La violencia endémica y la corrupción instalada en el gobierno constituyen las principales preocupaciones relacionadas con la seguridad humana en Indonesia y han causado el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país. Para liberar a la población de todos sus miedos, se hace imprescindible una reforma compleja y profunda de todo el sistema. Las próximas elecciones generales pueden ser una oportunidad.
El legado del autoritarismo
A pesar de que la presidenta Megawati Sukarnoputri instituyó el 2003 como Año de la Paz y la No Violencia, la conflictividad y la violencia siguen afectando cotidianamente a los ciudadanos. El gobierno autoritario de Suharto, apoyado por los militares y el partido oficialista Golkar, se prolongó desde octubre de 1965 hasta mayo de 1998, y dejó al país expuesto a diferentes formas de violencia. Durante más de tres décadas, el gobierno aplicó sistemáticamente la represión, la proscripción y la censura. Asimismo, emprendió políticas anexionistas - la invasión a Timor Oriental, en 1975, cuyas sangrientas secuelas se prolongan hasta el presente - y un proyecto de transferencia de poblaciones denominado Transmigrasi, en 1979, que aumentaron la violencia separatista, el número de desplazados y refugiados, y los conflictos entre diferentes etnias.[1]
En 1998, B. J. Habibie sucedió a Suharto. Gobernó en medio de protestas y enfrentamientos interétnicos hasta octubre de 1999, cuando, tras celebrarse elecciones, fue sustituido por Abdurramán Wahid, líder de la coalición musulmana Nahdlatul Ulama. En julio de 2001, luego de enfrentar violentos conflictos y envuelto en escandalosos episodios de corrupción, Wahid fue destituido y asumió la actual presidenta.
Violencia de Estado y terrorismo
Actualmente se viven situaciones de extrema violencia en áreas conflictivas como Aceh, Poso-Central Sulawesi, Maluku e Irian Jaya (Papúa Occidental), donde se han registrado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. En Aceh - en el extremo occidental de la isla de Sumatra - el enfrentamiento con el gobierno central se manifestó desde un principio en dos modalidades: un movimiento con fuerte apoyo de la sociedad civil a favor de un referendo para decidir la situación política de la región y el grupo armado Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Las fuerzas de seguridad reprimieron por igual a ambos. Este conflicto generó abusos por parte de la Policía, del Ejército y del GAM, hasta que en mayo de 2000 el gobierno de Wahid acordó una tregua humanitaria que se extendió hasta 2001. Durante ese año, sin embargo, continuaron los asesinatos, como los ocurridos en Medan, entre cuyas víctimas se encuentran los activistas Jafar Siddiq Hamzah y Safwan Idris.[2] En Aceh aún hay más de 5.000 familias viviendo en campos de refugiados. En las otras áreas en conflicto el problema de los refugiados continúa sin solución. En Malucas, sólo 16.000 familias, de un total de 36.000, han podido regresar a sus hogares desde los campos de refugiados,[3] y en Poso-Central Sulawesi, 18.000 familias continúan en esa situación.[4]
Dos casos ocurridos en 2003 ejemplifican el resurgimiento de diversos tipos de violencia: el ataque a la oficina de Kontras (el comité que investiga los casos de desaparición de personas, opuesto a la política del gobierno en Aceh) y el atentado contra el periódico nacional Tempo, después de la publicación de una investigación sobre el incendio de un centro comercial de productos textiles, que involucró a un importante hombre de negocios en asuntos de corrupción y nepotismo. Estos atentados demuestran, por un lado, el uso de métodos violentos e ilegales para defender los intereses de ciertas personas poderosas y, por otro, representan una amenaza para la libertad de expresión.
Los atentados con explosivos también han generado un clima de temor entre la población. En octubre de 2002, más de 180 personas murieron como resultado de un ataque con bomba a un club nocturno en Bali. El mismo día, otra bomba explotó cerca del consulado de Estados Unidos en Sanar. Se culpó a la red islamista Al Qaeda de ambos atentados. El atentado con coche bomba contra el Hotel Marriot de Jakarta, ocurrido el 6 de agosto de 2003, dejó al menos 10 muertos y más de 100 heridos.
