Suriname ocupa el lugar número 17 entre los países más ricos del mundo en cuanto a potencial de desarrollo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y la desigualdad económica prácticamente se duplicó en los últimos 30 años. Décadas de enfrentamientos étnicos, clientelismo político y una sociedad civil amordazada han dejado a las instituciones de gobierno a merced de las influencias destructivas nacionales e internacionales.
Suriname está bendecida con recursos naturales, pero 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. La desigualdad económica prácticamente se duplicó en los últimos 30 años, dejando a la mitad de la población con 20,2% del gasto nacional y al 20% superior de la población con 50,5% del gasto nacional.[1] La peor amenaza que padece la seguridad humana en Suriname es la crisis de gobernanza, cada vez más insostenible.
La política y el poder, el clientelismo y la pobreza
Desde fines de la década de 1950, la extracción y el procesamiento de la bauxita mantuvieron la economía a flote. La bauxita también proporcionó a los sucesivos gobiernos los medios para distribuir la riqueza sin la necesidad de estimular o desarrollar otros sectores productivos. El fuerte control del gobierno centralizado que aún rige en la actualidad se basa en un sistema de clientelismo político por el cual ciertos sectores políticos, sus seguidores y amigos son recompensados con empleos públicos, viviendas y otros bienes escasos.[2]
El sistema de clientelismo político funciona a dos puntas: ofrece empleos y cargos a las personas que son fieles políticamente, pero no necesariamente calificadas ni competentes y, a cambio, espera la colaboración de esas personas para atender los intereses de amigos políticos.
En una población de 481.146 personas, con una tasa de desempleo que varía entre 11% y 14%, los 36.151 empleados públicos constituyen 37% de la fuerza laboral.[3] Asimismo, casi 25% de la fuerza laboral está comprendida por empleados públicos administrativos (23.987), una cifra 10 veces superior al número de efectivos del ejército (2.042), más de 20 veces superior a la fuerza policial (1.142) y casi 20 veces superior al número de enfermeras (1.235).[4]
La mayoría de los empleados públicos (de mediano y bajo nivel, en su mayoría mujeres) viven por debajo de la línea de pobreza. En consecuencia, muchos de ellos sienten que no tienen por qué trabajar por un salario que no los mantiene. La pobreza hace que el aparato estatal sea incluso más vulnerable ante la corrupción, ya que los empleados públicos mal remunerados aceptan más fácilmente los sobornos. La reforma del sector público está en los planes del gobierno desde 1995. Se cree que lo seguirá estando en 2005, el año de las próximas elecciones.
Encuestas realizadas a empleados públicos revelan datos interesantes. En preguntas inocuas sobre edad y género, los que no responden ascienden a 0,58%, pero cuando las preguntas refieren a tareas diarias, quienes no responden saltan a 28%, y a 43% cuando se les interroga respecto a su nivel de educación. No obstante, la comparación de los datos revela claramente la discrepancia existente entre los cargos ocupados y el nivel de calificación.[5]
Si no se paga, no hay cura
Como el Estado apenas puede mantener su burocracia enorme e ineficiente, otros sectores tienen que sufrir. Instituciones sanitarias tales como los hospitales, los servicios de salud rural y el Fondo de Seguro de Salud Estatal enfrentan incumplimientos de pago de parte del gobierno, una y otra vez. El gasto en los servicios sociales básicos (educación y atención médica) promedió apenas 7,55% del gasto público total entre 1996 y 2000. La atención médica en particular fue recortada a apenas 3% entre 1999 y 2000.[6] De esta manera, los pacientes reciben el tratamiento “si no se paga, no hay cura”. Dado que el seguro médico privado está al alcance de unos pocos, la mayoría de los empleados públicos se aferran a sus empleos porque al menos les garantizan que ellos y sus familias reciban atención médica. Los Planes de Reforma del Sector de la Salud sugieren que el Fondo de Seguro de Salud Estatal cubra a todos los ciudadanos, otorgándoles la atención médica básica. Como muchos otros planes del gobierno, éste fue discutido por años pero nunca llegó a la etapa de la instrumentación.
