Las autoridades nacionales y las organizaciones ciudadanas de Benin coinciden en que sin un crecimiento económico importante y duradero no podrá haber una reducción significativa de la pobreza. El país está muy lejos de alcanzar los objetivos estipulados hace un quinquenio.
El año 2005 es clave para las organizaciones de la sociedad civil, pues se cumplen diez años tanto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social como de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. La agenda del año incluye un balance, no solo de esas dos instancias de gran importancia, sino también de la cuarta parte del trayecto recorrido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que deberían cumplirse en 2015.
En esas conferencias, los dirigentes del mundo y la comunidad internacional declararon su interés en hallar maneras de eliminar la pobreza y hacer realidad la equidad de género.
El informe de Social Watch sobre el cumplimiento de los ODM en Benin realiza un seguimiento de estos propósitos y sigue el enfoque de la cumbre evaluatoria de la ONU a celebrarse en septiembre de 2005.
El cumplimiento de los ODM en Benin se inscribe en el marco de una visión de largo plazo llamada Benin 2025, o escena Alafia, elaborada a partir del proceso participativo en los Estudios Nacionales de perspectivas a largo plazo.
Inspirado en esta orientación, el gobierno elaboró un programa de acción a mediano plazo (2001-2006), el Segundo Programa de Acción del Gobierno. Para atender lo inmediato (2003-2005), se diseñó otro plan conocido como Documento Estrategia de Reducción de la Pobreza. Este último es el marco por excelencia de la puesta en marcha de los ODM y también constituye una estrategia global de lucha contra la pobreza que integra todas las dimensiones del desarrollo, sin olvidar el papel primordial de la mujer. El documento estipula que, sin un crecimiento económico importante y duradero, no podrá haber una reducción significativa de la pobreza.
Benin presentó en julio de 2005 su primer informe oficial sobre los ODM. La situación respecto de la lucha contra la pobreza y la equidad de género sigue siendo alarmante, y las conclusiones del informe - confirmadas por la sociedad civil - ponen en tela de juicio las posibilidades que tiene el país de alcanzar estos objetivos en 2015.
Pobreza y acciones para combatirla
El gobierno de Benin puso en marcha un mecanismo participativo de concertación e invitó a la sociedad civil a integrarlo. Con este procedimiento, pudo realizar un diagnóstico de la pobreza y definir los principales ejes y las prioridades para reducirla, según lo establecido por los ODM.
En el último trimestre de 2003 empezaron a implementarse diversas políticas, entre las que se destacan la preparación y ejecución presupuestaria en base a resultados, la aplicación de programas de desarrollo sectorial, la mejora del marco reglamentario e institucional del sistema de mercados públicos y la liberalización económica mediante la privatización de algunas empresas públicas.
Se han registrado avances en el fortalecimiento de las capacidades de las personas más pobres para participar en el proceso productivo y las decisiones. Asimismo, mejoró el acceso a las instituciones de crédito y ahorro, al igual que el desarrollo de infraestructura comunitaria.
Sin embargo, se observa que estos esfuerzos han sido insuficientes pues no causarán impactos notorios sobre la pobreza, que no solo no se redujo sino que se agravó. Entre 1990 y 2003, la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) se situó en 5%. Pero en 2004 se redujo a 3,2% a causa del repliegue de la actividad económica.[1] El desaceleramiento de la economía se debió a las restricciones comerciales impuestas por Nigeria - un mercado enorme - a ciertos productos que Benin exportaba y a la consiguiente degradación de las actividades del Puerto Autónomo de Cotonou y a la competencia del Puerto de Lomé, en el vecino Togo. A este factor se sumó la importante crisis del algodón, principal producto de exportación de Benin, así como la mala gestión y la persistencia de la corrupción.
La economía de Benin está lejos de haber alcanzado la tasa de crecimiento real de 7% - distribuida de manera equitativa y razonable - considerada necesaria para reducir significativa y perdurablemente la pobreza. Casi 30% de la población es pobre. En un total de 6.769.914 de habitantes, el 50% son mujeres y los menores de 16 años también son 50%.
