Derechos y seguridad humana para romper el círculo vicioso

Las políticas económicas neoliberales generan diversos círculos viciosos de inseguridad humana. Uno de ellos (relacionado con la apertura comercial indiscriminada, la crisis del campo, la migración) es una de las múltiples expresiones de cuán vulnerados están los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A partir de las recomendaciones del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, el presidente Vicente Fox se comprometió en diciembre de 2003 a elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos. Es indispensable que el Estado mexicano aborde los derechos en su integralidad e interdependencia para comenzar a generar círculos “virtuosos” de seguridad humana.

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la aspiración a un mundo donde las personas puedan vivir liberadas del temor y la miseria, pero el desconocimiento y menosprecio de estos derechos ha sido un gran obstáculo en el camino hacia ese ideal. En su artículo 25, la Declaración consagra los derechos humanos económicos, sociales y culturales enmarcados en el derecho a un nivel de vida adecuado. Este informe centra su argumentación en el análisis de ciertos escenarios sociales y económicos de la realidad mexicana, en los cuales se viola sistemáticamente el derecho a un nivel de vida adecuado, convirtiéndose en amenazas a la seguridad humana.

La Comisión de Seguridad Humana considera que se necesitan políticas integrales centradas en la supervivencia de las personas, medios de vida y dignidad,[1] en tanto que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte sobre amenazas económicas (pobreza, falta de vivienda) y alimentarias (hambre) a la seguridad humana. Bajo esta perspectiva se analizan las siguientes cuestiones que forman un círculo vicioso de inseguridad humana en México: a) obstáculos estructurales para el disfrute de un nivel de vida adecuado, b) pobreza rural y urbana, c) libre comercio y crisis del campo, y d) el fenómeno migratorio.

Obstáculos estructurales

Las organizaciones civiles y sociales que vienen monitoreando y evaluando los programas de ajuste estructural (PAEs) aplicados en los últimos 20 años en México, han documentado y denunciado públicamente sus impactos económicos, sociales, culturales y medioambientales y demandado ante los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales que cese este proceso de deterioro de las condiciones de vida de la población, considerándolas una violación sistemática de los derechos humanos y, por ende, un atentado contra la seguridad humana de millones de personas en el país.[2] Algunos de estos aportes fueron retomados en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica con el gobierno mexicano.

El Diagnóstico incluye un apartado acerca de los obstáculos estructurales para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado en México. Algunos de estos obstáculos son:[3]

·        El modelo de apertura de la economía al mercado externo y promoción de la inversión extranjera desatado a partir de 1985 ha incumplido con las metas de reactivación del crecimiento económico sostenido del país y su aplicación no ha sido socialmente responsable.

·        Un desmantelamiento sostenido de instituciones que apoyaban la producción y el consumo de los pequeños productores campesinos de granos y oleaginosas, en tanto la apertura al ingreso de importaciones masivas de esos productos crea una peligrosa dependencia alimentaria y acentúa el empobrecimiento rural.

·        Si bien se ha realizado un importante esfuerzo para aumentar los recursos en programas de combate a la pobreza rural dirigidos a individuos, el diseño y la operación de los programas no consideran la perspectiva de los derechos humanos y han generado, en su operación y cobertura, exclusión y discriminación.

·        Las condiciones que se han aceptado en acuerdos y convenios con los organismos financieros internacionales y en los acuerdos y tratados de libre comercio acotan los márgenes de actuación del gobierno para una definición autónoma de política económica y social, y subordinan las políticas y programas sociales a acuerdos económicos de libre mercado.

·        En los últimos 20 años, las políticas económicas más destacadas han incluido el desmantelamiento del Estado, privatización de las empresas públicas, apertura del mercado, control inflacionario, presupuestos equilibrados, disponibilidad insuficiente y volátil de crédito, competencia desleal a los productores nacionales, eliminación de subsidios, contención salarial y desregulación de mercados. Todo ello ha determinado cambios en la estructura productiva del país que ha tenido profundas repercusiones en los niveles de vida y en los derechos económicos, sociales y culturales de individuos y familias.

