A partir de 1987, tras una crisis en la balanza de pagos, Túnez se embarcó en un programa de ajuste estructural, destinado a liberalizar la economía y disminuir el papel del Estado en los sectores competitivos. Desde 1997, el gobierno aceleró el proceso, y comenzó a vender también las empresas que no eran deficitarias. La sociedad civil se ve incapacitada para ejercer presiones sobre el gobierno con el fin de impedir que se tomen decisiones contrarias a los intereses de la mayoría.
A partir de 1987, tras una crisis en la balanza de pagos, Túnez se embarcó en un programa de ajuste estructural, destinado a liberalizar la economía y disminuir el papel del Estado en los sectores competitivos. El proceso comenzó con lentitud y con fuerte inversión estatal, tratando de volver competitivo al sector público. Primero se privatizaron compañías como hoteles y establecimientos comerciales –entonces más fáciles de vender–, y luego se extendió a áreas como la textil, la de alimentos, transportes, químicos, materiales de construcción y proveedurías de equipo eléctrico y mecánico. A partir de 1997, el gobierno aceleró el proceso, y comenzó a vender también las empresas que no eran deficitarias. Sólo en el trienio 1997-2000, 66 empresas fueron privatizadas. A comienzos de 2001, el gobierno emitió una lista con otras 41 empresas públicas que serían privatizadas.
Existen presiones importantes sobre el presupuesto del Estado, debidas a la disminución de los ingresos fiscales como consecuencia de la eliminación de los aranceles, y a la caída prevista de los ingresos no fiscales en razón de la baja de los ingresos petroleros. La disminución del ingreso de las empresas públicas que serán parcial o totalmente privatizadas, crea, además, una situación compleja que empeora luego de los cuatro últimos años de sequía. Por otra parte, hay que tener en cuenta la caída de ingresos del sector turístico como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y del atentado de Djerba en abril de 2002, que dejó un saldo de una veintena de víctimas alemanas. Todo esto afectó el poder adquisitivo de los ciudadanos, que disminuyó un 25% desde mediados de los años 80, dado que el gobierno debió retirar su apoyo a los productos de primera necesidad.
La disminución del ritmo de crecimiento mundial, el alza de las divisas indispensables, como el dólar o el euro, la apertura del mercado europeo (al cual está ligado Túnez por un acuerdo de asociación) a nuevos Estados miembros y, finalmente, los cambios climáticos, vienen a agregarse a los duros golpes recibidos por el país en sectores vitales como el turismo y la artesanía.
No obstante, las cifras oficiales indican un retroceso del índice de pobreza, que pasó del 6,2% en 1995 al 4,2% en la actualidad. La tasa de viviendas rudimentarias ha disminuido igualmente: 1,2% en el año 2000, contra 8,8% en 1984. El índice de conexión al agua potable es del 79,5%, y el de electrificación del 95% en 2001. La tasa de cobertura social llega al 85%.[1]![endif]>![if> Dado que 15% de los tunecinos no está cubierto por la seguridad social, es urgente que el gobierno reforme el sistema de modo que garantice una cobertura suficiente a todos.
La población económicamente activa es de 3.292.700 personas (según cifras de 2001), de las cuales 75,4% son hombres y 24,6% son mujeres. La demanda de empleo llegará en los próximos años a 80 mil por año, debido al continuo aumento del ingreso de mujeres al mercado de trabajo, y al número de mujeres diplomadas, que llega a 25 mil por año. El sector de los servicios fue la mayor fuente de ingresos durante la década del 90. Los servicios administrativos y comerciales representaron el 55% del PBI. Por esta razón, dicho sector es el que generó la mayor cantidad de empleos, con el 44,1% de la mano de obra, a consecuencia de una baja significativa del sector agrícola.
Según las estadísticas oficiales de 2001, el desempleo es del 15%. Sin embargo, para algunos expertos la proporción es mayor, especialmente en las regiones más pobres del interior, que son las menos atractivas para los inversores, y donde el desempleo puede llegar al 30%. Cabe señalar que la presión sobre el mercado laboral proviene de personas de bajo nivel de educación (el 13% de los desempleados en 1999 era analfabeto y el 48% no pasaba de la enseñanza primaria). La amenaza del desempleo se cierne sobre franjas enteras de la población. Este temor se ve acentuado por el probable aumento de los despidos por razones económicas de reestructuración, quiebra o privatización, que sigue siendo lenta a pesar de las ventajas otorgadas.