Existen disparidades internas que se traducen en desigualdades entre los diversos grupos sociales, discriminaciones relativas al género y diferencias de desarrollo entre las regiones. La pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, aunque también ha aumentado en éstas últimas, afectando sobre todo a los jóvenes. Los gobiernos locales no cuentan con recursos financieros suficientes para reducir la pobreza. Los hogares cuyo jefe no tiene instrucción son los más pobres y se encuentran en el sector agrícola. En general, la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres.
Casi la mitad de la población sigue privada de satisfacer necesidades básicas como educación, salud, agua potable y alimentación.[2] La tasa de alfabetización entre mayores de 15 años es de 38,9%. La desnutrición alcanza a 16% de la población y 23% de los niños menores de cinco años tiene un peso menor al correspondiente a su edad. El país solo destina 2,1% de su PBI a la salud y 66% de los partos cuenta con la asistencia de personal capacitado.[3]
Propuestas de la sociedad civil
· diversificar la producción para que la economía no dependa casi exclusivamente del algodón
· aumentar la asignación presupuestaria a las infraestructuras sociocomunitarias de base y brindar servicios sociales básicos
· tener más en cuenta las necesidades de las mujeres, sobre todo su acceso a tierras y créditos, a fin de valorar y aumentar su aporte económico a la conservación, transformación y comercialización de los productos agrícolas
· promover la buena gobernanza y el acceso público a toda la información relativa a las prioridades económicas
· multiplicar las capacidades, la imparcialidad y la eficacia de los mecanismos institucionales existentes de seguimiento de las acciones para el logro de los ODM, sobre todo el Observatorio para el Cambio Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Lucha contra la Pobreza
· poner en marcha los organismos departamentales y comunitarios de seguimiento del cumplimiento de los ODM.
Las organizaciones ciudadanas integrantes de Social Watch
La sociedad civil organizada de Benin está muy activa e involucrada en la lucha contra la pobreza, ya que ha llevado a cabo movilizaciones, acciones de sensibilización y de presión para lograr que se cumplan los ODM. En estas actividades las organizaciones ciudadanas han denunciado situaciones contrarias al objetivo de reducción de la pobreza y han contribuido en la lucha contra la corrupción, generando mayor conciencia entre la población.
Sin embargo, los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil aún se ven frenados por una escasa participación en el marco nacional de concertaciones puesto en marcha por el gobierno, que no permite alcanzar el objetivo de aumentar las posibilidades de los pobres de participar en el proceso productivo y los procesos de decisión.
El gobierno no garantiza el libre acceso a toda la información relevante sobre la gestión económica nacional, incluyendo los mecanismos de preparación y ejecución del presupuesto de gastos de los ministerios y el contralor de dichos gastos, los programas de privatización de las empresas públicas, el marco reglamentario e institucional de los mercados públicos, las medidas adoptadas para involucrar a las poblaciones locales en el desarrollo de sus comarcas, la transparencia del aparato estadístico nacional y otros. Además, aun cuando estos datos se dieran a conocer, la escasa capacidad institucional de analizarlos impediría formular las críticas especializadas y pertinentes para proponer alternativas coherentes, duraderas y eficaces.
Por lo tanto, la promoción del ejercicio del control ciudadano debe convertirse en una prioridad para el Parlamento, sobre todo para los parlamentarios dedicados a los temas del desarrollo.
