recursos para la provisión deservicios esenciales. No hubo descentralización del sistema impositivo y, conla última ley presupuestal para 2003, el primer ministro Berlusconi recortólas transferencias a las autoridades locales. Además, no hubo instrumentosprevistos para crear un equilibrio entre las regiones más pobres y las másricas (el PBI per cápita de Lombardía duplica con creces al de Calabria).
LaUnión Europea, en sus últimas reuniones de Consejos de Primeros Ministros,sigue sugiriendo a todos sus integrantes que privaticen los servicios públicos.Simultáneamente, el pacto de estabilidad interna de Italia (firmado por lasregiones y el gobierno central), que propone las obligaciones acordadas entrelos estados nacionales y la Unión Europea en el ámbito nacional, imponerestricciones fiscales en las 20 regiones del país y las obliga a recortar losservicios de seguridad social locales. En este contexto tuvo lugar el cambio degobierno – la asunción de Berlusconi –, así como la opción neoliberal delnuevo gabinete al invitar a las autoridades locales a privatizar las empresasmunicipales (transportes, agua, etc.). El artículo 35 de la ley presupuestalpara 2002 solicitaba a las autoridades locales que privatizaran los servicios públicoscomo el transporte o la distribución del agua. En definitiva, el resultadogenerado por el federalismo, la Unión Europea y el gobierno, amenaza conconvertirse en un popurrí donde los servicios se privatizan, los precios alconsumidor aumentan y las diferencias entre las regiones se profundizan.[1]La enorme brecha que ya existe en cuanto a la calidad de los servicios y a laestructura del mercado de trabajo corre peligro de ahondarse si ladescentralización no incluye instrumentos que equilibren los recursos en el ámbitocentral.
Derechos:giro de 180 grados
Italiaes el país europeo con menor cantidad de instrumentos de protección al ingreso(beneficios por desempleo). La flexibilidad laboral se traduce en muy escasoscontratos de tiempo parcial, que son los que priman en Europa. Por otra parte,el empleo temporario está muy generalizado en Italia, cuyas empresas optan porreducir el costo del trabajo y por tener bajos niveles de protección socialpara ser competitivas en los mercados internacionales. La cantidad de personasdefinidas como trabajadores por cuenta propia por Eurostat casi duplica elpromedio europeo y equivale al 26,2 % del total de la fuerza laboral (sóloPortugal y Grecia tienen porcentajes mayores). Por cierto que este porcentajetan elevado no se refiere a los profesionales, sino a aquellos con contratos decolaboración,[2] aunque las tareas quellevan a cabo son propias del pleno empleo. Según ISTAT ( Instituto Nacional deEstadísticas), 20% de la fuerza laboral trabaja en esas condiciones, y es ésteel segmento de los trabajadores donde la pobreza es más frecuente.
Tambiénsegún ISTAT, en 2001 el 12% de la población vivía en pobreza relativa (7,83millones de personas; 2,63 millones de familias), el 66% en el sur, mientrasquienes vivían en la pobreza absoluta representaban 3,28 millones, o sea el4,2% de la población, con el 75% en el sur. Entre 2000 y 2001 la pobreza entodo el país disminuyó un 0,3%, pero aumentó en el sur, donde las tasas dedesempleo a largo plazo, femenino y juvenil, y la expansión del trabajoirregular, siguen alcanzando niveles altísimos.
Elimpacto de la monetización de la seguridad social
Debidoa la tendencia hacia la monetización del sistema de seguridad social, muchasregiones tienden a sustituir la asignación de dinero (exoneración deimpuestos, vales, suplementos) por sistemas de ayuda y atención (de losancianos, los niños y los discapacitados). En la práctica, sin embargo, latendencia entre las familias pobres es la de usar estas asignaciones como apoyogeneral al ingreso, lo cual, por consiguiente, incrementa la carga de lasmujeres, que ahora también deben realizar las tareas de cuidado y atención.Estas responsabilidades adicionales hacen más difícil la participación de lasmujeres en el mercado de trabajo, o subsidiaria a la de los hombres (de tiempoparcial, de alternancia entre el empleo fuera de la casa y la atención doméstica,etc.).
Asimismo,esta monetización puede ser socialmente regresiva. En algunos casos, comosucede con los vales escolares cuyo propósito es otorgar el derecho a laeducación, los instrumentos tradicionales de seguridad social fuerontransformados en un verdadero instrumento de redistribución hacia las clases másaltas. En algunas regiones, el 90% de los vales escolares fueron otorgados aalumnos de escuelas privadas, niños de clase alta, que comprenden a no más del5-7% de la población estudiantil.
