El flagelo de la corrupción, la violencia y el robo

A medida que la corrupción se convierte en la vía más segura para acceder a ciertos derechos y servicios, la población se ve obligada a vender sus bienes para conseguir dinero y sobornar a los funcionarios públicos. En consecuencia, la corrupción expone a las familias y los individuos a la erosión constante de sus ingresos o recursos derivados de sus bienes. En este contexto priman la violencia, el robo y la inseguridad, incluso en el hogar, donde ahora las mujeres corren más riesgo que en los lugares públicos.

Las experiencias de la población con respecto a la seguridad ilustran el alto grado de riesgo e inseguridad al que se ve expuesta debido a la incapacidad de la Policía y de las autoridades locales para contener los crímenes violentos. En algunas zonas del país los delitos y la violencia causaron daños sociales, materiales y corporales. La participación en actividades generadoras de ingreso también está limitada, ya que la población vive en temor constante debido a los altos niveles de delincuencia y, por lo tanto, no siente la libertad de realizar ciertas actividades, tales como ir a la “shamba” (terrenos de cultivos).

Robo y violencia

En algunos casos, el robo y la violencia provoca lesiones físicas y traumatismos, más comúnmente en el medio urbano que en el rural.

Tabla 1
Delitos en Dar es Salaam. 1995-2003

Fuente: Oficina del Comandante de la Policía Regional de Dar es Salaam. Mayo de 2003.

El delito socava la viabilidad de la economía, incluso a nivel comunitario local. Por ejemplo, funcionarios de la Compañía Pesquera de Tanzanía en el distrito rural de Kigoma denunciaron que el impacto de los robos en la aldea de Mwakizega fue tan grave que para mayo de 2002 había devastado a la industria pesquera local, reduciéndola a casi 20% de su producción de 2001.[1]

La violencia es otro obstáculo para la seguridad humana que conduce a daños psicológicos, materiales y corporales. Los tanzanios padecen dos tipos de violencia. En primer lugar, violencia perpetrada por agentes del gobierno (arrestos y detenciones arbitrarias por los militares o abusos de la Policía y las autoridades locales). En segundo lugar, la violencia infligida por otros civiles (violación, abuso doméstico, robo armado).

Un ejemplo del primer tipo de violencia es el uso excesivo de la fuerza y el tratamiento inhumano por parte de la Policía cuando trata con presuntos delincuentes. La situación en las cárceles sigue siendo difícil y con peligro para la vida. Por ejemplo, en septiembre de 2002, en la estación de Policía de Mbarali, en la región de Mbeya, 112 sospechosos fueron detenidos en una pequeña habitación con capacidad para 30 personas. Diecisiete de ellos murieron asfixiados. Un informe divulgado en enero de 2003, que investigó la muerte de los 17 reclusos, confirmó la grave negligencia del gobierno en el manejo de los detenidos. Estadísticamente, existen aproximadamente 45.000 reclusos en las cárceles, que tienen una capacidad colectiva para sólo 21.000 reclusos. Esta situación representa una grave amenaza para los derechos humanos y la seguridad de los presos.[2]

Mujeres: aun más vulnerables en casa

La violencia contra las mujeres está generalizada y las afecta de distintas maneras, sin distinción de edad, educación, origen, religión, estado civil o lugar de residencia. Las mujeres son más vulnerables en el hogar que en espacios públicos. La violencia doméstica toma la forma de golpizas, mutilación genital, abusos sexuales, violación marital, a las cuales se suma la violencia institucionalizada de algunas tribus, como los rituales de limpieza y los matrimonios por la fuerza.

El tema de la herencia pone de manifiesto la desigualdad de la mujer casada con respecto a la propiedad de los bienes, y ofrece un panorama de la situación de persistente desigualdad que viven las mujeres. Los derechos de herencia son un tema crítico porque en Tanzanía las viudas tradicionalmente han tenido pocos derechos para heredar bienes inmuebles del patrimonio de sus esposos, incluso cuando el bien fue adquirido dentro del matrimonio. El tema se complica aún más por un sistema jurídico tripartito que incluye el derecho consuetudinario, el islámico y el codificado. La incertidumbre y confusión provocadas por esta situación conducen a prácticas de explotación, como el despojo de los bienes por parte de los familiares del esposo fallecido. En consecuencia, las mujeres suelen quedar desvalidas y sin vivienda tras la muerte de sus cónyuges.

Corrupción, un flagelo de la justicia

Tanzanía padece, como la mayoría de los países africanos, el problema de la corrupción endémica tanto en el sector público como en el privado. La población considera que la corrupción es inevitable, que el fenómeno está institucionalizado y que se realizan pocos esfuerzos para contener la práctica, a pesar de sus reclamos generalizados.