Control total, sin contralores
El extenso papel asignado al Estado impide el desarrollo del sector privado y aumenta el riesgo del uso arbitrario del poder por el Estado.[7] La posición dominante del gobierno hace que a las personas les resulte redituable invertir en la política. El control del aparato público implica el control de todos los bienes y servicios públicos, como electricidad, agua, teléfono, atención médica, acceso a la tierra, tarifas públicas, permisos, etc.
La última rendición de cuentas presupuestaria aprobada por el Parlamento se remonta a 1964. Desde 1988, el Ministerio de Finanzas ni siquiera publica la rendición de cuentas presupuestaria, por lo cual no existe control sobre los gastos. Los presupuestos para el siguiente año son presentados sin rendir cuentas sobre los gastos del año anterior.[8] A lo largo de la década de 1990, las empresas públicas no presentaron un solo informe anual. La Agencia Nacional Central de Contadores, que presuntamente ejerce el control sobre las mismas, sólo cuenta con un contador calificado entre sus empleados.[9]
Inseguridad económica y monetaria
No es de sorprender que la situación económica sea mala: las importaciones superan con creces a las exportaciones, el gasto público es descomunal (45,5% del PBI) y la producción está estancada. El tipo de cambio frente al dólar estadounidense se fijó artificialmente en torno a USD 1 = SRG 2.700 desde 2001. Para recuperar la confianza en la economía y el sistema monetario del país, el Banco Central creó una nueva moneda nacional, el dólar de Suriname (SRD). Sin tomar ninguna otra medida monetaria o económica, se eliminaron tres ceros de la moneda para elevar el tipo cambiario a USD 1 = SRD 2,7. La campaña de promoción para respaldar la adopción del SRD el 1 de enero de 2004 se vio opacada porque los billetes no estaban impresos todavía.
Muchas preguntas surgieron acerca de negocios realizados por el gobierno con varias empresas trasnacionales en 2003. Aunque la población apoya la inversión extranjera, se realizaron numerosas críticas por las condiciones involucradas e interrogantes acerca de los beneficios que recibirá el país con estos negocios. En las últimas décadas se acordaron convenios que no sólo no beneficiaron a la economía nacional,[10] sino que dañaron el ambiente[11] y desarraigaron a las comunidades locales.[12] Lamentablemente, las negociaciones siguen dominadas por intereses políticos e individuales de corto plazo. Por ejemplo, dos empresas mineras - Billiton (Países Bajos) y Alcoa (Estados Unidos) - que competían por una concesión aprovecharon la indecisión del gobierno para sumar sus fuerzas y presentar al gobierno un acuerdo en conjunto que las beneficiaba mutuamente. Ninguno de los negocios realizados hasta el momento presentó garantías concretas con respecto al empleo, la transferencia de conocimientos y tecnología o el uso de productos locales.[13]
Delincuencia, drogas y violencia
“Nada plantea una amenaza mayor para la sociedad civil de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) que el problema de la droga. Y nada ejemplifica más la impotencia de los gobiernos regionales.”[14]
La debilidad de la gobernanza y las instituciones facilita la penetración de fuerzas delictivas en el gobierno y en las instituciones financieras y privadas. El aumento de la corrupción institucionalizada va de la mano con el crecimiento del consumo de drogas y de delitos relacionados con las drogas. Los protagonistas son redes delictivas nacionales e internacionales, cuyos crímenes (lavado de dinero, secuestros, vendettas y extorsión) no se limitan al circuito de las drogas, sino también al fraude, los juegos de azar, la prostitución, la pornografía infantil y el tráfico de niños. Las redes delictivas están muy bien organizadas y generan ganancias enormes que reinvierten en actividades legales e ilegales. Los integrantes de estos grupos se protegen a sí mismos infiltrando organizaciones legítimas, con lo cual corrompen y comprometen al orden jurídico.