Caídaen picada del gasto público
Comparadocon el gasto público de otros países europeos, el de Italia tiende aclasificar por debajo del promedio[3],a causa, principalmente, de un gasto menor en la asistencia de seguridad socialy, en cierta medida, de la atención de la salud. En 1999 Italia gastó 5,8% desu PBI en la salud de sus ciudadanos, contra el 8,1% de Francia, el 8% deAlemania, el 6,4% de Gran Bretaña y el 7,1% del promedio de la UE. En 1998,Estados Unidos, cuyo sistema es casi totalmente privado, gastó 5,7% del PBI enla atención de salud pública. Preciso es notar que las cifras del PBI per cápitapara todos estos países son superiores a las de Italia. Por lo tanto, en términosabsolutos, el gasto per cápita también es mayor: según el PNUD, Italia ocupael tercer lugar de abajo hacia arriba entre las 20 mayores economías y gasta,en total (gasto privado más público) un 61% menos que Estados Unidos, aunquebrinda una atención de la salud que, no obstante, es considerada muy superior(la segunda en calidad en el mundo, según clasificación de la OMS).
Alrespecto, vale señalar que, dentro de la administración regional de la salud,las regiones que gastan más son aquéllas que dirigen los recursos hacia unsistema de salud privado. Mientras el sistema público está regido porcriterios de eficacia y no de lucro, el privado tiende a hospitalizar a personasque no lo necesitan, para prolongar su internación, y para recetar tratamientosmás caros y recibir reembolsos más elevados de las arcas públicas regionales.El déficit de Lombardía, que lidera el proceso de privatización y es la regiónmás rica del país, se multiplicó por 10 en cinco años y creció más que elpromedio de otras regiones en el sector de la salud pública.
Inmigrantes:entre la xenofobia y la explotación
Paralos extranjeros que van a trabajar a Italia, las nuevas leyes aprobadas por elgobierno representan una forma rayana en la esclavitud y socavan gravemente losderechos de los inmigrantes, ya que vinculan directamente el permiso de ingresoal país a la existencia de un contrato de trabajo, dándole más poder al patrón.Si el contrato se disuelve, el inmigrante, sin importar cuánto tiempo ha vividoen el país, deberá abandonarlo. Las familias emplean a los extranjeros paracuidar a sus hijos y a los ancianos, especialmente en las ciudades grandes. Confrecuencia se trata de empleo irregular y mal remunerado, con escasos derechos yuna relación de servidumbre con el patrón. Muchas de estas personas viven conla familia que las emplea y dependen de ella para su vivienda, lo que lleva aque esta fuerza laboral se ubique en los segmentos más vulnerables del mercadode trabajo y a que, simultáneamente, exista una falta de servicios públicoscorrespondientes (por los cuales los ciudadanos extranjeros puedan trabajar conlos mismos derechos que los demás trabajadores).[4]
Lasituación de quienes solicitan asilo es aun peor, ya que los trámites setornaron más selectivos y los recursos financieros disponibles para tramitar lasolicitud disminuyen constantemente. Aunque está garantizado por el hecho deque Italia es firmante del Tratado de Ginebra, el asilo no está reglamentadopor ley.
Unafilosofía individualista
Laatención por los derechos individuales, el bienestar de la comunidad y lavalorización de un patrimonio común, no parecen ser una característicadominante del gobierno de Berlusconi. Muchas de sus normas propuestas oaprobadas despojan de responsabilidades sociales a las instituciones públicas ydejan al individuo a medio camino entre el mercado y la caridad, para elexclusivo provecho de las grandes compañías, especialmente las mayores quepueden evitar la competencia, o de aquellos en connivencia con el poder político.
Porcierto, no es fortuito que una de las primeras medidas de la administraciónBerlusconi fuera despenalizar el delito de contabilidad fraudulenta. Estamedida, junto con muchas otras tomadas en el ámbito de la administraciónjudicial, además de minar parcialmente la propia administración de justicia,es un claro resultado de los problemas judiciales[5]del Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores Berlusconi, así como dealgunos de los legisladores de su partido.[6]
Valela pena destacar que no se tomaron medidas para mejorar la calidad de lajusticia en sí (por ej., los procesos legales demoran un tiempo excesivo). Encambio, todas las medidas adoptadas tienen el propósito de proteger a losaliados del presidente. De hecho, la estrategia de los abogados de Berlusconi enlos juicios en su contra se concentra en diferir el proceso hasta que el delitopor el cual se procesa al Primer Ministro no se pueda juzgar debido a nuevasleyes propuestas por él, en lugar de demostrar que, en primera instancia, no sehabía cometido delito alguno. En este caso, la estrategia del gobiernotrasciende la filosofía individualista y alcanza el grado de transformar losintereses particulares de la clase gobernante en legislación nacional.