A pesar de estos aspectos positivos de la acción gubernamental para mitigar los efectos negativos de la globalización, las asociaciones feministas, los medios sindicales y las organizaciones de Derechos Humanos temen que se avecine una etapa difícil. En efecto, la prosecución de la cesión de empresas públicas en beneficio de capitales nacionales y extranjeros podría poner en peligro la existencia de numerosos logros sociales. Entre ellos se destacan, durante el período del Noveno Plan de Desarrollo (1997-2001), la creación de 322 mil nuevos puestos de trabajo; el aumento del ingreso per capita (de USD 1.478 en 1996 a USD 2.100 en 2001); aumento de la esperanza de vida de 71 años en 1994 a 72.9 años; la disminución de la tasa de mortalidad infantil de 29.7 por mil a 25.8 por mil en el mismo período; el aumento de la tasa de escolarización para el tramo etario entre 6 y 24 años de 61.7% en 1994 a 68.4% en 2001, y el del tramo etario 20 a 24 años de 12.5% a 23%; el retroceso de la tasa de analfabetismo a 24.7% en 2001 contra 31.7% en 1994; el aumento de la tasa de conexión al agua potable en el medio rural que aumentó a 81% en 2001 contra 68.3% en 1996; la mejora en la tasa de electrificación rural que alcanzó 91.7% en 2001 contra 75.7% en 1996; y el descenso de los viviendas precarias de 2.7% a 1.2% en 2001.[2]![endif]>![if>
El número de mujeres económicamente activas se multiplicó por diez entre 1966 y 1977, mientras que en el mismo período el total de activos sólo se duplicó. Aunque la proporción de mano de obra femenina mostró un leve incremento, en 1997, los hombres aún se mantenían a la cabeza en el mercado laboral, en una relación de tres a uno. Se verifica que la proporción de mujeres activas solteras o divorciadas es mayor que la de mujeres casadas, dado que las responsabilidades familiares inherentes al matrimonio frenan su acceso al mercado laboral.
El sector servicios emplea un volumen importante de la mano de obra femenina, principalmente en los sectores de la enseñanza, la salud y la función pública, aunque es de notar que gran parte de los cargos ocupados por mujeres son de baja remuneración. El sector industrial es, sin embargo, el mayor empleador de mano de obra femenina: 43,4%, contra 37,5% en el sector servicios, y la industria textil se apoya esencialmente en ella, al emplear a casi un tercio de la población femenina activa.
Hay que señalar que aproximadamente 40 mil mujeres no llegan a trabajar más de tres meses por año, en empleos precarios o zafrales. Numerosas empresas, incluyendo las del sector público, recurren a modalidades de empleo temporario, tales como los contratos a término. Se añade a esto que hacia 2005, fecha de caducidad del Acuerdo Multifibras para las empresas textiles,[3]![endif]>![if> Túnez podría verse privado de las ventajas con las que contaba para la protección de dicho sector, gran empleador de mano de obra femenina.
La subcontratación, fenómeno surgido en los años 70 y que, según los expertos, se va a incrementar con la globalización de la economía y la inestabilidad del mercado laboral, tendrá consecuencias negativas sobre la situación de la mujer y provocará una feminización de la pobreza.
Con el Décimo Plan de Desarrollo, que abarca el período 2002-2006, el sector privado se convirtió en un elemento esencial del desarrollo económico y social, dado que está obligado a llegar al 58.5% de las inversiones globales para 2006 (éstas alcanzaban el 55% en 2001). Así pues, se deberá proseguir con la liberalización de ciertos sectores estratégicos –el transporte por ejemplo– y esforzarse por atraer inversión extranjera directa hacia los sectores de mayor plusvalía, como el agroalimentario o el farmacéutico.
¿Hasta qué punto podrá el gobierno controlar los precios e imponer una competencia leal, además de garantizar la transparencia de las transacciones económicas y el incremento de las exportaciones de productos locales? Las reformas emprendidas en los últimos años por el gobierno apuntan a reemplazar el sistema de acumulación regulado por el Estado, por un sistema de acumulación regulado por el mercado externo. El sindicato tunecino está convencido de que esta actitud comporta peligros y repercusiones para los estratos sociales más expuestos a los efectos negativos de la ola liberal.