Pobreza rural y urbana

Los efectos de los PAEs pueden leerse también en términos de generación de condiciones de inseguridad económica y social, que en las áreas rurales se traducen en un mayor empobrecimiento de la población.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) considera que 53,7% de la población - alrededor de 53 millones de personas - tiene un ingreso diario de MXN 28,1 (USD 2,6) por persona en áreas rurales y MXN 41,8 (USD 3,8) en áreas urbanas, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación, salud, vestido, calzado, vivienda y transporte público. En esta situación se encuentra 69,3% de la población rural y 43,8% de la población urbana.[4] Considerando que actualmente tres cuartas partes de la población se concentran en las zonas urbanas (alrededor de 75 millones de personas), mientras que una cuarta parte vive en zonas rurales (alrededor de 25 millones), estos porcentajes significan que alrededor de 18 millones de personas viven esta lamentable situación de pobreza en el campo y cerca de 33 millones en las ciudades.[5]

La brecha urbano-rural se acrecienta cuando se analiza la situación que vive la población femenina desde la infancia hasta la tercera edad. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el porcentaje de mujeres rurales que vive en pobreza extrema se ha elevado a 52%.[6] Si bien hay una limitación estadística para encontrar datos desagregados por sexo, la desigualdad de género en la pobreza es una realidad. Un ejemplo de esto es la llamada triple o hasta cuádruple jornada laboral que experimentan muchas mujeres (desde niñas hasta adultas mayores) para resolver diversas carencias, desde garantizar la alimentación de la familia hasta el cuidado de personas enfermas, mayores o con necesidades especiales, sin ninguna posibilidad de acceder a servicios públicos.

Libre comercio y crisis del campo[7]

México ha negociado 11 Tratados de Libre Comercio con 32 países de tres continentes y 19 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, en donde “los intereses nacionales son rebasados por los propios intereses trasnacionales desregulados y privados.”[8] Se destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994) que hace 10 años fue presentado como el medio para convertir a México en el gran exportador, reducir la pobreza, aumentar los empleos y lograr la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, ninguno de los supuestos beneficios mencionados se ha dado ya que si bien México presenta un superávit comercial con Estados Unidos, éste se compone de exportaciones básicamente de maquiladoras,[9] del sector automotor y del petróleo, calificadas como “exportaciones de mano de obra barata y recursos naturales; adicionalmente, las exportaciones se encuentran concentradas en unas cuantas actividades y están dominadas por un minúsculo grupo de corporaciones trasnacionales.”[10]

Centrándonos en el sector rural, el propio Banco Mundial reconoció en un estudio que los “beneficios” del TLCAN no llegaron a la zona rural, y que los estados del sur no se vieron beneficiados por el Tratado. Por el contrario, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas vive una cuarta parte de los 28 millones de habitantes en pobreza extrema. Si bien el Banco Mundial establece que esto se debió en parte a que tales estados no estaban preparados para enfrentar la apertura económica, también reconoce que el nivel de gasto social que el gobierno destina a ellos es relativamente bajo respecto a su nivel de desarrollo económico y que, fiscalmente, podría aumentarlo.[11]

Desde que el TLCAN entró en vigor, México ha incrementado sus importaciones agropecuarias, perdiendo soberanía y seguridad alimentaria e imponiendo con ello un obstáculo para la seguridad humana de millones de personas, impactando directamente a miles de productores del campo. Algunos de los datos más significativos al respecto son:[12]

·        El TLCAN ha significado un incremento de las importaciones agroalimentarias. En 1995 importamos de Estados Unidos USD 3.254 millones y exportamos USD 3.835 millones. En 2001 las importaciones se dispararon a USD 7.415 millones y las exportaciones ascendieron a USD 5.267 millones. De ser en 1995 superavitaria por USD 581 millones, nuestra balanza agroalimentaria con Estados Unidos se tornó deficitaria por USD 2.148 millones.

·        En 1990, el promedio anual de importación de los diez cultivos básicos (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, etc.) era de 8,7 millones de toneladas. Para 2000 llegó a 18,5 millones, 112% de incremento. Antes del TLCAN, el máximo de maíz importado había sido 2,5 millones de toneladas; ya en 2001 se importaron 6,15 millones de toneladas.