Dela Asistencia al Desarrollo a la caridad empresarial voluntaria
Desdeesta perspectiva clasista, la propuesta que hiciera el gobierno italiano en laCumbre Mundial de 2002 en Johannesburgo también es emblemática: las empresasson beneficiadas por la exoneración de impuestos y, por tanto, impulsadas aofrecer caridad, sustituyendo así la contribución de los Estados aldesarrollo. El gobierno actual podría transformar la estructura misma de laAsistencia al Desarrollo (AOD), dependiendo del interés que muestren lasempresas en gastar AOD para obtener beneficios impositivos del gobierno[7].Por otra parte, la búsqueda de buena publicidad del gobierno y la crecienteausencia del Estado van de la mano: en forma reveladora, en distintas ocasionesel Primer Ministro/Ministro de Relaciones Exteriores declaró enérgicamente queera una “vergüenza” que Italia fuera el país con el menor gasto de Europa(y de la OCDE) en AOD, pero la suma asignada en el proyecto de ley financiera de2002 se mantuvo en un magro 0,13% del PBI. Mientras tanto, no hay indicios deuna nueva ley sobre asistencia al desarrollo. Asimismo, se multiplican losanuncios espectaculares sin estar fundamentados por compromisos financieros(como la propuesta de un plan Marshall para Palestina), mientras medidasinsignificantes son aclamadas como grandes intervenciones (el fondo contra elSIDA en Génova G-8).
Todavíaestá por verse que el gobierno italiano cumpla con el compromiso que asumieraen la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, enMonterrey, México, 2002, de aumentar la AOD a 0,39% del PBI en 2006. El peligroreside en que, para declarar el aumento de la AOD, el gobierno recurra al trucocontable de sumar el dinero destinado a reducir la deuda de los países máspobres a la suma que ya destina en la actualidad.
Notas:
[1] No ha habido una discusión seria en el país sobre la reforma del Estado en términos federales ni sobre la privatización. El gobierno sigue adelante con reformas encubiertas, los organismos locales diferencian sus modelos de seguridad social y los recursos públicos son reorientados a favor de las clases más pudientes, mediante una maniobra de redistribución a la inversa.
[2] Trabajadores eventuales, subcontratistas que van a la oficina todos los días, tienen un horario de trabajo y un jefe; pero, en términos jurídicos, son tratados como empleados por cuenta propia: sin vacaciones, sin seguro médico, sin plan de retiro, etc.
[3] En la UE, el gasto para la protección social alcanzó el 27,6% del PBI en 1999. En ese período, Italia gastó 25,3% de su PBI en protección social, y sólo superó a España, Luxemburgo y Portugal entre los países de la UE. Entre 1990 y 1999, el porcentaje del gasto italiano del PBI creció 0,6% comparado con el crecimiento de 2,1% de la UE, del 2,4% de Francia, del 4,2% de Alemania (pero tras experimentar la reunificación) y del 3,9% de Gran Bretaña.
[4] Paradójicamente, los sectores sociales y políticos del país más contrarios a la inmigración (especialmente Alleanza Nazionale y la Lega Nord, miembros de la coalición de gobierno), contribuyen con el ingreso de personas extranjeras a un mercado laboral desprotegido e inestable, mediante el fomento de la seguridad social privada y orientada a la familia, ya que la mejor solución para una familia que debe asumir la responsabilidad total por una persona anciana es, con frecuencia, contratar a un extranjero en forma irregular.
[5] El Primer Ministro, Paolo Berlusconi, el legislador Cesare Previti y otros fueron procesados por corrupción y varios delitos fiscales.
[6] La última incorpora la posibilidad de que el acusado presente un reclamo de “sospecha legítima” (la persona bajo juicio puede solicitar un cambio de sede judicial si tiene una legítima sospecha de que la corte no está siendo justa o de que está sufriendo persecución) sobre la imparcialidad del tribunal. Aunque este recurso ya existe dentro de ciertos límites, estos límites quedan eliminados por esta propuesta.
[7] Peor aún es la propuesta de Berlusconi y José María Aznar de vincular la AOD (APS - Aiuto per lo Sviluppo, en italiano) a la represión de la emigración clandestina (‘Nosotros los ayudaremos si ustedes evitan que sus ciudadanos emigren’), que no fue aprobada a nivel europeo.