Se han registrado avances tanto en el marco jurídico de defensa de los derechos de la mujer como en la promoción de los mismos, apreciables en:
· la entrada en vigor, en agosto de 2004, del Código de la Persona y la Familia
· la adopción en marzo de 2003 de una ley de salud sexual y reproductiva
· la adopción también en marzo de 2003 de una ley que prohíbe la práctica de la mutilación genital femenina, estableciendo multas y penas de prisión de seis meses a tres años para quienes las realicen, pudiendo alcanzar hasta cinco años si la mujer es menor de edad y de 10 años si esta muere a consecuencia de la mutilación
· la elaboración en curso de un proyecto de código penal que contará con una disposición específica contra el acoso sexual
· la elaboración en curso de un proyecto de ley que reprime el tráfico de niños y niñas
· la aplicación, por parte del Parlamento, del Protocolo Adicional a la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, que se refiere a los derechos de las mujeres africanas. Este documento fue adoptado en julio de 2003 por los países integrantes de la Unión Africana
· la difusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres, ratificada en 1979 por Benin, que llevan a cabo actualmente las ONG defensoras de los derechos de la mujer
· un refuerzo de los mecanismos institucionales de promoción de la mujer.
No obstante, los progresos mencionados no han permitido reducir la pobreza que afecta a las mujeres, ni aumentar su participación en los procesos de decisión.
Los recursos movilizados por el Estado para la puesta en marcha del Programa de acción de Beijing son insuficientes y las estructuras institucionales no han logrado llevar a cabo acciones concretas por falta de medios y estrategias.
En consecuencia, la situación de inequidad de género se mantiene en varios ámbitos. En la representación política y en cargos jerárquicos, por ejemplo, se observa que solo hay cinco mujeres en un total de 83 diputados, cuatro entre 21 ministros, una entre siete integrantes de la Corte Constitucional, dos en un total de 30 integrantes del Consejo Económico y Social, una alcaldesa y una líder de un partido político. No hay embajadoras. Como excepción, en cargos de alta importancia hay dos mujeres, una a la cabeza de la Alta Corte de Justicia y otra en la dirección de la Corte Constitucional.
La tasa bruta de matriculación - que incluye al total de inscriptos en primaria sobre el total de niños en edad escolar - es 78,1% para las niñas y 110,46% para los varones.
Violencia contra la mujer
Los prejuicios y estereotipos en los que se basa la discriminación contra la mujer siguen estando a la orden del día, y son pocas las mujeres que denuncian la violencia de la que son víctimas a diario. No existe ninguna ley específica que castigue la violencia contra las mujeres dentro de sus propios hogares, en su familia y en la sociedad toda. En los hechos, persisten las desigualdades, a menudo toleradas por el Estado y la sociedad, que observan en silencio, bajo el falso argumento de las exigencias religiosas, tradicionales o consuetudinarias.
La participación de la sociedad civil
La contribución de la sociedad civil ha sido muy notoria, ya que fueron las presiones y movilizaciones convocadas por ese sector las responsables del voto y promulgación del Código de las Personas y la Familia y, más generalmente, de algunas mejoras en el marco jurídico e institucional para promover y defender los derechos de la mujer.
Las ONG participantes en estas campañas lograron un éxito palpable en la difusión del texto de las leyes e instrumentos internacionales de promoción de la equidad, así como en la formación, la sensibilización y la educación de las mujeres y otros actores sobre temas jurídicos. Asimismo, denunciaron los intentos de violación de los derechos de la mujer y brindaron su apoyo a la defensa de esos derechos. Estas organizaciones se integraron a los mecanismos nacionales - estatales y no estatales - de control y seguimiento de la ejecución de los programas y políticas gubernamentales de promoción y defensa de los derechos de la mujer. Por último, su aporte reflexivo en torno a estos temas culminó en reformas legislativas a favor del estatuto jurídico de la mujer.
Conclusión
Solo la voluntad política puede hacer que las reformas institucionales aprobadas se hagan operativas. Este propósito podrá alcanzarse si con ese fin convergen los esfuerzos del gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en conjunción con la buena disposición ya demostrada por la sociedad civil organizada.
Notas:
[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “African Economic Outlook 2004/2005: Country Studies. Benin”, 2005, www.oecd.org/document/6/0,2340,en_2649_15162846_34862854_1_1_1_1,00.html
[2] Ibid.
[3] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. 2004.