Las consecuencias para la trama social son desastrosas. No sólo aumenta el consumo de drogas, sino que los patrones de consumo y el estilo de vida de los barones de la droga resultan atractivos para la juventud marginada. Hace falta una mayor inversión en las agencias e instituciones de seguridad responsables de hacer cumplir la ley, así como una adecuada legislación para combatir estas nuevas modalidades de delitos.[15]
Los delitos contra la propiedad pasaron de 15.729 en 2000 a 19.071 en 2002. Estos delitos también son más violentos, e incluyen daños corporales crueles, violación, incendio intencional y asesinato, y contribuyen en gran medida a generar el temor y la frustración en la sociedad.[16]
Los ciudadanos están entre la espada y la pared; sin el dinero necesario para invertir en modernas tecnologías de seguridad o en vigilantes profesionales para sus vecindarios,[17] son los primeros en ser atacados por los delincuentes, que optan por atacar a aquellos que implican menos riesgos. También son víctimas de la brutalidad policial, estimulada por la falta de personal, el miedo y la frustración entre las fuerzas de seguridad. Los sospechosos pasan detenidos hasta tres meses como consecuencia de la falta de personal en los tribunales de justicia.
¿En quién se puede confiar?
Como la corrupción en la policía es reconocida por todos, incluso por el ministro responsable,[18] los ciudadanos piensan dos veces antes de denunciar un delito. Como si eso no bastara, al ciudadano promedio se le culpa por “no exhibir la suficiente ciudadanía”[19] para denunciar los delitos. La tradición de castigar el delito no es muy fuerte en Suriname. Un ex líder militar golpista, acusado de narcotráfico y buscado por Interpol, ahora integra la Asamblea Nacional en representación de su partido. Un ex guerrillero y ladrón de bancos, acusado de narcotráfico, ahora es integrante remunerado del Servicio de Seguridad Nacional.
El 8 de diciembre de 1982, 15 opositores del régimen militar (periodistas, abogados, académicos y dirigentes sindicales) fueron asesinados por las autoridades militares. Los Decembermoorden (los asesinatos de diciembre), como se los conoce, reaparecen en cada campaña electoral del partido de gobierno, pero los familiares de las víctimas se ven obligados a presionar al gobierno para que continúe investigando las atrocidades a pesar de que la ley estipula que los crímenes habrían proscrito en 2000, luego de 18 años de cometidos.
Delitos contra el medio ambiente
Organizaciones ecologistas nacionales e internacionales manifestaron su alarma ante la enorme contaminación de la tierra y el agua producida por grandes cantidades de mercurio utilizado en la minería de oro de pequeña escala, en el interior del país. Los mineros de oro suelen ser extranjeros, en su mayoría de Brasil, o habitantes de aldeas cercanas a zonas auríferas. Los 150 mineros de oro registrados son una pequeña minoría comparados con los 15.000 a 30.000 mineros que se calcula actúan sin permiso. Ellos utilizan el método más barato para extraer el oro, lo cual provoca que entre 40% y 50% del mercurio termine en la tierra y los ríos. El resto se evapora en la atmósfera. La intoxicación por mercurio afecta a los habitantes que comen pescado, utilizan agua del río para beber e inhalan el vapor de mercurio a diario.[20]
Aunque en Suriname no se detectaron muchos casos de intoxicación por mercurio, en el lado brasileño de la frontera hay cada vez más casos en las comunidades indígenas, donde nacen niños con defectos congénitos directamente relacionados con la intoxicación por mercurio de la madre durante el embarazo.[21] Hasta la fecha no se han aprobado leyes que prohíban la venta o el uso del mercurio.