·        A consecuencia de la competencia desleal de las importaciones extranjeras, el valor real de los productos del campo se ha derrumbado. Entre 1985 y 1999, el maíz perdió 64% de su valor y el frijol, 46%, sin que esto significara un abaratamiento de la comida para los consumidores, pues entre 1994 y 2002 la canasta básica se ha incrementado en 257%.

·        La pobreza expulsa a la población campesina hacia las ciudades y Estados Unidos. Según la propia SEDESOL, un promedio de 600 campesinos deja su tierra cada día. El campo ha perdido un 1,78 millones de empleos desde que entró en vigor el TLCAN.

·        Los subsidios del gobierno norteamericano a sus productores importan un promedio de USD 21.000 por productor, en México, USD 700. Luego de la promulgación de la Ley Agrícola norteamericana, los subsidios a los agricultores de Estados Unidos se incrementarán en 80% en los próximos 10 años.

A partir de noviembre de 2002, y ante la inminencia de la desgravación de la mayoría de las importaciones agroalimentarias dentro del marco del TLCAN, 12 organizaciones campesinas regionales y nacionales iniciaron un movimiento llamado El Campo No Aguanta Más. Sus demandas básicas son: renegociación del TLCAN en materia agropecuaria; reforma estructural del campo basada en un programa emergente y una planificación de mediano y largo plazo por una Comisión de Estado; incremento significativo y sostenido del presupuesto para desarrollo rural, con la exigencia de hacerlo multianual; un sistema de financiamiento rural al servicio de los pequeños y medianos productores; una alimentación sana, suficiente y nacional para todos los mexicanos; cabal cumplimiento de los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas, y abatimiento del rezago social y jurídico en materia agraria, así como revisión del marco jurídico agrario.[13]

Migración: el autoexilio económico

No es de extrañar que, en este contexto de pobreza y desmantelamiento del campo, se desarrolle una intensa migración interna a las ciudades, así como una gran migración internacional hacia Estados Unidos, proveniente principalmente de los estados del sur y el oeste, los de menor desarrollo humano del país.[14]

Cuadro 1. Remesas de emigrantes

Fuente: Instituto Nacional de Migración. www.inami.gob.mx

El fenómeno migratorio es mucho más complejo que antes. Ahora el trabajador emigra definitivamente, no lo hace individualmente sino en familia, y busca insertarse en diversos sectores de la actividad económica, no sólo el agrícola. Este tipo de “autoexilio económico”, es más bien una forma de expulsión de cientos de personas que no se benefician de las políticas gubernamentales pero que reciben todo el impacto de sus consecuencias negativas.

Como es sabido, la mayoría de los migrantes cruzan o intentan cruzar la frontera norte sin documentos, arriesgando su vida por la profunda necesidad de encontrar medios de subsistencia personal y familiar. En el trayecto, muchos hombres y mujeres, adultos, jóvenes e incluso niños y niñas, fallecen por diversos motivos: la adversidad climática del desierto, la falta de alimentos y agua, las picaduras o ataques de animales, por asfixia en los transportes donde se esconden, ahogados en ríos y canales, o por abusos y asalto de las propias personas que los conducen (los llamados “polleros”). Se enfrentan al gran negocio del tráfico de indocumentados, así como a la corrupción, la indiferencia y hasta la negligencia de las autoridades migratorias mexicanas. Son víctimas de abusos y maltrato por parte de la patrulla fronteriza y otras autoridades estadounidenses que criminalizan la migración indocumentada. Cruzando la frontera tampoco están seguros, pueden ser víctimas de la xenofobia y el racismo de algunos pobladores o grupos supremacistas blancos que actúan incluso contra trabajadores agrícolas ya establecidos. Una vez establecidos en el país vecino, los migrantes se enfrentarán a diversos tipos de explotación: económica, laboral, sexual, etc. Se produce así un círculo vicioso de inseguridad humana.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la agenda bilateral México-Estados Unidos en materia migratoria se amplió para incorporar el tema de los vínculos entre la seguridad nacional y la migración. En enero de 2004, el presidente George W. Bush propuso al Congreso estadounidense un nuevo programa que permitiría a millones de trabajadores indocumentados y a personas de otros países que tengan una oferta de empleo en Estados Unidos, trabajar legalmente durante tres años, con la posibilidad de una prórroga si no se encuentran ciudadanos estadounidenses que desempeñen el empleo.[15] Sin embargo, la eventual adopción de un nuevo programa en Estados Unidos para trabajadores migratorios temporales resulta una medida insuficiente y deficiente para resolver un problema tan complejo, además de que en un contexto de interdependencia económica, el gobierno estadounidense no debería definir de manera unilateral su política migratoria.