Violencia contra los pobres y las mujeres
Además de las áreas conflictivas y los ataques terroristas, se dan otras formas de violencia - quizás menos visibles - que también comprometen seriamente la seguridad humana.
En las zonas urbanas, por ejemplo, son frecuentes los desalojos. En agosto de 2003, en Jembatan Besi, al oeste de Jakarta, 2.000 familias de trabajadores del sector informal fueron brutalmente desalojadas. En setiembre, en Tanjung Priok, al norte de Yakarta, se demolieron 189 casas, afectando a 550 personas que habían pagado fuertes sumas por los terrenos. Estas prácticas, que han continuado en Jakarta y otras ciudades, son claramente violatorias de los derechos del ciudadano consagrados en el artículo 27 de la Constitución.[5]
Las mujeres son especialmente afectadas por diferentes formas de violencia. Komnas Perempuan (Comisión Nacional sobre Violencia contra la Mujer) sostiene que en 2002 este tipo de violencia creció 62% respecto a años anteriores. Si bien la información correspondiente a 2003 aún no ha sido procesada, los datos recogidos por esa Comisión muestran que continúa aumentando. El Seknas Pekka (Secretariado Nacional del Programa para el Empoderamiento de las Mujeres Jefas de Hogar) sostiene que ha crecido el número de mujeres en esta situación, especialmente en las áreas de conflicto. La mayoría vive en condiciones de extrema pobreza, con ingresos menores a USD 1 diario.
Los riesgos de la corrupción
Indonesia ocupa el puesto 122 entre 133 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2003 de Transparencia Internacional.[6] Esta situación implica una evidente amenaza para la seguridad humana, pues ha enlentecido notoriamente el proceso de recuperación socioeconómica. Según el Banco Mundial,[7] la corrupción amenaza el desarrollo (afectando principalmente a los más pobres), pone en riesgo los proyectos del Banco y debilita la confianza pública en la asistencia para el desarrollo. Esta institución financiera recomienda a la sociedad civil actuar junto al gobierno pero evitando ser cooptada por él, propendiendo a una reducción de la impunidad e impulsando la transparencia. El gobierno ha creado una comisión para eliminar la corrupción (Ley 30/2003).
Una bomba de tiempo
Entre las amenazas a la seguridad humana deben destacarse aquellas de origen socioeconómico y que tienen incidencia en la alimentación, la salud y la educación. El 40% de la población, de unos 217 millones, vive en áreas urbanas.[8] Según datos oficiales, más de 18% vive bajo la línea de pobreza. La tasa de mortalidad infantil es de 38,09 cada 1.000 nacimientos. En cuanto al acceso a la educación, aunque en 2003 se verifican progresos, 9% de la población es aún analfabeta. Informaciones correspondientes a 2002 indican que 12,69% de las mujeres y 5,85% de los hombres no sabe leer ni escribir.[9]
El desempleo - según diversos observadores y agentes - ha llegado a niveles alarmantes. Informes recientes de la Organización Internacional del Trabajo señalan que la fuerza de trabajo se expande en 2,5 millones por año; la tasa de crecimiento económico anual es de 4%, lo que permite crear sólo 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo.[10] Según cifras oficiales, actualmente existen 10,8 millones de desempleados y 32 millones de subempleados, mientras que la Asociación Empresaria de Indonesia (Apindo) informa que, sólo en los sectores forestal y textil, se perdieron 150.000 empleos durante 2003.[11] El representante del Banco Mundial en Jakarta, Andrew Steer, calificó esta situación como una “bomba de tiempo”, mientras que el Ministro de Trabajo Jakob Nuwa Wea la considera una seria amenaza para la estabilidad política y especialmente para las elecciones legislativas y presidenciales - las primeras en la historia del país - a llevarse a cabo el 5 de abril y el 7de julio de 2004, respectivamente.[12]
Militarización y elecciones
Ante la problemática expuesta, el gobierno ha tratado de desarrollar algunas estrategias.
Algunas de ellas han generado controversias, como la implementación de una Zona de Operaciones Militares en Aceh, con el propósito de enfrentar el GAM. También con respecto a las otras áreas en conflicto las acciones del gobierno han tenido un enfoque predominantemente militar.