Se ha comprobado un claro retroceso de la inversión extranjera directa en los sectores industrial y agrícola, y un avance hacia el de los servicios, especialmente el turismo y el mercado inmobiliario, en una proporción cercana al 50% de las inversiones. A la luz de los años anteriores, y a pesar de una política prudente y progresiva de liberalización del sector de los servicios, siguen vigentes los temores sobre las consecuencias negativas de la apertura a la competencia que impone la OMC. Por este motivo, el Décimo Plan de Desarrollo elaborado por el gobierno prevé un refuerzo de la intervención estatal para contener y atenuar los inconvenientes de la liberalización de la economía. Entre ellos se incluye encarar el desafío del desempleo a través de la creación de 380 mil empleos, es decir, el 95% de la demanda adicional y la reducción de la tasa de desempleo del 15% al 13%. El plan se propone también aumentar la cobertura social al 90% en el 2006, reducir la tasa de analfabetismo de 24.7% en 2001 a 16% en 2006 y aumentar progresivamente las tasas de escolarización en la enseñanza superior de 23% en 2001 a 30% en 2006. En términos generales, es de destacar la cuadruplicación del gasto social desde 1986 hasta el año 2000, cuando alcanzó más del 20% del PBI.
A la luz de estos desafíos y peligros, la privatización de servicios esenciales –tales como el transporte– tiene repercusiones negativas fundamentales sobre los niveles menos favorecidos, pero también sobre las clases medias, que constituyen la columna vertebral de la estabilidad social en Túnez, cuyo logro se ve cada vez más en peligro. Los asalariados temen la perspectiva de soportar el costo de seguros de enfermedad y se inquietan por los procedimientos tendientes a instaurar una enseñanza financiada por el ciudadano, incluida en el marco de la comúnmente llamada "escuela del mañana".
La población más pobre, que según las cifras oficiales incluye a cerca de medio millón de personas, será la más afectada, en particular la de las zonas del interior del país (donde llega a ser del 11,7% en el sudeste tunecino). Pese a los esfuerzos de numerosas y diversas instituciones oficiales por fomentar los servicios en favor de los sectores más necesitados o de quienes viven del mercado paralelo, su escasa coordinación provoca numerosas irregularidades en la gestión y ha disminuido su eficacia.
Estos desafíos y peligros exigen el compromiso de la sociedad civil, que debe actuar en defensa de las ventajas logradas. Pero, como fue indicado en el Informe nacional sobre el desarrollo humano (1999), una de las mayores debilidades de la experiencia tunecina es la falta de evolución de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, ya sea en la vida económica, social, o política. El resultado es que el margen de las libertades públicas es estrecho –en particular el de la libertad de organización y de expresión– y cualquier exceso del límite impuesto es perseguido.[4]![endif]>![if>
Las asociaciones de desarrollo y las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos y los Derechos de la Mujer enfrentan dificultades tales que su participación en el debate sobre las decisiones económicas y la defensa de los derechos sociales del ciudadano se ve limitada, e incluso impedida. Las instituciones dedicadas al ámbito social padecen un déficit de democracia en su funcionamiento interno, lo cual las aleja de las masas (ver a este respecto el informe económico y social de la Unión General Tunecina de Trabajo), razón por la cual la sociedad civil se ve incapacitada para ejercer presiones sobre el gobierno con el fin de impedir que se tomen decisiones contrarias a los intereses de la mayoría.
Notas:
[1]![endif]>![if> http://www.ins.nat.tn/
[2]![endif]>![if> República de Túnez. Breve resumen del Décimo Plan de Desarrollo 2002-2006.
[3]![endif]>![if> El Acuerdo Multifibra Relativo a Comercio Internacional en los Textiles (MFA) es una derogación internacionalmente convenida de reglas del GATT que permite que un país signatario aplique restricciones cuantitativas a la importación textil cuando las considera necesarias para prevenir la desorganización del mercado, incluso cuando tales restricciones fueran contrarias a las reglas del GATT. A partir de 2005, todos los signatarios del AMF deberán suscribir a las reglas del GATT.
[4]![endif]>![if> En marzo de 2001, Amnistía Internacional llamó a las autoridades tunecinas a detener lo que describía como una escalada de incidentes de hostigamiento y presión sin precedentes contra activistas de derechos humanos. En un nuevo informe, AI señaló que la campaña de presión empezó cuando la Liga de Derechos Humanos tunecina fue suspendida en noviembre de 2000. Desde ese momento todos los encuentros de los miembros de la Liga fueron impedidos por servicios de seguridad. El informe también afirmaba que habían sido abiertos procedimientos legales contra el presidente de la Liga de Derechos Humanos, Moktar Trifi, y contra otras autoridades.