En algunas comunidades, las autoridades locales, como los Funcionarios Ejecutivos de la Aldea, son conocidos por imponer fuertes sanciones y multas por delitos menores, o por exigir o recibir pagos sin emitir recibos.

La corrupción en las fuerzas policiales es común y variopinta, con el resultado de que la seguridad, la protección de los bienes de los ciudadanos y los derechos humanos básicos están en riesgo. Como señalara un habitante:

“…en los hospitales, los tribunales, en la estación de Policía, todos exigen sobornos antes de prestar asistencia. Un ejemplo es el soborno de TZS 80.000 (USD 77) que tuve que pagar en el tribunal para poder liberar a un familiar que había estado detenido esperando juicio durante seis meses. El soborno agotó completamente el capital que estaba ahorrando para invertir en un negocio de naranjas. Aun después de haber pagado el soborno, nadie lo hubiera puesto en libertad de no haber sobornado a un hombre influyente con TZS 2.000 (USD 1,90). Entonces él lo puso en libertad sin restricción alguna”.

La corrupción es enemiga de la justicia y alimenta la inestabilidad social. Expone a las familias y las personas a la erosión constante de sus ingresos y recursos derivados de sus bienes, ya que las personas suelen verse obligadas a vender sus bienes para obtener dinero con el que sobornar a los funcionarios. Esto provocó el descenso de la confianza en el sistema de gobierno ya que, cada vez más, la corrupción es la vía más segura para que la gente pueda acceder a ciertos derechos y servicios.

Gestiones gubernamentales

Con respecto a la seguridad y el imperio de la ley, el gobierno adoptó varias iniciativas para mejorar la eficacia y la transparencia en la prestación de los servicios de justicia. Entre esas iniciativas se encuentra la creación de un Tribunal Comercial en agosto de 1999 para resolver las disputas comerciales, la contratación de jueces residentes, jueces de tribunales de primera instancia y abogados públicos, y la creación de la Comisión de Derechos Humanos y Buena Gobernanza en 2002.

El gobierno llevó a cabo varias medidas para eliminar la corrupción, principalmente mediante la aprobación de leyes contra la corrupción.[3] Entre otras medidas está la reestructura en curso del sector público.[4] Asimismo, en 1995 el gobierno designó la Comisión Presidencial de Investigación contra la Corrupción, más conocida como la Comisión Warioba. La Comisión realizó un estudio sobre por qué la corrupción es endémica en la sociedad tanzania, y distinguió entre quienes reciben sobornos como medio de complementar sus bajos ingresos (corrupción menor) y aquellos que adoptan prácticas de corrupción por un excesivo afán de lucro (corrupción mayor). La Comisión también señaló que el principal motivo de la corrupción en el país es la debilidad de los dirigentes, la ausencia de pautas claras sobre su responsabilidad y la erosión general de los mismos. Los cambios aparejados por la liberalización de la economía, con su consiguiente competitividad y consumo manifiestos, llevaron a la población a creer que uno puede hacer lo que desee y salirse con la suya.

La respuesta práctica del gobierno al Informe Warioba y a los posteriores debates públicos sobre la corrupción fue la adopción de los Planes Nacionales de Estrategia y Acción Contra la Corrupción (NACSAP). En noviembre de 1999, el gabinete ministerial confió a los NACSAP la adopción de medidas en tres áreas: a) realizar reformas institucionales relevantes para erradicar la corrupción, b) implementar una campaña de conciencia pública contra la corrupción, y c) reunir a todos los actores que trabajan para eliminar la corrupción en el país. La instrumentación dirigida por el gobierno de las actividades de los NACSAP comenzó en julio de 2000. Para octubre de 2000, los 22 ministerios del gobierno habían desarrollado planes de acción específicos para abordar zonas propensas a la corrupción mediante la promoción de la transparencia, trámites y reglas más sencillas y poniendo la información al alcance del público en general.

Más allá del gobierno, los NACSAP buscaron nuevos socios para sus actividades invitando a las organizaciones civiles y los medios de comunicación a desarrollar planes de acción propios de sus sectores para abordar la corrupción. Los NACSAP también buscarán socios en los gobiernos locales y el sector privado. En respuesta a los reclamos de eficacia y eficiencia, en julio de 2001 el gobierno instituyó - bajo el mando del Secretario en Jefe - la Unidad de Coordinación de Buena Gobernanza (GGCU) para coordinar, entre otras cuestiones, la instrumentación de las actividades de los NACSAP.