Los Decretos 1/2002 y 2/2002, con los cuales se ha pretendido enfrentar los actos terroristas, facultan al gobierno para formar equipos especiales conjuntos de militares y policías. Estos equipos tienen autoridad para retener sospechosos durante tres días antes de ser sometidos a juicio y las informaciones obtenidas por los aparatos de inteligencia pueden ser utilizadas como evidencia. Los decretos - que habilitan la pena de muerte para casos de terrorismo - han sido criticados desde diversos sectores. Desde el punto de vista jurídico, se ha sostenido que el Decreto 2/2002 (artículo 46) contradice la Constitución de 1945 (artículo 281, parágrafo 1), al permitir la retroactividad de la ley para aquellas personas vinculadas a los atentados de Bali. Por otra parte, algunas ONG también han cuestionado estos decretos por considerar que pueden debilitar la acción de la sociedad civil y, en tanto las acusaciones de terrorismo suelen provenir de fuentes de Estados Unidos, incrementar la injerencia de ese país en la política nacional.[13]
Además, el gobierno ha impulsado un proceso descentralizador, mediante la aplicación de la Ley de Descentralización (22/1999). Uno de los resultados más visibles de este proyecto es el aumento del número de provincias (de 26 a 33), lo cual genera múltiples cambios, sobre todo en el manejo de los recursos financieros, y evidencia la necesidad de explorar nuevas estrategias en el camino de la descentralización.
Durante 2003, el gobierno ha estado preparando el nuevo sistema electoral, a aplicarse en abril y julio de 2004, donde por primera vez los ciudadanos elegirán directamente sus representantes. Se espera que este cambio fortalezca la democracia.
Nuevos desafíos
La complejidad de la situación y la perspectiva de un cambio profundo en el sistema político han motivado fuertemente a diversos grupos de la sociedad civil. Los aspectos en que preferentemente se ha concentrado la acción de estos grupos han sido el monitoreo de las operaciones militares en las zonas de conflicto, la lucha contra la corrupción en el gobierno y en las campañas políticas, la protección de los derechos de los pobres en áreas urbanas, la libertad de expresión, los temas ambientales y los derechos de las mujeres. Se han formado también algunos grupos de control sobre las políticas gubernamentales en relación a la educación, la deuda pública, etc.
La construcción de la seguridad humana implica una profunda transformación de los sistemas económicos, sociales, políticos y culturales. Es una tarea ardua. Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad de reforma política que puede ser el comienzo de un cambio estructural.
Notas:
[1] Para ampliar información sobre la situación política en Indonesia desde 1965, ver: Guía del Mundo 2003-2004. Madrid: ITeM/IEPALA, 2003.
[2] Informe de Human Rights Watch 2001.
[3] Información de varias ONG y grupos de trabajo.
[4] POKJA RKP (Grupo de trabajo no gubernamental para la resolución del conflicto de Poso).
[5] Sobre los desalojos masivos, ver: “Mass eviction of urban poor continuing in Jakarta”. Asian Human Rights Commission,www.ahrck.net/ua/mainfile.php/2003/583/
[6] Transparencia Internacional. “Índice de Percepción de la Corrupción 2003”.www.transparency.org
[7] Banco Mundial. Combating Corruption In Indonesia. Enhancing Accountability for Development. Informe No. 27246-IND. 12 de noviembre de 2003.www.worldbank.org
[8]Guía del Mundo 2003-2004, op cit, p. 320.
[9] BPS-Statistics Indonesia, 2003. Statistik Kesejahteraan Rakyat (Estadísticas de asistencia social). 2002.
[10]Asian Labour News. 20 de enero de 2004.www.asianlabour.org
[11]Ibid.
[12] “Unemployment poses threat in Indonesia”. The Washington Times, 16 de enero de 2004.
[13] Sebastian, Leonard C. “Indonesia’s New Anti-terrorism Regulations”. Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos, Universidad Tecnológica Nanyang, Singapur.www.ntu.edu.sg/idss/Perspective/Research_050225.htm.