Conclusiones

En la agenda del Poder Ejecutivo, lo mismo que en la legislativa y en la del Poder Judicial, un objetivo central debe ser proteger y promover la seguridad humana. El presidente Vicente Fox se comprometió en diciembre de 2003 a elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos a partir de las recomendaciones del Diagnóstico Nacional que identificó obstáculos estructurales para la realización de los derechos humanos, y por ende, para la seguridad humana en el país. De elaborarse adecuadamente, el programa nacional será un signo de voluntad política, pero será su ejecución efectiva la que deberá evaluarse. Más aún, es indispensable que el Estado aborde los problemas sociales y económicos del país de una manera integral y en total congruencia con sus compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo económicos, sociales, culturales y ambientales, en los que no ha demostrado un verdadero interés de promoción y protección.

Notas:

[1] Comisión de Seguridad Humana. La Seguridad Humana, ahora. New York, 2003.
[2] Para mayor información cf. “Informes del Ejercicio de Evaluación Ciudadana del Ajuste Estructural”. CASA-SAPRIN.www.equipopueblo.org.mx
[3] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Mundi-Prensa, 2003, pp. 73-74.
[4] Secretaría de Desarrollo Social y Comité Técnico para la Medición de la Pobreza.Estudio sobre evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX. Agosto de 2002, p. 31.www.sedesol.gob.mx.
[5] Los cálculos son aproximaciones tomando como base datos de evolución de población rural-urbana del Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Poder Ejecutivo, Segundo Informe de Gobierno, 2002.
[6] Comunicación e Información de la Mujer, AC, Periodismo con Perspectiva de Género. “52% de mujeres rurales mexicanas vive en pobreza extrema, Sin acceso a la educación la mayoría”. México, DF, 7 de febrero de 2003.www.cimacnoticias.com
[7] Esta sección está basada en Castañeda, Norma. Pobreza y libre mercado en México. DECA Equipo Pueblo, AC, mimeo, diciembre de 2003.nacastaneda@equipopueblo.org.mx
[8] Witker, Jorge y Laura Hernández. Régimen jurídico del Comercio Exterior de México. Capítulo 1: “Introducción al Comercio Internacional”. UNAM, p. 14.
[9] Las maquiladoras son plantas de una empresa extranjera o trasnacional que se establecen en países donde la mano de obra es más barata para fabricar o ensamblar algunos componentes de un producto determinado.
[10] Nadal, Alejandro, Francisco Aguayo y Marcos Chávez. Siete mitos sobre el TLCAN. Diciembre de 2003.www.americaspolicy.org/articles/2003/sp_0312mitos.html
[11] Banco Mundial. Estrategia de Desarrollo de los Estados del Sur, Vol. I.www.bancomundial.org.mx
[12] Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, AC. “Datos sobre la situación del campo en México. Algunos resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en agricultura y alimentación”.www.ciepac.org/analysis/sitcampmex.htm y Molina Ramírez, Tania. “Recuento de un desastre. El campo en cifras” en Boletín Nº 264, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, 12 de enero de 2003.www.ceccam.org.mx
[13] “Documento de Postura del Frente Democrático Campesino de Chihuahua”, mimeo, 24 de abril de 2003.
[14] Para mayor información sobre el Índice de Desarrollo Humano por regiones y estados, cf. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano México 2002.
[15] Servicio noticioso desde Washington, 8 de enero de 2004. “Bush propone importante reforma del sistema de inmigración. Daría condición legal temporal a trabajadores indocumentados.” Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.http://usinfo.state.gov/espanol/