La GGCU concibió instrumentos de buena gobernanza y denuncia de corrupción, así como un marco para instrumentar los NACSAP. Este marco involucra a ministerios, departamentos y agencias del gobierno, y a organizaciones especializadas de gobernanza - la Dirección de Prevención de la Corrupción (PCB), el Departamento de Servicio Civil y la CHRGG - para denunciar los casos de corrupción. También es el organismo al cual las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado pueden recurrir para denunciar la corrupción y la mala gobernanza de los servicios públicos.

La GGCU recoge información de los ministerios, los departamentos y las agencias del gobierno, las agencias de gobernanza especializadas y las organizaciones de la sociedad civil. Una vez analizada esa información, publica los informes trimestrales “Estado de Buena Gobernanza de Tanzanía”. Hasta el momento fueron publicados el primer y segundo informe trimestral de 2002 (ver tabla 2).

Tabla 2
Denuncias de conducta corrupta y poco ética

Fuente: Segundo Informe Trimestral de Monitoreo, abril-junio de 2002. Oficina del presidente, Unidad de Coordinación de Buena Gobernanza.

Estas cifras muestran que entre el primer y segundo trimestres hubo 340 casos más (incremento aproximado de 200%). Este salto es atribuible a los 214 casos denunciados por el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, es decir, 71% de los casos denunciados por ministerios, departamentos y oficinas públicas, que fueron cerca de 50% de todos los casos denunciados. Cabe señalar que las ONG y las organizaciones de la sociedad civil no denunciaron ningún caso, lo que muestra la falta de información de parte de la sociedad civil y de la comunidad entera.

Casos denunciados por agencias de gobernanza especializadas

Las agencias especializadas (PCB y CHRGG) registraron en total 269 casos (un aumento de 69%) de sobornos, corrupción, fraude y otras conductas poco éticas en el segundo trimestre. De los 269 casos, 65 incluyeron a funcionarios públicos regidos por el Código de Ética de los Dirigentes. Los casos de funcionarios cubiertos por dicho código correspondieron a 50 para la PCB y 15 para la CHRGG. En los casos no cubiertos por el código, la PCB y la CHRGG denunciaron 194 y 10 casos respectivamente. Esto indica un incremento muy alto cuando se lo compara con el primer trimestre, donde en la categoría de conducta corrupta y poco ética sólo se denunciaron 34 casos. Los casos denunciados por ciudadanos aumentó en 164 (496%).

Organizaciones de la sociedad civil

Casi todas las ONG y las organizaciones de la sociedad civil en Tanzanía abogan por los derechos humanos y la buena gobernanza mediante:

·      Educación jurídica y de derechos humanos.

·      Programas de educación sobre derechos humanos, buena gobernanza y el impacto de la corrupción.

·      Investigación y documentación de esos temas.

·      Supervisión y evaluación de los ministerios, departamentos y agencias públicas, etc.

Como se mencionara anteriormente, los NACSAP reconocen el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a trabajar con ellos, como forma de presionar al gobierno para que formalice los mecanismos de participación de estas organizaciones en la instrumentación de los NACSAP. Sin embargo, según pruebas documentales existentes, la participación de la sociedad civil en los NACSAP ha sido mínima. Si las organizaciones de la sociedad civil se organizan adecuadamente, podrían realizar un aporte muy valioso a los futuros informes trimestrales de los NACSAP, lo cual complementaría los datos generados internamente por los ministerios, los departamentos y las oficinas públicas.

Referencias

Women’s Dignity Project (WDP). “Poor Experiences of Health Services Survey (Korogwe, Mpwapwa and Tunduru districts)”. Octubre de 2003.

Research on Poverty Alleviation (REPOA). Policy and Service Satisfaction Survey (PSSS). 2003.

Tanzania Participatory Poverty Assessment (TzPPA), 2003.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Poverty and Human Development Report 2002. 2002.

National Anti-Corruption Strategy and Action Plans (NACSAP).

Notas:

[1]Tanzania Participatory Poverty Assessment (TzPPA). Vulnerability and Resilience to Poverty in Tanzania: Causes, Consequences and Policy Implications. TzPPA, 2002/2003, p. 87.
[2]Ibid, pp. 86-90.
[3] Ley de la Comisión Permanente de Investigación, 1996; Ley de Prevención de la Corrupción, 1971; Ley de Control de Delitos Económicos y Organizados 1984; Código de Ética de los Dirigentes, 1995.
[4] Reformas del sector de la salud, del servicio público, financieras, del gobierno local, Proyecto de Actualización de la Gestión Financiera y Jurídica, Programa de Desarrollo del Sector de la Educación, privatizaciones, reformas impositivas de la Autoridad de Recaudación de Tanzanía, etc.