El medio ambiente y la salud pública también son amenazados por el uso abundante de pesticidas en la agricultura. Las asociaciones agrícolas reconocen el uso de fuertes pesticidas en las verduras, incluso hasta el día de su cosecha: “Si no las rociamos, no las cosechamos. Y si no cosechamos, no vendemos ni comemos.”[22] En 2002, Países Bajos devolvió a Suriname verduras importadas porque contenían altísimos niveles de monochrotophos. Este pesticida, destinado al cultivo de arroz y no a las verduras, provoca muertes prematuras, defectos congénitos y daños cerebrales, y afecta la médula espinal y la estructura de ADN. No obstante, el Ministerio de Agricultura no considera necesario controlar las verduras para el mercado nacional: “Por lo que sabemos, todos los importadores de pesticidas cumplen las normas y reglamentos.”[23]
El desafío de la sociedad civil
La buena noticia es que hoy existe consenso entre los sectores de la sociedad civil acerca de la urgencia de la reforma de la gobernanza. La sociedad civil necesitará valor y perseverancia para exigir reformas antes de las próximas elecciones. Después podría ser demasiado tarde.
De lo contrario, la seguridad humana no será más que una ilusión pasajera, perseguida pero nunca alcanzada.[24]
Notas:
[1] Dirección General de Estadísticas en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Household Budget Survey Suriname 1999-2000, Paramaribo, enero de 2001.
[2] Dew, Edward. The Difficult Flowering of Suriname, Den Haag, Boston, Londres, 1978.
[3] Dirección General de Estadísticas. Households in Suriname 1993-1997, Paramaribo, mayo de 1998. En 1996 había 10.699 desempleados, que constituían el 11% de la mano de obra potencial. Entre 1993 y 1995 el promedio de quienes buscaban trabajo en la población económicamente activa era del 12,3%.
[4] Ministerio del Interior. Registration of Civil Servants, Paramaribo, mayo de 2003, Tabla 7.
[5]Ibid, Tablas 8, 10 y 11.
[6] Ministerio de Finanzas, Oficina del Presupuesto, 2001.
[7] Banco Interamericano de Desarrollo. Economic and Sector Study Series, Governance in Suriname, Washington, abril de 2001.
[8] Tjong Ahin, S. “Conceptualizing of the term Good Governance” en Good Governance, Condition for Economic Development, Asociación de Economistas, Paramaribo, 2003.
[9] Oficina Nacional de Auditores de Suriname. Annual Report 1999, Paramaribo, 2000.
[10] Por ejemplo, el Bauxiet Akkoord, con impuestos fijados a un cambio de USD 1 = SRG 6.
[11] Trasnacionales madereras como Berjaya y Musa (Indonesia).
[12] La concesión otorgada a la trasnacional minera de oro Golden Star (Canadá) en la zona económica de la comunidad de Nieuw Koffiekamp, una aldea cuyos habitantes ya habían sido reubicados contra su voluntad para permitir la construcción de una represa hidroeléctrica a fines de los años 50 y principios de los 60.
[13] Por el contrario, Cambior (Canadá), una trasnacional minera de oro informó a las panaderías locales del distrito de Brokopondo que ya no necesitaría sus servicios porque abriría su propia panadería. Las protestas ante los Ministerios de Comercio e Industria y de Desarrollo Regional no tuvieron consecuencias.
[14] Comunidad del Caribe (Caricom). Crime and Security Report, 2002.
[15] Santokhi, Ch. “Threats to Good Governance” en Good Governance, Condition for Economic Development, Asociación de Economistas, Paramaribo, 2003.
[16]Ibid.
[17] Servicios remunerados ofrecidos por agentes y empresas de seguridad.
[18] Ministro de Justicia y Policía, discurso de Año Nuevo, 2003.
[19] Ministro de Justicia y Policía en entrevista radial, Radio 10, enero de 2004.
[20] Lie A. Kwie, K. Mercury intoxication as a result of small scale gold mining in Suriname, 1997.
[21] Lafaix, Philippe. The Law of the Jungle, documental, 2003.
[22] Crab, J. “Poison on our Plate” en Paramaribo Post, 13 de febrero de 2003.
[23] Director Interino del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en entrevista para Paramaribo Post, febrero de 2003.
[24] Adaptado de la canción “War”, de Bob Marley.